El Gobierno celebra máximos históricos de PBI, baja record de pobreza y desinflación. Los datos serios cuentan otra historia: salarios perdiendo contra los precios por quinto mes, industria en su peor febrero desde 2016, morosidad familiar en máximos de dos décadas y una recaudación que cae hace ocho meses. Entre la estadística oficial y la realidad de los bolsillos hay una brecha que el relato no puede cerrar.
Hay dos economías argentinas funcionando en paralelo. Una es la que muestran los indicadores que el Gobierno selecciona para sus presentaciones: el PBI en máximos históricos, el superávit fiscal como bandera, la inflación descendiendo respecto a los picos de 2023. La otra es la que experimentan los trabajadores asalariados, las familias endeudadas y los operarios de las fábricas que achicaron turnos o bajaron las persianas. Esa segunda economía se convirtió en las últimas semanas en la principal fuente de preocupación dentro de la city porteña. Y en el argumento central de quienes sostienen que el relato oficial de la estabilización tiene grietas que los promedios no muestran.
«El riesgo más importante, por ahora, sigue siendo la calle», sintetizaron desde una consultora financiera de referencia. La imagen de Javier Milei se mantiene relativamente alta, pero la suba de la nafta, la reducción de los colectivos del AMBA y el deterioro salarial acumulan semana a semana una presión que no aparece en los gráficos de la Secretaría de Hacienda.
El combustible que prendió la mecha
El disparador más visible fue el precio de la nafta. Según estimaciones de Facimex Valores, el combustible acumuló una suba del 21,2% entre el 27 de febrero y el 8 de abril, impulsada por el alza internacional del petróleo en el contexto de las tensiones en Medio Oriente. Ese encarecimiento ya se metió en el IPC de marzo y deja un arrastre sobre el índice de abril.
El impacto fue inmediato en el transporte público del AMBA. El gasoil grado 2 superó los $2.100 por litro —el mayor encarecimiento sectorial en al menos dos años— y varias líneas de colectivos respondieron reduciendo la frecuencia de sus servicios hasta un 30%, sumando el peso del insumo a los atrasos en el esquema de subsidios estatales. Para quienes dependen del transporte público para ir a trabajar, el deterioro fue doble: menos unidades y bolsillo más ajustado.
Cinco meses perdiendo frente a los precios
El eje del malestar es salarial. Los datos del INDEC son contundentes: los salarios registrados subieron 2% en enero, mientras la inflación del mismo mes fue del 2,8%. Quinto mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo. El deterioro acumulado llegó al 7,9% en términos reales desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales de la UBA y el CONICET, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, reveló que el salario mínimo, vital y móvil acumuló una pérdida real del 32% entre noviembre de 2023 y el primer trimestre de 2025, retrocediendo a niveles anteriores al colapso de 2001.
Pero el deterioro salarial no es accidental. Tiene una ingeniería precisa. El Ministerio de Economía no homologó acuerdos paritarios que superaran el 1% mensual, una pauta que quedó rezagada frente a una inflación que en marzo trepó al 3%. Solo tres actividades —aceiteros, sanidad y trabajadores rurales— empataron o superaron la suba de precios. Comercio, la UOM, la Uocra y Camioneros cerraron sistemáticamente por debajo. La caída salarial no es un efecto secundario no deseado del programa: es uno de sus instrumentos.
«La recuperación del poder adquisitivo tiene corto alcance y después otra vez sopa.»
— Economista Federico Pastrana
El relato oficial y los números que no cuadran
La estrategia discursiva del Gobierno tiene una arquitectura consistente: presentar los indicadores favorables con velocidad y contundencia, y deslegitimar los datos que los contradicen. Cuando el INDEC publicó el dato de pobreza del segundo semestre de 2025 —28,2%—, el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni publicó en X un minuto después: «La pobreza bajó al 28,2 por ciento. Es la más baja en 7 años. Fin.». El presidente Milei lo tradujo con su sello: «La pobreza sigue bajando. Dato, no relato. MAGA». Caputo amplió los elogios con sus propias proyecciones. La maquinaria de comunicación oficial funcionó con precisión de relojería.
