Un estudio de Santiago Liaudat, Mariano Zukerfeld y María Sol Terlizzi —investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Maimónides— revela que el 22,9% de las patentes generadas por científicos argentinos financiados con fondos públicos está en manos de entidades extranjeras, y que apenas el 12% de las invenciones llega alguna vez al mercado local. El país paga la ciencia y otros cosechan los beneficios.
Argentina financia investigadores, laboratorios y proyectos científicos con recursos públicos. Año tras año, el Estado transfiere miles de millones de pesos al sistema de ciencia y tecnología —universidades nacionales, CONICET, organismos sectoriales— con la expectativa implícita de que ese conocimiento, tarde o temprano, se convierta en desarrollo económico. Lo que ocurre en la práctica es otra cosa.
Un estudio publicado en diciembre de 2025 en el Journal of Technology Management and Innovation —una de las revistas académicas de mayor referencia en gestión de la innovación en América Latina— cuantificó por primera vez la magnitud del problema. Sus autores, Santiago Liaudat, Mariano Zukerfeld y María Sol Terlizzi, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET y la Universidad Maimónides, rastrearon 932 solicitudes de patentes presentadas por científicos que habían recibido financiamiento estatal a través del programa PICT entre 2003 y 2014. El resultado es incómodo: el conocimiento que pagamos entre todos no nos queda.
Un cuarto de las patentes, afuera
El dato más revelador del estudio tiene que ver con la titularidad legal de las invenciones. En teoría, cuando un investigador de una universidad pública o de CONICET genera una innovación patentable, esa patente debería quedar en manos de la institución que lo empleó y financió. La ley argentina es clara al respecto. La práctica, en cambio, muestra otra foto.
De las 932 patentes analizadas, solo el 46% está efectivamente en manos de instituciones públicas argentinas. Un 31% adicional pertenece a personas físicas o empresas privadas locales —en muchos casos en contravención de las normas vigentes. Y el 22,9% restante está directamente en poder de entidades extranjeras: empresas o instituciones de investigación radicadas fuera del país.
Ese último número es el corazón del problema. Significa que casi una de cada cuatro patentes generadas con dinero del Estado argentino beneficia a actores que no tienen ninguna obligación con el desarrollo nacional. Y no solo eso: el 90% de esas patentes en manos extranjeras fue presentada ante oficinas de patentes de otros países, no ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. El objetivo declarado nunca fue el mercado argentino.
Los autores denominan a este fenómeno apropiación cognitiva: el proceso por el cual el conocimiento producido con fondos públicos queda bajo el control de actores externos, que capturan los beneficios sin haber asumido el costo de producirlo. No se trata de una metáfora: es una transferencia de valor concreta, documentada, que ocurre dentro del marco legal vigente —y a veces violándolo.
El 88% de las invenciones nunca llega al mercado
El segundo hallazgo central del estudio es tan relevante como el primero, aunque apunta a una falla distinta. De las patentes en manos de investigadores argentinos que respondieron la encuesta —145 científicos que representan 457 invenciones—, solo el 12% llegó a ser explotado comercialmente. Solo el 28% fue alguna vez licenciado. El 88% permanece sin uso productivo.
Son cifras que, tomadas en aislamiento, podrían parecer similares a las de otros países. Y en parte lo son: la baja tasa de comercialización de patentes universitarias es un problema global. Estudios internacionales indican que en promedio apenas el 12% de las patentes académicas mundiales llega al mercado. En Estados Unidos, las universidades comercializan alrededor del 37% de sus patentes. En Brasil, la USP alcanza el 5% y la UNICAMP el 16%. En Colombia, el 78% de las patentes universitarias nunca fue comercializado.
Pero el caso argentino tiene una particularidad que agrava el diagnóstico: las patentes que se registraron en el exterior tuvieron tasas de explotación significativamente mayores que las locales. El 21% de las patentes registradas afuera fue explotado comercialmente, contra solo el 8% de las registradas en Argentina. El 41% fue licenciado en el exterior, contra el 22% en el mercado local. En otras palabras: quienes se llevaron el conocimiento hicieron algo con él. Los que se quedaron, en su mayoría, no.
