El PE oficializó un nuevo ajuste tarifario que comenzará a regir el 1° de junio. La electricidad sube 1,5 por ciento y el gas, 2,8 por ciento —por encima de la inflación de abril— justo cuando arranca el frío. Las distribuidoras, en tanto, obtienen incrementos en sus costos de distribución casi tres veces mayores que los usuarios.
Redacción DATA POLITICA Y ECONOMICA
El invierno llega con factura incluida. Desde el lunes 1° de junio, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires pagarán más por la luz y el gas, después de que el Gobierno oficializara un nuevo escalón en el ajuste tarifario que administra mes a mes con porcentajes que, sumados, configuran uno de los mayores traspasos de costos a los hogares de la historia reciente. Las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE) y la Resolución 39/2026 del Enargas, publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial, fijan las nuevas tarifas para Edenor, Edesur y Metrogas.
Para la electricidad, la suba que percibirá el usuario residencial es del 1,5 por ciento. En el gas, el incremento trepa al 2,8 por ciento —cifra que la Secretaría de Energía confirmó oficialmente para Metrogas y que la nota de la agencia refirió como 2,6 por ciento—, un dato que no es menor: ese porcentaje supera la inflación oficial de abril, que el Indec registró en 2,8 por ciento, y que el Gobierno de Javier Milei acostumbra tomar como parámetro orientador para los ajustes de servicios públicos. El gas, que en junio concentra la mayor demanda del año por el inicio del frío, recibe el empujón más fuerte del año.
Lo que paga el usuario y lo que ganan las empresas
Detrás de los porcentajes que se trasladan a las facturas existe una mecánica que beneficia a las distribuidoras de manera bastante más generosa. Las resoluciones oficiales actualizaron el Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente que retribuye directamente a las empresas por su actividad. Para Edesur, ese ítem aumentó 4,68 por ciento respecto de mayo; para Edenor, 4,75 por ciento. Ambos ajustes se calcularon a partir de la fórmula de indexación que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Dicho de otro modo: mientras el usuario paga 1,5 por ciento más en su boleta, las distribuidoras acumulan un reconocimiento de ingresos tres veces superior en el componente que más incide en sus resultados.
En términos de pesos por kilovatio-hora, los usuarios residenciales sin subsidio de la categoría R1 —el segmento de consumo más bajo— abonarán 145,404 pesos por kWh en Edesur y 146,551 pesos en Edenor. Para quienes integran el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la bonificación sobre el bloque subsidiado será de 70,513 pesos por kWh en Edesur y 71,518 pesos en Edenor, siempre que el consumo no supere los 300 kWh mensuales. Quien traspase ese umbral paga la tarifa plena en toda la diferencia.
Los subsidios energéticos representaron 0,16 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2026, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El 75 por ciento de ese gasto fue al sector eléctrico y el 22 por ciento al gas natural. Sin embargo, y a contramano de la narrativa oficial del ajuste permanente, los subsidios acumulados entre enero y abril de 2026 sumaron 1.240 millones de dólares, el doble que en el mismo período de 2025, según la consultora Economía & Energía.
El mecanismo del goteo
La estrategia tarifaria de La Libertad Avanza no responde a decisiones abruptas sino a un goteo mensual de porcentajes que, vistos en perspectiva, constituyen lo que técnicos del sector llaman un «tarifazo diferido». Desde que Milei asumió, los cuadros tarifarios se han actualizado de manera sistemática, escalón por escalón, en el marco de las revisiones tarifarias quinquenales que los entes reguladores aplican automáticamente. Cada aumento es presentado como parte de un proceso ordenado; el resultado acumulado, sin embargo, es una transferencia persistente de ingresos desde los hogares hacia las empresas distribuidoras.
La política de subsidios acompaña esa lógica. El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943/2025 y que reemplazó el viejo sistema de segmentación por niveles de ingreso, mantiene para 2026 una bonificación extraordinaria del 25 por ciento sobre el consumo subsidiado. Pero esa bonificación está diseñada para reducirse de manera progresiva a lo largo del año, en una rampa que concentra los impactos más duros —según lo que advierte la consultora Economía & Energía— en marzo y en el trimestre de septiembre a noviembre. La asistencia existe, pero se achica.
El gobierno argumenta que la corrección de precios relativos es una condición necesaria para ordenar las cuentas públicas. Desde 2022, cuando los subsidios alcanzaron un pico equivalente a 1,42 por ciento del PIB, el Estado fue reduciendo el aporte hasta un 1,01 por ciento en 2024, según consigna el propio texto del Decreto 943/2025. Para 2026, la Secretaría de Energía proyecta que la cobertura estatal sobre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica se ubique apenas por encima del 24 por ciento: el usuario paga el resto. El FMI, que ha acompañado políticamente el proceso, reclama más ajuste todavía.
Una paradoja que el Boletín Oficial no resuelve
El dato de los subsidios en alza —duplicados en los primeros cuatro meses del año pese a la retórica oficial del recorte— expone una tensión que el Gobierno prefiere no subrayar. La fórmula de indexación que actualiza el CPD de las distribuidoras toma como referencia el IPIM y el IPC, es decir, se mueve con la inflación mayorista y minorista. Cuando los costos del sistema suben más rápido de lo que la tarifa plena puede absorber, el Estado transfiere la diferencia a las empresas mediante el componente que no aparece en la boleta del usuario pero que sí aparece en el Presupuesto. Es el mecanismo que explica por qué los subsidios en dólares se duplicaron mientras las facturas también subieron.
El EnreGE —que unifica desde hace meses las funciones del viejo Enargas y del Enre bajo una sola conducción— aprobó también tarifas diferenciadas para comercios, entidades de bien público y clubes de barrio. Para los hogares subsidiados que no superen los 300 kWh mensuales, el Estado reconoce el cargo de 74.891 pesos por kWh en Edesur y 75.033 pesos en Edenor. Quien supera ese umbral no tiene acceso a ese reconocimiento parcial: paga la tarifa completa en el excedente y, llegando junio con el frío puesto, es probable que muchos hogares lo hagan.
En algún piso de Buenos Aires, la calefacción empieza a encenderse estos días, justo cuando llega la primera factura de junio. El proceso que se cumple cada primer lunes de mes, casi sin noticias, suma un escalón más a un sistema que transfiere costos hacia abajo y rentabilidad hacia arriba.
