La Defensoría del Pueblo bonaerense se presentó en la Justicia con el objetivo de que AySA cumpla con sus obligaciones relacionadas a la protección de los recursos hídricos y la salud pública, ante el avance de un nuevo esquema contractual que apunta a la privatización de la empresa.
Puntualmente, se señala a la contaminación y el daño ambiental producto del deterioro estructural del sistema, la vulnerabilidad hídrica y sanitaria, el déficit histórico de cobertura y los pasivos operativos, que presentan problemas estructurales reconocidos incluso por la propia Aysa y que afectan a millones de personas.
Ante esto, la Defensoría exigió que se frene la aplicación de cualquier acto administrativo, financiero u operativo, como sería una privatización, que pretenda rebajar el estándar de exigencia ambiental o recortar el presupuesto de mantenimiento, saneamiento y remediación que AySA posee en los 26 municipios bonaerenses donde opera.
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«Estamos ante una decisión sumamente riesgosa e inconstitucional. El agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y no simples bienes comerciales que se pueden ajustar por rentabilidad financiera. No podemos permitir que bajo la excusa de una privatización se transfiera una deuda ambiental millonaria al Estado o a las personas, dejando a las y los bonaerenses expuestos a la contaminación y al abandono de obras esenciales», sostuvo Lorenzino.
Además, la Defensoría reclamó que se realice de forma obligatoria una auditoría externa integral de carácter científico, ambiental y sanitario, orientada a identificar con total precisión todos los pasivos ambientales y sitios contaminados acumulados por AySA antes de avanzar con cualquier modificación en su esquema societario o contractual.
