La Federación Argentina de Municipios encabezó una movilización federal al Palacio de Hacienda con un documento de cinco páginas. Kicillof y Quintela respaldaron la protesta. El reclamo central: 6,1 billones de pesos recaudados por el impuesto a los combustibles que Nación se quedó sin destinarlos a infraestructura. Caputo no los recibió.
El martes 14 de abril, el peronismo territorial tomó las escalinatas del Ministerio de Economía con una imagen que no se veía desde 2024. Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Mariel Fernández, de Moreno, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, llevaron la voz cantante de una comitiva en la que también se mostraron Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, Jorge Ferraresi, de Avellaneda, Julio Alak, de La Plata, Mario Secco, de Ensenada, y Federico Susbielles, de Bahía Blanca.
Según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, participaron 120 intendentes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego. Otras estimaciones elevaron esa cifra a 150 jefes comunales presentes frente a Plaza de Mayo.
El número importa, pero lo que más importa es lo que no estaba. En la fotografía colectiva que dejó el encuentro brillaron por su ausencia los intendentes vinculados a La Cámpora, el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak y el grupo de jóvenes jefes comunales del «equipo de fútbol» de Federico Otermín, la facción legislativa más cercana a la conducción camporista. La fractura interna del peronismo bonaerense quedó impresa en los faltantes, antes de quedar registrada en el acta de ningún congreso.
El reclamo: fondos que se recaudan y no llegan
El eje del petitorio presentado ante el Palacio de Hacienda tiene una aritmética concreta y una denuncia política de fondo. El Gobierno nacional lleva recaudados $6,1 billones a través del Impuesto a los Combustibles que, en lugar de dirigirse al mantenimiento de la red vial como establece la ley, terminaron en las cuentas generales del Tesoro Nacional.
Katopodis ya había denunciado en la Justicia, en febrero de 2025, que el gobierno de Javier Milei incumple con las leyes que establecen que un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles y el extinto impuesto PAIS debe afectarse con destino específico a financiar obras de infraestructura. Este martes ese argumento volvió a la calle, con más voces y más provincias.
«La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos, y vuelve a golpear el bolsillo de la gente. Te cobran y se quedan con la plata: es un fraude», remarcó Katopodis ante la prensa , en una de las frases más duras del día.
Espinoza fue al hueso desde el inicio. En la previa a la entrega del documento explicó que el límite de los municipios «es el hambre de nuestras vecinas y vecinos». El documento de la FAM, de cinco páginas, amplió ese diagnóstico: los intendentes advirtieron que el Gobierno nacional recaudó 3,5 billones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles, fondos que según señalaron no se destinaron ni a reducir el precio de los combustibles ni a obras de infraestructura vial. El planteo incluyó referencias a la emergencia alimentaria, la caída de la actividad en pequeñas y medianas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el incremento de la precarización laboral.
Entre las exigencias concretas figuraron la retrotracción del precio de los combustibles al 1 de marzo, la reactivación de obras públicas paralizadas, el pago de transferencias pendientes y la distribución de fondos retenidos. Desde la FAM advirtieron que si el ministro Caputo no recibe a los intendentes o no da respuestas concretas, el siguiente paso será la Justicia.
Caputo no los recibió. Kicillof llegó después
Desde la organización informaron que el documento no fue recibido personalmente por el ministro, ya que Caputo se encontraba en otra actividad. Cadena Nueve El ministro de Economía viajó ese mismo día a Washington para participar en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, donde esperaba un encuentro con la directora gerente Kristalina Georgieva. El gesto del vaciamiento fue elocuente: el Gobierno nacional no mandó a ningún funcionario a recibir el petitorio.
Tras la foto y la entrega del documento en la puerta del ministerio, la mayoría de los jefes comunales se trasladaron hasta el edificio de la FAM. Hasta allí llegaron también el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de La Rioja, Ricardo Quintela. La secuencia no fue casual: el encuentro con Kicillof fue la segunda parte de una jornada diseñada para mostrar que el peronismo territorial tiene agenda propia y puede movilizar escala nacional cuando se lo propone.
«Acá adentro hay siete u ocho candidatos a gobernador de distintas provincias», dejó filtrar un dirigente peronista de carácter nacional mientras esperaba a que llegase Kicillof, una confesión involuntaria sobre la dimensión electoral que también estuvo presente en la convocatoria.
La lógica del intendentazo
La movilización no fue espontánea. La decisión de marcar presencia en la puerta del ministerio partió de la conducción de la FAM, tras una videollamada de urgencia en la que Espinoza sintetizó la indignación generalizada: el interior está tan asfixiado como el Conurbano, fue la conclusión del encuentro virtual previo a la protesta.
La acción tiene antecedentes directos. Katopodis había encabezado una movilización similar dos años atrás, también frente al Palacio de Hacienda, también con el mismo argumento de obras paralizadas. El patrón se repite porque el conflicto no se resolvió: la tensión entre el ajuste fiscal del Gobierno nacional y la demanda de recursos de los municipios es estructural y se profundiza a medida que el gasto social se descarga hacia los niveles más bajos del Estado sin la transferencia de fondos correspondiente.
El Impuesto a los Combustibles pasó de representar el 10% del precio final de la nafta en 2022 al 20% en marzo de 2026 , según datos del Instituto Argentina Grande que conduce el equipo técnico de Katopodis. Ese salto explica, en parte, por qué la deuda acumulada con los municipios creció tan rápido y por qué la brecha entre lo que el Estado nacional recauda en los territorios y lo que devuelve a los gobiernos locales se amplió hasta convertirse en un argumento político difícil de refutar.
La respuesta del Gobierno nacional, por ahora, fue el silencio. Caputo volaba hacia Washington mientras 150 intendentes esperaban en la vereda de su ministerio.
