Pegar el salto tecnológico.

INFORME ESPECIAL 

Estrategias para el desarrollo argentino. Reindustrialización con salto tecnológico: ciencia, I+D, educación y vinculación productiva.

Introducción

Argentina lleva décadas de crisis económicas, sociales y políticas sin encontrar un modelo de desarrollo sostenible que integre al conjunto de su población. Este informe sostiene que la salida exige reindustrializar el país y que esa reindustrialización no puede repetir la de 1930-1975. Requiere un salto tecnológico: una estrategia de largo plazo de ciencia, tecnología, educación y vinculación con el sector productivo, conducida por un Estado activo y respaldada por un amplio acuerdo político y social.

El trabajo tiene cuatro propósitos. El primero es explicar, con evidencia histórica, por qué el país oscila entre dos modelos de desarrollo, por qué la industrialización sustitutiva se interrumpió en 1976 y qué costo tuvo esa oscilación para su estructura productiva y su cohesión social. El segundo es fundamentar la necesidad de reindustrializar y precisar por qué la sustitución de importaciones, tal como se practicó en el siglo XX, ya no alcanza. El tercero es describir con datos verificados el estado actual del sistema científico, educativo y de vinculación tecnológica, que atraviesa entre 2024 y 2026 el ajuste más severo desde la recuperación democrática. El cuarto es proponer una estrategia con ejes, instrumentos, misiones productivas, gobernanza y metas medibles a 2050.

La estrategia se apoya en tres ideas. El Estado emprendedor, que asume el riesgo inicial de la innovación y orienta la inversión hacia misiones de largo plazo. La comunidad innovadora, que amplía el triángulo de Sabato a todos los actores que producen, financian y usan conocimiento. Y la soberanía tecnológica, entendida como la capacidad de controlar los datos, las tecnologías críticas y las cadenas de valor de los recursos estratégicos, con especial atención a la inteligencia artificial, la industria aeroespacial y la industria para la defensa.

La información tiene fecha de corte el 31 de octubre de 2026. Las cifras se distinguen entre datos oficiales, estimaciones privadas o académicas y metas propuestas por este informe. Las fuentes se listan al final, ordenadas por sección.

Índice

  • Introducción
  • Síntesis ejecutiva
  • Dos modelos de país en disputa
  • De la industrialización sustitutiva a la desindustrialización
  • Por qué reindustrializar
  • Los límites actuales de la sustitución de importaciones
  • El salto tecnológico: reindustrializar sobre una base nueva
  • Estado del sistema de ciencia, tecnología e innovación (2023-2026)
  • Educación y capital humano
  • Vinculación con el sector productivo
  • El papel del Estado: Estado emprendedor, experiencia internacional y comunidad innovadora
  • Inserción internacional: recursos, China y exportar trabajo argentino
  • Estrategia para pegar el salto: ejes, instrumentos y gobernanza
  • Hoja de ruta 2027-2050 y condiciones de viabilidad
  • Fuentes

Síntesis ejecutiva

Argentina necesita reindustrializarse, y no puede hacerlo reeditando la sustitución de importaciones de 1930-1975. La organización mundial de la producción cambió, la restricción externa persiste y la brecha tecnológica acumulada en cinco décadas obliga a un salto. El país enfrenta ese desafío con su sistema científico, educativo y de vinculación en el nivel de financiamiento más bajo de la serie que comienza en 1972.

Diagnóstico

  • La industrialización sustitutiva no se agotó por sí sola. Entre 1964 y 1974 la industria creció a más del 7% anual y había empezado a exportar; su interrupción, como sostiene Mario Rapoport, respondió a una decisión política de la dictadura iniciada en 1976.
  • La industria representó el 25,8% del PBI en 1974, su máximo histórico, y el 15,3% en 2024. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 85.561 puestos industriales registrados.
  • La sustitución clásica enfrenta límites que no existían en el siglo XX: cadenas globales de valor, escalas mínimas fuera del alcance del mercado interno, reglas comerciales que restringen sus instrumentos y una brecha tecnológica que la copia de procesos maduros ya no cierra.
  • El gasto total en I+D cayó a 0,49% del PBI en 2024, contra 2,93% del promedio OCDE, 4,94% de Corea y 1,19% de Brasil.
  • El presupuesto nacional de ciencia y técnica cayó cerca de 48% real entre 2023 y 2026 (estimación privada). La Ley 27.614, que fijaba la meta del 1% del PBI en 2032, fue derogada en sus artículos de financiamiento, junto con el piso del 6% educativo y el fondo de educación técnica.
  • Solo el 12% de las empresas industriales se vincula con universidades; el 89% de los investigadores trabaja en el sector público.
  • El RIGI suma 23 proyectos aprobados por USD 49.700 millones sin ninguna exigencia de transferencia tecnológica.
  • El país conserva el mayor número de investigadores por habitante de América Latina, capacidades nucleares, espaciales, aeronáuticas, biotecnológicas y una economía del conocimiento que exportó USD 10.493 millones en el último año.

Propuesta

Una estrategia de veinticinco años para reindustrializar el país sobre una base tecnológica nueva, apoyada en un Estado emprendedor y en la comunidad innovadora, con ocho ejes: financiamiento blindado por ley; misiones productivas con el Estado como primer comprador; industria aeroespacial y para la defensa; inteligencia artificial con soberanía de datos y tecnología propia; una red federal de vinculación; capital para el riesgo tecnológico; educación para la producción; y condicionalidad tecnológica en las grandes inversiones. Un Consejo Federal debe garantizar la continuidad más allá de los cambios de gobierno.

La meta central es llevar la inversión en I+D al 1% del PBI en 2030 y al 2,2% en 2050, con mayoría de ejecución empresarial, y recuperar para la industria un peso del 20% del PBI hacia 2040.

1. Dos modelos de país en disputa

El problema argentino es de estructura productiva antes que de coyuntura. A lo largo de su historia se enfrentaron dos proyectos de país: uno que organiza la economía alrededor de la exportación de bienes primarios, y otro que busca un desarrollo industrial autónomo, con empleo pleno y mercado interno. Marcelo Diamand explicó la raíz material de ese conflicto con el concepto de estructura productiva desequilibrada: el agro genera divisas con productividad de nivel internacional y la industria, de menor productividad relativa, las demanda para crecer. Cada sector necesita un tipo de cambio, una política comercial y una distribución del ingreso distintos, y esa puja atraviesa todo el siglo XX.

El enfrentamiento cambió de naturaleza en 1976. La dictadura resolvió la puja a favor de uno de los polos y desarmó deliberadamente las bases del otro, como se analiza en la sección siguiente. Al modelo primario exportador se sumaron la valorización financiera y el endeudamiento externo como ejes de acumulación. Desde entonces el país alterna entre proyectos incompatibles sin que ninguno logre imponerse de manera duradera, y la alternancia misma se convirtió en la principal fuente de inestabilidad.

El costo de esa oscilación no es solo macroeconómico. Cada cambio de rumbo destruye capacidades que llevan décadas en construirse: equipos de investigación, proveedores calificados, escuelas técnicas, laboratorios de ensayo, cadenas de valor. Una planta se cierra en meses; reconstituir el saber que la hacía funcionar demanda una generación.

Un país que aspira a integrar a toda su población necesita un horizonte de veinte a treinta años con objetivos estratégicos que no se reescriban en cada recambio de gobierno. Eso exige un acuerdo político y social amplio, y exige también una base material: un sistema de ciencia, tecnología, educación y vinculación productiva capaz de sostener ese horizonte.

A fines del siglo XIX la clase dirigente optó por insertar al país en el mundo como proveedor de materias primas para la industrialización británica, y esa elección condicionó el desarrollo durante décadas. El escenario actual tiene rasgos similares: las potencias globales necesitan hoy alimentos, energía y minerales. Insertarse otra vez como exportador de recursos sin valor agregado repetiría el mismo error con otro centro.

2. De la industrialización sustitutiva a la desindustrialización

La industria manufacturera representó el 25,8% del PBI en 1974, su máximo histórico, y el 15,3% en 2024, a precios constantes de 2004. En el mismo lapso, la participación argentina en la industria latinoamericana bajó del 14,3% al 7,4%.

