Un informe del IPyPP conducido por Claudio Lozano desarma el relato de las grandes empresas «asfixiadas»: regímenes especiales, subsidios sostenidos y estructuras societarias para eludir tributos configuran, según el economista, un esquema fiscal que termina descargándose sobre los trabajadores
Los ricos no pagan impuestos. O pagan cada vez menos. Esa es la conclusión que se desprende del análisis que viene desarrollando el economista Claudio Lozano, director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), frente al relato instalado según el cual las grandes empresas argentinas soportan una carga tributaria asfixiante. Con datos de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC, del Banco Central y de la CEPAL, Lozano muestra el proceso inverso: sucesivas administraciones de signo neoliberal fueron reduciendo la presión impositiva sobre las firmas de mayor poder económico mediante exenciones, regímenes especiales y la convalidación de estructuras que permiten eludir el pago de tributos.
El punto que subraya Lozano no es solo la baja de impuestos en sí, sino su combinación con otro fenómeno: el sostenimiento de los subsidios que reciben esas mismas empresas. La ecuación se cierra con el pago de la deuda pública, que absorbe una porción creciente de los recursos disponibles. El resultado es un desplazamiento de la carga tributaria hacia los trabajadores y un ajuste del gasto público que recae sobre salud, educación e infraestructura. Lozano describe esta combinación como un «dispositivo estatal absolutamente regresivo», capturado por el interés de los sectores económicos más concentrados.
Dos mecanismos, un mismo resultado
El análisis del IPyPP identifica dos vías principales por las cuales las grandes corporaciones reducen su carga fiscal. La primera es la multiplicación de regímenes especiales que otorgan tratamiento impositivo diferencial. Lozano menciona en particular el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que calificó como uno de los instrumentos más relevantes creados en los últimos años en esta dirección.
El instituto que conduce Lozano ya había cuestionado en profundidad esta arquitectura en un informe reciente sobre el Súper RIGI, la ampliación del régimen que la Cámara de Diputados avanzó a mediados de este año hacia sectores como infraestructura digital, inteligencia artificial, procesamiento de datos y semiconductores. En ese trabajo, elaborado junto a Ana Rameri, el IPyPP planteó que el esquema baja impuestos, reduce contribuciones patronales, habilita mayor disponibilidad de divisas, exime exportaciones y limita las potestades tributarias de provincias y municipios, blindando esos beneficios durante treinta años. El documento definió al Súper RIGI como un dispositivo orientado a privatizar los beneficios y socializar los costos, consolidando una nueva forma de enclave, ahora también tecnológico.
«Un dispositivo estatal absolutamente regresivo, capturado por el interés de los sectores económicos más concentrados»
El segundo mecanismo señalado por Lozano es de naturaleza distinta: no depende de una norma específica sino de una estrategia deliberada de planificación fiscal por parte de las corporaciones. Consiste en la creación de estructuras societarias complejas que permiten trasladar los excedentes generados en la Argentina hacia otras jurisdicciones con menor presión tributaria, a través de mecanismos como precios de transferencia entre empresas del mismo grupo o préstamos intragrupo. Ese entramado deriva buena parte de los recursos hacia guaridas fiscales en el exterior.
El costo fiscal detrás del incentivo
La discusión sobre el RIGI ya tiene, según trabajos del propio IPyPP, una traducción numérica. Un informe elaborado por Lozano junto a Rameri y Mariana Rivolta calculó que los doce proyectos aprobados hasta el momento bajo ese régimen implican un costo tributario de 1.813 millones de dólares, cifra que el instituto contrastó con usos alternativos posibles de esos recursos en el área social. El trabajo remarcó además que buena parte de las inversiones ya anunciadas correspondía a proyectos previstos con anterioridad a la creación del régimen, lo que relativiza su rol como incentivo genuino de nueva inversión.
La discusión se inscribe, a su vez, en el debate más amplio sobre la reforma tributaria prevista para fines de 2026. El IPyPP viene sosteniendo que la pregunta central no es cuánto recaudaría una eventual reforma sino quién termina pagándola, en un contexto en el que los lineamientos que impulsa el Fondo Monetario Internacional tienden a desplazar el peso fiscal desde los sectores exportadores, los patrimonios y las grandes inversiones hacia el consumo, los salarios formales y los pequeños contribuyentes.
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