El sector hidrocarburífico argentino atraviesa una mutación estructural sin precedentes desde la privatización de YPF en los años noventa. En menos de treinta meses del gobierno de Javier Milei, algunos de los gigantes mundiales del sector abandonaron el país: Petronas (Malasia), Exxon Mobil (Estados Unidos), Equinor (Noruega), ENAP Sipetrol (Chile), y la red de Raízen/Shell. Su lugar fue ocupado por consorcios con importante participación de capitales nacionales o, directamente, por firmas argentinas. El hecho no es menor: se trata de una transferencia patrimonial de activos estratégicos a escala histórica, ejecutada en tiempo récord. La pregunta que emerge —incómoda, necesaria— no es técnica sino política: ¿estamos ante el nacimiento de una nueva burguesía nacional, o ante una variante sofisticada del viejo rentismo vernáculo con traje de Wall Street?
La retirada de las multinacionales y el vacío que dejaron
Las razones del repliegue multinacional son heterogéneas pero confluentes. La volatilidad macroeconómica argentina, los controles de cambio, las dificultades para repatriar utilidades y la percepción de riesgo regulatorio alejaron a operadores acostumbrados a horizontes de planeamiento de veinte años. Para una Petronas o una Exxon con cartera global, Argentina representaba una posición marginal en un mundo donde Qatar, Guyana o el Pérmico norteamericano ofrecían retornos con menor fricción institucional. La salida no fue pánico, fue racionalidad corporativa transnacional.
El resultado fue un mercado de activos premium disponibles a precios de oportunidad. Vista adquirió la operación de Petronas en Vaca Muerta, y el sector energético se convirtió en el epicentro del proceso de argentinización de activos: represas, distribuidoras, bloques de Vaca Muerta y la red de alta tensión cambiaron de manos en menos de dos años. Quien tuvo acceso a capital —o a crédito— en ese momento compró infraestructura que el Estado tardó décadas en construir.
El nuevo núcleo: ¿Quiénes son y cómo operan?
El mapa del nuevo poder empresarial energético argentino admite al menos tres capas analíticas distintas, que conviene no confundir.
La capa de la acumulación técnica. Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Miguel Galluccio (Vista Energy) representan trayectorias de acumulación con sustento operativo real. Mindlin lleva más de dos décadas construyendo posiciones en la cadena energética: ingresó en Transener en 2003, luego en Edenor y TGS, y dio su salto más audaz cuando Pampa, que entonces valía 500 millones de dólares, adquirió los activos de Petrobras por 1.300 millones, obteniendo financiación por varias veces el valor de la propia empresa para comprar otra que casi la triplicaba en valor. Galluccio, quien lideró la recuperación de YPF tras la renacionalización de 2012, construyó Vista Energy como el vehículo de una apuesta productiva clara: la empresa hoy vale 7.000 millones de dólares, produce 135.000 barriles de petróleo equivalente por día, y entre 2026 y 2028 planea invertir más de 4.500 millones de dólares.
La capa de la acumulación político-patrimonial. José Luis Manzano representa una figura de mayor complejidad estructural. Ex diputado nacional, ex ministro del Interior del menemismo, su trayectoria empresaria comenzó cuando aún era funcionario y nunca se desligó del poder político como condición de posibilidad. Su holding actual integra Edenor, Metrogas, Edemsa, yacimientos petroleros en Argentina y Colombia, exploración de uranio en Chubut, litio en Jujuy y Catamarca, y la sociedad Integra Capital. Junto a Mercuria, son dueños de Minera Volcán, uno de los más importantes productores de plata, zinc y plomo en el mundo.
El movimiento más revelador de la escala geopolítica de Manzano: el 40 por ciento de la sociedad administradora del puerto de Chancay, en el Pacífico peruano, sindicado para desplazar al Canal de Panamá cuando corra el tren bioceánico entre Brasil y la costa chilena. Su socio es la estatal china Cosco Shipping.