Indicador Valor
Industria / PBI, 1974 (máximo) 25,8%
Industria / PBI, 2002 17,3%
Industria / PBI, 2024 15,3%
Valor agregado industrial 2011-2024 −19%
Peso en la industria de América Latina, 1974 → 2024 14,3% → 7,4%
Industria / PBI, 2023 → 2025 (otra metodología) 16,5% → 13,7%

El ciclo largo: 1930-1975

Entre 1930 y 1975 la Argentina recorrió un largo proceso de industrialización por sustitución de importaciones. No fue lineal: tuvo marchas y contramarchas, crisis recurrentes de balanza de pagos, ciclos de devaluación y recesión, golpes de Estado y cambios bruscos de orientación. Atravesó gobiernos conservadores, peronistas, desarrollistas y militares, cada uno con sus propias contradicciones.

Aun así, ese proceso construyó una sociedad de clase media, integrada, con movilidad social ascendente, salarios relativamente altos, sindicatos fuertes y educación pública masiva. También dejó un entramado industrial y científico de importancia: siderurgia, petroquímica, metalmecánica, aeronáutica, energía nuclear, una red de universidades públicas y organismos como la CNEA (1950), el INTA (1956), el INTI (1957) y el CONICET (1958). Ese ciclo ubicó a la Argentina entre las sociedades más integradas de América Latina en términos sociales, salariales y educativos.

Las etapas de la sustitución

  • 1930-1945: sustitución forzada por la crisis. La caída de los precios agropecuarios, el control de cambios y luego la Segunda Guerra Mundial redujeron la capacidad de importar. La industria creció en ramas livianas, como alimentos, textiles y metalurgia sencilla, sobre un mercado interno protegido más por las circunstancias que por una estrategia. El Plan de Reactivación Económica de Federico Pinedo (1940), primer intento de orientar la industrialización desde el Estado, no llegó a aprobarse.
  • 1946-1955: industrialización con redistribución. El peronismo convirtió a la industria en eje del proyecto nacional. Redistribuyó el ingreso hacia los asalariados, amplió el mercado interno, nacionalizó servicios públicos, transfirió renta agraria a través del IAPI y financió a las fábricas con el Banco de Crédito Industrial, creado en 1944. La crisis externa de -1952- mostró el límite de una industria liviana que dependía de insumos y equipos importados, y el Segundo Plan Quinquenal intentó avanzar hacia la industria de base.
  • 1958-1962: el desarrollismo. El gobierno de Arturo Frondizi buscó superar ese límite con inversión extranjera en siderurgia, petroquímica, automotores, celulosa y petróleo. Completó buena parte de la estructura industrial, pero acentuó el peso de las filiales extranjeras y la dependencia tecnológica.
  • 1964-1974: la fase de madurez. Fue el período de crecimiento más sostenido del siglo. Según Rougier y Raccanello, el producto aumentó a un promedio superior al 5% anual y la industria, a más del 7%. Las exportaciones industriales, insignificantes a comienzos de los sesenta, empezaron a pesar: el déficit comercial del sector industrial pasó de casi el 90% de las exportaciones totales a cerca del 20% en 1974. La desocupación bajó del 9% posterior a la crisis de 1962-1963 a alrededor del 3,5% a mediados de los setenta, y el PBI por habitante de 1974 superaba en 80% al de 1929.

¿Agotamiento o decisión política? La tesis de Rapoport

La interpretación que se impuso desde mediados de los setenta presentó la industrialización sustitutiva como un modelo agotado: una industria protegida e ineficiente, incapaz de exportar, generadora de inflación y de crisis recurrentes de balanza de pagos. Esa lectura, sostenida por economistas liberales, fue el fundamento del programa que José Alfredo Martínez de Hoz aplicó desde el Ministerio de Economía a partir de abril de 1976.

Mario Rapoport, en su Historia económica, política y social de la Argentina, discute ese diagnóstico. Para el historiador, el proceso de industrialización no fracasó: el gobierno militar decidió ponerle fin. Lo que se clausuró en 1976 fue un proceso en marcha, y el motivo fue un proyecto de reorganización de la economía y de la sociedad, no una imposibilidad técnica. Los datos de la fase 1964-1974 respaldan esa lectura: la industria crecía a su mayor ritmo, reducía su necesidad neta de divisas y empezaba a colocar manufacturas en el exterior.

La tesis no niega los problemas del modelo. La inflación crónica, la puja distributiva, la dependencia de insumos y bienes de capital importados, la baja escala de muchas plantas y la concentración en filiales extranjeras eran reales. Eran, sin embargo, problemas de una industrialización en curso, que admitían correcciones: más integración de la industria de base, mayor escala, disciplina exportadora. Corea del Sur enfrentaba en la misma década dilemas comparables y los resolvió profundizando la industrialización. La disyuntiva de 1976 era corregir la estrategia o abandonarla, y la respuesta fue una política de desisndustrializacion.

Otros autores llegan a conclusiones convergentes. Adolfo Canitrot (1980) interpretó el programa económico de la dictadura como una política cuyo objetivo era disciplinar a la sociedad, y en particular a un movimiento obrero cuya fuerza descansaba en la industria urbana. Fabián Amico, citado por Marcelo Rougier y Mario Raccanello, sostiene que la sustitución fue un proceso de aprendizaje y maduración que «no se agotó naturalmente sino que fue terminado ex profeso». Eduardo Basualdo caracterizó lo que vino después como un régimen de valorización financiera, y Jorge Schvarzer documentó el cambio en el liderazgo industrial durante la gestión de Martínez de Hoz.

1976: el desmantelamiento como programa

La política económica de la dictadura combinó instrumentos que, juntos, cambiaron las reglas de la acumulación. La Ley 21.526 de Entidades Financieras (1977) liberó las tasas de interés y el movimiento de capitales; la Ley 21.382 (1976) liberalizó el régimen de inversiones extranjeras; desde fines de 1978 se aplicó una rebaja programada de aranceles que, combinada con la «tablita» de devaluación prefijada de 1979 y el atraso cambiario, abarató las importaciones hasta niveles que la producción local no podía enfrentar. La represión del movimiento obrero y la intervención de los sindicatos eliminaron, al mismo tiempo, la principal resistencia social al cambio.

Los efectos fueron inmediatos. El salario medio real cayó cerca de un tercio en 1976 y en 1977 equivalía a la mitad del de 1974, según la serie de Ana Castellani. De acuerdo con estimaciones recogidas por la Comisión Provincial por la Memoria, el personal ocupado en la producción industrial se redujo 35% entre 1975 y 1982. Entre los censos económicos de 1974 y 1985 desaparecieron unos 17.000 establecimientos industriales, el 13% del total. La deuda externa pasó de USD 9.738 millones en 1975 a USD 46.005 millones en 1983.

El cambio fue también cualitativo. Retrocedieron las ramas metalmecánicas, la electrónica y los bienes de capital, intensivas en ingeniería y empleo calificado, y ganaron peso las industrias de procesamiento de recursos naturales e insumos básicos (acero, aluminio, petroquímica, celulosa), muchas de ellas favorecidas por regímenes de promoción. La producción se concentró en pocos grupos económicos y se desarticuló el tejido de proveedores que había crecido durante tres décadas.

La convertibilidad de los noventa profundizó ese rumbo con apertura comercial, atraso cambiario y privatizaciones. La consecuencia que interesa a este informe es directa: si la desindustrialización fue el resultado de decisiones de política económica, también puede revertirse por decisión política. Lo que no puede repetirse es el instrumental de entonces, por las razones que se analizan en la sección 4.

Recuperación y nuevos retrocesos

La salida de 2002 abrió una fase de recuperación. El PBI creció 63% entre 2004 y 2014, el salario real registrado subió 50,8% entre 2003 y 2015 y la desocupación bajó de más del 17% en el segundo trimestre de 2003 a 5,9% en 2015. La recuperación, sin embargo, no revirtió el peso industrial: en 2015 seguía cerca del 17% del PBI.

Entre noviembre de 2015 y 2019 se perdieron 154.000 asalariados registrados industriales y el salario real cayó 20,3%. Desde 2023 el proceso se aceleró:

  • Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 85.561 puestos industriales registrados, el 35,5% de todo el empleo privado formal destruido en el período.
  • El empleo industrial de marzo de 2026 quedó 11,9% por debajo del máximo de octubre de 2013.
  • Los empleadores registrados cayeron 6,6% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, hasta 480.067; 1.482 firmas manufactureras dejaron de aportar entre fines de 2023 y mayo de 2025.
  • La utilización de la capacidad instalada fue 58,5% en agosto de 2026 y el índice de producción industrial manufacturero acumuló −2,7% en enero-agosto.

La traducción social

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. Semestres seleccionados 2019-2026.

La pobreza del primer semestre de 2026 alcanzó a 9,73 millones de personas y al 45,2% de los menores de 17 años; los ingresos crecieron 11,5% contra 19,6% de la canasta básica total. INDEC aclara que la diferencia con el primer semestre de 2025 no es estadísticamente significativa.

