El CIN firmó un acta con el Gobierno que contempla un 24,33% de recomposición salarial en dos tramos, pero no retira la acción judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. Milei cerró un conflicto político costoso pagando la mitad de lo que exige la norma que él mismo vetó dos veces.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmó el miércoles al mediodía, en el Palacio Sarmiento, un acta de acuerdo con la Subsecretaría de Políticas Universitarias —a cargo de Alejandro Álvarez— que pone fin formal a más de dos años y medio de pulseada presupuestaria con la administración Milei. El Gobierno no obtuvo lo que más quería: las universidades no abandonarán la demanda que tramita ante la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El acuerdo fija un incremento salarial de 24,33% en dos tramos. El primero, del 21,33%, rige desde junio sobre los básicos vigentes a mayo —con impacto en el cálculo del medio aguinaldo— y el segundo, del 3%, se aplicará en octubre. La recomposición desagrega siete puntos por pérdidas de 2024, 12,33 por el deterioro de 2025 y el resto para compensar lo acumulado hasta mayo de 2026. El acta incluye también un aumento del 20% en los fondos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Belgrano, cuyo monto estaba congelado desde hacía más de dos años.
«La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la Ley de Financiamiento Universitario, que sigue vigente, ni por la recuperación integral del salario perdido.» — FEDUN
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró el entendimiento pero dejó en claro que no era una rendición. «Tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido», señaló la organización en un comunicado, aunque advirtió que el porcentaje obtenido queda unos diez puntos por debajo de lo reclamado. La Conadu anunció, por su parte, que radicó una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la administración Milei por incumplimiento sistemático del convenio colectivo universitario.
El litigio de fondo sigue abierto. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 —ratificada incluso después de que Milei la vetara por segunda vez— y fija originalmente un aumento del 51%. El Ejecutivo la impugnó ante la Corte Suprema sosteniendo que la norma es ilegal porque, según su lectura, no identifica la fuente de financiamiento que exige la legislación de administración financiera. La Justicia dictó medidas cautelares favorables a las universidades en dos oportunidades, pero ambas permanecen suspendidas por el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. El tribunal no tiene plazo para pronunciarse.
Cada mes que el Gobierno demora en cumplir la ley le significa un ahorro superior a los 100 millones de dólares, según estimaciones gremiales. El mismo monto que las grandes agroexportadoras embolsaron por la quita de retenciones de septiembre de 2025.
Los números del conflicto muestran la magnitud de lo que quedó afuera del acuerdo. La Ley de Financiamiento tiene un costo fiscal estimado en 0,2% del PBI para 2026, unos 1.400 millones de dólares. Lo firmado el miércoles cubre, según los propios gremios, alrededor de la mitad de esa deuda acumulada. El 25% perdido en 2024 sigue impago y será materia tanto de la demanda judicial como de futuras rondas paritarias. El acuerdo desactiva la presión social —cuatro marchas federales, paros escalonados, movilizaciones en más de cincuenta ciudades— sin resolver el pleito de fondo.
La comunidad universitaria ante el acuerdo: entre el alivio y la bronca
El acuerdo desactivó el paro previsto para el 16 al 20 de junio, pero no generó entusiasmo en las bases. La recepción fue dispar, a veces contradictoria, y en algunos casos abiertamente crítica hacia las propias conducciones gremiales.
La FEDUN fue la más explícita en celebrar el resultado. Publicó que lograron que el gobierno convoque a paritarias tras dieciocho meses de negativa sistemática, y que el avance se dio en un contexto económico muy complejo. Pero en el mismo comunicado aclaró que la lucha continúa y que el porcentaje obtenido no alcanza para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023.
La CONADU, la federación más combativa, firmó pero sostuvo la denuncia ante la OIT y dejó en claro que el plan de lucha está en suspenso, no cerrado. Clara Chevalier, su secretaria general, había advertido días antes que cualquier resolución debía surgir de una convocatoria formal y transparente, y que las bases debían votar antes de que la conducción nacional avanzara. Ese procedimiento se cumplió, aunque los márgenes fueron estrechos. La CONADU Histórica, más a la izquierda del espectro gremial universitario, fue la única federación que no suscribió el acuerdo.
«Lo más patético es que lo presentan como un logro arrancado al gobierno. ¿Viven en Narnia?» — docente de la UNLP en el grupo interno de ADULP, horas después del acuerdo.
En La Plata, el termómetro fue especialmente revelador. La Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) fue el primer gremio de base en expedirse y aprobó la propuesta en asamblea, pero por apenas siete votos de diferencia. El resultado desató un cruce en los grupos internos: algunos docentes cuestionaron tanto el porcentaje obtenido como la forma en que la dirigencia presentó el resultado. Una de las voces señaló que el gobierno solo hizo la oferta después de que la Corte Suprema le rechazara el intento de recusar a magistrados con vínculos universitarios —un movimiento que hubiera alejado del caso a jueces considerados favorables a las universidades—. La Corte rechazó ese planteo días antes del acuerdo, lo que, según esa lectura, precipitó la propuesta oficial.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a los estudiantes y también firmó el acta, venía sosteniendo clases públicas frente al Palacio de Justicia en los días previos. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, había dicho ante las cámaras que los tres jueces de la Corte son profesores universitarios y conocen de primera mano lo que está en juego. Los estudiantes fueron parte activa del ciclo de protestas: colegios preuniversitarios como el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini tomaron sus edificios en solidaridad, y la FUA participó de las cuatro marchas federales. El acuerdo los dejó sin el paro, pero con el reclamo de fondo intacto.
Entre el personal no docente, la FATUN también suscribió el acuerdo, aunque advirtió que la garantía salarial nodocente quedó pendiente para la próxima ronda paritaria, prevista para el 15 de septiembre. Las becas Progresar, cuya actualización habían pedido varios sectores durante las negociaciones, tampoco quedaron incluidas en el texto final.
El dato político más relevante que arroja la recepción interna no es el porcentaje firmado sino la temperatura de las asambleas. Que en La Plata —una de las universidades con mayor tradición de organización del país— la votación se resolviera por siete votos indica que una porción significativa de los docentes considera que se negoció con menos fuerza de la que el momento habilitaba. El acuerdo cierra una etapa, pero no disuelve la desconfianza acumulada hacia un gobierno que vetó dos veces la ley, intentó imponer condiciones extrajudiciales y demoró 30 meses en sentarse formalmente a una paritaria.
Para el Gobierno el balance es incómodo. Cerró uno de los conflictos más desgastantes de su gestión, pero cediendo en la condición que consideraba innegociable: que las universidades se bajaran de la Corte. Esa exigencia cayó en las últimas horas de negociación, cuando la necesidad de un cierre político se impuso sobre cualquier otro cálculo. En Casa Rosada entienden que con esta actualización ganan tiempo hasta la discusión del Presupuesto 2027, año electoral en el que Milei buscará la reelección. Los gremios, por su parte, buscarán recuperar entonces lo que falta del 2024.
Lo que sigue sin respuesta es cuándo y cómo se pronunciará la Corte Suprema. Con el conflicto desactivado, la presión sobre el tribunal baja y los tiempos procesales pueden estirarse sin costo inmediato para el Ejecutivo. Las universidades, los gremios y los estudiantes lo tienen claro: mantener la demanda no es una formalidad sino una señal de que el problema no está resuelto sino apenas postergado. La Ley de Financiamiento Universitario sigue vigente. Y sigue siendo incumplida.
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