·La industria cayó del 25,8% al 15,3% del PBI en medio siglo. El retroceso empezó con una decisión política tomada en 1976, y revertirlo exige ahora un salto tecnológico, con el sistema científico en su nivel de financiamiento más bajo desde 1972.
En 1974 la industria manufacturera representaba el 25,8% del producto bruto argentino. En 2024 pesaba el 15,3%, a precios constantes de 2004. En ese medio siglo la participación del país en la industria latinoamericana se redujo a la mitad, del 14,3% al 7,4%.
Los datos recientes agravan la serie. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 85.561 puestos industriales registrados, el 35,5% de todo el empleo privado formal destruido en el período. En agosto pasado las fábricas trabajaron con el 58,5% de su capacidad instalada, según el INDEC.
Para revertir esa trayectoria circulan dos propuestas. Una sostiene que la industria protegida fracasó y que el país debe especializarse en lo que produce con ventaja: alimentos, energía, minerales. La otra plantea volver a la industrialización por sustitución de importaciones que rigió entre 1930 y 1975. La primera descansa en un diagnóstico histórico discutible. La segunda subestima cuánto cambió desde entonces la forma de producir.
Un proceso interrumpido
La idea de que la industrialización sustitutiva había fracasado, con una industria ineficiente, incapaz de exportar y fuente de inflación y de crisis cambiarias, se impuso a mediados de los setenta. Sobre ella se apoyó el programa que José Alfredo Martínez de Hoz aplicó desde abril de 1976. El historiador Mario Rapoport discutió ese diagnóstico en su Historia económica, política y social de la Argentina. Para él, el proceso de industrialización no fracasó: el gobierno militar decidió ponerle fin.
Los números de la etapa previa respaldan esa lectura. Entre 1964 y 1974 el producto creció a un promedio superior al 5% anual y la industria, a más del 7%, según Marcelo Rougier y Mario Raccanello. El déficit comercial del sector pasó de casi el 90% de las exportaciones totales a cerca del 20% en 1974, y hacia 1975 la desocupación rondaba el 3,5%.
Los problemas del modelo eran reales (inflación crónica, puja distributiva, dependencia de insumos importados, plantas de baja escala), pero admitían corrección. Corea del Sur enfrentaba dilemas parecidos en la misma década y los resolvió con más industrialización.
En la Argentina, la Ley de Entidades Financieras de 1977, la rebaja programada de aranceles desde fines de 1978 y la “tablita” cambiaria de 1979 abarataron las importaciones hasta niveles que la producción local no podía enfrentar. El salario real cayó cerca de un tercio en 1976. Entre los censos económicos de 1974 y 1985 desaparecieron unos 17.000 establecimientos industriales, y la deuda externa pasó de USD 9.738 millones en 1975 a USD 46.005 millones en 1983.
Adolfo Canitrot interpretó ese programa, ya en 1980, como una política orientada a disciplinar a la sociedad, empezando por un movimiento obrero cuya fuerza descansaba en la industria urbana. De ahí se sigue una consecuencia práctica. Si la desindustrialización fue el resultado de una elección de política económica, también puede revertirse por la vía política. Lo que no puede repetirse es el instrumental de entonces.
Si la desindustrialización fue el resultado de una decisión de política económica, también puede revertirse por la vía política.
¿Por qué hace falta la industria?
La defensa de la industria se apoya en argumentos económicos que pueden verificarse. La manufactura opera con rendimientos crecientes y aprendizaje acumulativo, y en las economías avanzadas concentra la mayor parte de la inversión empresarial en investigación y desarrollo.
Está, además, la cuestión de las divisas. La Argentina exporta bienes cuya demanda crece poco con el ingreso mundial e importa manufacturas cuya demanda se dispara cada vez que la economía se expande. De ahí el ciclo de crecimiento, escasez de dólares, devaluación y recesión que Marcelo Diamand explicó con el concepto de “estructura productiva desequilibrada”. Vaca Muerta y la minería pueden aliviar esa restricción durante un tiempo, pero no modifican su lógica.
Los hidrocarburos y la minería generan divisas con poco empleo directo por dólar invertido. La economía del conocimiento exportó USD 10.493 millones en el último año, pero sus 351.000 puestos no alcanzan para absorber a la fuerza de trabajo. La industria emplea a trabajadores de calificación media con salarios superiores al promedio y se distribuye en parques industriales de todo el país.
