Entre la caída de la coparticipación federal, el desplome de Ingresos Brutos y el cierre de empresas, Axel Kicillof administra una provincia en emergencia declarada, con estatales, judiciales y docentes reclamando paritarias en simultáneo.
Redacción DATA Política y Económica
El Ministerio de Trabajo bonaerense tuvo que intervenir esta semana en el conflicto de Granja Tres Arroyos, una de las avícolas más importantes del país: dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en Capitán Sarmiento (700), Esteban Echeverría (450) y Pilar (50), con quince días hábiles de plazo para que la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación negocien una salida. La compañía adjudicó los despidos a la caída de las exportaciones y a la gripe aviar; el gremio lo rechaza y sostiene que el consumo de pollo sigue en alza.
En paralelo, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses inició cortes de ruta en Cañuelas para exigir la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal, previsto desde hace una década por la Ley 14.656 y nunca implementado. El Ministerio de Trabajo publicó la resolución reglamentaria, pero el gremio cuestionó que no respeta la representatividad de la norma y anticipó nuevas medidas de fuerza.
Ambos conflictos son la superficie visible de un cuadro fiscal más profundo: la Provincia pierde recursos por goteo constante desde Nación, ve caer su propia recaudación y administra ese doble estrangulamiento mientras el entramado productivo se achica y los reclamos salariales de sus propios trabajadores se acumulan.
Menos coparticipación federal
Según un relevamiento de Ámbito Financiero sobre datos de agosto, Buenos Aires fue una de las jurisdicciones con menor transferencia per cápita del país: $88.686 por habitante, apenas por encima de la Ciudad ($48.223) y muy por debajo de Tierra del Fuego ($428.125). El estudio señaló que el acumulado del año confirma una contracción de los recursos coparticipables: el conjunto de provincias más la Ciudad perdió 1,2% de fondos respecto de 2025, pese a una leve mejora en agosto por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias.
El ajuste se profundiza en el reparto que la propia Provincia hace a sus 135 municipios. Según Perfil, la coparticipación provincial cayó 9,5% real en el primer cuatrimestre, de $1,46 billones ajustados por inflación a $1,32 billones efectivamente girados. Luján —sede de esta redacción— figura entre los distritos con mayor caída real, junto con San Isidro, Saavedra, Leandro Alem, Lezama y Morón.
| “La Provincia recibió $88.686 por habitante en agosto, contra $428.125 de Tierra del Fuego” — Ámbito Financiero |
La recaudación propia también se cae
El segundo canal de la crisis fiscal es interno: la recesión erosiona la base imponible provincial. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, difundido por El Cronista, midió que la recaudación tributaria propia de provincias y la Ciudad acumula, a mayo, una caída real del 7,8% frente a 2023 —4,5% si se excluye a la Ciudad—. Ingresos Brutos, que explica el 76% de esa recaudación, fue el más golpeado: cayó 11,2% a nivel país, con 21 de las 24 jurisdicciones en baja.
Ingresos Brutos es el tributo de mayor peso en la estructura de ARBA, y su recaudación depende del nivel de actividad y de la facturación de las empresas radicadas en el territorio provincial: el mismo entramado que, según se detalla más adelante, viene cerrando plantas o achicando personal desde 2023.
Un déficit que crece y un gasto que se licúa
La combinación de menos coparticipación y menos recaudación propia llevó al Ejecutivo bonaerense a declarar la Emergencia Económica dentro de la Ley de Presupuesto 2026, invocando la recesión y el incumplimiento de Nación con las transferencias que le corresponden a la Provincia.
Los números del primer semestre, difundidos esta semana y relevados por Parlamentario, muestran el resultado: un déficit acumulado de $876.057 millones, con recursos totales de $20,74 billones (-1,4% real interanual) frente a un gasto recortado 2,6% real. El detalle por partida indica quién absorbe el ajuste: personal cayó 0,8% real, jubilaciones 0,3% y gastos operativos de funcionamiento 6,2%. La obra pública sufrió la contracción más pronunciada, con apenas $971.008 millones ejecutados. El único rubro que creció por encima de la inflación fue el pago de intereses de la deuda, 19,2% real.
| “El único rubro que creció por encima de la inflación fueron los compromisos financieros; la masa salarial y el funcionamiento básico del Estado siguen siendo la variable de ajuste” — Diputada Vaccarezza, |
El cuadro viene de arrastre: la ejecución 2025, según un análisis del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la UNLP, cerró con un déficit de $2,06 billones —5,6% del gasto total y 47% más alto que el del ejercicio previo—. El Presupuesto 2026 sancionado por la Legislatura, de $43 billones, destinó $1,7 billones a Promoción y Asistencia Social, $1,7 billones a Salud, $1,3 billones a Educación y $1,4 billones a Seguridad, pero la ejecución real del semestre muestra que esa prioridad declarada choca con la falta de recursos genuinos.