La secuencia es consistente: la pérdida de densidad industrial se traduce en menos empleo formal, menos empresas y una pobreza que, aun en los mejores semestres recientes, no baja del 28%. La industria no es la única fuente de empleo formal, pero fue históricamente la que ofreció trabajo estable, calificado y mejor pagado a quienes no tenían título universitario; su retroceso explica buena parte de la fragmentación social de las últimas décadas.

3. Por qué reindustrializar

La defensa de la industria se apoya en razones económicas verificables. Es el sector que reúne, en mayor medida que cualquier otro, cuatro condiciones que un país de 46 millones de habitantes necesita para crecer de manera sostenida e integrar a su población: productividad creciente, generación de divisas, empleo de calidad distribuido en el territorio y capacidad tecnológica propia.

Productividad y aprendizaje

Nicholas Kaldor formuló en los años sesenta una regularidad que la evidencia posterior confirmó en buena medida: el crecimiento de la manufactura arrastra la productividad del conjunto de la economía, porque opera con rendimientos crecientes a escala y aprendizaje acumulativo. La industria concentra además la mayor parte de la I+D empresarial en las economías avanzadas y difunde innovaciones hacia el agro, la energía y los servicios. Un país que pierde su industria pierde también el ámbito donde se aprende a producir con tecnología.

Divisas: la restricción externa como techo del crecimiento

Anthony Thirlwall (1979) mostró que, en el largo plazo, una economía no puede crecer más rápido de lo que le permite la relación entre el crecimiento de sus exportaciones y la elasticidad de sus importaciones respecto del ingreso. Argentina exporta bienes primarios cuya demanda crece poco con el ingreso mundial e importa manufacturas cuya demanda se dispara cuando la economía se expande. El resultado es el ciclo conocido de crecimiento, escasez de dólares, devaluación y recesión que ya la teoría estructuralista describió para un modelo productivo desequilibrado. La energía de Vaca Muerta y la minería pueden aliviar esa restricción durante un tiempo, pero no modifican su lógica: solo una canasta exportadora con más manufacturas y servicios de conocimiento eleva de manera duradera el techo de crecimiento.

Empleo, salarios y territorio

La minería y los hidrocarburos son intensivos en capital, generan divisas y recaudación, pero poco empleo directo por cada dólar invertido. El agro moderno es muy productivo y también ahorrador de mano de obra. La economía del conocimiento crece y exporta, pero sus 351.000 empleos no alcanzan para absorber a la fuerza de trabajo. La industria, en cambio, emplea a trabajadores de calificación media con salarios superiores al promedio, se distribuye en parques industriales de todo el país y sostiene una red de servicios, logística y proveedores. Fue la base material de la movilidad social que caracterizó a la Argentina del siglo XX.

Soberanía, resiliencia y defensa

La pandemia y las guerras recientes mostraron el costo de no producir vacunas, insumos médicos, semiconductores o equipamiento crítico. Un país sin capacidad industrial depende de decisiones ajenas en situaciones de emergencia y carece de base para su defensa. La vacuna ARVAC Cecilia Grierson, el reactor RA-10 o los satélites de INVAP prueban que esas capacidades existen; sin un tejido industrial que las sostenga, quedan como islas.

El mundo volvió a la política industrial

Las economías centrales abandonaron la idea de que el mercado asigna por sí solo la producción estratégica. Estados Unidos aprobó en 2022 la Ley CHIPS y de Ciencia, con unos USD 52.700 millones para semiconductores, y la Ley de Reducción de la Inflación, con incentivos de gran escala para la manufactura de energías limpias; la Unión Europea sancionó en 2023 su propia ley de chips; China sostiene planes quinquenales con objetivos industriales explícitos. Argentina se desindustrializa mientras los centros se reindustrializan, y lo hace con el argumento de que la política industrial pertenece al pasado.

Dani Rodrik (2016) llamó desindustrialización prematura al fenómeno que afecta a buena parte de los países en desarrollo: la participación de la industria empieza a caer con niveles de ingreso muy inferiores a los que tenían las economías avanzadas cuando iniciaron ese proceso. La Argentina es un caso nítido. El peso industrial cayó antes de alcanzar el desarrollo, y el empleo se desplazó hacia servicios de baja productividad y trabajo informal.

El riesgo de una nueva primarización

El auge de la energía y la minería agrega un riesgo específico. Un ingreso súbito de divisas aprecia la moneda y castiga a los sectores que compiten con importaciones, el mecanismo conocido como enfermedad holandesa. Albert Hirschman propuso una respuesta en 1958: usar los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de cada actividad para generar proveedores, servicios e industrias de procesamiento. Sin esa política, el país puede exportar más recursos y tener menos industria. La reindustrialización es la condición para revertir la trayectoria de las últimas cinco décadas; la pregunta decisiva es con qué industria y con qué instrumentos.

4. Los límites actuales de la sustitución de importaciones

Reeditar la industrialización sustitutiva tal como funcionó entre 1930 y 1975 choca hoy con restricciones que se refuerzan entre sí. Dos vienen del pasado y se agravaron: la falta de divisas y una brecha tecnológica acumulada durante cinco décadas. Otras son nuevas: la organización de la producción en cadenas globales, las escalas mínimas de las industrias modernas y las reglas comerciales que limitan los instrumentos clásicos. A ellas se suma un límite interno que el propio modelo arrastraba.

La restricción externa

La estructura productiva desequilibrada se expresa en la balanza de pagos. Cada expansión industrial demanda insumos, bienes de capital y energía importados que la propia industria no financia con sus exportaciones, y termina en una crisis cambiaria, una devaluación y una recesión.

El endeudamiento externo agravó ese límite. El acuerdo stand-by de 2018 comprometió USD 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron USD 44.867 millones; la evaluación ex post del propio FMI concluyó que el programa no cumplió sus objetivos. El programa de Facilidades Extendidas de 2025, por USD 20.000 millones, lleva desembolsados alrededor de USD 15.000 millones, y su tercera revisión obtuvo acuerdo técnico el 27 de octubre de 2026. Los vencimientos de esa deuda compiten por las mismas divisas que necesitaría un proceso de reindustrialización.

La brecha tecnológica

Fuente: Banco Mundial / UNESCO UIS. Argentina 2024: 0,49% (SICYTAR).

La distancia no es solo de gasto. Argentina presentó 445 solicitudes de patentes de residentes en 2024, menos de la mitad de las 1.062 del año 2000; Brasil presentó 5.752 y México 1.172. El 88% de las patentes solicitadas en el país corresponde a no residentes. La producción de artículos científicos bajó de 9.992 en 2020 a 8.589 en 2023, y Chile ya la iguala.

La industria que podría sustituir importaciones compite hoy con productos que incorporan semiconductores, software, nuevos materiales y automatización. Copiar procesos maduros lleva años y llega tarde: cuando la planta está lista, el producto cambió.

Cadenas globales de valor

En buena parte del siglo XX un producto se fabricaba, en lo esencial, dentro de un país. Hoy un automóvil, un teléfono o un equipo médico integran componentes producidos en decenas de países, y cada etapa se localiza donde resulta más eficiente. Las industrias más competitivas importan insumos para exportar. Intentar fabricar localmente todas las etapas encarece la producción y aísla a la industria de la tecnología que circula por esas cadenas. La estrategia viable es insertarse en segmentos específicos y escalar hacia los de mayor valor. En la llamada curva de la sonrisa, el valor se concentra en los extremos de la cadena (I+D, diseño, marca, servicios de posventa) y el ensamblaje captura la menor parte.

Escala y mercado interno

La sustitución clásica produjo para un mercado interno protegido, con plantas pequeñas, muchos modelos y series cortas. La industria automotriz de los sesenta, con más de una decena de terminales para un mercado reducido, es el ejemplo conocido. Las escalas mínimas eficientes de la electrónica, la química o los bienes de capital modernos exceden hoy el mercado argentino. El Mercosur amplía ese horizonte, pero en la mayoría de los sectores complejos solo una estrategia exportadora permite alcanzar costos competitivos.

Reglas comerciales y espacio de política

Los instrumentos que usaron Argentina, Brasil o Corea en los años cincuenta y sesenta están hoy restringidos. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio de 1995 limitan las exigencias de contenido local vinculadas al comercio (acuerdo TRIMs) y extendieron una protección de patentes que dificulta la imitación y la ingeniería inversa (acuerdo TRIPS). El Mercosur fija un arancel externo común, y el acuerdo firmado con Estados Unidos en febrero de 2026 redujo aranceles sobre bienes de capital y autopartes.