«No encontramos empresas interesadas»
¿Por qué no se transfieren las invenciones? El estudio preguntó directamente a los investigadores. La respuesta más frecuente, elegida por el 57% de los encuestados, fue que no encontraron empresas u organizaciones interesadas en sus tecnologías. Lejos detrás apareció la burocracia institucional, citada por el 16%.
Ese dato condensa un problema estructural que los economistas del desarrollo latinoamericano llevan décadas señalando: la demanda de conocimiento avanzado en el sector privado local es débil. Las empresas argentinas —predominantemente pequeñas, orientadas al mercado interno, con baja intensidad tecnológica— no están, en general, en condiciones de absorber y escalar invenciones de frontera generadas en laboratorios universitarios. El sistema científico produce para un mercado que no existe, o que existe afuera.
A esto se suma una brecha de formación notable. Solo el 40% de los investigadores encuestados dijo conocer las regulaciones de patentes de su propia institución. Apenas el 22% conocía la Ley de Patentes nacional. Y el 63% nunca recibió formación formal alguna en propiedad intelectual o transferencia tecnológica. En Italia, país con problemas similares, esos porcentajes son del 68% y el 61% respectivamente.
Las entrevistas en profundidad que complementaron la encuesta son elocuentes. Un investigador explicó que adquirió el escaso conocimiento que tiene sobre el tema «a través de la experiencia personal y el ensayo y error, ante la ausencia de formación formal». Otro contó que las reglas se transmitían entre generaciones de becarios por tradición oral, no por instrucción institucional.
Un sistema que no se hace cargo
El estudio construye una tipología de seis grandes categorías de restricciones que explican por qué el conocimiento público no se convierte en desarrollo local. Son 25 barreras específicas que van desde la falta de formación de los investigadores hasta la inestabilidad de las políticas públicas, pasando por la debilidad de las oficinas de transferencia tecnológica —las llamadas OTT, casi inexistentes o subfinanciadas en la mayoría de las universidades argentinas—, la cultura académica que premia publicaciones por encima de patentes, y un entorno empresarial que no demanda innovación de frontera.
Lo que emerge de ese mapa es un sistema que, en los hechos, no se hace cargo de lo que financia. Las instituciones públicas no siempre saben qué invenciones generan sus investigadores. Los investigadores no siempre saben a quién pertenece lo que inventan. Las empresas no siempre saben qué existe en los laboratorios. Y el Estado carece de indicadores sistemáticos para monitorear el destino de los activos intangibles que produce.
En ese vacío operan los actores que sí tienen recursos, capacidad legal y claridad estratégica: empresas extranjeras que, muchas veces en colaboración con los propios investigadores, se apropian del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos argentinos, lo registran afuera y lo explotan en mercados internacionales. No lo hacen necesariamente de forma ilegal. Lo hacen en un sistema que no puso las reglas para impedirlo.
La pregunta que el estudio deja abierta
Los autores son cuidadosos al no caer en una posición simplista. Reconocen que hay tres modelos posibles de política científica frente a este problema. El primero es el de la privatización total: el conocimiento vale solo lo que el mercado reconoce, y el Estado no debería meterse. El segundo es el del financiamiento sin control: el Estado paga, los investigadores investigan, y lo que pase después es irrelevante. Ambos, argumentan, son insatisfactorios. El primero, directamente peligroso para el desarrollo nacional.
La posición que defienden es una tercera vía: financiamiento público significativo acompañado de reglas que garanticen que ese conocimiento sirva a la sociedad que lo pagó, sea a través del mercado o de otros mecanismos de asignación.
Es una posición que tiene profundas raíces en la tradición desarrollista argentina. Jorge Sábato y Natalio Botana escribieron en 1968 sobre la necesidad de articular gobierno, ciencia y producción en un triángulo virtuoso. Amílcar Herrera señaló, ese mismo año, que América Latina tenía una política científica implícita —el desarrollo para afuera— que contradecía su política científica explícita. Cincuenta y siete años después, el paper de Liaudat, Zukerfeld y Terlizzi demuestra, con datos, que esa contradicción sigue vigente.
La ciencia argentina produce. El problema es quienes se apropian de ese conocimiento.
AM
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
