Un proyecto de ley busca que la Defensoría del Pueblo bonaerense actúe como mediadora obligatoria entre consumidores sobreendeudados y sus acreedores, antes de que el conflicto llegue a la Justicia.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca que la Defensoría del Pueblo de la Provincia intervenga como mediadora en los casos de sobreendeudamiento de consumidores, en un contexto de aumento sostenido de la morosidad de las familias.
La iniciativa, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. El organismo que conduce Guido Lorenzino pasaría a ofrecer, además de la atención de casos, una instancia prejudicial obligatoria orientada a facilitar la reestructuración de deudas y poner límites a los abusos de financieras, plataformas digitales y agencias de cobro.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, planteó Lorenzino. El titular de la Defensoría agregó que el objetivo es “ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica”, y pidió “dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”.
Tignanelli, por su parte, enmarcó el proyecto en el escenario económico actual. “Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, señaló.
Negociar la deuda en conjunto, no una por una
El proyecto plantea un cambio de enfoque respecto de la lógica habitual de renegociación de deudas, que suele tratar cada acreencia de manera aislada. La propuesta apunta a analizar la situación económica integral de la persona deudora, para evitar que un acuerdo con un acreedor termine haciendo imposible cumplir con los demás compromisos.
Los acreedores estarán obligados a participar del proceso y a colaborar con la información requerida. La incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o las maniobras dilatorias quedarán tipificadas como incumplimientos.
Entre los objetivos declarados de la iniciativa figuran facilitar la regularización de deudas, preservar condiciones razonables de subsistencia para la persona deudora y su grupo familiar, evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones o cargos, y promover soluciones acordes a la capacidad económica real de cada caso. También busca favorecer la conservación del crédito, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento y la cobranza, reducir la judicialización y garantizar condiciones de cobro transparentes y no abusivas.
El asesoramiento de la Defensoría será gratuito y estará orientado a coordinar negociaciones entre consumidores y acreedores. Si el proyecto se convierte en ley, esa instancia prejudicial pasará a ser obligatoria antes de que cualquier conflicto por deudas de consumo pueda avanzar por la vía judicial.
AM/DPyE
