Salud, educación, alquileres y tarifas subieron muy por encima de los salarios, y la clase media argentina que hace tres años se sentía a salvo de la pobreza convive hoy con el temor de caer en ella. El deterioro ya empieza a mover el tablero de cara a 2027.
Por Antonio Muñiz
Durante buena parte de 2024 y 2025, el relato oficial ofreció una promesa simple: bajar la inflación primero, y que el resto llegara después. La inflación bajó. Lo que no llegó, o llegó de manera desigual, fue el resto. Los números que se acumulan mes a mes en salud, educación, vivienda y servicios describen algo más profundo que una mala racha económica: un desplazamiento hacia abajo de sectores que hasta hace poco se consideraban a salvo de la pobreza, y que ahora administran su presupuesto con la misma lógica de supervivencia que hasta hace poco asociaban con otros estratos sociales.
La línea que sigue subiendo
Ser clase media en la Argentina de 2026 requiere, en los propios términos oficiales, cada vez más pesos. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en junio ingresos de al menos 2.493.587 pesos mensuales para entrar en el sector medio, un umbral que llega hasta los 7.979.478 pesos antes de pasar a la categoría de “acomodados”. Si se le suma el costo de un alquiler, ese piso mínimo trepa por encima de los 3,4 millones.
El dato relevante no es solo el monto sino su composición. En la franja media más baja, los alimentos y la vivienda explican cerca de la mitad del gasto total; recién en los escalones superiores empiezan a aparecer con holgura la salud privada, la educación de gestión privada, la tecnología o las vacaciones. Es una fotografía de una clase media que, según el tramo de ingresos en el que caiga, puede vivir bajo restricción casi permanente o todavía sostener parte de los consumos que definieron su identidad social durante décadas.
El salario que dejó de alcanzar
La base de ese deterioro es salarial. El salario privado registrado acumula una pérdida del 4,8% de poder de compra desde noviembre de 2023, mientras que los ingresos del sector público perdieron cerca del 17% en el mismo período. Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA calculó que el salario mínimo, vital y móvil retrocedió un 39,3% en términos reales desde el cambio de gobierno.
La comparación de más largo plazo es todavía más elocuente. Para sostener el mismo poder adquisitivo que tenía en 2017, el salario neto promedio debería ubicarse hoy en torno a 1,8 millones de pesos. Con lo que efectivamente se cobra, un trabajador puede comprar hoy 4,92 canastas de bienes básicos, contra 5,96 hace nueve años, una pérdida de capacidad de compra del 17,4 por ciento. Y esa comparación todavía no incorpora el ritmo con el que subieron, por separado, la salud privada, la educación y el alquiler, tres rubros que crecieron muy por encima del índice general de precios.
La salud como gasto de lujo
El ejemplo más claro de esa disociación es la medicina prepaga. Desde diciembre de 2023, las cuotas acumularon un aumento del 417%, frente a una inflación general del 293% en el mismo lapso. Solo en el primer semestre de 2026 el ajuste interanual rondó el 30%, siempre por encima o en línea con el costo de vida, nunca por debajo. Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre datos del Indec, calculó que 742.000 personas perdieron su cobertura privada o sindical entre 2023 y 2025 y volcaron esa demanda hacia el sistema público, que a su vez enfrenta sus propias tensiones de financiamiento, con hospitales universitarios que reportan dificultades presupuestarias.
Lo que antes era un atributo casi automático de pertenecer a la clase media, tener una prepaga o una obra social de buena cobertura, se transformó en una decisión de gasto que muchas familias ya no pueden sostener sin resignar otra cosa.
La educación, la otra frontera
Algo equivalente ocurre con la educación de gestión privada, uno de los dos pilares históricos de la movilidad social ascendente de la clase media argentina, junto con el acceso a la vivienda propia. En 2024, mientras la inflación general fue del 117,8%, las cuotas de los colegios privados subieron un 169%, cuarenta y cuatro puntos por encima. El ritmo no se detuvo en 2026: distintas jurisdicciones autorizaron ajustes de entre el 5,5% y el 10,3% en tramos sucesivos a lo largo del año, siempre justificados en la necesidad de las instituciones de cubrir la paritaria docente, que representa cerca del 80% de sus costos operativos.
El fenómeno no se limita a los colegios de elite, cuyas cuotas mensuales superan largamente el millón de pesos por alumno. Afecta también a la enseñanza de gestión privada con aporte estatal, la que eligen buena parte de las familias de clase media para sus hijos, y que en distintas provincias viene absorbiendo ajustes trimestrales que exceden la capacidad de recomposición salarial de esas mismas familias.
