Informalidad laboral en alza, alquileres que triplicaron la inflación, un sur porteño con esperanza de vida similar a la de provincias pobres, y una demografía que envejece aceleradamente. Los datos del Centro de Estudios Metropolitanos —y los del propio INDEC— retratan una ciudad que pierde población neta y transfiere su pobreza a la Provincia.
Por DATA Política y Económica
Hay una narrativa que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene con terquedad desde hace años: la de una metrópoli próspera, ordenada, modelo de gestión. El problema es que los datos la contradicen con creciente elocuencia. El último informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) aporta una pieza más a ese rompecabezas incómodo. Entre quienes se mudan de CABA hacia la provincia de Buenos Aires y quienes hacen el recorrido inverso, la Ciudad pierde 23.618 personas netas. Una ciudad que no crece, sino que expulsa.
Y no expulsa a cualquiera. El Censo 2022 revela que el 26,6% de quienes abandonan la Ciudad no terminó el secundario. Que el flujo hacia la Provincia aporta más desocupados (2.418) que el flujo entrante (1.730). Y que más de 8.400 personas que cruzan hacia el conurbano lo hacen sin ningún tipo de cobertura de salud, más del doble que en el sentido contrario. El territorio provincial absorbe, de este modo, población en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica y sanitaria. «Estos resultados no avalan la narrativa del free rider», sentencia el CEM: es la Ciudad quien expulsa, no la Provincia quien atrae.
El flujo que sí ingresa a CABA desde el conurbano tiene otro perfil: universitarios y posgraduados que buscan en la capital las oportunidades que el mercado laboral metropolitano todavía concentra. Pero esa concentración es engañosa. Debajo de la superficie reluciente del corredor norte hay otra ciudad que funciona bajo lógicas radicalmente distintas.
El empleo: precariedad que se agrava
La informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de los márgenes del sistema. El propio CEM lo documenta para el total del país: el 43% de los trabajadores ocupados en los aglomerados urbanos está en negro al cierre de 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Un punto arriba del 42% de un año atrás y 1,6 puntos por encima de los niveles al inicio de la gestión Milei. La tendencia va para el lado equivocado.
La cifra se agrava en los eslabones más pequeños de la cadena productiva. En establecimientos de hasta diez empleados, cerca del 70% de los asalariados trabaja sin aportes ni registro. Construcción, gastronomía, comercio, servicio doméstico: los sectores donde se concentra el empleo popular son los mismos donde la informalidad manda. No es casualidad.
Este deterioro golpea con especial dureza a los jóvenes. Al cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación general trepó al 7,5%, la más alta para ese período desde 2020. Pero el número es más brutal si se desagrega por edad: la desocupación subió 3,7 puntos entre los varones de 14 a 29 años y 3 puntos entre las mujeres del mismo tramo etario. En la Ciudad, datos de la Encuesta Anual de Hogares porteña muestran que cuatro de cada diez asalariados jóvenes trabajan en condiciones de precariedad, proporción que escala al 43% si se suman los cuentapropistas. Uno de cada diez jóvenes porteños no estudia ni trabaja. El mercado laboral formal funciona, para estos sectores, como un club con membresía restrictiva.
La vivienda: especulación sobre necesidad
El acceso a la vivienda en CABA constituye una de las fracturas más profundas de la estructura social porteña. Los alquileres subieron un 423% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La inflación acumulada en el mismo período rondó el 209%: el costo habitacional casi duplicó el índice general de precios. Según Zonaprop, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 los alquileres en CABA acumularon una suba del 195%, y en la región GBA la cifra ascendió al 657%.
Detrás de esa escalada hay una lógica estructural. La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos porteña registra 6.472 terrenos baldíos en la Ciudad, el 68,2% en manos de personas jurídicas que los retienen ociosos aguardando revalorizaciones. Tierra vacante en una ciudad que dice no tener suelo. Suelo que existe pero no se usa porque sirve para la especulación inmobiliaria.
La brecha territorial es feroz. Un departamento de dos ambientes en Palermo supera los 630.000 pesos mensuales; en Núñez roza cifras similares. En Villa Lugano, el promedio baja a 424.000 pesos. La diferencia no es sólo de precio, refleja desigualdad en servicios, conectividad, seguridad y expectativa de futuro. Quienes no pueden sostener el costo de la formalidad habitacional se ven empujados hacia el alquiler informal, el hacinamiento o directamente el cruce del límite porteño.
