Detrás del discurso de la desinflación virtuosa y el superávit ejemplar hay una serie de datos que lo desmienten. Salarios que no recuperan lo perdido, empleo que se precariza, un equilibrio fiscal sostenido con licuación y pagos postergados, y una acumulación de reservas que depende más de la recesión importadora y de los precios internacionales que de una transformación productiva real.
Por Antonio Muñiz
En agosto una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no caer en la pobreza y $726.469 para no ser indigente. El dato surge del propio INDEC, el mismo organismo que ese día anunció una inflación general del 1,7%. La Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria subieron 2,6%, casi un punto por encima. No es un matiz estadístico. Es la distancia entre el relato y la experiencia de quien hace las compras del mes. El IPC acumula 21,3% en lo que va de 2026; la canasta de pobreza, 22,7%. El índice general marca 33,5% interanual; la canasta de indigencia, 39,6%. Cada punto de esa brecha es, en los hechos, gente cruzando el umbral hacia abajo.
El desfasaje tiene una explicación metodológica. El INDEC construye el IPC sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017, pero mantiene la ponderación de consumos de 2004, una decisión que el organismo podría revisar y que el Gobierno eligió no tocar. El resultado es un índice que subpondera el peso real de las tarifas de servicios en el gasto de los hogares más pobres, justamente los que menos margen tienen para sustituir consumo. Un relato de desinflación medido con una vara que no registra dónde más duele.
La estabilidad que no llega al bolsillo
El discurso oficial sostiene que la desaceleración de precios alcanza, por sí sola, para mejorar el poder adquisitivo. Los números laborales muestran otra cosa. El salario mínimo, vital y móvil perdió cerca de 39% de su poder de compra entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según el informe del área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP-UBA, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria. El estudio ubica ese piso salarial real por debajo del nivel de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad, y equivalente hoy a apenas un tercio del máximo histórico alcanzado en 2011.
Los salarios formales tampoco acompañan. En el primer trimestre de 2026 crecieron 7% mientras la inflación acumulaba 9,4%; en la medición interanual avanzaron 28,1% contra un IPC de 32,6%. Desde Estudios Económicos del Banco Provincia lo resumieron con una idea clara: la desaceleración inflacionaria no trae mejora del salario real, porque ambas variables conviven con la caída del poder adquisitivo. Peor la pasa el trabajador no registrado. Con 43,3% de la fuerza laboral en negro, la pérdida acumulada para ese universo equivale a 29 sueldos mensuales desde 2017, según el relevamiento de Nadin Argañaraz. La estabilidad cambiaria puede convivir perfectamente con un deterioro sostenido de los ingresos populares, porque no son la misma variable ni responden a la misma lógica.
La fábula del empleo
El propio Gobierno terminó admitiendo la trampa de su relato laboral. En marzo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció 400.000 nuevos puestos de trabajo en dos años apoyándose en la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC. La cifra incluye 630.000 empleos informales e independientes y esconde una caída de 222.000 puestos asalariados formales, algo que el propio funcionario terminó reconociendo. Reemplazar empleo registrado, con aguinaldo, vacaciones y cobertura de salud, por changas y monotributo no equivale a crear empleo de calidad: redistribuye el riesgo laboral hacia quienes menos margen tienen para absorberlo.
El sector privado destruyó 96.600 puestos formales en doce meses y el empleo asalariado registrado acumula una pérdida superior a los 300.000 puestos desde noviembre de 2023, según datos de la Secretaría de Trabajo sistematizados por el IIEP. Catorce provincias muestran caída del empleo privado, con la Ciudad de Buenos Aires como principal motor de esa contracción. El dibujo no está en negar que existan nuevos ocupados, sino en llamar creación de empleo a lo que en rigor es informalización compulsiva.
