La suba de gas, electricidad y agua llevó al IPC de febrero al 2,9%, el mismo nivel que en enero. Aunque la inflación interanual siguió bajando, el arranque del año dejó un piso más alto al esperado por el Gobierno: en el primer bimestre acumuló 5,9%, con fuerte incidencia de los precios regulados y de los alimentos.
La inflación de febrero volvió a encender una señal de alerta para la estrategia económica de la Casa Rosada. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional fue de 2,9%, igual que en enero, y acumuló 5,9% en el primer bimestre, según informó el Indec. En la comparación interanual, el alza fue de 33,1%. El dato confirma que la desaceleración de los precios sigue siendo mucho más lenta en el arranque de 2026 que lo que esperaba el oficialismo.
El principal motor del mes fue el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó 6,8% a nivel nacional. Detrás de ese salto estuvieron los aumentos en las tarifas de gas, agua y electricidad en gran parte del país, además de cambios en los esquemas de subsidios. En segundo lugar quedó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de 3,3%, impulsada sobre todo por carnes y derivados. A nivel de categorías, los precios regulados aumentaron 4,3%, por encima del IPC núcleo, que avanzó 3,1%, mientras los estacionales retrocedieron 1,3%.
Ese comportamiento no fue un fenómeno aislado. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC de febrero había marcado 2,6%, también se repitió el mismo patrón: el mayor impacto vino de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 5,9%, explicada por aumentos en expensas, tarifas residenciales de electricidad y gas, además de alquileres. En alimentos, el IPC porteño mostró una variación de 2,9%, con fuerte incidencia de carnes y derivados, que subieron 7,3%.
El dato nacional, por lo tanto, confirma que el proceso de desinflación sigue condicionado por dos frentes muy sensibles para el bolsillo: los servicios regulados y la comida. No se trata solo de una cuestión estadística. El mismo día en que se conoció el IPC, el Indec informó que la canasta básica alimentaria subió 3,2% en febrero y que la canasta básica total avanzó 2,7% en el Gran Buenos Aires. Para una familia tipo de cuatro integrantes, la línea de indigencia se ubicó en $512.769 y la de pobreza en $1.112.710.
Con este resultado, la promesa oficial de una inflación mucho más baja empieza a quedar más exigida por la propia dinámica de los números. El Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual de 10,1%, equivalente a un promedio mensual cercano al 0,8%, mientras que tanto Javier Milei como Luis Caputo sostuvieron en las últimas semanas que el índice podría perforar el 1% mensual hacia agosto. Pero con dos meses consecutivos en 2,9%, el sendero luce bastante más empinado.
A eso se suma otro ruido de fondo: la discusión sobre cómo se mide la inflación. El Indec había anunciado en octubre de 2025 la puesta en marcha de una actualización metodológica basada en la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero ese cambio todavía no se aplicó. En paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia de Marco Lavagna y designó a Pedro Lines al frente del organismo. El debate técnico no altera el dato de febrero, pero sí agrega tensión política sobre un indicador que hoy está en el centro del discurso económico oficial.
Por ahora, el mensaje que deja febrero es claro: la inflación ya no corre a la velocidad de 2024, pero tampoco cae al ritmo que necesita el Gobierno para validar sus proyecciones. Las tarifas volvieron a pegar de lleno en el costo de vida, los alimentos siguieron por encima del promedio y el inicio del año dejó un arrastre que pone en duda la posibilidad de converger rápidamente a registros mensuales cercanos a cero. En una economía donde el ajuste de precios regulados sigue abierto y los alimentos conservan alta sensibilidad, la pelea contra la inflación dista de estar resuelta
La inflación no afloja: tarifas, alimentos y una promesa oficial cada vez más difícil
La suba de los servicios públicos volvió a empujar el costo de vida en febrero y dejó al descubierto uno de los límites más visibles del programa económico de Javier Milei. El IPC nacional fue de 2,9%, igual que en enero, y acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026. En la medición interanual, la inflación llegó a 33,1%. Más allá de la baja respecto de los picos del año pasado, el dato confirma que la desaceleración perdió velocidad y que el arranque del año quedó muy por encima del sendero que necesitaría el Gobierno para cumplir su propia meta anual.
El dato más sensible volvió a estar donde más duele: en los gastos inevitables. La división que más subió fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un salto de 6,8%, impulsado por aumentos en las tarifas de gas, agua y electricidad y por cambios en los esquemas de subsidios. Detrás apareció Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de 3,3%, empujada sobre todo por carnes y derivados. A nivel de categorías, los precios regulados treparon 4,3%, por encima del IPC núcleo, que avanzó 3,1%, mientras los estacionales retrocedieron 1,3%. El patrón del mes es claro: el ancla fiscal se sigue descargando sobre consumos básicos y servicios esenciales.
La radiografía porteña anticipaba ese comportamiento. En la Ciudad de Buenos Aires, el IPC de febrero había dado 2,6%, con un fuerte arrastre de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subieron 5,9%. El informe estadístico porteño precisó que allí pesaron especialmente las expensas, las tarifas residenciales de electricidad y gas, y las actualizaciones de alquileres. En alimentos, la suba fue de 2,9%, con carnes y derivados avanzando 7,3%. Es decir: aun donde el índice general fue algo menor, la presión también vino desde los rubros más sensibles del presupuesto familiar.
La otra cara del mismo problema aparece en las canastas básicas. En febrero, la canasta básica alimentaria subió 3,2% y la canasta básica total 2,7% en el Gran Buenos Aires. Para un hogar tipo de cuatro integrantes, el umbral de indigencia quedó en $512.769 y la línea de pobreza en $1.112.710. Son cifras que muestran que, incluso con una inflación bastante menor a la de 2024, el costo de sostener un hogar siguió escalando a un ritmo que golpea de lleno sobre salarios, jubilaciones e ingresos informales.
El punto político del dato es evidente. El Presupuesto 2026 proyectó una inflación anual de 10,1%, una meta que supone una trayectoria de desaceleración mucho más intensa que la observada hasta ahora. Pero con enero y febrero clavados en 2,9%, la distancia entre la promesa oficial y la dinámica real de los precios empieza a hacerse demasiado visible. El Gobierno insiste en que el proceso de desinflación sigue en marcha, pero el arranque del año muestra que bajar la nominalidad no equivale, todavía, a aliviar el costo de vida.
A eso se suma una discusión que erosiona credibilidad en un terreno especialmente delicado. La publicación del dato de febrero llegó después de la salida de Marco Lavagna del Indec y en medio de la polémica por la postergación del nuevo esquema metodológico para medir la inflación. El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del organismo y distintas versiones periodísticas vincularon la renuncia de Lavagna con diferencias sobre el momento de implementación del nuevo IPC. Aunque el número de febrero no queda invalidado por esa controversia, el episodio reabrió interrogantes políticos en torno a un indicador central para la narrativa económica oficial.
En los hechos, febrero dejó una conclusión incómoda para la Casa Rosada. La inflación ya no corre al ritmo explosivo del año pasado, pero tampoco cae con la velocidad que requiere el relato del “cero” inflacionario. Las tarifas siguen funcionando como mecanismo de reacomodamiento fiscal, los alimentos conservan una inercia alta y la promesa de una inflación casi nula empieza a chocar con la vida cotidiana. El problema ya no es sólo cuánto bajó el índice respecto del pasado reciente, sino quién está pagando el costo de esa desaceleración y cuánto margen social queda para seguir ajustando sobre consumos básicos.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