La capa de la acumulación por proximidad al poder. Los hermanos Juan y Patricio Neuss representan un fenómeno cualitativamente distinto. Edison Energía fue constituida el 12 de febrero de 2025. Desde entonces, compró dos distribuidoras en el norte del país, sumó participación en dos transportistas y adquirió tres represas hidroeléctricas. En abril de 2026 formalizaron la adquisición del control de Transener —la red troncal de alta tensión del país— por 356 millones de dólares, consolidando así el control sobre los tres eslabones de la cadena: generación, transporte y distribución. La velocidad de esta acumulación no tiene explicación en ningún expediente de capacidad técnica o trayectoria sectorial acreditada. Los hermanos Neuss son amigos de la infancia del asesor presidencial Santiago Caputo, con quienes compartieron la infancia en el country Martindale.
La arquitectura financiera: la deuda como palanca de poder
El mecanismo que permitió esta argentinización acelerada de activos no descansa en la acumulación previa de capital propio, sino en el acceso privilegiado al mercado de deuda corporativa. El mercado de Obligaciones Negociables en Argentina vivió en 2025 un año récord, con un volumen total de emisiones corporativas que superó los 20.000 millones de dólares —el mayor en al menos la última década—, siendo el sector energético el principal motor, concentrando cerca del 50% del financiamiento privado.
Entre las diez empresas con stock de deuda en dólares más elevada a diciembre de 2025, tan sólo dos no corresponden a los sectores de energía e hidrocarburos. El ranking lo encabeza YPF con 10.460 millones de dólares, seguida por Pan American Energy y Vista Energy (3.438 y 3.160 millones, respectivamente). Luego viene Pluspetrol (2.670 millones), Pampa Energía (1.893 millones) y Tecpetrol (1.829 millones).
La paradoja es reveladora: estas firmas se presentan como el nuevo empresariado nacional dinámico, pero su expansión descansa en un nuevo ciclo de endeudamiento externo privado de magnitud histórica.
El argumento de la burguesía nacional productiva requiere, al menos, esta advertencia: el apalancamiento que financia la argentinización de activos genera pasivos externos que se socializarán, tarde o temprano, en el balance cambiario del país. JPMorgan está trabajando en lo que podría convertirse en el mayor acuerdo de financiación de proyectos de la historia argentina, buscando recaudar unos 14.000 millones de dólares para YPF. No hay aquí autonomía financiera nacional, hay inserción subordinada —aunque activa— en los circuitos del capital global.
La pregunta de fondo: ¿burguesía nacional o burguesía extractiva?
La categoría burguesía nacional tiene en Argentina una carga histórica específica. En el lenguaje del pensamiento político y economico clásico —de Prebisch a Diamand, de Ferrer a Braun— designa a una fracción del capital local capaz de dinamizar el mercado interno, articular encadenamientos productivos y sustentar un proyecto de acumulación con densidad territorial. El interrogante sobre si este nuevo núcleo empresarial cumple esos requisitos merece una respuesta técnica rigurosa.
Los elementos a favor de la hipótesis son reales. La producción de petróleo shale creció 26,6% en el último año, impulsada por YPF, Vista y Pluspetrol. El oleoducto Vaca Muerta Sur, con participación de YPF, Pan American Energy, Vista Energy y Pampa Energía, tendrá una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles diarios con ingresos proyectados de hasta 15.000 millones de dólares anuales. En 2025, el aporte neto total del sector llegó a 9.214 millones de dólares, el mayor valor de toda la serie histórica. Son cifras que el país no registraba desde hace décadas y que operan como argumento empírico de primer orden.
Pero los elementos en contra también son sustanciales. En primer lugar, la estrategia productiva dominante es extractivo-exportadora, no industrializante. YPF tomó la decisión de abandonar las cuencas convencionales, vender su participación en Profertil y en Metrogas, y concentrarse en el upstream no convencional con perspectiva exportadora. Como estrategia de negocio es racional; como estrategia de desarrollo, podría provocar un daño sensible a algunas economías regionales que crecieron a la sombra de la expansión de YPF.