El margen de acción no desapareció. Argentina no adhiere al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y conserva la compra estatal como herramienta; el apoyo a la I+D, la banca de desarrollo, la normalización técnica, las compensaciones en las compras de defensa y las condiciones a la inversión en recursos naturales siguen disponibles. Todos esos instrumentos exigen, sin embargo, más capacidad estatal que un arancel.

La industrialización trunca

El límite más profundo estaba dentro del propio modelo. Fernando Fajnzylber (1983) describió la industrialización latinoamericana como trunca: copió patrones de consumo y tecnologías de los países centrales sin construir un núcleo endógeno capaz de generar innovación. La protección se otorgaba sin exigencias de desempeño y las filiales extranjeras importaban la tecnología de sus casas matrices. En 1990 el mismo autor señaló el «casillero vacío»: ningún país de la región había logrado combinar crecimiento sostenido con equidad.

La comparación con el este de Asia es reveladora. Alice Amsden (1989) mostró que Corea protegía y subsidiaba a sus industrias a cambio de metas de exportación, productividad e inversión en tecnología, con sanciones para quienes no las cumplían; lo llamó mecanismo de control recíproco. La Argentina tuvo protección, pero no exigió esa reciprocidad.

La maduración, aun así, estaba en curso. Los trabajos de Jorge Katz sobre aprendizaje tecnológico documentaron que, entre fines de los sesenta y los setenta, las empresas argentinas habían acumulado capacidades de ingeniería adaptativa, y algunas exportaban plantas llave en mano y servicios técnicos. Ese dato refuerza la tesis de Rapoport: el aprendizaje que la apertura de 1976 interrumpió era el que podía corregir la debilidad tecnológica del modelo.

Lo que sigue vigente

Nada de esto vuelve inútil la sustitución de importaciones. Administrar las divisas, defender el mercado interno frente al dumping y sustituir importaciones donde existen escala, capacidades y demanda pública (bienes de capital para energía y minería, equipamiento médico, insumos para la defensa) sigue siendo necesario. Lo que cambia es su lugar en la estrategia: deja de ser el motor y pasa a ser un instrumento selectivo, sujeto a metas de productividad y exportación, dentro de una política cuyo eje es la creación de capacidades tecnológicas.

5. El salto tecnológico: reindustrializar sobre una base nueva

La salida es un salto: concentrar recursos en investigación, innovación y desarrollo para elevar la productividad del conjunto de la economía y entrar en las cadenas tecnológicas en etapas tempranas, donde el valor agregado es mayor y la competencia de costos pesa menos. El salto no reemplaza a la industria; la reconstruye sobre una base técnica distinta de la que tuvo el ciclo 1930-1975.

Ventanas de oportunidad

Carlota Pérez y Luc Soete (1988) mostraron que las barreras de entrada a una tecnología son más bajas en las primeras fases de cada nuevo paradigma, cuando el conocimiento todavía circula en universidades y laboratorios públicos, los diseños no están estandarizados y las empresas establecidas no tienen ventajas decisivas. En las fases maduras la competencia se define por escala y costo, y los recién llegados llegan tarde. Corea y Taiwán entraron en la electrónica y los semiconductores cuando esas industrias se estaban formando; China hizo lo mismo con las baterías, la energía solar y los vehículos eléctricos.

La transición energética, la biotecnología, la inteligencia artificial y la nueva economía espacial abren hoy ventanas de ese tipo. Argentina tiene puntos de partida reales en varias de ellas: litio y capacidades en química y materiales; un reactor modular pequeño, el CAREM, hoy paralizado; biotecnología agrícola con desarrollos como el trigo HB4, tolerante a la sequía, surgido de la colaboración entre CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y una empresa nacional; satélites, radares y servicios de software. Esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

Condiciones del salto

  • Base de capacidades. Ningún país salta desde cero. El acervo de investigadores, organismos y empresas tecnológicas descrito en la sección 6 es la condición de partida, y su deterioro reduce la posibilidad misma del salto.
  • Demanda temprana. Las tecnologías nuevas necesitan un primer comprador dispuesto a pagar el costo del aprendizaje. En la experiencia internacional ese papel lo cumplió el Estado, a través de la defensa, la energía, la salud y las telecomunicaciones.
  • Financiamiento paciente. Los plazos de maduración superan los diez años y el riesgo es alto. Sin banca de desarrollo y capital público de riesgo, el financiamiento privado no llega.
  • Base manufacturera. El conocimiento que no encuentra dónde producirse emigra o se vende. Sin plantas, proveedores y técnicos, las empresas de base tecnológica se trasladan al exterior cuando escalan, y con ellas el empleo y la renta.
  • Difusión hacia el tejido existente. La automatización, los sensores, el análisis de datos y la gestión digital pueden elevar la productividad de miles de pymes metalmecánicas, alimenticias o textiles que operan con tecnologías de hace décadas. El salto también se mide ahí.
  • Las ventanas se aprovechan con políticas sostenidas durante una generación, lo que remite a la gobernanza y al acuerdo político planteados en la sección 11.

Sustitución y salto: una secuencia compatible

La experiencia asiática muestra que la sustitución de importaciones y la orientación exportadora pueden convivir. Corea protegió su industria pesada mientras la obligaba a exportar, e invirtió en I+D para pasar de copiar a diseñar. La propuesta de este informe sigue esa lógica: una sustitución selectiva que administra divisas y crea demanda para la producción nacional, combinada con un esfuerzo científico y tecnológico que permita competir en el exterior. La tabla resume las diferencias con el ciclo histórico.

Dimensión Sustitución clásica (1930-1975) Reindustrialización con salto tecnológico
Motor de la demanda Mercado interno protegido Mercado interno, Mercosur y exportación
Origen de la tecnología Importada y adaptada localmente Desarrollo propio, alianzas y transferencia negociada
Protección Arancelaria y cambiaria, sin exigencias de desempeño Selectiva y temporal, a cambio de metas de productividad y exportación
Papel del Estado Empresario directo y protector Emprendedor: financia el riesgo, fija misiones y compra tecnología nacional
Financiamiento Banca pública y transferencia de renta agraria Banca de desarrollo, fondo de innovación con renta de recursos y capital de riesgo
Inserción externa Exportación primaria para financiar importaciones industriales Cadenas globales en los segmentos de mayor valor
Recursos naturales Fuente de divisas Fuente de divisas y plataforma de encadenamientos tecnológicos
Calificaciones clave Obreros calificados y técnicos Además, ingenieros, científicos y especialistas en datos

Fuente: elaboración propia.

6. Estado del sistema de ciencia, tecnología e innovación (2023-2026)

El gasto total en I+D cayó de 0,59% del PBI en 2023 a 0,49% en 2024, un 18,4% real en un año. El componente público se hundió de 0,33% a 0,24%. Por primera vez la ejecución privada igualó a la pública, pero no porque las empresas invirtieran más: el Estado se retiró. El máximo de la serie fue 0,63% en 2012.

El financiamiento legal, derogado

Fuente: Ley 27.614 (metas); estimaciones privadas sobre datos oficiales de ejecución (ejecutado).

La Ley 27.614 de 2021 fijaba una trayectoria creciente del presupuesto de ciencia hasta llegar al 1% del PBI en 2032. En 2024 y 2025 se incumplió por la prórroga del presupuesto 2023. El artículo 30 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, publicada el 2 de enero de 2026, derogó los artículos que establecían esa garantía, junto con los pisos de financiamiento educativo, de educación técnica y del fondo para la defensa. Hay un amparo por inconstitucionalidad sin resolución conocida.

Según estimaciones privadas sobre datos oficiales, la función Ciencia y Técnica cayó 30,2% real en 2024 y 18% en 2025, y el crédito 2026 queda 47,7% por debajo de 2023. Los niveles de 2025 y 2026 son los más bajos de la serie que comienza en 1972. El proyecto de presupuesto 2027 la ubica en torno a 0,18% del PBI.