El problema es que los datos no cuadran entre sí. En las mismas semanas en que el Gobierno celebraba la caída de la pobreza, el Observatorio de la Industria Láctea informaba que el consumo de leche fluida había caído un 25% respecto a hace siete años y un 10% desde la asunción de Milei, convirtiendo 2026 en el peor año de la última década en ese indicador. El INDEC registraba caídas de consumo en supermercados respecto a noviembre de 2023. La morosidad en créditos batía récords de dos décadas. La industria manufacturera marcaba su peor febrero desde el inicio de la serie estadística. ¿Hay 6 millones de personas menos en situación de pobreza mientras el consumo de alimentos básicos se desploma? La pregunta no tiene respuesta simple, pero sí tiene una explicación técnica que el Gobierno prefiere no dar.
«Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo. La gente no siente en el bolsillo que tiene más capacidad que hace un año; por el contrario, cae el consumo de lácteos, yerba y productos básicos.»
— Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, UCA
El propio Milei reconoció el sábado de Pascua, en un extenso mensaje en X, que «los últimos meses fueron duros». Pero lo atribuyó, sin asumir ninguna responsabilidad, a «las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas». Días antes, Caputo había admitido que el Gobierno tuvo «un retroceso en los últimos 7 u 8 meses» en su objetivo de bajar la inflación. La admisión llegó luego de semanas en que el viceministro Daza afirmaba que una inflación de 3% mensual «no influye prácticamente en nada en la dirección a donde vamos».
La pobreza: ficción metodológica o baja real
El debate sobre el dato de pobreza excede la política y se instaló en el terreno académico con una solidez que incomoda al oficialismo. La controversia no es nueva, pero el retiro de Marco Lavagna de la conducción del INDEC —en enero de 2026, luego de que el Gobierno le impidiera actualizar la canasta de precios que mide la inflación— la volvió imposible de ignorar. La institución que Milei prometió independiente volvió a quedar en el centro de la polémica metodológica.
El argumento técnico de los críticos tiene dos patas. La primera es la canasta de consumo: el INDEC calcula la línea de pobreza con ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, cuando los alimentos pesaban más en el presupuesto familiar y las tarifas de servicios eran mínimas. Hoy los servicios —energía, transporte, telecomunicaciones— son los rubros que más subieron bajo la gestión Milei. Al medirlos con la proporción de gasto de hace veinte años, la inflación efectiva que enfrentan los hogares queda subregistrada, el umbral de pobreza queda artificialmente bajo, y la baja del indicador se infla.
CELAG: con canasta de consumo actualizada e inclusión de gastos de alquiler, la tasa de pobreza sería del 48%.
La segunda pata del argumento es más técnica pero igual de demoledora: la EPH —la encuesta de hogares que recoge los ingresos— registró mejoras de ingresos que no aparecen en ninguna otra fuente administrativa. Según el CEDLAS, la EPH mostró para el sector privado formal una mejora del 17,5% respecto de 2023, mientras que el Índice de Salarios del propio INDEC marcó para ese período una caída del 1,55%. La misma institución, dos registros distintos, resultados contradictorios. «Hay un problema de medición y de realismo de esas mediciones», diagnosticó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Salvia descartó cualquier sospecha de manipulación directa del INDEC, pero atribuyó las inconsistencias a «problemas estructurales en la forma de medición» que el Gobierno tuvo oportunidad de corregir y eligió no hacerlo.
El dato que más incomoda al relato oficial viene del mismo investigador que Milei solía citar para celebrar la caída de la pobreza: Martín González Rosada, de la Universidad Di Tella. Cuando ese economista analizó cuánto sería la pobreza si se midiera con la canasta que el Gobierno no le permitió adoptar al INDEC, la respuesta fue clara: «habría cinco o seis puntos más de pobreza». Esa proyección figura en su propia página web. El académico que el Gobierno usó para legitimar su relato de éxito terminó confirmando que la canasta distorsiona el resultado.
«La pobreza en el tercer trimestre de 2025 fue del 27% y en el cuarto subió al 29%. Muestra un estancamiento en la caída de la pobreza, que tendería a aumentar en el primer semestre de 2026.» — Economista Daniel Schteingart
La anomalía que desconcertó a los economistas
Lo que complica el diagnóstico global —y desafía la teoría ortodoxa— es que la situación actual rompe con la lógica histórica argentina. En el pasado, cuando el tipo de cambio se apreciaba, los salarios tendían a mejorar: el ancla cambiaria bajaba la inflación y los ingresos recuperaban terreno. Esta vez no ocurrió así.
Un informe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia identificó la combinación como una «anomalía»: entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el tipo de cambio real se apreció cerca del 8% y los salarios formales acumularon una pérdida del 4,5%. Las proyecciones del mismo trabajo estimaron que ese deterioro se habría extendido hasta el 7,5%. El dólar calmo, concluyeron, «no pudo evitar la aceleración inflacionaria».
