Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, aseguró se deberían ampliar los miembros de la Corte Suprema y no crear un tribunal intermedio. “La Corte Suprema no ha dado una sola señal para terminar con esa desviación de poder que constituye el Lawfare”.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, aseguró que para mejorar el “absoluto deterioro de la credibilidad del accionar del Poder Judicial de la Nación” se debería “incrementar el número de ministros de la Corte Suprema”, y no como propuso el presidente, “generar un tribunal intermedio” que se encargue “del reproche de arbitrariedad de sentencia”, porque va a “generar una instancia más” pero en definitiva no va a “evitar la intervención” del máximo tribunal.
Además planteó la importancia de ampliar los juicios por jurado, para “acercar al pueblo al control de la administración judicial” y la necesidad de que “el pueblo argentino” participe de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
El constitucionalista sostuvo en diálogo con Va Con Firma que coincide con lo que manifestó el presidente Alberto Fernández en su discurso del lunes, que el Poder Judicial es el “único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia”.
“Este poder desde sus orígenes fue concebido siguiendo los lineamientos del texto de El Federalista, escrito por los padres de la constitución de Estados Unidos, como un poder aristocrático, vitalicio, contra mayoritario, generado para evitar los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos”, explicó Barcesat.
Y agregó que “si a eso le agregamos ahora la intrusión del Lawfare, de utilizar el aparato judicial para la persecución y destrucción del enemigo político, tenemos el cuadro de absoluto deterioro de la credibilidad del accionar del poder judicial de la Nación, y la responsabilidad mayor de la Corte Suprema de Justicia que en los 4 años de la gestión macrista y lo que va del actual gobierno, no ha dado una sola señal para terminar con esa desviación de poder que constituye el Lawfare”.
Fernández habló también de la necesidad de “la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”.
“La opción de generar un tribunal intermedio, previo a la Corte, que se encargue de todos los casos de reproche de arbitrariedad de sentencia y dejar a la corte ceñida a la materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad va a generar una instancia más, pero no creo que pueda evitar la intervención de la Corte”, aseguró el especialista.
Y explicó que “toda vez que se habla de sentencia arbitraria está invocando el quebrantamiento de disposiciones de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, de manera que si para el justiciable resulta insatisfactoria la sentencia que dicte este tribunal intermedio, obviamente va a buscar el camino hacia la Corte Suprema, lo que haría más engorroso la resolución definitiva de la causa”.
Por estos motivos, Barcesat se inclina por la opción de “incrementar el número de ministros de la Corte Suprema” y que estén divididos en salas, “de manera que la civil y comercial, la penal, la tributaria y contencioso administrativo, la de delito del trabajo y de seguridad social sean salas autónomas; y el control de convencionalidad y constitucionalidad se haga cargo de lo que es la materia evidentemente federal”.
Barcesat coincidió con la idea que expresó el presidente de llevar los juicios por jurados a todo el país, ya que “está en el texto de la Constitución el avanzar hasta la instalación de juicios por jurados en causas inicialmente penales, pero también en materia civil y comercial y laboral” y porque “acercaría al pueblo al control y conocimiento de la administración de justicia”.
A pesar de esto, aclaró que “es un tema difícil porque la gran contra que pueden tener es la de las presiones mediáticas sobre los jurados en determinado tipo de crímenes”.
Consejo de la Magistratura
Sobre el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández habló de “despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Para Barcesat, “el pueblo argentino tiene que participar de la elección de sus integrantes” y además debería tener “un sector de representación popular en el consejo, para evitar ese sentido elitista que tienen donde todos son abogados y cuidan un poco sus intereses”.
