Mientras la mora crece y el aparato productivo se desangra, los sectores que exhiben crecimiento —minería, agronegocios, energía— terminan alimentando el mismo circuito: la renta se dolariza, se financiariza y se fuga.
Por Antonio Muñiz
En septiembre de 2026 un kilo de asado cuesta 18.500 pesos. Hace menos de tres años costaba 3.600. El salario mínimo, vital y móvil, apenas roza los 383.300 pesos brutos; neto de aportes, 318.554. La distancia entre esas dos cifras retrata un modelo que empobrece a quien produce y a quien trabaja, y enriquece a quien administra el dinero.
El mecanismo tiene un nombre técnico, carry trade, y una lógica que el economista Horacio Rovelli, profesor de Política Económica en la UBA, resume con claridad. El Banco Central frena la emisión monetaria muy por debajo de la inflación real; entre enero y agosto de este año la base monetaria creció apenas 11,17%, mientras los precios subieron 21,3% según el propio INDEC, y bastante más si se toman mediciones alternativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esa escasez artificial de pesos sostiene tasas de interés positivas en dólares que atraen capital golondrina. Entra, se pasa a activos en pesos, cobra una renta financiera extraordinaria y sale cuando quiere. El costo de esa timba lo paga la economía real.
La otra cara: jubilaciones, empleo y deuda de las familias
El ajuste no es abstracto. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 el Estado nacional perdió 72.522 puestos de trabajo, una reducción del 21% de su planta; en el sector privado, en un período similar, cerraron 28.262 establecimientos y se destruyeron 341.396 empleos. Las jubilaciones y los salarios, tanto privados como estatales se ajustan por debajo del IPC oficial, que ya subestima la inflación rea.
Frente a la caída del ingreso, las familias recurrieron primero a sus ahorros y después al crédito: bancos, luego billeteras virtuales, finalmente el prestamista de barrio, muchas veces financiado por el narcomenudeo o la reducción de mercadería robada. Los registros de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA son contundentes: 5.923.788 personas en mora a julio de 2026, sobre 20,9 millones de sujetos de crédito. Más de uno de cada cuatro. La morosidad en las fintech —Mercado Pago y Tarjeta Naranja a la cabeza, que concentran el 54% del financiamiento a familias por ese canal— supera el 33,7%, con tasas que en algunos productos rozan el 1.000% anual. El artículo 175 bis del Código Penal tipifica la usura. Nadie lo aplica.
El espejismo de los sectores que «traccionan»
El discurso oficial exhibe a la minería, el agronegocio y la energía como prueba de que el modelo funciona. Un informe conjunto de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para 2026 una liquidación récord de esos tres complejos: 27.375 millones de dólares en el primer semestre y 29.793 millones estimados para el segundo, un volumen que empieza a romper la estacionalidad histórica ligada a la cosecha. Vaca Muerta explica buena parte del salto: la balanza energética marcó en el primer semestre el mayor superávit de la historia argentina para ese período, más de 6.987 millones de dólares, un 87% por encima del año anterior.
Lo que importa después del volumen exportado es el destino de esa renta. La balanza de pagos del INDEC del primer trimestre de 2026 muestra un ingreso primario deficitario en 4.676 millones de dólares, que neutralizó por completo el superávit comercial del período: las utilidades y dividendos girados al exterior por inversión directa se llevaron 2.447 millones, y los intereses de deuda otros 2.000 millones aproximadamente. El país produce el excedente; la renta se devenga y se remite afuera.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) calculó que la formación de activos externos —la fuga hacia el dólar como forma de ahorro— acumuló 12.957 millones de dólares en lo que va de 2026, alimentada en buena medida por los dólares del agro y de Vaca Muerta. Las utilidades remitidas al exterior se dispararon con la salida del cepo: de un promedio de entre 15 y 60 millones de dólares mensuales en 2023-2024 a un récord de 1.029 millones en junio de este año. Un informe del centro de estudios EJES sobre el sector externo agrega otra pata del mismo fenómeno: el servicio de la deuda financiera contraída para desarrollar Vaca Muerta demanda ya un egreso constante de 132 millones de dólares mensuales, divisas con destino comprometido desde antes de generarse.
El cuadro es consistente. Agro, minería y energía producen el excedente que el país necesita para no quedar atrapado en la restricción externa; pero buena parte de esa renta no se transforma en inversión productiva, salario o encadenamiento industrial dentro del país. Se dolariza, se remite como utilidad al exterior o se atesora fuera del circuito productivo, el mismo destino que el ahorro de las familias cuando pueden darse ese lujo.
El tipo de cambio administrado por el Central cumple una doble función en esta arquitectura. Mantiene competitiva la salida de divisas de los sectores exportadores primarios y, al mismo tiempo, le permite al Estado y a los deudores privados en moneda extranjera comprar dólares relativamente baratos para pagar servicios de deuda externa. El resultado es un mercado interno deprimido a propósito, funcional a maximizar el saldo exportable de energía, minerales y alimentos, mientras la ganancia extraordinaria de ese comercio se fuga en su mayor parte.
Un solo circuito, dos velocidades
Lo que atraviesa tanto la mora de las familias como la renta de los sectores extractivos es la misma valorización financiera por encima de la productiva. El DNU 70/23 desreguló el sistema de pagos y habilitó a las fintech a emitir tarjetas de crédito sin las regulaciones del sistema bancario tradicional, marco que sostiene también la lógica de bicicleta financiera que beneficia al capital golondrina. Rovelli señala directamente a JP Morgan como referencia de la gestión de Caputo y Bausili, en tanto principal beneficiario de esa renta extraordinaria.
Mientras tanto, el Decreto 484/87, que protege de embargos a quienes cobran hasta un salario mínimo, se incumple con frecuencia: bancos y billeteras virtuales llegan a embargar la mitad o más del sueldo de trabajadores endeudados.
La Cámara de Diputados nunca trató el rechazo al DNU 70/23 pese a tener media sanción del Senado. Ningún juez aplicó hasta ahora el delito de usura a una fintech ni a una entidad financiera, aun cuando el Código Civil y Comercial habilita reducir tasas abusivas por lesión subjetiva-objetiva.
La patria financiera atraviesa lo mismo la miseria del barrio endeudado que la riqueza del agronegocio exportador. Ambos alimentan, por vías distintas, la misma demanda de dólares y la misma renta financiera. El campo, la minería y la energía producen, pero buena parte de lo que generan termina, como el salario licuado del trabajador estatal, sosteniendo el diferencial de tasa que hace ganar al capital financiero mientras el aparato productivo se descapitaliza.
DPyE