Organismos y personas

Organismo Variación real del presupuesto 2023-2026 (estimación) Situación
Agencia I+D+i −86,3% Convocatorias de ciencia básica cerradas; reemplazadas por líneas de investigación aplicada y startups desde enero de 2026
CONAE −61,2% Lanzador Tronador II detenido; satélite SABIA-Mar con lanzamiento previsto para 2027
CNEA −47,2% Reactor RA-10 al 96% de montaje, operativo en 2027; reactor CAREM paralizado con ~63% de avance
INTA −46,5% 757 retiros voluntarios confirmados sobre 5.750 agentes; medidas suspendidas judicialmente
INTI −44,0% Despidos frenados judicialmente para unos 700 trabajadores
CONICET −36,7% Personal de 27.961 (agosto 2023) a 24.897 (agosto 2026); proyectos de investigación de 3.179 (2022) a 480 (2025)

El salario real del personal de CONICET cayó 40,3% entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El ingreso a carrera bajó de 800 a 400 cupos y pasó a ser bianual. Se estiman 5.701 puestos perdidos en el sistema en dos años. No hay datos oficiales de emigración de investigadores.

En el plano institucional, el Ministerio de Ciencia fue reemplazado por una secretaría de la Jefatura de Gabinete. El Congreso rechazó en agosto de 2025 el Decreto 462/2025, que quitaba autarquía al INTA y al INTI. El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (Ley 27.738) sigue vigente, pero sus lineamientos 2025-2027 no fijan metas cuantitativas y perdieron su respaldo financiero.

El acervo que todavía existe

Argentina conserva 2,96 investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente activa, el valor más alto de América Latina, y 1.313 investigadores por millón de habitantes contra 707 de Chile y 419 de México. La vacuna ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada por CONICET, UNSAM y un laboratorio nacional, ingresó en 2026 al Fondo Rotatorio de la OPS. Las exportaciones de servicios basados en conocimiento sumaron USD 10.493 millones entre julio de 2025 y junio de 2026, el 9% de las exportaciones totales.

Ese capital humano es la principal ventaja con que cuenta el país. El riesgo es perder en pocos años lo que llevó  décadas formar.

7. Educación y capital humano

Argentina forma muchos estudiantes y pocos graduados, sobre todo en las disciplinas que requiere un salto tecnológico. Tiene 557 estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, más que Brasil (408) y Chile (355), pero solo 31 graduados contra 61 y 55; de cada 100 ingresantes egresan 28, frente a 46 en Brasil y 69 en Chile. Entre los nuevos inscriptos de 2021, solo el 2,5% eligió ciencias básicas y el 22,9% ciencias aplicadas, que incluyen las ingenierías.

Financiamiento: los pisos legales, derogados

  • La meta del 6% del PBI para educación se cumplió una sola vez, en 2015. La inversión educativa nacional bajó de 1,48% del PBI en 2023 a 0,86% en 2024, y a cerca de 0,75% proyectado para 2026. La Ley 27.798 derogó ese piso.
  • El presupuesto real de educación superior cayó 34,3% entre 2023 y 2026; el salario real docente universitario, 34% entre noviembre de 2023 y enero de 2026.
  • La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue vetada, ratificada por el Congreso con dos tercios y condicionada por el Decreto 759/2025. La Justicia ordenó aplicarla, la Corte Suprema rechazó el recurso del Estado en junio de 2026 y el 6 de octubre de 2026 se declaró inconstitucional el condicionamiento; el Gobierno apeló.
  • El Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional perdió su piso del 0,2% de los ingresos corrientes y en 2026 cae 67,1% real frente a 2025.

Resultados de aprendizaje

En PISA 2022, Argentina obtuvo 378 puntos en Matemática, por debajo de Chile (412), Uruguay (409), México (395) y Brasil (379); el 72,9% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico. En Aprender 2024, solo el 14,2% de los alumnos del último año de secundaria alcanzó un nivel satisfactorio en Matemática. De la cohorte que empezó la escuela en 2013, apenas el 10% terminó la secundaria en tiempo y con niveles satisfactorios en Lengua y Matemática.

Hay una señal positiva: en Aprender 2025 de sexto grado, el 76,9% alcanzó nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, el mejor resultado de la década, asociado al Plan Nacional de Alfabetización. Matemática sigue estancada en torno a la mitad de los alumnos.

Lo que funciona y hay que proteger

  • Universidades del conurbano. En siete universidades bonaerenses, entre el 75% y el 87% de los ingresantes de 2022 eran primera generación universitaria; la Universidad Nacional Arturo Jauretche pasó de 35 graduados en 2013 a 1.074 en 2023.
  • Escuela técnica. La matrícula creció de 591.918 a 710.081 estudiantes entre 2011 y 2020, del 16,7% al 18% de la secundaria.
  • Tradición institucional. La Universidad Obrera Nacional (1948), convertida en Universidad Tecnológica Nacional en 1959, y el Consejo Nacional de Educación Técnica (1959) fueron instituciones pensadas para vincular formación y producción.

Diagnóstico

El cuello de botella del salto tecnológico no es la cantidad de estudiantes sino tres déficits concretos: matemática en la escuela, graduación en carreras de ciencias e ingeniería, y articulación de la educación técnica con las empresas. El sector del software declara una demanda insatisfecha de 8.000 a 10.000 puestos, y se estima que se gradúan unos 6.000 ingenieros por año cuando harían falta 10.000; ambas son estimaciones sectoriales sin estadística oficial que las respalde.

8. Vinculación con el sector productivo

El eslabón más débil del sistema es el pasaje del conocimiento a la producción. Apenas el 12% de las empresas industriales se vinculó con universidades y cerca del 40% no declaró ningún vínculo no comercial. Solo el 14% de las empresas de más de diez empleados hace I+D y el 89% de los investigadores trabaja en organismos públicos. Entre 2019 y 2021, el 36% de las manufactureras realizó esfuerzos de innovación: la capacidad innovadora existe, pero falta un sistema que la conecte con la base científica de manera regular y financiada.

Estado de los instrumentos nacionales (octubre de 2026)

Instrumento Norma Situación
Unidades de Vinculación Tecnológica y crédito fiscal Ley 23.877 (1990) Vigente; nuevo marco de gestión de UVT en 2026. Sin convocatorias de crédito fiscal en 2024-2026
Agencia I+D+i DNU 157/2020, mod. Decreto 447/2025 Directorio reducido de 11 a 3 miembros; foco productivo y recupero de fondos
FONTAR (aportes y créditos a empresas) Ley 23.877 Última convocatoria documentada: 2021
Proyectos de investigación científica (PICT) — Cerrados en diciembre de 2025
Líneas de investigación aplicada y startups Agencia I+D+i Abiertas desde enero de 2026; hasta USD 200.000 y USD 500.000
Economía del Conocimiento Leyes 27.506 y 27.570 Vigente; reducción de Ganancias del 60%, 40% y 20% según tamaño
Capital emprendedor y SAS Ley 27.349 SAS rehabilitadas en 2024; Ley Pyme 24.467 recortada en 2025
Programa Nacional de Parques Industriales Decreto 1077/2024 Derogado
Compre Argentino Ley 27.437 Anunciada su eliminación en diciembre de 2023; alcance efectivo a confirmar
RIGI Ley 27.742 23 proyectos aprobados por USD 49.700 millones al 2 de octubre de 2026; USD 762 millones netos ingresados al primer trimestre de 2026

El Estado nacional abandona el subsidio a la investigación y a la innovación empresarial de riesgo, lo reemplaza por un esquema de financiamiento con recupero y traslada la promoción de inversiones al RIGI.

El RIGI y la ausencia de transferencia tecnológica

El RIGI exige un plan de proveedores locales equivalente al 20% de la inversión, pero su reglamentación lo subordina a que el precio local sea menor al importado con arancel, excluye los servicios y lo instrumenta como declaración jurada sin sanción clara por incumplimiento. No contiene ninguna cláusula de transferencia tecnológica. El proyecto de «Súper RIGI», con media sanción de Diputados en junio de 2026, flexibiliza aún más ese cupo. El resultado previsible son grandes inversiones en recursos que no generan proveedores, ingeniería ni conocimiento local.

Las provincias sostienen la vinculación

Con el repliegue nacional, los instrumentos activos de articulación entre ciencia y empresas son provinciales, en buena medida con fondos del Consejo Federal de Inversiones:

  • Buenos Aires, FITBA 5ª edición (2026): $3.500 millones, aportes no reembolsables de hasta el 80%, cuatro líneas; acumula 284 proyectos con 184 mipymes desde 2022.
  • Córdoba, Ciencia Productiva (2026): aportes de $5 a $60 millones para grupos científicos y empresas; 487 proyectos presentados.
  • Santa Fe, TecPro 2025: más de $2.400 millones para 50 proyectos empresariales.