La expulsión de CABA no tiene un solo perfil socioeconómico. Junto al éxodo de familias vulnerables hacia el conurbano abierto hay otro movimiento, menos visible pero igualmente revelador: el de la clase media con hijos pequeños que abandona la Ciudad hacia los barrios cerrados. Pilar, Tigre, Escobar, Lujan, o el corredor Ezeiza, Canning Cañuelas, concentran la mayor parte de esa demanda, con una oferta que creció sin pausa desde la pandemia y que hoy incluye colegios privados, centros médicos, gimnasios y hasta supermercados propios, todo dentro del perímetro vallado. El fenómeno se consolidó principalmente desde 2020 y generó un mercado de alquiler en estas urbanizaciones que atrae tanto a hogares unipersonales como a familias que priorizan seguridad, espacio verde y servicios por sobre la propiedad en sí. Los datos muestran que los hogares más móviles —profesionales y familias jóvenes— ajustan rápido ante los cambios económicos: reducen superficie, cambian de tipología o directamente se mudan. El teletrabajo extendido eliminó el argumento central que amarraba a estas familias a la Ciudad: la proximidad al trabajo. Lo que resta es la cuenta que hacen cada vez más padres jóvenes entre un tres ambientes en Caballito o Palermo —con expensas, inseguridad y sin espacio exterior— y una casa con jardín en Pilar del Este o Nordelta a precio equivalente. A diciembre de 2025, un dos ambientes en Nordelta promediaba 804.000 pesos mensuales frente a 831.000 en Palermo, según Zonaprop. La brecha ya no justifica quedarse. Este movimiento de clase media calificada —justamente el segmento que la Ciudad necesita retener para sostener su base tributaria y su masa crítica profesional— habla de una metrópoli que perdió atractivo residencial para sus propios hijos.
El sur que nadie atiende
Las comunas del sur porteño —4, 8, 9 y 10, que agrupan La Boca, Barracas, Villa Soldati, Villa Lugano y Mataderos— condensan las contradicciones más brutales de una ciudad que se presenta como moderna. La pobreza en hogares en esa zona asciende al 28,5%, frente al 10,7% de la zona norte. La indigencia llega al 7,6%, un nivel que supera al de varias provincias del interior históricamente más golpeadas.
La desigualdad no se mide únicamente en pesos. Un estudio publicado en The Lancet con participación de epidemiólogos argentinos revela que un hombre nacido y criado en Villa Soldati o Villa Lugano tiene una esperanza de vida de entre 69 y 70 años. El mismo hombre nacido en Recoleta o Belgrano llega a los 75 o 77. La ciudad le roba entre cinco y ocho años de vida según el barrio en que nació. El 77% de quienes habitan las villas del sur no accede a la red eléctrica formal ni a la red cloacal.
Esa precariedad no es el resultado de una fatalidad geográfica. Es el producto de décadas de abandono planificado. Los datos censales son contundentes: entre 2010 y 2022 la población en villas y barrios populares de CABA creció un 12,9%, casi el doble que el resto de la Ciudad, que avanzó apenas un 6,8% en el mismo período. En términos absolutos, esos barrios pasaron de 146.589 a 165.466 habitantes, y ese crecimiento explica por sí solo el 10% del aumento poblacional total de la Ciudad. Un informe de la Fundación Tejido Urbano publicado en 2026, basado en imágenes satelitales y datos del Censo 2022, estima que los doce asentamientos de mayor tamaño de CABA acumulan casi 4,9 millones de metros cuadrados construidos, el equivalente al 2% de toda la superficie edificada de Buenos Aires. La ciudad informal crece mientras la política pública mira hacia otro lado.
Una ciudad que envejece y se encoge
El Censo 2022 confirmó lo que las proyecciones demográficas venían anunciando: CABA es la jurisdicción con la mayor proporción de población mayor de 65 años del país, con el 17,7% de sus habitantes en ese tramo etario. Más del 21% de los porteños supera los 60 años, más de cinco puntos por encima del promedio nacional. La pirámide demográfica porteña ya no tiene forma de pirámide.
Este envejecimiento no es un logro sanitario aislado: es también el reverso de la expulsión. Los jóvenes se van, al conurbano, al interior, al exterior, y los que se quedan envejecen sobre una infraestructura urbana que no fue diseñada para una ciudad mayoritariamente adulta. La tasa de natalidad cae, la fecundidad adolescente se redujo un 59% entre 2014 y 2021, y el índice de envejecimiento marcó en 2022 su aumento más pronunciado en cincuenta años. La Ciudad se encoge demográficamente mientras se expande en metros cuadrados de lujo y torres premium.
La pregunta que el GCBA prefiere no responder
Todo esto le plantea al Gobierno porteño una pregunta que prefiere evitar, cómo se sostiene el relato de la ciudad exitosa cuando sus propios datos certifican que expulsa población vulnerable, que la informalidad laboral crece contra la tendencia oficial, que el sur tiene índices de pobreza comparables con distritos del interior históricamente más golpeados, y que la Provincia carga con la factura de esa vulnerabilidad.
La respuesta del CEM es precisa: revertir esta dinámica exige coordinación interinstitucional y políticas que transciendan los ciclos electorales. Una agenda seria de formalización del empleo, un abordaje estructural del mercado de suelo y una inversión sostenida en los barrios del sur requieren acuerdos entre el Estado, el sector privado y los sindicatos, y continuidad más allá de los vaivenes de gestión. La evidencia regional lo confirma: los países que redujeron la informalidad de manera sostenida lo hicieron combinando múltiples instrumentos durante períodos prolongados.
Buenos Aires no tiene un problema de imagen. Tiene un problema de modelo. Y mientras ese modelo no cambie, la Ciudad seguirá siendo, salvo para un minoría, una ciudad desigual, expulsiva, y en muchos casos invivible.
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