La mora familiar alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto en más de dos décadas. Millones de hogares argentinos se financian para comer, pagar el alquiler y llegar al mes. El fenómeno no es un accidente del ajuste, es un objetivo del modelo económico vigente.
Lourdes tiene 28 años. Trabaja, hace las cuentas, administra lo que entra y lo que sale, y de todos modos no alcanza. «Solo vivo para pagar deudas», dijo frente a la estación Constitución. Su historia no es la excepción: es la regla.
En apenas doce meses, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas se cuadruplicó: pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% en enero de 2026, el nivel más alto en casi dos décadas. Para febrero ese valor ya trepaba al 11,2%, según el Informe de Bancos del Banco Central. Los atrasos acumulan dieciséis meses consecutivos de deterioro y marcan el registro más grave desde que existen estadísticas comparables, esto es: desde 2004.
No se trata de un dato financiero. Se trata de una imagen de la vida cotidiana. Cuando una familia usa la tarjeta para comer, pide un préstamo para pagar los servicios o recurre a una billetera virtual para cubrir otra deuda, el problema deja de ser financiero y pasa a ser social.
El mecanismo
La secuencia que llevó a este punto tiene un hilo conductor. Desde que el Fondo Monetario Internacional volvió a pisar la Argentina en 2018, los ingresos populares comenzaron a caer y se instaló un fenómeno que ya no tiene nada de coyuntural: la toma masiva de deuda por parte de individuos no para resolver alguna situación excepcional, sino para completar ingresos que cada vez alcanzan menos.
La pandemia incorporó un vector nuevo. Las billeteras virtuales, que entraron en la vida cotidiana como medios de pago para evitar colas y cajeros, empezaron a ofrecer préstamos instantáneos en el momento de mayor precarización. Desde entonces, con un click alcanza para acceder a «la solución financiera de una emergencia», como las publicita el sector. El resultado de esa facilidad, en un contexto de ingresos en retroceso, es el que hoy muestran los balances.
Desde diciembre de 2023, el proceso se aceleró. La consultora LCG lo sintetiza con precisión: el aumento de la morosidad responde a tasas de interés activas elevadas combinadas con el estancamiento de los salarios, en un contexto donde la tasa real se mantiene por encima de la inflación, lo que significa que las deudas no pierden valor con el tiempo, sino que crecen. La tasa nominal anual promedio de los préstamos personales rondó el 69% en febrero de 2026.
La deuda y la mora aumentan, en última instancia, porque compensan tres procesos que ocurren al mismo tiempo: la desregulación de los precios más importantes —alquileres, servicios públicos, salud, educación, transporte— para sostener la vida de las familias; el atraso sostenido de los salarios frente a la inflación; y las tasas desreguladas que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 dejó libradas a la discreción de bancos y financieras. La suma de esos tres vectores no produce un efecto colateral: produce exactamente lo que se observa.
Lo que dicen los números
El endeudamiento total de las familias argentinas supera los $39 billones, con $32,1 billones en crédito bancario y $6,9 billones fuera del sistema. Para dimensionarlo: si el presupuesto total del gobierno, aprobado en diciembre de 2025, fue de 148 billones de pesos, la deuda familiar acumulada representa casi un tercio de ese total. Es casi ocho veces el presupuesto para educación y cultura, y más de diez veces el presupuesto en salud.
La desigualdad en el endeudamiento no es azarosa. Los hogares de menores ingresos se endeudan más —30,4% frente a 18,5% del estrato alto— y lo hacen por vías distintas: mientras los sectores altos recurren principalmente a bancos, los bajos dependen de préstamos de familiares y amigos en una proporción casi tres veces mayor. Pero ese colchón también se agotó. Un informe de la consultora Focus Market registra la caída de los préstamos entre conocidos del 35,4% al 15,9% de la deuda no bancaria en apenas un año. Lo llaman el agotamiento del «colchón de solidaridad». Para las mujeres de los sectores populares, esa red no era un complemento: era el principal financiamiento de los gastos de cuidado.
En los barrios, el cuadro es más crudo. El Observatorio Villero de La Poderosa relevó que 4 de cada 10 hogares deben dinero a prestamistas informales, casas de electrodomésticos, comercios barriales o billeteras virtuales. Apenas el 8% de quienes integran esas comunidades accede a un empleo formal. Con ingresos que promedian los $340.000 mensuales —muy por debajo del umbral de pobreza—, el crédito dejó de ser una herramienta y se convirtió en una trampa cotidiana.