Cierres de empresas y desempleo
El correlato en la economía real es un desguace sostenido del entramado productivo. Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó al menos 3.165 cierres, ceses o bajas de comercios y unidades productivas en municipios bonaerenses entre fines de 2023 y septiembre de 2026, combinando registros municipales, cámaras empresarias y comunicados de las propias firmas. Su titular, Pedro Perrotta, remarcó que el fenómeno ya no se limita al cordón industrial del conurbano, sino que se repite en el interior de la mano de la caída del consumo.
En el plano industrial, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires contabilizó 1.306 cierres de unidades productivas entre 2023 y mayo de 2026, en un país que perdió 41.975 puestos industriales en ese lapso —el 44,8% en territorio bonaerense—. En julio, la producción industrial cayó 5% respecto del mes anterior y la construcción retrocedió 4,6%.
El caso de la cadena mayorista Diarco —que cerró su tercera sucursal en menos de un mes, esta vez en Jáuregui, Luján, tras Zárate y Tres Arroyos— resume ese deterioro del consumo mayorista en un distrito donde la industria textil, antes gran fuente de empleo local, ya venía golpeada. La empresa atribuyó las bajas a una facturación que no alcanza para cubrir los costos operativos. En La Plata, al menos 1.000 comercios comunicaron su cierre al municipio, en el marco de catorce trimestres consecutivos de caída en la Encuesta de Comercio de su Cámara local.
A nivel provincial, el Observatorio Económico que elabora CEPA ubicó la desocupación en 9,5% en el cuarto trimestre de 2025 —dos puntos sobre el promedio nacional— y en 9,7% en el Gran Buenos Aires durante el primer trimestre de 2026, frente al 7,8% del INDEC a nivel país. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 106.299 puestos registrados en la Provincia, cerca de un tercio del total nacional, y la desocupación juvenil llegó a 16,8% entre mujeres y 16,2% entre varones de 14 a 29 años. El propio ministro de Economía bonaerense, Pablo López, precisó que hay 137.000 desocupados más que en el primer trimestre de 2023 en los seis principales aglomerados urbanos de la Provincia.
El consumo acompaña esa caída: las ventas en supermercados del Gran Buenos Aires bajaron 10,2% real interanual en febrero, mientras la inflación acumulada desde diciembre de 2023 llegó a 320,2% en el mismo aglomerado y el salario real privado registrado cae 8% con la canasta de consumo actualizada. Como contracara, el pluriempleo creció: 11,8% de los ocupados del Gran Buenos Aires declaró tener más de un trabajo.
Salarios estatales: la paritaria que no cierra
El ajuste fiscal tiene, además, un correlato directo sobre los trabajadores del propio Estado bonaerense. Tras el acuerdo de julio con estatales y docentes —7% acumulado, 5% en julio y 2% en agosto, aprobado por márgenes estrechos en las asambleas—, la cláusula de revisión prevista para septiembre se activó apenas se conoció que la inflación de agosto fue del 1,7% y que el acumulado de los primeros ocho meses llegó a 21,3%.
ATE y la Asociación Judicial Bonaerense formalizaron sus pedidos de reapertura ante el Ministerio de Trabajo, y esta semana se sumó el Frente de Unidad Docente Bonaerense —SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP— con una nota al ministro Walter Correa. El reclamo docente viene de antes: el 30 de junio, el FUDB realizó el primer paro provincial desde que asumió Kicillof, exigiendo paritarias y protocolos ante la violencia en las escuelas; y a fines de agosto, listas opositoras de SUTEBA sostuvieron 48 horas de protesta pidiendo la reapertura salarial, la devolución de los descuentos por huelga y un salario inicial de $1.600.000, frente a los $2.037.149 que percibe hoy un maestro de grado con jornada completa y diez años de antigüedad.
La secuencia —estatales, judiciales y docentes reclamando al mismo tiempo— confirma que el ajuste del gasto en personal detectado en la ejecución del semestre se traduce, mes a mes, en salarios que corren detrás de una inflación que no cede.
Un ajuste que se retroalimenta
Los frentes descriptos se conectan entre sí. La caída de la coparticipación y de la recaudación propia reduce el margen fiscal para sostener gasto social, obra pública y salarios; el freno de la obra pública y el achicamiento del consumo golpean a las pymes, que cierran o despiden; y el mayor desempleo erosiona todavía más la base de Ingresos Brutos. Sobre ese terreno se montan los conflictos puntuales —Granja Tres Arroyos, los municipales de FeSiMuBo, los docentes del FUDB— como síntoma de una tensión que Kicillof deberá seguir administrando, con recursos cada vez más escasos, en un año marcado por la disputa electoral con la Casa Rosada.