Capacidades que demuestran el potencial

  • INVAP: empresa de la provincia de Río Negro con unas 1.800 personas, alrededor de USD 200 millones anuales de facturación y exportaciones a más de diez países; participa en el reactor PALLAS de Países Bajos.
  • Y-TEC: sociedad de YPF y CONICET creada en 2013, laboratorio corporativo con investigadores del sistema público.
  • Economía del conocimiento: exportaciones de USD 10.493 millones y unos 351.000 empleos en el último año.
  • Capital emprendedor: la inversión en startups pasó de USD 73 millones en 2023 a unos USD 400 millones en los primeros cuatro meses de 2026. Es un mercado volátil y concentrado en pocas operaciones.

La mortalidad de los emprendimientos

La cifra de «80% de emprendimientos que fracasan en dos años», muy difundida, no tiene respaldo metodológico verificable. El dato oficial disponible es de demografía empresarial: hubo 32.290 empleadores menos entre diciembre de 2023 y julio de 2026. Las causas de esa mortalidad son conocidas: inestabilidad macroeconómica, falta de crédito y ausencia de acompañamiento estatal en los primeros años de vida de las empresas. Hace falta que el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial publique tasas de supervivencia por cohorte para medirla con precisión.

9. El papel del Estado: Estado emprendedor, experiencia internacional y comunidad innovadora

Ningún país que dio un salto tecnológico en el último medio siglo lo hizo con un Estado prescindente. Corea pasó de invertir 0,39% de su PBI en I+D en 1970 a 5,13% en 2024; Israel lidera el mundo con 6,76%; China llegó a 2,80% en 2025, con el 77,4% ejecutado por empresas.

El Estado emprendedor

La economista Mariana Mazzucato acuñó el concepto de Estado emprendedor para describir lo que la evidencia muestra en las economías más innovadoras: el Estado no se limita a corregir fallas de mercado, sino que crea y orienta mercados. Es el inversor de primera instancia en las etapas de mayor incertidumbre, cuando el capital privado no entra porque el riesgo es alto, los plazos son largos y el retorno es incierto. Buena parte de las tecnologías que hoy dominan la economía global, como internet, el posicionamiento satelital, las pantallas táctiles o la biotecnología moderna, nacieron de programas públicos de investigación.

De ese enfoque se desprenden tres consecuencias para la política argentina:

  1. El Estado asume el riesgo, pero también participa del retorno. Si la inversión pública financia el desarrollo inicial, la sociedad debe recuperar parte del valor creado mediante participaciones accionarias, regalías, préstamos contingentes o condiciones de reinversión. Socializar el riesgo y privatizar las ganancias debilita la legitimidad del sistema.
  2. Políticas orientadas por misiones. En lugar de subsidiar sectores en forma genérica, el Estado fija desafíos concretos, como producir baterías, garantizar vacunas propias o desarrollar satélites, y articula alrededor de ellos a empresas, universidades y organismos públicos.
  3. Capacidades estatales propias. Un Estado emprendedor necesita organismos técnicos fuertes, con equipos estables, capacidad de evaluación y autonomía de gestión. La CNEA, INVAP, CONAE o ARSAT son ejemplos argentinos de ese tipo de capacidad, y su desfinanciamiento es la pérdida más difícil de revertir.

El Estado dispone de herramientas directas, como subsidios, préstamos, inversión en I+D pública y compras tecnológicas, e indirectas, principalmente incentivos fiscales. En la OCDE, cerca del 55% del apoyo a la I+D empresarial se canaliza por incentivos fiscales, pero Israel, líder mundial en intensidad de I+D, no tiene ninguno y trabaja con subsidios directos. Para un país con empresas pequeñas y descapitalizadas, el apoyo directo es más eficaz: el crédito fiscal sirve poco a quien no tiene utilidades.

La experiencia internacional

País Institución o instrumento clave Año Rasgo central
Corea del Sur KIST, planes quinquenales, grupos industriales 1966 El Estado financió la I+D inicial; el sector privado pasó del 10% de la I+D a mediados de los sesenta al 48% en 1980
Taiwán ITRI, licencia RCA, TSMC 1973 / 1987 TSMC nació dentro de ITRI con 48,3% de capital del Fondo Nacional de Desarrollo
Israel Oficina del Científico Jefe, hoy Autoridad de Innovación; programa Yozma 1984 / 1993 El capital de riesgo pasó de USD 58 millones (1991) a USD 3.300 millones (2000) con fondos públicos que igualaban a los privados
China Made in China 2025; 15° Plan Quinquenal 2015 / 2026 Prioriza semiconductores, máquinas-herramienta, inteligencia artificial y biotecnología, con medidas extraordinarias contra la dependencia tecnológica
Finlandia Tekes, hoy Business Finland 1983 / 2018 Agencia de innovación con financiamiento a consorcios empresa-universidad
Brasil EMBRAPII 2013 Cofinancia un tercio de cada proyecto en 91 unidades acreditadas; 3.399 proyectos con 2.306 empresas

Las lecciones son consistentes. La continuidad está por encima del ciclo político: el ITRI tiene más de cincuenta años y la autoridad israelí, más de cuarenta. El Estado asume el riesgo inicial y lo traspasa gradualmente al sector privado a medida que este gana escala. Los institutos puente con misión productiva ponen a investigadores a trabajar sobre problemas de empresas, con financiamiento compartido y metas de resultado. Y el Estado actúa como comprador: la demanda pública de tecnología en defensa, energía, salud y telecomunicaciones crea el primer mercado de las empresas de base tecnológica.

Del triángulo de Sabato a la comunidad innovadora

En 1968, Jorge Sabato y Natalio Botana propusieron el triángulo entre gobierno, estructura productiva e infraestructura científico-tecnológica como condición del desarrollo latinoamericano. El concepto precede en décadas a la literatura sobre sistemas nacionales de innovación y explica los casos exitosos propios, como la CNEA, INVAP o ARSAT. El déficit argentino estuvo en la continuidad de la aplicación más que en las ideas.

Medio siglo después, el triángulo necesita ampliarse a una comunidad innovadora. La innovación no surge solo del vínculo entre Estado, empresas y laboratorios, sino de un tejido social más amplio que produce, financia, adopta y difunde conocimiento:

  • Trabajadores y sindicatos, que aportan el saber de oficio, participan de la formación técnica y de la adopción de nuevas tecnologías en las plantas.
  • Universidades y escuelas técnicas en cada territorio, como generadoras de conocimiento y de capacidades locales.
  • Sistema financiero público y privado, capaz de asumir el riesgo tecnológico con instrumentos de largo plazo.
  • Gobiernos provinciales y municipales, parques industriales y polos tecnológicos, que dan anclaje territorial a la innovación.
  • Organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y usuarios, que identifican problemas, demandan soluciones y validan su uso.

Una comunidad innovadora requiere cultura emprendedora, confianza entre actores, reglas estables y espacios de encuentro permanentes. Su construcción es tan importante como el financiamiento: sin ella, los recursos se dispersan en proyectos aislados que no se transforman en desarrollo.

10. Inserción internacional: recursos, China y exportar trabajo argentino

El comercio con China reproduce el patrón histórico de inserción primaria. En 2025 las exportaciones argentinas a ese destino superaron los USD 9.700 millones, un récord, pero el 88% fue agroindustrial y soja, carne, cueros y litio explicaron el 85% del total. Las importaciones, compuestas por computadoras, teléfonos, autos, electrónica y fertilizantes, superaron a las exportaciones en más de USD 8.000 millones. El déficit bilateral es permanente desde 2008.

La relación es de complementariedad asimétrica: Argentina vende recursos y compra manufacturas de contenido tecnológico creciente. Se parece demasiado al vínculo con Gran Bretaña de fines del siglo XIX, ahora con otro centro. La relación con China y con el conjunto de los BRICS tiene un potencial alto, pero solo si el país industrializa sus recursos y exporta valor agregado.

El tablero en 2026

  • BRICS: en diciembre de 2023 el gobierno comunicó que Argentina no se incorporaría al bloque.
  • China: el swap de monedas por unos USD 19.000 millones se renovó en agosto de 2026.
  • Estados Unidos: swap de USD 20.000 millones en octubre de 2025, del que se usaron USD 2.500 millones ya cancelados, y Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado en febrero de 2026. Argentina eliminó aranceles a 221 posiciones de maquinaria, transporte, equipos médicos y químicos, y bajó al 2% veinte posiciones de autopartes.

La rebaja arancelaria sobre bienes de capital y autopartes expone a la industria local de esos rubros a competencia directa, sin contrapartida de transferencia tecnológica ni de desarrollo de proveedores.

¿Qué significa exportar trabajo argentino?