El techo que se aleja
En vivienda, la derogación de la Ley de Alquileres a fines de 2023 amplió la oferta y, según cifras oficiales, redujo los precios en términos reales durante el primer semestre de 2024. Pero esa foto inicial se modificó con el correr de los meses. Hoy, el salario mínimo, vital y móvil apenas alcanza para cubrir el 64% del valor promedio de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, sin contar que las expensas representan en promedio otro 23% adicional sobre el monto del alquiler. Los contratos que se renuevan trimestralmente acumulan ajustes de entre el 12% y el 13% cada vez, atados a un índice de inflación que, aunque desacelera, nunca deja de sumar.
El resultado es una paradoja que resume buena parte del período: hay más oferta de departamentos que antes, pero cada vez menos hogares pueden costear el alquiler de esa oferta sin comprometer otras áreas del presupuesto familiar.
Las tarifas que se comieron el margen
Si hay un rubro que ilustra con crudeza la brecha entre la estabilización macroeconómica y la economía de bolsillo, es el de los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-CONICET), la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 un alza del 578%, frente a una inflación del 155,4% en el mismo período.
En agosto, un hogar sin subsidios destinó en promedio 289.622 pesos mensuales a luz, gas, agua y transporte, un 54% más que un año atrás, veinte puntos por encima de la inflación interanual del 34% registrada en el mismo lapso. Para los usuarios de menores ingresos, con bonificación plena, la factura eléctrica de agosto se ubicó en 61.308 pesos y la de gas natural en 61.613 pesos, según el mismo informe.
El esquema de segmentación por nivel de ingresos amortigua parte de ese impacto para los hogares de menores recursos, pero castiga con especial dureza a la franja de ingresos medios que quedó fuera de los subsidios, justamente la que más rápido perdió poder adquisitivo en los últimos tres años. Cada invierno, además, el ajuste de tarifas se combina con el aumento estacional del consumo, lo que multiplica el impacto sobre el presupuesto familiar en los meses de mayor frío.
Vivir fiado
Frente a esa combinación, buena parte de las familias de clase media recurrió al crédito para sostener el nivel de consumo. El resultado es una morosidad que no se registraba desde hace más de dos décadas. La irregularidad crediticia de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 a más del 12% en 2026, con los préstamos personales y las tarjetas de crédito como protagonistas centrales del deterioro: los primeros llegaron a una mora del 15,9%, las segundas rondan el 12,5%. La morosidad de las familias argentinas es hoy la más alta de la región.
Un informe reciente advirtió que casi uno de cada seis pesos prestados al sector privado ya se encuentra en situación irregular. Detrás de esa estadística hay una lógica conocida: cuando el ingreso no alcanza, la tarjeta deja de ser una herramienta de planificación y pasa a ser el mecanismo que evita, mes a mes, que el nivel de vida caiga de manera más abrupta. El problema es que ese mecanismo tiene un límite, y buena parte de los hogares ya lo está tocando.
“La estabilidad de precios, para un segmento amplio de esos hogares, dejó de traducirse en alivio.”
Lo que esto puede significar en 2027
Ninguno de estos datos, tomado de manera aislada, alcanza para explicar un resultado electoral. Pero su acumulación configura algo distinto: una experiencia cotidiana de retroceso que atraviesa a votantes de distinto signo político y que no necesariamente se traduce en una lectura ideológica clásica.
La clase media que definió buena parte de los resultados electorales de las últimas décadas fue, históricamente, la que menos toleraba la inflación descontrolada y la que más valoraba la estabilidad de precios como condición de previsibilidad. Esa misma clase media es hoy la que paga cuotas de prepaga que suben por encima del índice general, colegios que ajustan aranceles trimestre a trimestre, alquileres que absorben una porción creciente del ingreso y tarifas que multiplicaron su peso en la factura familiar. La estabilidad de precios, para un segmento amplio de esos hogares, dejó de traducirse en alivio.
Ese desacople entre el diagnóstico macroeconómico oficial y la experiencia doméstica es, probablemente, el dato político más relevante de cara a 2027. No garantiza un recambio de signo político, porque el desgaste del oficialismo no equivale automáticamente a una recuperación de la oposición, y las razones que llevaron a buena parte de la sociedad a votar por la ruptura en 2023 siguen vigentes. Pero sí anticipa que la discusión electoral no se va a dar únicamente en el terreno de los grandes indicadores macroeconómicos. Se va a dar, cada vez con más fuerza, en el terreno de lo que una familia puede o no puede pagar todos los meses, y en la pregunta de qué fuerza política logra ofrecer una respuesta creíble a un proceso de empobrecimiento que, para amplios sectores de la clase media argentina, ya dejó de sentirse como un sacrificio temporal y empezó a sentirse como la nueva normalidad.
