A menos de tres semanas del 30 de junio, la fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan su peor crisis financiera en décadas. La caída libre de la coparticipación, el fin de los programas nacionales y una pulseada política en la Legislatura que no encuentra salida tienen a los jefes comunales –del peronismo, el radicalismo y el PRO– contra las cuerdas. Algunos ya declararon la emergencia económica, congelaron sus propios salarios y redujeron horas extras. Otros admiten, en off, que no saben cómo llegarán al primer martes de julio.
Por Redacción de Data Política y Económica
La tormenta perfecta: menos plata, más demandas
La fotografía financiera de los municipios bonaerenses se ha ido deteriorando mes a mes desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según un informe reciente elaborado por el exlegislador Marcelo Daletto –hoy en el directorio del Banco Provincia–, las transferencias automáticas a los 135 distritos cayeron un 1,6% real durante 2025 y acumulan una baja del 3,8% real en el primer trimestre de 2026. Pero el dato más alarmante surge al excluir los fondos educativos y el Consenso Fiscal: en ese caso, la caída de las transferencias nacionales alcanza el 30,3%.
“Esta situación es la que crea una tormenta perfecta que lleva a los municipios lentamente a la quiebra”, sentenció Daletto.
A ese diagnóstico se suma la drástica reducción de los programas nacionales que hasta hace dos años funcionaban como un colchón para los distritos más vulnerables. El fin del Plan Remediar, la discontinuación de partidas sanitarias, la paralización de la obra pública y el colapso del IOSFA o el PAMI trasladaron a los gobiernos locales obligaciones que antes cubría el Estado nacional. En palabras del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño: “Hoy el problema es que una mamá va a buscar un ibuprofeno y no lo tiene”.
El exministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, definió el fenómeno como “municipalización de la crisis”: “El Estado nacional se retiró, las provincias hacen lo que pueden y todo cae sobre los gobiernos locales”.
Caso por caso: cuando el ajuste golpea primero a los propios
Lejos de los comunicados institucionales, la realidad de cada municipio muestra un abanico de medidas extremas que los intendentes se ven obligados a implementar para mantener las luces encendidas.
Azul: emergencia permanente y aguinaldo en cuotas
El caso más extremo es el de Azul, gobernado por el camporista Nelson Sombra. El distrito lleva en emergencia económica desde 2024 y la prolongará hasta 2027. La masa salarial municipal representa el 94% de la coparticipación más las tasas propias, un coeficiente que deja prácticamente nulo margen para cualquier otra erogación. El año pasado, Sombra debió desdoblar el pago del aguinaldo en dos cuotas y, como gesto político, postergó el cobro de su propio sueldo hasta que los trabajadores cobraron primero.
Coronel Rosales: “situación catastrófica”
En el sudoeste bonaerense, Rodrigo Aristimuño (Frente de Todos) calificó la situación como “catastrófica” a mediados de mayo y reveló que acumula dos meses de atraso en el cobro de su salario. “Me costó muchísimo juntar la plata para pagar los sueldos”, admitió ante medios locales. La crisis sanitaria profundizó el cuadro: sin Plan Remediar y con el IOSFA en terapia intensiva, el hospital municipal se vio desbordado de demanda sin los recursos correspondientes.
Tandil: la gente paga el gas antes que las tasas
Miguel Ángel Lunghi, el histórico intendente radical de Tandil, fue contundente hace dos semanas: “Los municipios estamos al borde del colapso, todo cae acá”. Según explicó, la cobrabilidad de las tasas municipales se derrumbó del 70% al 56% porque “antes que pagar la tasa municipal, la gente paga el gas”. Además, la Provincia le adeuda al distrito 2.500 millones de pesos y la Nación otros 500 millones. “El ajuste no lo paga la casta, lo paga toda la gente”, sentenció Lunghi. Pese a todo, en su municipio aseguran que el aguinaldo se pagará en tiempo y forma.
Mar del Plata: sin un peso de Nación
Agustín Neme, intendente de General Pueyrredón, heredó en diciembre un municipio con las cuentas en rojo tras la salida de Guillermo Montenegro (ahora senador provincial). En el primer trimestre de 2026, la Nación no envió un solo peso en transferencias discrecionales al distrito. Neme debió apelar a fondos afectados –originalmente destinados a obra pública– para poder pagar los salarios de enero, y ya advirtió que el aguinaldo de junio se pagará “con lo que haya”.
Guaminí y Saavedra: ajuste antes que colapso
En la Sexta Sección electoral, dos intendentes tomaron la delantera con medidas de ajuste que otros aún analizan. El axelista José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí) declaró la emergencia económica, congeló los sueldos de los funcionarios políticos, redujo las horas extras al mínimo y suspendió los subsidios a instituciones sociales y educativas. En Saavedra, el vecinalista Matías Nebot fue más lejos: recortó un 13% los haberes de funcionarios y concejales y aplicó una medida similar a los trabajadores municipales, aprobada en asamblea. “Lo hacemos para evitar un mal mayor, que es no poder afrontar el pago de sueldos”, argumentó.
Tapalqué: 20% de ajuste a la política
Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué, recortó el 20% a los funcionarios que no perciben bonificaciones, suspendió los plus jerárquicos y estableció que los cargos políticos cobren después de los trabajadores de base. El mensaje es claro: primero los empleados, después la política.