La disputa global por alimentos, energía y minerales críticos le da a Argentina poder de negociación, pero ese poder solo se convierte en desarrollo si cada acuerdo exige algo a cambio:

  • Litio: pasar de carbonato a precursores, cátodos y celdas, con participación de Y-TEC, universidades y proveedores locales.
  • Energía de Vaca Muerta: desarrollar la cadena de proveedores metalmecánicos, servicios de ingeniería y equipamiento.
  • Alimentos: biotecnología, genética, maquinaria agrícola y alimentos diferenciados con trazabilidad.
  • Cobre y uranio: refinación, ciclo de combustible nuclear y servicios tecnológicos de alta complejidad.

Cualquier socio, sea China, Estados Unidos o la Unión Europea, debe ser evaluado con la misma pregunta: cuánto conocimiento, empleo calificado y capacidad de proveedores deja en el país cada dólar de inversión.

11. Estrategia para pegar el salto: ejes, instrumentos y gobernanza

La propuesta se organiza en ocho ejes que traducen a política pública el diagnóstico de las secciones anteriores. Todos parten de la misma premisa: el Estado es el único actor capaz de articular a la comunidad innovadora, fijar objetivos de largo plazo y asumir el riesgo que el mercado no toma. Las metas y montos que siguen son propuestas de este informe, no datos.

Eje 1. Financiamiento estable y blindado

  • Restituir por ley la trayectoria de financiamiento de la ciencia derogada por la Ley 27.798, con un piso creciente para la función Ciencia y Técnica que llegue al 0,6% del PBI en 2030 y al 1% en 2040, protegido con mayoría calificada para su modificación. El calendario original de la Ley 27.614, que preveía el 1% en 2032, es inviable desde el nivel actual, cercano al 0,15%.
  • Fondo Nacional de Innovación con recursos específicos: una fracción de los derechos de exportación y regalías de la minería, los hidrocarburos y los proyectos RIGI, asignada a I+D aplicada en las cadenas de esos mismos recursos. Así, parte de la renta de los recursos naturales se convierte en capacidad para procesarlos.
  • Presupuesto plurianual para proyectos de más de tres años: reactores, satélites, aeronaves, plantas piloto, programas de doctorado.

Eje 2. Misiones productivas con el Estado como primer comprador

Concentrar recursos en un número acotado de misiones con metas verificables, donde el país ya tiene base científica y ventajas de recursos:

Misión Base existente Objetivo a 2040
Del litio a la batería Y-TEC, universidades, CONICET Producir celdas y sistemas de almacenamiento con proveedores locales
Energía y nuclear CNEA, INVAP, reactor RA-10, Vaca Muerta Exportar reactores de investigación, radioisótopos y servicios de ingeniería; completar el CAREM
Aeroespacial y defensa FAdeA, INVAP, CONAE, CITEDEF, astilleros Aeronaves de entrenamiento y transporte, radares, satélites, lanzador y sistemas navales con integración nacional
Bioeconomía y alimentos INTA, CONICET, biotecnología y maquinaria agrícola Genética, bioinsumos y alimentos diferenciados con trazabilidad
Salud y farmacia Vacuna ARVAC, laboratorios nacionales Soberanía en vacunas, biosimilares y equipamiento médico
Inteligencia artificial y economía del conocimiento 351.000 empleos, USD 10.493 millones exportados Tecnología propia de IA aplicada a la industria, el agro, la salud y el Estado

La compra pública en defensa, energía, salud y telecomunicaciones se usa para crear demanda de tecnología nacional, con reglas de compre argentino y desarrollo de proveedores restituidas y evaluadas.

Eje 3. Industria aeroespacial y para la defensa

Es uno de los sectores con mayor capacidad de arrastre tecnológico y donde el país tiene una tradición propia. La Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, fundada en 1927, produjo los primeros aviones a reacción diseñados en América Latina; la CNEA, INVAP y la CONAE llevaron al país a construir reactores y satélites; INVAP fabrica radares para el control del tránsito aéreo y la vigilancia del espacio aéreo.

La defensa y el espacio concentran tecnologías de uso dual: materiales, electrónica, comunicaciones, sensores, software crítico, propulsión. Lo que se desarrolla para un radar o un satélite termina en la industria civil, en las telecomunicaciones o en el agro. Por eso la experiencia internacional muestra que la I+D para la defensa es uno de los motores más eficaces de la innovación industrial.

La propuesta:

  • Plan aeroespacial y de defensa a veinte años con FAdeA, INVAP, CONAE, CITEDEF, Fabricaciones Militares y los astilleros públicos como empresas tractoras de una red de pymes proveedoras.
  • Restituir el Fondo Nacional de la Defensa (Ley 27.565), cuyo piso de financiamiento también fue derogado por la Ley 27.798, con un componente obligatorio de I+D y fabricación local.
  • Compensaciones industriales en toda compra externa: cada adquisición de equipamiento en el exterior debe incluir transferencia tecnológica, fabricación de partes en el país y participación de proveedores nacionales.
  • Programa espacial con continuidad: completar el lanzador Tronador, el satélite SABIA-Mar y la nueva generación de satélites de comunicaciones y observación.
  • Certificación y calidad: laboratorios de ensayo y certificación aeronáutica y de defensa para que las pymes argentinas puedan integrarse a cadenas globales.

Eje 4. Inteligencia artificial: soberanía de datos y tecnología propia

La inteligencia artificial redefine la productividad de toda la economía, y su control se concentra en pocas empresas y países. La estrategia argentina debe apoyarse en dos conceptos.

Propiedad y resguardo de los datos. Los datos son la materia prima de la inteligencia artificial y un recurso estratégico, como el litio o el petróleo. Los registros de salud, educación, clima, suelos y producción agropecuaria, las imágenes satelitales, los catastros y la información del Estado tienen un valor económico y de seguridad que hoy no se protege ni se aprovecha. Se propone:

  • Actualizar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, sancionada en el año 2000, a los estándares de la era de la inteligencia artificial.
  • Declarar los datos públicos estratégicos como bienes de interés nacional, con reglas de acceso, licencias que preserven su propiedad y retorno cuando se usen para entrenar sistemas comerciales.
  • Alojar los datos sensibles del Estado en infraestructura bajo jurisdicción nacional, con ARSAT como operador, y exigir esa condición a los centros de datos que reciban beneficios de promoción.
  • Fortalecer la ciberseguridad del Estado y de las infraestructuras críticas.

Desarrollo de tecnología propia. Depender por completo de plataformas externas implica ceder decisiones, conocimiento y renta. Se propone:

  • Capacidad pública de cómputo de alto desempeño para universidades, organismos científicos y pymes.
  • Desarrollo de modelos y aplicaciones propias, en español y adaptados a las necesidades del país, con participación de CONICET, universidades y empresas de la economía del conocimiento.
  • Uso de la compra pública para impulsar soluciones nacionales de inteligencia artificial en salud, educación, justicia, agro e industria.
  • Formación masiva en ciencia de datos e inteligencia artificial, desde la escuela técnica hasta el posgrado.

Resguardar la soberanía tecnológica en este campo es compatible con la cooperación internacional: supone negociar desde capacidades propias y decidir qué se comparte, con quién y a cambio de qué.

Eje 5. Red federal de vinculación tecnológica

Es el eslabón que hoy falta. La propuesta combina el modelo brasileño de EMBRAPII con la experiencia argentina de las Unidades de Vinculación Tecnológica:

  • Acreditar centros de I+D aplicada de CONICET, INTI, INTA y universidades con financiamiento por resultados: el Estado aporta un tercio de cada proyecto, la empresa al menos un tercio y el centro el resto.
  • Fortalecer las Unidades de Vinculación Tecnológica de la Ley 23.877 como oficinas de formulación de proyectos, gestión de la propiedad intelectual y acceso a financiamiento nacional, provincial e internacional, con prioridad para pymes.
  • Parques industriales y tecnológicos como nodos territoriales de la red: restituir un programa nacional de parques, con incubadoras, laboratorios compartidos y servicios tecnológicos.
  • Crédito fiscal reformado: transferible y utilizable por empresas sin utilidades, para que sirva a las pymes.

Eje 6. Capital para el riesgo tecnológico

  • Fondo de fondos público-privado inspirado en Yozma: el Estado iguala la inversión de fondos privados en empresas de base tecnológica, con opción de compra de la participación pública si el fondo tiene éxito.
  • Banca de desarrollo con líneas de largo plazo para escalar empresas tecnológicas y financiar bienes de capital nacionales.
  • Acompañamiento en los primeros años: incubadoras con financiamiento de etapa temprana y asistencia técnica, que es donde muere la mayoría de los emprendimientos.

