El juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, habilitó el acceso pleno al circuito económico del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y su empresa AS Innovación Profesional desde enero de 2022. La causa por presunto enriquecimiento ilícito ya acumula propiedades sin explicación de fondos, prestamistas de perfil inusual y un viaje a Nueva York cubierto en parte con dinero del Estado.
El expediente que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito cruzó el jueves un umbral que los abogados penalistas consideran determinante: el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó levantar el secreto bancario, financiero y fiscal del jefe de Gabinete de la Nación. La medida alcanza también a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y a la firma AS Innovación Profesional, sociedad de la que ambos son propietarios. La decisión, fundada en los artículos 39 de la ley 21.526 de entidades financieras y 101 de la ley 11.683 de procedimiento fiscal, solo puede adoptarse con autorización judicial expresa. Lijo la firmó.
La resolución no es una formalidad procesal. El levantamiento del secreto bancario marca, en causas de esta naturaleza, un cambio cualitativo en la investigación: la fiscalía deja de trabajar sobre bienes declarados o documentación aportada por las partes y pasa a tener acceso directo al flujo real del dinero. Cuentas bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito y débito, plazos fijos, transferencias, préstamos, inversiones, billeteras virtuales y CVU quedan disponibles para el análisis judicial desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha actual. La ventana temporal es deliberada: Pollicita quiere reconstruir el patrimonio de Adorni antes de su ingreso a la función pública para contrastar la evolución de sus activos con los ingresos que acredita.
«Reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera»: ese es el objetivo formal que la fiscalía inscribió en el pedido que Lijo aceptó sin objeciones.
En paralelo, Pollicita solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) copia íntegra de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Adorni, Angeletti y la firma MasBe —otra consultora vinculada a la pareja—, con sus formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación y eventuales rectificativas. El cruce entre lo declarado ante los organismos de control y los movimientos reales es el núcleo de la pesquisa. Si las cifras no coinciden, la causa escala.
El levantamiento del secreto no se limitó al matrimonio. Lijo extendió la medida a seis mujeres identificadas en el expediente como prestamistas o acreedoras del jefe de Gabinete: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. La fiscalía quiere determinar si estas personas tenían capacidad económica real para asumir los roles que el expediente les atribuye. Que cuatro de ellas sean jubiladas o mujeres sin perfil financiero relevante es, precisamente, lo que genera las sospechas más concretas de la investigación.
El mapa de propiedades que sostiene la causa es complejo. En noviembre de 2025, Adorni adquirió un departamento de cuatro ambientes en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, por un valor declarado de 230.000 dólares. La estructura financiera de la operación fue lo que encendió las alarmas: el funcionario aportó apenas 30.000 dólares al contado y se financió el resto mediante una hipoteca privada con las propias vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes le prestaron 100.000 dólares cada una a pagar en un año y sin interés. La operación fue escriturada ese mismo mes de noviembre, el mismo día en que Angeletti formalizó la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz, en cuya operación Adorni hipotecó su departamento en Parque Chacabuco para obtener otros 100.000 dólares, esta vez de la comisaria retirada de la Policía Federal Graciela Isabel Molina y su hija Victoria Cancio, también uniformada.
Adorni pagó 30.000 dólares de su bolsillo para quedarse con un inmueble valuado en 230.000. El resto lo financiaron jubiladas sin relación previa conocida con él y una excomisaria de la Policía Federal.
La escribana que certificó todas estas operaciones, Adriana Mónica Nechevenko, declaró dos veces ante Pollicita en los últimos días y salió a hablar con la prensa cada vez. Su postura fue uniforme: «No hubo ninguna irregularidad» y «todas las operaciones están explicadas». Pero cuando se le preguntó por el origen del dinero con el que Adorni compró el departamento de Caballito, su respuesta fue tan breve como elocuente: «Eso pregúntenle a él». La frase quedó en el expediente de la opinión pública aunque no necesariamente en el judicial. Lo que sí quedó fue que la escribana visitó la Casa Rosada al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026, razón por la cual también su perfil es objeto de análisis.
La causa tiene un origen con nombre propio. Fue la diputada nacional Marcela Pagano quien presentó la denuncia inicial advirtiendo presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni, incluido un incremento patrimonial significativo en un período fiscal y posibles omisiones en la información presentada. El primer propietario del departamento de Caballito, el exfutbolista Hugo Morales, declaró como testigo y confirmó que vendió la unidad a las dos jubiladas en mayo de 2025. Morales señaló que en la operación participaron dos hombres que aún no fueron identificados, uno de los cuales se llamaría «Pablo». La fiscalía identificó a su presunto apellido a través de los registros de la inmobiliaria interviniente.
El otro frente de la investigación es el de los viajes al exterior. El expediente incorporó documentación sobre un viaje a Nueva York en el que Adorni y Angeletti extendieron su estadía más allá de la actividad oficial. El costo del regreso ascendió a unos 10.000 dólares en clase ejecutiva, de los cuales 5.000 fueron abonados por la Jefatura de Gabinete. La parte correspondiente al pasaje de Angeletti está bajo análisis: si la pagó el Estado, configura un uso irregular de fondos públicos; si la pagó ella de su propio dinero, deberá demostrar que contaba con los fondos suficientes para hacerlo. En cualquiera de los dos casos, la respuesta deberá pasar por el tamiz del expediente.
Para completar el cuadro financiero del funcionario, Pollicita le pidió a la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei— el detalle mensual de haberes, suplementos, viáticos, gastos de representación, reintegros y toda otra suma acreditada a Adorni desde su ingreso a la función pública. También requirió a la Anses la historia laboral completa del funcionario y su esposa, incluyendo aportes, remuneraciones declaradas y períodos de actividad autónoma o como monotributistas. El objetivo es construir una línea de ingresos comprobables contra la cual contrastar la expansión patrimonial que muestra el expediente.
Cinco nuevos testigos citados: el hijo de una jubilada vinculada al departamento de Caballito, los dueños de la inmobiliaria, el encargado del edificio y el vendedor de la casa del country. El calendario judicial de Adorni se extiende hasta fin de abril.
La agenda de Comodoro Py ya tiene fechas marcadas. El 20 de abril deben presentarse la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, propietarios de la inmobiliaria que intervino en la venta del departamento de Miró. El 22 declarará el encargado del edificio. El 27, Juan Ernesto Cosentino, quien vendió al matrimonio Adorni la casa del country Indio Cuá. Entre esas fechas, el lunes 13 deben comparecer Graciela Molina y Victoria Cancio, las prestamistas de la hipoteca de Parque Chacabuco. También fue citado Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que aparece en el origen de la cadena de operaciones inmobiliarias.
El impacto político de la causa excede lo judicial. El gobierno de Javier Milei construyó una parte central de su identidad sobre la superioridad moral frente a lo que definió como la corrupción de los gobiernos anteriores. Que el jefe de Gabinete, segundo en la línea de conducción del Ejecutivo, enfrente una investigación por enriquecimiento ilícito con este grado de avance procesal horada esa narrativa de modo difícil de disimular. Cuando un juez federal ordena abrir en su totalidad el circuito bancario y fiscal de un funcionario en ejercicio, el mensaje institucional va más allá de los hechos concretos que se investigan: lo que entra en cuestión es la consistencia del relato oficial.
Adorni no ha renunciado ni ha sido desplazado. El Gobierno no hizo declaraciones sobre el avance de la causa. Pero la pregunta que circula en los despachos políticos y en los pasillos del quinto piso de Comodoro Py es la misma que planteó la escribana Nechevenko al salir de su declaración. Solo que nadie espera que el jefe de Gabinete la pueda responder.