La Legislatura: un nudo que ahoga
Mientras los intendentes aplican tijera en sus propios distritos, una herramienta clave para aliviar la crisis permanece trabada en la Legislatura bonaerense. Se trata del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado en diciembre de 2025 como parte del paquete de endeudamiento por más de US$3.600 millones. El fondo garantiza un piso de **$250.000 millones** para 2026 y 2027 (con posibilidad de llegar a $317.200 millones), financiado con el 8% de la emisión de deuda pública.
El problema es el diseño: el 70% de esos recursos se distribuye automáticamente con libre disponibilidad según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Pero el 30% restante queda sujeto a la aprobación de una Comisión Bicameral y debe destinarse a programas específicos de infraestructura, transporte y cultura. Los intendentes de todo el arco político –peronistas, radicales y del PRO– exigen que ese 30% también sea de libre disponibilidad para poder destinarlo a gastos corrientes: sueldos, aguinaldos, servicios.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya respondió que la traba es del Parlamento, no del Ejecutivo. La semana pasada, la comisión de Presupuesto de Diputados intentó avanzar, pero no hubo acuerdo. Y el tiempo apremia: en la Legislatura dan por descontado que no habrá sesiones durante el Mundial de fútbol, que comenzará en pocos días.
Mientras tanto, el Senado bonaerense no logró designar a sus cinco representantes para integrar la Comisión Bicameral, por disputas internas. Eso dejó en un limbo absoluto el 30% de los fondos. En la práctica, los municipios solo pueden acceder al 70% automático, que ya fue girado en una primera cuota de $13.010 millones en abril. Pero no alcanza.
El factor gremial: los trabajadores en pie de guerra
El fantasma del aguinaldo no es solo una preocupación de planillas contables. La Federación de Sindicatos de Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) se declaró en estado de alerta y movilización en toda la provincia. Denuncian que los salarios de muchos trabajadores “quedaron por debajo de la línea de pobreza” y exigen el cumplimiento del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma.
Juan Pablo Martín, dirigente bonaerense de UPCN, planteó en la última mesa paritaria que se hagan “todos los esfuerzos posibles” para confirmar el pago del aguinaldo y reabrir las paritarias en junio. En Bolívar, el sindicato municipal irrumpió en una sesión del Concejo Deliberante para presionar por respuestas concretas.
Los intendentes saben que un atraso en el pago del medio aguinaldo puede desatar un conflicto social de magnitud impredecible. En 2024, varios distritos debieron desdoblar el pago y las protestas gremiales se multiplicaron. Este año, con un contexto económico nacional aún más recesivo, el riesgo de estallido es mayor.
Lo que no se dice: el desendeudamiento que no llega
Un dato que pocos intendentes mencionan en público pero que circula en las reuniones de jefes comunales es que la Nación habilitó un esquema de adelantos de coparticipación para 12 provincias –entre ellas Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego– pero Buenos Aires no figura en esa lista. Esa decisión del gobierno nacional profundiza la asfixia del principal distrito del país, que concentra casi el 40% de la población argentina.
El ministro de Economía provincial, Pablo López, recibió a los intendentes radicales con promesas de “buena voluntad”, pero hasta ahora no anunció medidas concretas para destrabar el 30% del FEFIM. Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof reglamentó el fondo pero, al mismo tiempo, endureció los controles para el acceso a fondos de obra pública mediante la Resolución 231/2026, que exige memorias descriptivas, planos y porcentajes de avance físico mínimo (20% para segundo giro, 50% para el tercero). “Te dan con una mano y te atan con la otra”, resumió un funcionario municipal.
Los que llegan (y los que no)
No todo es catástrofe. Algunos intendentes lograron administrar mejor sus números y salen a marcar diferencias. En Bragado, el peronista Sergio Barenghi no solo descartó el desdoblamiento del aguinaldo que había anticipado una concejal de La Libertad Avanza, sino que adelantó el pago al 11 de junio, casi tres semanas antes del plazo legal. En Colón, Waldemar Giordano fue escueto: “Con mucho esfuerzo, están garantizados los aguinaldos”. En Chacabuco, fuentes municipales aseguran que se pagará en fecha, aunque admiten que la situación es “apurada”.
Pero la mayoría de los intendentes consultados por este medio prefiere no hacer declaraciones públicas. En off, reconocen que están “haciendo malabares” , “rezando para que la recaudación de junio no sea peor que la de mayo” y “esperando que la Legislatura se ponga de acuerdo antes del Mundial”. Uno de ellos, del norte bonaerense, confesó: “Si el 30% del FEFIM no se destraba la semana que viene, voy a tener que llamar a los gremios para negociar dos cuotas. Y no sé si me van a aceptar”.
El 30 de junio, una fecha bisagra
A menos de tres semanas del primer martes de julio –fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario–, la provincia de Buenos Aires enfrenta una prueba de fuego para su gobernabilidad. La crisis no es solo fiscal: es política, social y territorial. La “municipalización de la crisis” que describe Arroyo puede convertirse, en cuestión de días, en una crisis de gobernabilidad de escala provincial.
Los intendentes que ya ajustaron confían en llegar. Los que no ajustaron, también, aunque con menos certezas. Pero todos coinciden en un diagnóstico: el modelo de financiamiento municipal actual está agotado. La caída de la coparticipación, el retiro del Estado nacional y la rigidez del gasto corriente –con el salario como principal componente– exigen una reforma estructural que ningún nivel de gobierno parece dispuesto a encarar.
Mientras tanto, en los 135 distritos bonaerenses, los trabajadores municipales esperan. Los intendentes hacen malabares. Y el reloj no se detiene.
