Al cumplirse un año de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof volvió a cuestionar duramente el fallo judicial y aseguró que la expresidenta permanece «injustamente detenida», en lo que definió como uno de los episodios más graves de persecución política y judicial desde la recuperación democrática.
Por Redacción DATA Política y Económica
El pronunciamiento del mandatario bonaerense coincidió con una nueva jornada de movilización del peronismo frente al domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Fernández cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025. Militantes, dirigentes políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales volvieron a concentrarse bajo la consigna «Cristina Libre», una campaña que se ha transformado en el principal eje de acción del kirchnerismo durante el último año.
«Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos», expresó Kicillof a través de sus redes sociales. El gobernador sostuvo que la exmandataria fue víctima de una persecución sistemática que concluyó en una condena «arbitraria y sin pruebas», basada —según afirmó— en criterios jurídicos incompatibles con los principios elementales del derecho. Para el mandatario provincial, la sentencia constituye un caso paradigmático de utilización política del Poder Judicial para excluir a una dirigente que continúa conservando una enorme gravitación en la vida política argentina.
El gobernador también recordó que la causa se construyó sobre responsabilidades que, según su interpretación, no formaban parte de las atribuciones institucionales de la entonces presidenta. En ese marco, cuestionó especialmente el razonamiento judicial conocido popularmente como «no podía no saber», argumento que el kirchnerismo considera incompatible con los estándares probatorios exigidos por el derecho penal.
Las declaraciones de Kicillof se producen en un escenario donde el debate sobre la condena a Cristina Fernández continúa atravesando al conjunto del sistema político argentino. Mientras el oficialismo nacional reivindica el accionar de la Justicia y sostiene que el fallo representa un avance institucional contra la corrupción, el peronismo denuncia la existencia de un proceso de «lawfare» destinado a proscribir políticamente a una de las principales figuras de la oposición.
San José 1111, epicentro de la resistencia kirchnerista
Durante los últimos meses, el departamento ubicado en San José 1111 se transformó en un punto de referencia permanente para la militancia peronista. Delegaciones provenientes de distintos municipios bonaerenses, organizaciones sindicales, agrupaciones juveniles y sectores universitarios realizan actividades periódicas frente al edificio para manifestar su respaldo a la ex presidenta.
La jornada de este 10 de junio tuvo un fuerte contenido simbólico. Se cumplió exactamente un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámpora, junto con diversos espacios del peronismo, convocó a un abrazo simbólico al edificio y a una movilización para exigir la libertad de la exmandataria.
Además, distintas organizaciones políticas anunciaron que las actividades continuarán durante todo el mes de junio. Entre ellas se destacan actos, encuentros culturales y nuevas concentraciones que tendrán como eje la denuncia de la proscripción política y el reclamo por la libertad de Cristina Fernández.
Desde el interior bonaerense también se organizaron movilizaciones específicas hacia la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna «Cristina es inocente, la queremos libre», reafirmando la centralidad que conserva la ex presidenta dentro de amplios sectores del movimiento nacional y popular.
La disputa política detrás de la condena
En su mensaje, Kicillof vinculó la situación judicial de Cristina Fernández con el actual modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según sostuvo, los sectores que promovieron la condena son los mismos que respaldan políticas de ajuste, apertura económica y concentración de ingresos.
«Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones y concentra la riqueza en cada vez menos manos», afirmó el gobernador.
La referencia no es casual. Dentro del peronismo existe una creciente tendencia a vincular la discusión sobre la situación judicial de Cristina Fernández con el debate sobre el rumbo económico del país. Para ese espacio político, ambos fenómenos forman parte de una misma disputa de poder que enfrenta a sectores financieros, mediáticos y judiciales con proyectos políticos orientados a fortalecer el mercado interno y la intervención estatal.
Un liderazgo que sigue ordenando al peronismo
A pesar de la condena y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández continúa ocupando un lugar central en la política argentina. Su figura sigue movilizando a miles de militantes y condiciona las discusiones estratégicas dentro del peronismo de cara al proceso electoral de 2027.
La movilización permanente en torno a San José 1111 refleja esa realidad. Lo que comenzó como una reacción inmediata frente al fallo judicial se transformó en un espacio de referencia política para gran parte del kirchnerismo, que interpreta la condena como un intento de disciplinamiento político y una advertencia hacia cualquier proyecto que cuestione los intereses dominantes.
A un año de la sentencia que cambió el escenario político argentino, la discusión permanece abierta. Para el oficialismo se trata de una condena judicial legítima. Para el peronismo y amplios sectores del campo nacional y popular, en cambio, constituye un caso emblemático de persecución política. Mientras tanto, frente al edificio de Constitución donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta, la consigna que domina cada movilización sigue siendo la misma: «Cristina Libre».
