Con la coparticipación en caída real, las tasas municipales en la mira del gobierno nacional y 84 intendentes sin posibilidad de reelegir, el peronismo bonaerense libra en simultáneo dos batallas: sobrevivir a la crisis y construir candidaturas para 2027.
Hace poco más de dos semanas, más de sesenta intendentes bonaerenses se sentaron en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata. No fue una reunión de rutina. Axel Kicillof los había convocado bajo un título que no dejaba lugar a eufemismos: “Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”. El diagnóstico que circuló en esa sala fue, según quienes estuvieron, lapidario: caída de la recaudación, morosidad familiar en aumento, demanda alimentaria que crece semana a semana y obras provinciales sin certificar. Un retrato del Estado municipal al borde de una crisis operativa.
Pero esos mismos intendentes que volvieron a sus despachos con el ceño fruncido son, en muchos casos, los mismos que recorren la provincia con otra agenda en el bolsillo: la del sillón de Rocha. Porque Kicillof no puede reelegir, y en el peronismo bonaerense esa certeza liberó energías que llevaban años reprimidas.
Las cuentas que no cierran
Los números dan marco a lo que de otro modo podría leerse como disputa puramente política. En el primer trimestre de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió 282.554 millones de pesos en transferencias nacionales respecto al mismo período del año anterior, medido en moneda constante. Una caída real del 6,7 por ciento que se derrama hacia abajo con la mecánica brutal de la coparticipación secundaria: cuando cae la masa coparticipable provincial, los 135 municipios reciben menos.
En enero de 2026, los distritos bonaerenses recibieron 450.230 millones de pesos. La cifra nominalmente sube, pero descontada la inflación de 32,4 por ciento acumulada en doce meses, la pérdida real alcanza 10.308 millones de pesos a precios constantes. De los 135 municipios, 71 verán reducidos sus ingresos por coparticipación este año, según los nuevos Coeficientes Únicos de Distribución oficializados en marzo. Cuarenta de esos distritos son de Unión por la Patria.
El propio Kicillof puso cifras concretas al daño acumulado. En el Presupuesto 2026 que envió a la Legislatura, el gobernador sostuvo que la reducción de la masa coparticipable por parte de la Nación le generó a la Provincia «un perjuicio adicional de magnitud considerable, estimado en 12,9 billones de pesos, equivalente a más de diez meses de recaudación tributaria provincial». El número ilumina la magnitud del vaciamiento. Y todavía hay otra deuda: 15,6 billones de pesos en transferencias no automáticas e obras inconclusas que el gobierno nacional adeuda a los bonaerenses, según el propio ejecutivo provincial.
Para amortiguar el golpe, la gobernación reglamentó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal: el equivalente al 8 por ciento de lo que obtenga la Provincia por operaciones de endeudamiento, con un piso garantizado de 250.000 millones de pesos anuales para 2026 y 2027. La primera cuota, unos 50.000 millones a repartir entre los 135 distritos, está prevista para el 30 de abril. Para muchos intendentes, ese dinero no alcanzará ni para pagar el aumento de combustible del mes.
La ofensiva libertaria sobre las tasas: los recursos bajo fuego.
Con la coparticipación menguante y la actividad económica deprimida, los intendentes hicieron lo que hacen los gestores cuando el agua sube: buscaron nuevas fuentes de financiamiento. Muchos apostaron a las tasas municipales, el único instrumento tributario que la autonomía comunal les deja manejar con relativa libertad. Fue entonces cuando el gobierno nacional les apuntó con otra pistola.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el armador de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, lanzaron una ofensiva coordinada: eliminar o reducir tasas municipales en 116 distritos bonaerenses. El argumento es políticamente rentable: «Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes», declaró Pareja. La narrativa libertaria omite, deliberadamente, la causa de ese deterioro.
El ariete elegido es la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), que en la práctica funciona como un tributo sobre los ingresos brutos a nivel municipal y constituye la principal fuente de recaudación propia de la mayoría de los distritos. También cayeron bajo ataque las tasas viales sobre combustibles: el Ministerio de Economía presentó una demanda judicial contra la provincia y el municipio de Lomas de Zamora por ese concepto. La tasa vial de General Pueyrredón llegó hasta la Suprema Corte provincial. Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez enfrentan presión similar.
Caputo llegó a amenazar con suspender la coparticipación a los municipios que no eliminen las tasas que, según el gobierno nacional, no tienen contraprestación real. La paradoja es descarnada: la misma administración que recortó la coparticipación federal ahora amenaza con recortar la municipal si los intendentes intentan compensar ese recorte con recursos propios.
La respuesta técnica desde el lado provincial es sólida. La Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548), vigente desde 1988 como régimen «transitorio», le asigna a Buenos Aires un coeficiente fijo del 19,93 por ciento cuando concentra el 38 por ciento de la población nacional. «Buenos Aires financia al país, pero no recibe lo que le corresponde«, sintetizó un análisis reciente del entorno sindical bonaerense. En ese marco, suprimir las tasas municipales sin resolver la ecuación de fondo equivale a quitarle al enfermo el suero mientras se niega el diagnóstico.
Todos a la cancha
El contexto de ahogo financiero no frenó, paradójicamente, la actividad política. La aceleró. Con Kicillof construyendo su candidatura presidencial —la semana pasada presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro y desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires con su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF)— la sucesión de la gobernación quedó formalmente abierta. Y el peronismo acordó, de manera tácita pero firme, una regla de juego: que camine quien quiera, sin bajarse.
