Salarios que no alcanzan, aulas que se caen a pedazos, un Estado que exige resultados mientras retira los recursos para lograrlos. Un repaso por la crisis educativa a partir de testimonios y datos que describen un sistema docente al límite.
El 11 de septiembre no encuentra este año motivo de celebración en las aulas argentinas. El calendario escolar conmemora a Sarmiento y el rol fundacional del maestro en la construcción del país; la realidad cotidiana de quienes enseñan describe otra cosa, un desmantelamiento sistemático hecho de salarios que no cubren la canasta básica, infraestructura que se cae a pedazos y un Estado que exige resultados pedagógicos mientras retira, año tras año, los recursos necesarios para producirlos.
Los números son elocuentes. Una encuesta del sindicato Ademys, relevada entre más de 500 docentes porteños, midió una jornada laboral real de 50 horas semanales (38 de trabajo presencial más 12 de tareas pedagógicas no remuneradas en el hogar, entre planificaciones, correcciones, informes y boletines); de esas 50 horas, apenas tres o cuatro son efectivamente pagas. A esa ecuación salarial deficitaria se suma un pluriempleo generalizado: docentes que venden productos de catálogo, que manejan como fleteros los fines de semana, que acumulan cargos en distintos distritos para cerrar el mes. El sistema educativo funciona, en buena medida, sobre ese excedente de trabajo gratuito que ninguna estadística oficial contabiliza.
La crisis salarial ingresa al aula bajo su forma más elemental, el hambre. Maestras y maestros de escuelas públicas describen un patrón repetido desde el conurbano hasta la Capital: chicos que llegan sin desayunar, que sostienen el cuerpo con el plato caliente del mediodía como única comida completa del día, que los lunes recién empiezan a recuperar lo que no comieron el fin de semana. Preguntar por fracciones a un estudiante con hambre describe, de manera literal, las condiciones en que se pretende sostener la currícula. El ausentismo, por su parte, tiene menos que ver con la desidia familiar que con la imposibilidad de pagar el boleto: sin plata para la Sube, no hay traslado posible y el circuito educativo se corta antes de empezar.
“Preguntar por fracciones a un estudiante con hambre describe, de manera literal, las condiciones en que se pretende sostener la currícula.”
A ese cuadro se suma el vaciamiento de la educación especial. El discurso oficial de “inclusión plena” convive con la reducción sistemática de escuelas especiales y de los recursos, humanos y materiales, necesarios para sostener trayectorias diferenciadas. Sin Acompañantes para la Inclusión Escolar, sin equipos interdisciplinarios, sin presupuesto, la inclusión queda en una palabra que traslada toda la responsabilidad a un docente solo frente a un aula sobrecargada; se anuncia inclusión mientras se desarma la infraestructura que la haría posible.
En el nivel medio, las reformas en curso profundizan el deterioro. Docentes de escuelas técnicas advierten sobre programas de acompañamiento vaciados de contenido pedagógico que, en los establecimientos donde ya se aplican, proyectan recortes de entre el 30 y el 40 por ciento de la planta docente. La inestabilidad laboral se suma entonces al deterioro salarial en un combo que expulsa vocaciones; cada vez menos personas eligen la docencia, no por falta de compromiso social, sino porque el Estado ofrece cada vez menos a cambio de una tarea que, en el discurso, se declara estratégica.
El deterioro no es privativo del nivel primario, ni de un solo distrito. En la educación técnica, la modalidad que forma específicamente para el trabajo, el ajuste suma un componente propio: el recorte del financiamiento nacional que financiaba talleres y equipamiento. El Presupuesto 2026 redujo un 84,5 por ciento los fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y avanzó sobre la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, que desde 2005 garantizaba un Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional coparticipable a las provincias. En la provincia de Buenos Aires, donde funcionan 800 instituciones técnicas a las que asiste medio millón de estudiantes, cerca del 40 por ciento de la matrícula secundaria bonaerense, funcionarios del área calificaron esa derogación como una amenaza directa a la modalidad. En la Ciudad de Buenos Aires el correlato es la privatización silenciosa del mantenimiento edilicio, organizaciones docentes denuncian que la repartición de Infraestructura Escolar dejó de existir como tal y que las reparaciones se derivan a empresas privadas a través de licitaciones que terminan costando más y cumpliendo peor. El resultado es el mismo en ambas jurisdicciones aunque cambien los mecanismos: menos plata para bancos, máquinas, talleres y edificios, mientras se sostiene el discurso de que la escuela secundaria y técnica debe formar para un mercado de trabajo cada vez más exigente.