Un superávit sostenido pateando la pelota hacia adelante
El equilibrio fiscal es la bandera que el Gobierno exhibe con más insistencia, pero la calidad de ese resultado es discutible. Un estudio de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos, dirigida por Cristian Módolo, advirtió que el resultado fiscal se apoya en una fuerte reducción del gasto público y también en un incremento de obligaciones comprometidas que todavía no fueron pagadas: deuda flotante que crece mes a mes, compromisos postergados para cerrar la foto contable.
“Lo del Gobierno de Milei no es ajuste, es gasto reprimido”, definió el economista Pablo Gerchunoff. La distinción se pagó en marzo con el freno de transferencias al PAMI y la suspensión de recorridos de colectivos en varias provincias.
La principal variable de ajuste sigue siendo previsional. Cada jubilado perdió en promedio casi 5 millones de pesos desde diciembre de 2023, y el recorte acumulado sobre jubilaciones y pensiones asciende a 16,5 billones de pesos, una cifra que explica buena parte del ahorro fiscal que exhibe la Casa Rosada, según estimaciones del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. En agosto, jubilaciones y pensiones cayeron 10% real interanual y las transferencias a provincias y municipios se derrumbaron 81,9%, el rubro con la poda más severa de todo el ajuste. La recaudación lleva ocho meses consecutivos de caída real, con una baja interanual del 5,8%. El superávit existe, pero su composición desmiente la épica oficial: no proviene de una reforma del Estado que mejore su eficiencia, sino de licuar ingresos de jubilados, ahogar a las provincias y correr pagos hacia adelante.
Los dólares que no sobran tanto
El Banco Central logró en 2026 lo que no ocurría hacía siete años: un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de 3.531 millones de dólares en los primeros siete meses del año. El oficialismo lo presenta como prueba de un modelo exportador exitoso, pero el resultado se explica, en gran medida, por una combinación menos virtuosa: demanda interna deprimida que redujo importaciones, y recuperación de los precios internacionales de energía, minería y agro, algo ajeno a cualquier decisión de política económica local. Es la contracara de la recesión: cuando las familias y las empresas compran menos, el país importa menos, y esa caída aparece contabilizada como fortaleza externa.
La sustentabilidad de esa acumulación es más frágil de lo que admite el discurso oficial. Los vencimientos de deuda de 2026 superan los 20.000 millones de dólares, y el propio Fondo Monetario Internacional debió relajar varias veces la meta de reservas netas exigida al Banco Central: para el primer trimestre del año le pidió un piso de -3.100 millones de dólares, cuando antes de la revisión anterior exigía un resultado positivo de 900 millones. Esa secuencia de waivers no es un detalle técnico. Es la admisión, por parte del organismo que audita el programa, de que la acumulación genuina de reservas cuesta más de lo previsto.
El relato como construcción, no como diagnóstico
Ninguno de estos datos —la canasta que sube más que el IPC, el salario que no acompaña ni con desinflación, el empleo que se precariza mientras se cuenta como creación, el superávit que licúa jubilaciones y posterga pagos, los dólares que dependen de la recesión y de precios externos favorables— es una novedad aislada. Lo que revela su lectura conjunta es la arquitectura del relato: cada indicador agregado que el Gobierno exhibe como éxito tiene, debajo, una transferencia de costos hacia los sectores con menor capacidad de resistencia. Jubilados, trabajadores informales, provincias, familias que ya eran pobres y ahora lo son un poco más rápido que el IPC oficial.
La estabilidad macroeconómica existe en el sentido más estricto: hay menos inflación que hace dos años y hay superávit en las cuentas públicas y externas. Pero se construyó sobre una demanda interna reprimida y sobre una bonanza de precios internacionales que Argentina no generó ni controla. La vieja tensión entre el sector que exporta con divisas fuertes y el sector que vive de un salario en pesos vuelve a aparecer, con nuevas siglas y el mismo resultado: cuando el ancla es la licuación de ingresos populares y no la transformación de la estructura productiva, la foto puede ser prolija, pero la película que cuentan las canastas, los salarios y el empleo real sigue siendo la de siempre.
DPyE