«El acuerdo es que cada uno camine sin joder al otro y después vemos quién es el candidato o candidata», sintetizó ante Letra P un intendente en carrera, que confirmó haber hablado el tema con el propio gobernador. Cerca de Kicillof ratificaron la versión: «Sí, es así, no es que hubo una reunión donde se estableció eso, pero sí es lo que está acordado desde el principio».
El dato histórico que ronda esa mesa es significativo: las tres últimas figuras que ocuparon el sillón de Rocha fueron importadas de la Ciudad de Buenos Aires —Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof—. En una reciente cena en homenaje al expresidente Eduardo Duhalde, el propio anfitrión marcó el rumbo: quien se siente en ese sillón en 2027 «tiene que ser bonaerense».
El mapa de candidatos
El tablero tiene, por ahora, al menos siete figuras en movimiento visible. Por el sector kicillofista, el nombre que más kilometraje sumó es Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, que recibió en los últimos días el respaldo explícito de Andrés Larroque. Junto a él camina Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y ex intendente de San Martín: en su rol recorre toda la provincia, combina gestión y articulación política, y maneja los hilos de la obra pública provincial con llegada a intendentes de todos los colores. Ambos se mostraron juntos en Avellaneda, próximos y elogiosos, aunque corren la misma carrera.
Julio Alak, intendente de La Plata en su quinta gestión, suma respaldos con una amplitud inusual: recibió a Fernando Gray, alejado del núcleo kicillofista, y compartió acto con el camporista Julián Álvarez. La lectura de ese doble gesto es política pura: para gobernar la provincia, hay que construir con todos.
El mediocampismo se mueve en bloque. Federico Otermin, jefe comunal de Lomas de Zamora, recorre municipios consolidando un cuarteto que integran Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Son, en términos de imagen, la opción de renovación: más jóvenes, con perfil de gestión y sin el lastre de las guerras internas.
Desde el kirchnerismo, la figura más potente es Mayra Mendoza, diputada provincial con licencia en Quilmes, que tiene reservadas tres recorridas para los próximos días por La Matanza y la Segunda Sección. La quilmeña es la candidata que Cristina Fernández de Kirchner pone en el tablero, aunque Mendoza está muy enfrentada el con Kicillof. Mariel Fernández, intendenta de Moreno, ya inauguró local en la Ciudad de Buenos Aires con un audio de CFK como banda sonora: su lanzamiento fue, según fuentes del propio espacio, la declaración de intención más explícita hasta ahora. Gustavo Menéndez, de Merlo, fue directamente al punto: declaró en público que quiere competir por la gobernación.
Por fuera del kirchnerismo estricto, Juan Andreotti (San Fernando), impulsado por el Frente Renovador, representa la opción que apunta a capturar votos que el peronismo tradicional ya no alcanza. Emilio Monzó, de historia peronista y paso por el PRO, trabaja junto a Miguel Ángel Pichetto en una alternativa de centro con anclaje en el interior bonaerense.
El cuello de botella: 84 intendentes sin reelección
El combustible de toda esta actividad no es sólo la ambición por la gobernación. Es también la angustia. Si la ley que limita las reelecciones indefinidas no se modifica, 84 intendentes bonaerenses no podrán presentarse en 2027. El «cuello de botella» que varios dirigentes describen no es una metáfora: son décadas de construcción territorial y de aparatos políticos sin candidato propio para continuar. Cada intendente sin reelección es un dirigente que necesita un lugar en alguna lista —la fórmula bonaerense, el Senado nacional, la Legislatura provincial— o que busca saltar al siguiente escalón antes de quedar afuera del juego.
La gobernación impulsó la idea de modificar la norma, pero hasta ahora no presentó proyecto de ley. En el kirchnerismo exigen que Kicillof mueva esa pieza. En su entorno reconocen que ni La Cámpora ni el Frente Renovador garantizan los votos hoy. Un ministro del gobernador fue más lejos: si esos espacios no aportan los votos, «tendrán que hacerse cargo de hacer colapsar el sistema político de la provincia».
El desdoblamiento electoral es otra variable que casi todos los intendentes quieren, incluso quienes se opusieron en 2025. La lógica es conocida: votar la provincia antes que la Nación permite que los candidatos peronistas locales no queden arrastrados por el resultado presidencial, sea cual sea. En La Plata no descartan la estrategia, pero condicionan la decisión a lo que ocurra con las PASO, cuya vigencia también está en disputa.
Gestionar y construir: la doble vida del intendente bonaerense
Lo que describe el mapa bonaerense de los próximos meses es la coexistencia de dos lógicas que deberían ser incompatibles pero que la política argentina aprendió a combinar. Por un lado, intendentes que administran municipios en situación crítica: con recursos reales en caída, demandas sociales que crecen en sentido inverso, tasas propias bajo amenaza judicial y política, y un gobierno provincial que hace lo que puede con lo que la Nación le deja.
Por el otro, esos mismos dirigentes anotando kilómetros en sus agendas de campaña, construyendo alianzas, abriendo locales, eligiendo escenas políticas para mandar mensajes a la tropa propia y ajena. La crisis, en este caso, no los paraliza: los obliga a correr más rápido, porque el intendente que no llega al momento de las definiciones bien posicionado puede quedar afuera no sólo de la gobernación, sino de cualquier otro cargo.
La sentencia de Duhalde en aquella cena resonó como advertencia y como apertura: «el próximo tiene que ser bonaerense». Es, en el fondo, lo único que todos los aspirantes tienen en común. El resto está por definirse.
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