En el interior del país, una investigación entre trabajadores estatales de Entre Ríos ofrece una medición que no necesita adjetivos: entre quienes perciben ingresos de menos de $1.000.000 mensuales, el pago de deudas compromete el 72,7% del salario. El título del relevamiento lo sintetiza sin eufemismos: Trabajar para deber.
Una arquitectura jurídica para el saqueo
El endeudamiento masivo no fue posible sin una ingeniería normativa que lo habilitara. El DNU 70/2023 les dio a bancos y financieras el poder de definir sus tasas de interés sin regulación estatal, sin mediación ni requisitos. Pueden fijar el monto que quieran, modificarlo sin aviso, y no están sujetos a ninguna obligación de advertencia hacia los consumidores. Tampoco deben abstenerse de ofrecer préstamos frente a situaciones evidentes de imposibilidad de pago. Es exactamente lo contrario a lo que la Unión Europea fue reforzando en los últimos años frente al mismo fenómeno de endeudamiento familiar por inflación y pérdida salarial.
A eso se suma una arquitectura más antigua. La Ley de Entidades Financieras de 1977 —promulgada durante la última dictadura cívico-militar— sigue regulando gran parte del funcionamiento de bancos y entidades crediticias. Cincuenta años después, su vigencia es uno de los fundamentos legales del extractivismo financiero sobre el salario.
En las entidades no bancarias, el deterioro es aún más pronunciado. La mora en fintech supera el 25%, y en algunas entidades financieras del interior alcanza o supera el 30%, especialmente en préstamos a trabajadores del sector público mediante sistemas de descuento directo en el recibo de sueldo. En esos casos, la refinanciación resulta prácticamente inaccesible.
El precio político
El gobierno de Javier Milei transita este momento de deterioro social con una posición que las encuestas reflejan con creciente nitidez. Según la consultora Atlas Intel, el 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, frente al 35,5% que la aprueba. Zuban Córdoba, por su parte, registró que la desaprobación trepó desde el 49,6% en diciembre de 2025 hasta el 64,5% a principios de mayo de 2026, en una tendencia que no muestra señales de freno. El 58% de los encuestados evalúa negativamente su situación familiar, el 68% considera malo el panorama económico del país y el 74% define como malo el mercado laboral.
Sin embargo, ese deterioro de imagen no se traduce todavía en una crisis política de resolución inmediata. Un piso de apoyo cercano al 35% —que incluye a quienes aún confían en que después del «sacrificio» vendrá la recompensa— mantiene al gobierno con margen para seguir. El desgaste existe, pero la crisis de representación de la oposición actúa como amortiguador.
El peronismo, la principal fuerza opositora, apuesta a que el derrumbe ocurra por su propio peso, sin que eso requiera acción de su parte. Sus expresiones mayoritarias se mueven en torno a disputas internas y candidaturas para 2027, mientras en las luchas concretas del presente —jubilados que marchan semana a semana, familias que no pueden pagar las cuentas— su presencia es tenue o directamente inexistente. La ofensiva electoral a dieciocho meses vista desplaza la atención de lo que ocurre ahora.
¿Quién le debe a quién?
La respuesta oficial al problema del endeudamiento familiar es conocida. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la mora a «un coletazo del ataque político del año pasado» y aseguró que «se va a ir acomodando». La caracterización desafía los propios dichos presidenciales: al asumir, en diciembre de 2023, el propio Milei había advertido que el ajuste impactaría «de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales». Los datos de 2026 confirman ese pronóstico al pie de la letra. Lo que la lectura oficial omite es que ese impacto recae con mayor intensidad sobre las mujeres que sostienen hogares con responsabilidades de cuidado, sobre los trabajadores de menores ingresos, sobre los jubilados, sobre los sectores populares que ya no tienen a quién pedirle prestado.
El modelo no está cometiendo un error: está alcanzando sus objetivos. El gobierno avanza sobre una transferencia regresiva de ingresos de una magnitud inédita y sobre el desmantelamiento del entramado de derechos laborales y sociales construido a lo largo del siglo XX. Todo eso sobre la base de un modelo extractivista que genera poco empleo, reprimariza la economía y profundiza la desigualdad. En ese esquema, el sobreendeudamiento de las familias no es una consecuencia inesperada: es el mecanismo de ajuste individualizado, la forma en que el costo del programa recae sobre cada hogar por separado, sin que nadie lo nombre como política pública.
La mora que sigue subiendo mes tras mes es la señal de que ese mecanismo también llega a su límite.
Lourdes lo dijo mejor que cualquier informe: tiene 28 años, está cansada y vive para pagar deudas. Lo que posiblemente no percibe es que no es solo un problema personal. Es la victima de una decisión política de saqueo de los salarios populares.
Redaccion Data política y económica