La explicación técnica es que la inflación encontró otros combustibles: el precio del petróleo, los ajustes de tarifas, la inercia de las expectativas. Hay también una lectura más estructural que el dato empírico vuelve difícil ignorar: la inflación argentina no responde exclusivamente a la cantidad de dinero en circulación. Es multicausal. Tiene componentes cambiarios, tarifarios, de costos de producción y de poder de mercado de sectores concentrados. El dogma monetarista —»la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario»— no alcanza para explicar una economía que combina dólar pisado, crédito caro, demanda deprimida y precios que igual suben.
El dólar barato como ancla y como trampa
El tipo de cambio artificialmente apreciado es el centro del diseño del programa económico actual. Con el peso fuerte, las importaciones se abaratan y los precios domésticos de bienes transables pierden presión. Pero el mecanismo tiene costos que los índices agregados no registran con claridad.
Para la producción nacional, el dólar barato equivale a un arancel en reversa: la competencia importada opera sin política industrial de amortiguación, compitiendo en condiciones desiguales con una manufactura local que carga costos en pesos crecientes. El resultado está en los datos de actividad: la industria manufacturera cayó 8,7% interanual en febrero y el sector textil se hundió 22,6%, en buena medida por la competencia de indumentaria importada. Para la exportación de bienes industriales, el efecto es el opuesto: Argentina se convirtió en un país caro en dólares, lo que dificulta la venta al exterior de todo lo que no son commodities. El que exporta soja, litio y petróleo puede sostenerse desde sus ventajas naturales. Pero la economía que agrega valor y genera empleo opera en condiciones cada vez más hostiles.
El festín financiero y la economía real
Mientras los asalariados perdían poder adquisitivo y las fábricas achicaban turnos, los mercados financieros registraban uno de los trimestres más rentables de la historia reciente. La estrategia de carry trade —vender dólares, invertir en instrumentos en pesos y recomprar divisas al fin del período— ofreció rendimientos que superaron el 20% en moneda dura en los primeros tres meses de 2026. Los bonos ajustados por CER lideraron ese resultado con un retorno del 18,1% en dólares CCL, según datos de GMA Capital. En promedio, quien apostó USD 100 a tasas en pesos comenzó el año con USD 113 al cierre de marzo.
El dato no es anecdótico. El carry trade de esa magnitud implica una transferencia sistemática de recursos desde la economía real hacia el sector financiero. Las tasas que hacen atractiva la operación para los inversores son las mismas que encarecen el crédito productivo hasta volverlo inaccesible: los préstamos personales bancarios rondan una tasa nominal anual del 70%, con una tasa efectiva anual cercana al 100%. La contradicción es estructural: el mismo esquema que da oxígeno al sistema financiero asfixia a las familias y las pymes.
«En Argentina, los retornos extraordinarios suelen ser la antesala de una corrección igualmente extraordinaria.»— Analista financiero, Ámbito Financiero, marzo de 2026
Una macro que no es tan macro
El crecimiento del PBI que celebra el Gobierno es real en términos estadísticos. Pero su composición sectorial cuenta una historia diferente. Los sectores que traccionan el indicador agregado son el agro, la energía y la minería: actividades de alta productividad por trabajador, exportadoras de commodities, con escasos encadenamientos hacia el resto de la economía y muy baja generación de empleo por unidad de producción.
En contraposición, los sectores que más empleo generan —industria manufacturera, construcción, comercio y servicios— registran contracción. La consultora 1816 lo formuló sin eufemismos: «La economía crece de manera muy heterogénea y, mientras los sectores más intensivos en mano de obra —industria, construcción, comercio— dan muestras de debilidad, los que demandan menos empleo —agro, energía, minería— vuelan». El desempleo llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, su nivel más alto desde la pandemia, en simultáneo con el PBI en máximos históricos. Esa sola estadística resume la contradicción.
Incluso en los sectores señalados como casos de éxito, el beneficio no derrama. Un análisis de El Economista señaló que es elocuente que sectores muy favorecidos por el modelo, como la minería, también destruyan empleo formal. Los militantes mediáticos del Gobierno suelen apelar al crecimiento del cuentapropismo para relativizar las cifras de desempleo, como si ese incremento no reflejara las dificultades para conseguir trabajo registrado o la precarización del mercado laboral.
