En una entrevista conducida por Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el canal estatal, el presidente volvió a caracterizar al periodismo como una estructura criminal al servicio de intereses empresariales y políticos. Enmarcó el ataque en la supuesta campaña de desinformación rusa, defendió los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y amplió su lista de enemigos del «statu quo» a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. La ofensiva se suma a una semana en la que Milei llamó al periodismo «asociación ilícita» y presentó denuncias penales contra tres periodistas.
La Televisión Pública tiene nueva función. El canal estatal, que depende de la órbita del jefe de Gabinete Manuel Adorni —él mismo en el ojo de la tormenta por el escándalo de sus propiedades—, fue el escenario elegido por Javier Milei para desplegar el enésimo capítulo de su guerra contra el periodismo. La entrevista, conducida por el economista Antonio Aracre —ex CEO de Syngenta y ex jefe de asesores de Alberto Fernández— y su colega Ramiro Castiñeira, terminó siendo una tribuna presidencial sin contrapeso: Milei dijo que «el 95% de los periodistas son delincuentes», describió un sistema de prebendas que envenena a la opinión pública y dejó en claro que no distingue entre el error profesional y la conspiración política.
La frase no fue un exabrupto aislado. Fue la síntesis televisiva de una semana de escalada sostenida. El domingo 5 de abril, Milei había publicado en X un hilo en cinco «actos» bajo el irónico título «¿Cómo se llama la obra?», en el que describió el proceso por el que, según su lectura, los medios argentinos fabrican noticias falsas para perjudicar a su gobierno. Habló de «basuras inmundas que la van de periodistas», de «periodistas corruptos» que amplifican mentiras con gráficos, y de una «asociación ilícita» que involucra no solo a los cronistas sino también a editores y propietarios de medios. El disparador explícito fue la cobertura de los créditos del Banco Nación a funcionarios, pero el texto presidencial dejó en claro que el blanco era más amplio.
En ese mismo ciclo de hostilidades, Milei presentó denuncias penales por calumnias e injurias contra tres periodistas: Carlos Pagni, de La Nación; Viviana Canosa, de Canal 13; y Ari Lijalad, de El Destape. Las causas fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales a cargo de Sebastián Ramos, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez de Giorgi. Los delitos que invoca el Presidente —calumnias e injurias, tipificados en los artículos 109 y 110 del Código Penal— contemplan multas económicas, ya que las penas de prisión fueron eliminadas en 2009 por una reforma ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del «caso Kimel». El gesto, entonces, tiene más valor político que jurídico: es la judicialización del conflicto como extensión de la disputa pública.
En la entrevista de la TV Pública, Milei ofreció un marco explicativo para toda esa hostilidad. El eje fue la supuesta campaña de desinformación de origen ruso que, según denunció el canciller Pablo Quirno, está siendo investigada por la Justicia argentina. Un consorcio internacional de periodistas de investigación, con participación del periodista Santiago O’Donnell de Página 12, había publicado semanas antes un informe sobre una red de agentes rusos denominada «La Compañía», que habría financiado artículos y contenidos en medios argentinos para erosionar la imagen del Gobierno. Milei tomó esa información y la extendió: «Ahora se conoce el tema de Rusia, y probablemente después se conozcan temas de Venezuela o Irán». La lógica es la del complot generalizado: todo lo que no es apoyo es infiltración extranjera.
El propio Milei anticipó esa expansión en la misma entrevista cuando, junto a los periodistas, incluyó en su lista de enemigos del «statu quo» a dos de los empresarios más poderosos del país: Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate. La mención no es nueva. En marzo, durante la Argentina Week en la sede de JP Morgan en Nueva York —un evento diseñado para atraer inversores internacionales—, Milei los llamó «empresarios prebendarios» que «en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos». Acusó a Madanes Quintanilla de haber extorsionado al Gobierno al anunciar el cierre de la planta de Fate y el despido de 920 trabajadores en simultáneo con el debate de la reforma laboral en Diputados. A Rocca lo atacó por perder una licitación de tubos de acero frente a una empresa india y acusar al Gobierno de haber propiciado ese resultado. En la TV Pública, ambos volvieron a aparecer en el mismo listado que los periodistas «ensobrados»: todos, en la narrativa presidencial, son variantes del mismo fenómeno. «Como yo no cedo a los privilegios del statu quo, me tiran basura», sintetizó Milei.
La defensa de Adorni en ese mismo contexto tiene una densidad particular. El jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por propiedades a su nombre cuya adquisición la Justicia investiga: el juez interviniente sospecha que el costo de un vuelo privado fue pagado por un periodista contratado por la TV Pública, canal que depende del propio Adorni, lo que configuraría el delito de dádivas. Antes de la entrevista, la Justicia había allanado las oficinas del canal para secuestrar contratos. Que Milei haya elegido precisamente ese canal, conducido por un entrevistador cercano al mundo de los negocios y al kirchnerismo moderado, para elogiar a Adorni como «maravilloso jefe de gabinete», no es una casualidad de la agenda: es la normalización del escándalo desde la misma institución que lo aloja.
Sobre los créditos del Banco Nación, Milei minimizó las críticas con un argumento que mezcla economía y retórica: «Si un funcionario toma un crédito, ¿mató a alguien? No. ¿Violentó la libertad? Tampoco». Sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado y que quienes cuestionan estas operaciones mezclan «mucha ignorancia y mala intención». El episodio alimentó el ciclo de acusaciones contra los medios que cubrieron el tema, y Milei lo convirtió en el primer «acto» de su narrativa del complot: la noticia falsa sobre los créditos sería la prueba inicial de la operación mediático-empresarial en su contra.
El costado económico de la entrevista funcionó como contrapeso de la parte política. Milei ratificó el rumbo de su gestión con cifras propias: «Doce sectores están en expansión», «el consumo está en máximos históricos», «la motosierra sigue encendida». Rechazó cualquier flexibilización monetaria y reiteró que el equilibrio fiscal es innegociable. Atacó a los economistas críticos de su programa y los acusó de proponer medidas «inconsistentes» que equivaldrían a «engañar a la gente». El relato del éxito económico y el relato de la conspiración mediática funcionan como caras de la misma moneda: si todo va bien, quienes dicen lo contrario son necesariamente parte de una operación.
La ofensiva de Milei contra el periodismo no tiene precedentes en la historia política argentina reciente, al menos en su forma. Milei busca desacreditar. El objetivo es reencuadrar cualquier información crítica como militancia opositora. La paradoja es perfecta.
