Mientras la política administra cuotas e intereses, sigue intacta la arquitectura financiera que convirtió a millones de argentinos en deudores.
I.Un diagnóstico que empieza por el final
El debate sobre el endeudamiento familiar discute refinanciaciones, tasas, fondos fiduciarios y condonación de intereses por mora: discute, en definitiva, los síntomas. Ninguna de esas propuestas toca la norma que hizo posible que millones de hogares argentinos terminaran atados a una tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.
Pocos debates en la Argentina se proponen discutir lo verdaderamente necesario. Esa omisión no es casual, es la forma que toma la derrota cuando todavía no sabe nombrarse. O cuando la socialdemocracia caló hondo en los debates políticos nacionales.
II. Una ley firmada por Videla, redactada por los bancos
El 14 de febrero de 1977, en plena dictadura, Jorge Rafael Videla sancionó y promulgó la Ley N° 21.526, con la firma de José Alfredo Martínez de Hoz. La acompañó una norma hermana, la Ley N° 21.495 de descentralización de los depósitos bancarios, sancionada semanas antes. Entre las dos desarmaron en meses el sistema financiero que el primer peronismo había construido tres décadas atrás. El objetivo: la descentralización; la consecuencia: la jerarquización de la especulación.
Martínez de Hoz no ocultó la ambición del proyecto. Lo describió como un cambio de estructura de las instituciones financieras que iba mucho más allá de lo que la gente veía: cambiarlos a todos, cambiar la mentalidad. Cuando dejó el Ministerio de Economía en 1981, la calificó como el instrumento más revolucionario del gobierno militar. No hablaba de una ley bancaria, hablaba de una reforma del sentido común. Cuando se trata de entrega, los funcionarios que trabajan para la corona son especialistas en librar la batalla cultural.
La Ley N° 21.526 hizo tres cosas que definen todavía hoy el terreno de juego. Liberó las tasas de interés, que hasta entonces fijaba el Estado, y las entregó a la voluntad de cada entidad. Descentralizó los depósitos, que hasta 1977 pertenecían al Banco Central y se distribuían entre bancos públicos y privados según criterios de desarrollo; a partir de ahí, cada banco compite por captar el ahorro que puede prestar. Y mantuvo la garantía estatal de los depósitos mientras privatizaba por completo la decisión sobre a quién prestar y a qué precio. El riesgo se socializó, la ganancia se privatizó. Esa asimetría, no la codicia de tal o cual banquero, es el mecanismo. Estamos ante un caso de intervención estatal bajo el ropaje de la descentralización: el Estado siempre interviene, aunque no lo veamos.
III. Cuarenta y ocho años de vigencia bajo catorce gobiernos
La ley cumplió 48 años en febrero de 2026. Sobrevivió a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Duhalde, a los Kirchner, a Macri, a Fernández y a Milei. Quizás alguno de estos podría haber hecho algo más para modificarla, pero aún sigue viva.
Tuvo alrededor de ocho reformas parciales desde su sanción, ninguna sobre sus pilares: la libertad de tasas, la banca privada como eje del sistema y la ausencia de una autoridad que oriente el crédito hacia el desarrollo. Durante el kirchnerismo, con mayorías parlamentarias amplias en 2012 y 2014, hubo proyectos para reemplazarla por una nueva Carta Orgánica del sistema financiero. Quedaron en cajones. La decisión política nunca alcanzó, o nunca se puso a prueba, para tocar el corazón del negocio bancario. Todo quedó bajo el famoso manto de la “correlación de fuerzas” vocablo exquisito de la socialdemocracia para esconder su falta de valentía.
Ese dato desarma cualquier lectura que reduzca el problema a «neoliberalismo versus nacionales». La 21.526 atravesó gobiernos de signos opuestos porque ningún gobierno, incluidos los que se reivindicaron nacionales y populares, decidió que derogarla fuera una prioridad de gestión. Se administró el margen que la ley permite; no se discutió la ley.
IV. El antecedente que la 21.526 vino a borrar
En 1946, el primer gobierno de Perón nacionalizó los depósitos bancarios. El crédito dejó de ser una mercancía que cada banco vendía al mejor postor y pasó a ser un instrumento de política económica: el Banco Central decidía cuánto crédito recibía la industria, cuánto el agro, cuánto el consumo, a qué tasa y con qué plazo. José Ber Gelbard, ya en 1973, intentó profundizar ese esquema y subordinar el conjunto del sistema financiero a objetivos de desarrollo nacional. Seguramente esto, más la ley de entidades profesionales, explica en gran medida el largo invierno que sufre nuestra nacionalidad desde 1976.
La dictadura de 1976 no llegó a destruir ese modelo por casualidad ni como efecto colateral de la represión. Lo destruyó como programa. Ejerció poder. La Ley N° 21.526 fue, junto con el plan de aniquilamiento del movimiento obrero y la apertura comercial indiscriminada, una de las tres patas de la refundación económica que buscaba la dictadura. Las tres siguen, con matices, operativas. Y hoy se profundizan.