Las familias se endeudan para llegar a fin de mes
Cuando el salario no alcanza, las familias recurren al crédito. La morosidad de los hogares con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, su valor más alto desde 2004. El fenómeno afectó a 28 de las 30 principales entidades del sistema. En las billeteras virtuales, fintechs y tarjetas no bancarias, la irregularidad trepó al 29,9% en el mismo período. El crédito que el Gobierno celebra como herramienta de consumo se convirtió, para amplios sectores, en un puente de emergencia que cobra intereses que rondan el 100% efectivo anual.
Según datos de la Central de Deudores, el financiamiento promedio de las familias pasó de representar 1,5 salarios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. La consultora Vectorial concluyó que la morosidad no es un fenómeno transitorio sino «un rasgo estructural del actual programa de estabilización».
El círculo vicioso de la recaudación
La caída de la actividad en los sectores intensivos en trabajo tiene una consecuencia fiscal que el Gobierno no puede ignorar indefinidamente. La recaudación impositiva cayó en términos reales durante ocho meses consecutivos. En el primer trimestre de 2026 acumuló una baja real del 7,3% interanual; en marzo específicamente bajó un 4,5% real pese a tres días hábiles más que el año anterior. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) elaboró el mecanismo completo: los Derechos de Exportación cayeron un 35% en marzo; el IVA bajó un 2,1% real —expresión directa del desplome del consumo interno—; y los recursos de la Seguridad Social retrocedieron un 2,3%, reflejo de la fragilidad del empleo y los salarios.
El mecanismo es el que describe cualquier espiral recesiva. La caída de la actividad reduce la base imponible. La menor recaudación, en el marco de una política de déficit cero que el Gobierno declara «no negociable», obliga a nuevos recortes: obra pública, salarios públicos, transferencias a provincias, programas sociales. Esos recortes contraen aún más la demanda agregada, lo que deprime más la actividad, lo que hace caer más la recaudación. El perro se muerde la cola.
«La motosierra resolvió el desequilibrio fiscal nominal. Pero generó desequilibrios secundarios —destrucción de capacidad productiva, contracción de la base imponible— que ahora presionan el resultado fiscal desde los ingresos, forzando un nuevo ciclo de ajuste.»
— El Economista / IPYPP, abril de 2026
Para mantener el superávit en este escenario, el Gobierno recurrió a ingresos extraordinarios: en enero, cerca de un tercio del superávit primario estuvo explicado por la venta de la hidroeléctrica Comahue, según la consultora LCG. No es ajuste estructural: es venta de activos del Estado para cubrir brechas de corto plazo. Una estrategia con horizonte finito.
El cuadro completo que el relato omite
Al cuadro anterior se suman la sangría de divisas que el modelo no cierra. El turismo al exterior registra niveles récord: más de cinco millones de residentes viajaron al exterior en el primer cuatrimestre. Las importaciones, aunque cayeron en bienes industriales, crecen en consumo de los sectores favorecidos por el peso fuerte. El pago de intereses de deuda acumulará vencimientos por más de 17.500 millones de dólares en los próximos doce meses. El superávit comercial que el Gobierno exhibe como prueba de solidez externa se sostiene no por la fortaleza exportadora sino por la debilidad de la demanda interna. Eso no es un logro estructural: es un síntoma.
La persistencia del riesgo país por encima de los 500 puntos —que le impide a la Argentina acceder a los mercados internacionales de deuda— contradice la narrativa de éxito sostenido. Los vencimientos que se acumulan en el horizonte fiscal no tienen financiamiento asegurado. Y según La Nación, todas las grandes encuestadoras de opinión pública empezaron a registrar en los últimos días un deterioro no solo en la imagen presidencial sino en el optimismo de la sociedad sobre el futuro económico.
El cuadro que emerge, visto en conjunto, no es el de una economía que estabilizó y crece. Es el de una economía que reordenó sus variables nominales a un costo real que pagan principalmente los asalariados, las pymes industriales, los usuarios del transporte público y las familias que se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes. Y que enfrenta, además, un mecanismo de retroalimentación negativa entre caída de la actividad y caída de la recaudación que el ajuste permanente no puede cortar porque es, en parte, su causa.
El Gobierno tiene su propia respuesta a todo esto. «Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes», publicó Milei en X el 9 de abril. El problema es que algunos de esos datos, cuando se leen juntos y sin el filtro oficial, apuntan en dirección contraria a la que señala el relato. Y la calle —que no lee gráficos pero siente el gasoil, el colectivo que no llega y la cuota que no cierra— ya lleva varios meses sacando sus propias conclusiones.
ANTONIO MUÑIZ
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