Estados Unidos aprobó en 2022 la Ley CHIPS, con unos USD 52.700 millones para semiconductores, y la Unión Europea sancionó su propia ley de chips en 2023. Los países centrales volvieron a la política industrial mientras la Argentina la desarma con el argumento de que pertenece al pasado.
Los límites de la receta clásica
Que la industria sea necesaria no implica que pueda reconstruirse con los instrumentos de mediados del siglo XX, que hoy chocan con límites nuevos.
La producción se organiza en cadenas globales. Un automóvil o un equipo médico integran componentes de decenas de países, las industrias más competitivas importan insumos para exportar, y fabricarlo todo localmente encarece la producción y la aísla de la tecnología que circula por esas cadenas. Las escalas mínimas de la electrónica, la química o los bienes de capital exceden el mercado interno. Las reglas de la Organización Mundial del Comercio limitan las exigencias de contenido local y endurecieron la protección de patentes que antes permitía copiar. La brecha tecnológica, por último, se ensanchó: en 2024 la Argentina presentó 445 solicitudes de patentes de residentes, menos de la mitad que en 2000, frente a 5.752 de Brasil.
El límite más profundo estaba dentro del propio modelo. Fernando Fajnzylber lo llamó “industrialización trunca”: América Latina copió tecnologías y patrones de consumo sin construir un núcleo propio capaz de innovar, y protegió a sus industrias sin pedirles resultados. Alice Amsden mostró que Corea procedía de otro modo, porque subsidiaba a cambio de metas de exportación y productividad y sancionaba a quien no las cumplía. En la Argentina la protección llegó sin esa contrapartida.
La sustitución conserva un lugar para administrar divisas, frenar el dumping y usar la compra pública como palanca de proveedores en energía, minería, salud y defensa. En ese papel funciona como herramienta selectiva, atada a metas, y deja de ser el motor del crecimiento.
Un salto con el sistema científico en el piso
La alternativa remite a lo que Carlota Pérez y Luc Soete describieron como ventanas de oportunidad. Las barreras de entrada a una tecnología son más bajas al comienzo de cada nuevo paradigma, cuando el conocimiento todavía circula en universidades y laboratorios públicos. Corea y Taiwán entraron así en los semiconductores; China, en baterías y vehículos eléctricos.
La transición energética, la biotecnología, la inteligencia artificial y la nueva economía espacial abren hoy ventanas parecidas. El país tiene puntos de partida en el litio, el reactor RA-10, los satélites y radares de INVAP y el trigo HB4, desarrollado por el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral junto con una empresa nacional.
El salto requiere las capacidades que hoy se recortan. El gasto total en investigación y desarrollo cayó de 0,59% a 0,49% del PBI entre 2023 y 2024, contra el 2,93% del promedio de la OCDE. Según estimaciones privadas, el crédito 2026 de la función Ciencia y Técnica es 47,7% inferior al de 2023, el nivel más bajo de una serie que empieza en 1972. La Ley de Presupuesto 2026 derogó los artículos que garantizaban la trayectoria de financiamiento de la ciencia, el piso educativo y el fondo de educación técnica. El salario real del personal del CONICET cayó 40,3% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, y los proyectos de investigación pasaron de 3.179 en 2022 a 480 en 2025.
El principal instrumento de promoción de inversiones, el RIGI, suma 23 proyectos aprobados por USD 49.700 millones sin ninguna cláusula de transferencia tecnológica. Su exigencia de proveedores locales queda subordinada al precio y se instrumenta como declaración jurada, sin sanción clara por incumplimiento.
El riesgo es exportar más recursos con menos industria y menos capacidad de aprender. El país conserva el mayor número de investigadores por habitante de América Latina y organismos y empresas como la CNEA, el INTI, el INTA e INVAP. Reconstruir equipos de investigación, escuelas técnicas y proveedores calificados lleva una generación, y el ajuste puede dispersarlos en pocos años.
Las experiencias de Corea, Taiwán e Israel muestran qué tienen en común los casos exitosos: un Estado que asume el riesgo inicial y compra tecnología nacional, financiamiento estable protegido por ley, condiciones a las grandes inversiones y continuidad por encima de los cambios de gobierno. Hoy la Argentina no cumple ninguna de las cuatro, y el piso legal del financiamiento científico fue derogado.