V. Lo que la financiarización hizo con la economía real
Sacar al Estado de la orientación del crédito no dejó un vacío neutral, dejó un modelo de acumulación. Sin una banca pública que discipline con líneas de fomento, el crédito argentino se volcó a donde el rendimiento es más alto y más rápido: al consumo, a la timba financiera, a la bicicleta de tasas. La industria que necesita crédito a diez años para comprar una máquina compite en el mismo mercado, con la misma lógica de rentabilidad de corto plazo que un fondo que arbitra tasas en noventa días. Pierde siempre la industria.
Ese mismo vacío regulatorio es el que hoy le permite a las billeteras virtuales operar de facto como un banco (captan ahorro, prestan, cobran intereses) sin las exigencias de capital, encaje y control que la 21.526 impone a un banco tradicional. La ley que la dictadura diseñó para liberar a la banca privada del control estatal terminó habilitando, cuatro décadas después, una nueva capa de intermediación financiera todavía menos regulada, sobre los ingresos de los trabajadores informales. El patrón no cambió,se sofisticó.
VI. Por qué ninguna refinanciación alcanza
Toda propuesta de alivio a las familias endeudadas opera dentro de las reglas que la 21.526 fija: tasas libres, bancos que definen a quién prestan y a qué costo, un Estado que solo puede pedir, subsidiar o compensar en los márgenes.
Refinanciar al 35% anual con el Banco Ciudad, condonar intereses por mora, crear un fondo fiduciario para quienes ganan menos de seis salarios mínimos: cada una de esas medidas alivia un síntoma sin tocar la estructura que lo produce.
Es el mismo círculo para el año que viene. Los salarios seguirán sin alcanzar mientras el crédito siga organizado para maximizar el rendimiento bancario en vez de para sostener el ingreso de los hogares y el desarrollo de la producción. Los refinanciados de 2026 serán, en 2027 o 2028, los nuevos morosos de un sistema que no cambió una sola de sus reglas de origen.
VII. La batalla de todas las batallas
Derogar la Ley de Entidades Financieras y reemplazarla por una que subordine el crédito al desarrollo soberano no es una medida más en un paquete de políticas sociales, es la condición de posibilidad de todas las demás. Sin esa ley nueva, el gravamen a las ganancias extraordinarias de la banca se cobra una vez y el sistema se reacomoda. Sin esa ley nueva, la banca pública que se proponga competir con la privada lo hará con las manos atadas por las mismas reglas de rentabilidad de corto plazo. Sin esa ley nueva, cualquier control de tasas será provisorio, revocable con el próximo cambio de gobierno, porque no estará anclado en una arquitectura legal distinta sino en la voluntad política de turno.
En los países semicoloniales, el que nomina domina. La 21.526 nombró durante 48 años lo que un banco puede hacer con el ahorro de los argentinos. Mientras esa norma exista, la discusión sobre el desendeudamiento familiar seguirá siendo una discusión sobre el margen. La discusión sobre la estructura empieza el día que alguien se anime a poner el número 21.526 en el centro del debate público y a explicar, en el mismo lenguaje sencillo con que hoy se explica una tasa de refinanciación, por qué esa ley de la dictadura sigue redactando las reglas del capitalismo argentino.
Perón derogó en 1946 el modelo de banca privada sin orientación estatal que había regido hasta entonces. La pregunta que la dirigencia actual evita es si está dispuesta a repetir ese gesto o si prefiere seguir administrando, con buenas intenciones y comunicados de prensa, la deuda que la 21.526 produce todos los días.
VIII. La familia como primer anillo de la patria
Para finalizar, hay un problema filosófico antes que un problema técnico. Ninguno de los proyectos que refinancian deudas familiares concibe a la familia como célula política de la Nación. La tratan como unidad de consumo, como titular de una cuenta en la Central de Deudores, como sujeto de asistencia. No la tratan como lo que es en la tradición del pensamiento nacional: la primera comunidad, anterior al mercado y anterior al Estado, donde se organiza el trabajo, se cría a la próxima generación y se sostiene la reproducción material de la Nación.
Esa omisión tiene consecuencias directas sobre el diagnóstico. Si la familia es apenas una unidad de consumo endeudada, el problema se resuelve bajando la tasa. Si la familia es la célula de la patria, el endeudamiento de un hogar es el primer anillo de una cadena que termina en el endeudamiento de la Nación con el FMI: la misma lógica que le vació el bolsillo a la Argentina para pagarle a los acreedores externos es la que le vació el bolsillo a cada hogar para llegar a fin de mes. No son dos endeudamientos paralelos que coinciden por casualidad. Son el mismo fenómeno, visto en dos escalas de una misma comunidad política.
Los proyectos legislativos actuales no ven ese anillo porque parten de una filosofía liberal que no tiene categoría para pensar comunidades intermedias. Ven individuos, ven hogares aislados, ven casos. No ven patria. Y sin esa categoría, ninguna reforma puede plantearse como lo que en verdad es: la reconstrucción de la comunidad organizada, empezando por su célula más pequeña, contra la lógica que la disolvió en deudor individual.