La desfinanciación educativa no se agota en la gestión de cada escuela: tiene un correlato macro en las cuentas que Nación gira, o deja de girar, a las provincias. El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente que durante años complementó el salario de maestros y maestras en todo el país, perdió vigencia a fines de 2023 y el gobierno nacional decidió no renovarlo; cada provincia quedó obligada a sostenerlo con fondos propios o a resignarlo directamente. Dentro del ajuste presupuestario de 2026 se sumó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, un mecanismo pensado para equiparar los sueldos entre provincias, por casi 9.000 millones de pesos, en paralelo a una caída de más del 60 por ciento en las transferencias no automáticas que la Nación envió a provincias y a la Ciudad durante el primer semestre del año, el segundo peor registro desde 2005. La misma lógica de licuación aparece del otro lado del sistema, entre los estudiantes secundarios. El Progresar, la beca que acompaña la escolaridad de miles de adolescentes de familias de bajos ingresos, permanece congelado en 35.000 pesos desde septiembre de 2024, dos años sin actualización nominal, mientras la inflación acumulada le hizo perder alrededor de un 80 por ciento de su poder de compra. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo o las jubilaciones, el Progresar no tiene fórmula de movilidad automática; su actualización queda librada a una decisión discrecional del Ministerio de Capital Humano, que hasta el momento eligió no tomarla. El ajuste no golpea solo dentro del aula: golpea antes, en la salida de miles de chicos y chicas del sistema por falta de sostén económico.
Ese contraste entre la retórica y la práctica presupuestaria no es nuevo, pero adquiere un tono particular bajo la actual gestión nacional. El presidente Javier Milei pisó apenas dos escuelas, ambas privadas, en casi tres años de gobierno, y en una de ellas calificó al marxismo como “programa satánico” ante estudiantes a los que arengó contra la prensa. La escuela pública, mientras tanto, queda relegada al lugar de la sospecha: familias inducidas a denunciar “adoctrinamiento” por mostrar material curricular sobre la última dictadura, un diálogo institucional roto antes de intentarse, docentes deslegitimados en su autoridad pedagógica por el propio discurso oficial.
El resultado de esta combinación (desinversión, sobrecarga administrativa, vaciamiento de la educación especial, precarización salarial, deslegitimación simbólica) es previsible, aunque se presente como sorpresa cada vez que se difunden los resultados de pruebas estandarizadas. Se le exige a la escuela que compense con vocación lo que el Estado le niega en presupuesto: que enseñe fracciones con el estómago vacío, que sostenga trayectorias de aprendizaje sin equipos de apoyo, que forme ciudadanía en un contexto de violencia social que los propios docentes describen como inédito en su intensidad. La pregunta ya no es por qué caen los indicadores educativos; es cómo podrían no caer bajo estas condiciones.
- Como advirtió la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, el ajuste impulsado bajo las condiciones del FMI generó una fuerte subejecución del presupuesto educativo: en materia salarial y de inversión, según sus palabras, “esta es la peor serie histórica en los últimos 30 años”.
LA VIOLENCIA COMO SÍNTOMA
A la crisis presupuestaria y salarial se suma, como anexo insoslayable, el aumento de la violencia dentro del aula, un fenómeno que ya no distingue entre pares y agresiones dirigidas al cuerpo docente. Un relevamiento del Ministerio Público Tutelar porteño entre 1.380 adolescentes de 12 a 18 años encontró que el 77,2% de las situaciones de violencia relevadas ocurre dentro del ámbito escolar, que un 37,8% se traslada o potencia en redes sociales bajo la forma de ciberbullying, y que seis de cada diez estudiantes de primaria sufren agresiones físicas o verbales de manera recurrente. A nivel nacional, la ONG Bullying Sin Fronteras contabilizó unos 140.000 casos graves de acoso escolar entre mayo de 2024 y mayo de 2025, cifra que ubica a la Argentina de forma persistente entre los diez países con mayor incidencia del problema.
Entre los propios estudiantes, otro relevamiento midió que un 34% reconoce haber agredido a un compañero, un 56% dice haber presenciado situaciones de violencia y un 46% recibió amenazas o agresiones físicas o verbales. Pero la violencia ya no se agota entre compañeros: también alcanza a quienes enseñan. En junio, un estudiante de 17 años le fracturó el rostro a golpes a un profesor de música de 37 años en un colegio de Tandil, que terminó hospitalizado con lesiones orbitales y maxilares que requirieron cirugía, un caso que se sumó a una serie de agresiones docentes documentadas en distintos puntos del país durante el año. Especialistas y gremios coinciden en que el fenómeno no nace en el aula, sino que la escuela funciona como caja de resonancia de una descomposición social más amplia, atravesada por la crisis económica y por un clima de agresión que también se legitima desde el propio discurso público. Frente a ese cuadro, la respuesta institucional privilegió la vía punitiva por sobre la preventiva: en febrero el Congreso aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una reforma que entró en vigencia el 5 de septiembre, mientras los reclamos gremiales por equipos de orientación escolar, acompañamiento psicológico y mayores recursos humanos siguen, en su mayoría, sin respuesta.