En segundo lugar, la integración territorial es asimétrica. La renta se genera en Neuquén, Río Negro y unos pocos nodos productivos, pero los beneficios fiscales, los tomadores de decisión y los centros de comando financiero residen en Buenos Aires y cotizan en Nueva York. La pregunta clave que persiste: cuánto de esa expansión quedará efectivamente en las regiones y cuánto dependerá de la capacidad del país para transformar proyectos extractivos en cadenas de valor más amplias.
En tercer lugar, y más estructuralmente: la acumulación de estos grupos no se produce en contradicción con el capital financiero internacional sino en articulación profunda con él. La deuda en dólares que financia las adquisiciones es suscripta por fondos de Wall Street, estructurada por grandes bancos de inversión globales y calificada por Moody’s.
El factor político: poder económico en busca de representación
La reconfiguración empresarial tiene una dimensión política que merece subrayarse. Estos nuevos empresarios no sólo se suman a la mesa de la cúpula empresaria local, sino que en algunos casos comienzan a perfilarse como referentes de una nueva conducción política de ese prominente espacio. Juegan un rol político muy potente hoy, pero también aspiran a jugarlo con el próximo gobierno, cualquiera sea su signo. La entrelínea es inequívoca: este grupo empresario no necesariamente apostará a la reelección de Javier Milei.
Esta autonomía política relativa —la capacidad de sobrevivir y prosperar bajo gobiernos de distinto signo— es, paradójicamente, uno de los rasgos que más se aproxima al comportamiento histórico de una clase dominante consolidada.
El caso Neuss introduce un matiz perturbador. Edison Energía acumuló en menos de dos años el control de casi toda la cadena energética argentina con vínculos probados con el asesor presidencial Santiago Caputo. Esta fracción no opera con autonomía política: opera con captura política del Estado. No es burguesía nacional en ningún sentido teórico: es beneficiaria de la privatización de activos públicos estratégicos a través de canales de acceso privilegiado al poder.
El veredicto provisional
La pregunta sobre si nace una nueva burguesía nacional admite, a esta altura del análisis, una respuesta diferenciada que evite tanto la celebración acrítica como el rechazo dogmático.
Hay elementos de una fracción burguesa local con mayor capacidad de acumulación autónoma que en décadas anteriores: escala productiva real, acceso a mercados de capitales internacionales por mérito crediticio propio, capacidad de ejecutar adquisiciones complejas y proyección geopolítica —el caso Chancay es el ejemplo más elocuente. En este sentido restringido, hay algo nuevo que no existía con esta configuración hace veinte años.
Pero esa fracción no constituye aún —y probablemente no constituirá bajo este modelo— una burguesía nacional en el sentido político del término. Las razones son estructurales. Su acumulación es fundamentalmente primaria-extractiva, con escasa densidad industrial corriente arriba y abajo. Su financiamiento descansa en deuda externa privada que reproduce la vulnerabilidad externa que definió la historia económica argentina. Su relación con el Estado oscila entre la captura directa —caso Neuss— y la articulación con políticas de desregulación que eliminan obligaciones de reinversión local, encadenamiento productivo y contenido nacional.
Lo que emerge es, más precisamente, una burguesía de la renta natural financierizada: grupos locales que aprendieron a operar en los mercados de capitales globales para apropiarse de activos estratégicos nacionales, generar dólares por la vía extractiva y construir poder político transversal a los ciclos electorales.
Es una novedad histórica real, pero no es la burguesía nacional que el pensamiento desarrollista argentino esperaba. El Estado que debería encuadrarla, regularla y orientarla hacia el interés general lleva décadas sin tener ni el proyecto ni la correlación de fuerzas para hacerlo.
La pregunta correcta, entonces, no es si nace una nueva burguesía nacional. Es si Argentina tiene la arquitectura institucional y la voluntad política para transformar esta acumulación concentrada en renta colectiva, encadenamiento productivo y desarrollo territorial. La evidencia disponible sugiere que, por ahora, que no.
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