“Es un órgano político porque no integra el Poder Judicial ni revisa los fallos y sentencias”, expresó el abogado y destacó que “si creamos un órgano político tiene que satisfacer los 3 requisitos que tiene el artículo 1 de la Constitución nacional, representativo, republicano y federal”.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, aseguró se deberían ampliar los miembros de la Corte Suprema y no crear un tribunal intermedio. “La Corte Suprema no ha dado una sola señal para terminar con esa desviación de poder que constituye el Lawfare”.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, aseguró que para mejorar el “absoluto deterioro de la credibilidad del accionar del Poder Judicial de la Nación” se debería “incrementar el número de ministros de la Corte Suprema”, y no como propuso el presidente, “generar un tribunal intermedio” que se encargue “del reproche de arbitrariedad de sentencia”, porque va a “generar una instancia más” pero en definitiva no va a “evitar la intervención” del máximo tribunal.
Además planteó la importancia de ampliar los juicios por jurado, para “acercar al pueblo al control de la administración judicial” y la necesidad de que “el pueblo argentino” participe de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
El constitucionalista sostuvo en diálogo con Va Con Firma que coincide con lo que manifestó el presidente Alberto Fernández en su discurso del lunes, que el Poder Judicial es el “único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia”.
“Este poder desde sus orígenes fue concebido siguiendo los lineamientos del texto de El Federalista, escrito por los padres de la constitución de Estados Unidos, como un poder aristocrático, vitalicio, contra mayoritario, generado para evitar los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos”, explicó Barcesat.
Y agregó que “si a eso le agregamos ahora la intrusión del Lawfare, de utilizar el aparato judicial para la persecución y destrucción del enemigo político, tenemos el cuadro de absoluto deterioro de la credibilidad del accionar del poder judicial de la Nación, y la responsabilidad mayor de la Corte Suprema de Justicia que en los 4 años de la gestión macrista y lo que va del actual gobierno, no ha dado una sola señal para terminar con esa desviación de poder que constituye el Lawfare”.
Fernández habló también de la necesidad de “la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”.
“La opción de generar un tribunal intermedio, previo a la Corte, que se encargue de todos los casos de reproche de arbitrariedad de sentencia y dejar a la corte ceñida a la materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad va a generar una instancia más, pero no creo que pueda evitar la intervención de la Corte”, aseguró el especialista.
Y explicó que “toda vez que se habla de sentencia arbitraria está invocando el quebrantamiento de disposiciones de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, de manera que si para el justiciable resulta insatisfactoria la sentencia que dicte este tribunal intermedio, obviamente va a buscar el camino hacia la Corte Suprema, lo que haría más engorroso la resolución definitiva de la causa”.
Por estos motivos, Barcesat se inclina por la opción de “incrementar el número de ministros de la Corte Suprema” y que estén divididos en salas, “de manera que la civil y comercial, la penal, la tributaria y contencioso administrativo, la de delito del trabajo y de seguridad social sean salas autónomas; y el control de convencionalidad y constitucionalidad se haga cargo de lo que es la materia evidentemente federal”.
Barcesat coincidió con la idea que expresó el presidente de llevar los juicios por jurados a todo el país, ya que “está en el texto de la Constitución el avanzar hasta la instalación de juicios por jurados en causas inicialmente penales, pero también en materia civil y comercial y laboral” y porque “acercaría al pueblo al control y conocimiento de la administración de justicia”.
A pesar de esto, aclaró que “es un tema difícil porque la gran contra que pueden tener es la de las presiones mediáticas sobre los jurados en determinado tipo de crímenes”.
Consejo de la Magistratura
Sobre el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández habló de “despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Para Barcesat, “el pueblo argentino tiene que participar de la elección de sus integrantes” y además debería tener “un sector de representación popular en el consejo, para evitar ese sentido elitista que tienen donde todos son abogados y cuidan un poco sus intereses”.
“Es un órgano político porque no integra el Poder Judicial ni revisa los fallos y sentencias”, expresó el abogado y destacó que “si creamos un órgano político tiene que satisfacer los 3 requisitos que tiene el artículo 1 de la Constitución nacional, representativo, republicano y federal”.