Eje 7. Educación para la producción

  • Restituir el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y vincular las escuelas técnicas con los parques industriales mediante prácticas profesionalizantes y equipamiento actualizado.
  • Programa nacional de ingenierías y ciencias exactas: becas estratégicas con estipendio suficiente, tutorías en los primeros años y metas de graduación por universidad.
  • Extender el enfoque del Plan de Alfabetización a la matemática en la escuela primaria y secundaria, con evaluación periódica.
  • Cumplir la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recuperar el salario docente e investigador.

Eje 8. Condicionalidad en las grandes inversiones

Cada régimen de promoción, empezando por el RIGI, debería exigir planes verificables de desarrollo de proveedores, transferencia tecnológica y contratación de ingeniería local, con sanciones por incumplimiento. Es la diferencia entre exportar recursos y exportar trabajo argentino, y es también la lección que la sustitución clásica no incorporó: apoyo estatal a cambio de resultados verificables, el mecanismo de control recíproco descrito en la sección 4.

Gobernanza

Un Consejo Federal de Desarrollo Productivo e Innovación, con representación del Estado nacional y las provincias, empresas, trabajadores, universidades, organismos científicos y sistema financiero, que fije las misiones, evalúe resultados y publique metas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación debería recuperar su rango para coordinar el sistema. La continuidad se garantiza con un acuerdo político explícito que trascienda los cambios de gobierno: es la condición que distingue a los casos exitosos de Asia de la experiencia argentina.

12. Hoja de ruta 2027-2050 y condiciones de viabilidad

Un horizonte de veinte a treinta años se ordena en tres etapas con metas medibles. Los valores de partida son datos; las metas son propuestas de este informe.

Indicador Punto de partida 2030 2040 2050
Gasto total en I+D / PBI 0,49% (2024) 1,0% 1,6% 2,2%
Función Ciencia y Técnica del presupuesto / PBI ~0,15% (2026, estimación) 0,60% 1,00% 1,00%
Participación empresarial en la ejecución de I+D 42% (estimación) 45% 55% 65%
Investigadores por mil de la población activa 2,96 (2022) 3,5 5,0 7,0
Solicitudes de patentes de residentes 445 (2024) 900 2.500 5.000
Industria manufacturera / PBI 15,3% (2024) 17% 20% 22%
Graduados cada 100 ingresantes universitarios 28 35 45 55
Alumnos de secundaria con nivel satisfactorio en Matemática 14,2% (2024) 30% 50% 65%

Etapa 1 (2027-2030): reconstruir y ordenar

  1. Ley de restitución del financiamiento de ciencia, educación, educación técnica y defensa, con mayoría calificada para su modificación.
  2. Recuperación salarial de CONICET y universidades; reapertura de convocatorias de investigación básica y de ingresos a carrera.
  3. Creación del Consejo Federal de Desarrollo Productivo e Innovación y selección de las misiones.
  4. Lanzamiento de la red de centros acreditados con financiamiento por resultados y fortalecimiento de las Unidades de Vinculación Tecnológica.
  5. Reforma del crédito fiscal, del régimen de proveedores en las grandes inversiones y de la ley de protección de datos.
  6. Completar el RA-10, reactivar el CAREM y el satélite de comunicaciones ARSAT-SG1, y aprobar el plan aeroespacial y de defensa.

Etapa 2 (2031-2040): escalar

  1. Empresas de base tecnológica con escala exportadora en las cadenas del litio, la energía, los alimentos y la industria aeroespacial.
  2. Fondo de fondos en régimen, con participación pública decreciente.
  3. Red federal de parques tecnológicos con laboratorios compartidos en todas las regiones.
  4. Compra pública tecnológica e inteligencia artificial nacional como instrumentos habituales del Estado.

Etapa 3 (2041-2050): consolidar la frontera

  1. Exportación de bienes y servicios de alta complejidad como principal fuente de divisas no primarias.
  2. I+D empresarial mayoritaria y autosostenida.
  3. Participación argentina en la industria latinoamericana de vuelta a los niveles de los años setenta.

Condiciones de viabilidad y riesgos

  • Macroeconomía y divisas. Sin estabilidad de precios y con vencimientos de deuda que absorben las divisas, ninguna estrategia de largo plazo sobrevive. El financiamiento de la innovación debe ser compatible con la sostenibilidad fiscal y externa, y el aumento de exportaciones de mayor valor es parte de la solución a la restricción externa.
  • Continuidad política. El principal riesgo es la alternancia de modelos que atraviesa la historia argentina. Las leyes con mayoría calificada, los fondos con recursos específicos y la gobernanza federal reducen ese riesgo, pero no lo eliminan; se requiere un acuerdo político explícito.
  • Captura y baja eficiencia. Los subsidios sin evaluación generan rentas sin resultados. Toda línea debe tener metas públicas, evaluación independiente y salida de los instrumentos que no funcionan.
  • Pérdida de capital humano. Cada año de ajuste agrava la emigración de investigadores y la caída de vocaciones. La recuperación salarial es la primera condición para que el resto sea posible.
  • Contexto internacional. La disputa entre Estados Unidos y China abre márgenes de negociación pero también presiones. La regla debe ser la misma con cualquier socio: inversión a cambio de conocimiento, proveedores y empleo calificado.

La soberanía pasa hoy por tener un sistema productivo eficiente, un mercado interno amplio, buenos salarios y pleno empleo. Ese escenario solo es posible en una Argentina industrial, que se inserte en el mundo con sus productos, su ciencia y su cultura.

Fuentes

Información con fecha de corte 31 de octubre de 2026. Se distinguen datos oficiales (INDEC, SICYTAR, Boletín Oficial, Banco Mundial, organismos estadísticos nacionales), estimaciones privadas o académicas, y metas propuestas por este informe (secciones 11 y 12).

Datos pendientes de confirmación: cantidad de Unidades de Vinculación Tecnológica registradas; alcance efectivo del DNU 70/2023 sobre la Ley 27.437 de Compre Argentino; sanción del «Súper RIGI» en el Senado; resultado de los amparos contra el artículo 30 de la Ley 27.798; matrícula técnica posterior a 2020; inversión educativa consolidada 2024-2025; datos oficiales de emigración de investigadores.

Secciones 1 y 2. Historia industrial y social

Secciones 1 a 5. Industrialización sustitutiva, tesis sobre 1976, reindustrialización y salto tecnológico

  • Rapoport, M. y colaboradores (2005). Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Buenos Aires: Emecé.
  • Rougier, M. y Raccanello, M. Estado y gran burguesía en la industrialización sustitutiva de importaciones, 1930-1975 (CEHEAL, FCE-UBA); incluye la cita de Amico (2011)
  • Comisión Provincial por la Memoria, dossier sobre la economía de la dictadura (salario real según Castellani, 2004; deuda externa según Lobato y Suriano, 2000; ocupación y establecimientos industriales)
  • Canitrot, A. (1980). «La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976». Desarrollo Económico, 19(76).
  • Schvarzer, J. (1983). «Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz». Desarrollo Económico, 23(91); y (1996). La industria que supimos conseguir. Buenos Aires: Planeta.
  • Basualdo, E. (2006). Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: Siglo XXI.
  • Diamand, M. (1972). «La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio». Desarrollo Económico, 12(45).
  • Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom. Cambridge University Press.
  • Thirlwall, A. P. (1979). «The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences». Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 32(128).
  • Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development. Yale University Press.
  • Rodrik, D. (2016). «Premature deindustrialization». Journal of Economic Growth, 21(1).
  • Fajnzylber, F. (1983). La industrialización trunca de América Latina. México: Nueva Imagen; y (1990). «Industrialización en América Latina: de la caja negra al casillero vacío». Cuadernos de la CEPAL, 60.
  • Amsden, A. (1989). Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press.
  • Katz, J. (1976). Importación de tecnología, aprendizaje e industrialización dependiente. México: Fondo de Cultura Económica.
  • Pérez, C. y Soete, L. (1988). «Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity», en Dosi, G. et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory. Londres: Pinter.
  • Estados Unidos: CHIPS and Science Act e Inflation Reduction Act (2022). Unión Europea: Reglamento (UE) 2023/1781, Ley Europea de Chips.

Sección 4. Restricción externa y brecha tecnológica

Sección 6. Sistema de ciencia, tecnología e innovación

Sección 7. Educación

Sección 8. Vinculación con el sector productivo

Sección 9. El papel del Estado

Sección 10. Inserción internacional

Secciones 11 y 12. Estrategia y hoja de ruta