A poco de cumplirse tres años de gestión, el Gobierno exhibe estabilidad cambiaria y superávit fiscal como prueba de éxito. Pero el examen de la actividad, el empleo, los salarios y la inversión describe una economía estancada en el largo plazo, sostenida por un puñado de sectores extractivos y cada vez más precarizada en su base laboral.
EDITORIAL DATA POLITICA Y ECONOMICA
Mil días es, ante todo, una marca simbólica. Pero también es tiempo suficiente para que una gestión de gobierno deje de explicarse por la herencia recibida y empiece a rendir cuentas por los resultados propios. El oficialismo eligió construir su relato sobre dos pilares —la desaceleración de la inflación y el equilibrio de las cuentas públicas— y los presenta como el fundamento de una recuperación en marcha. El problema es que ese relato convive, incómodamente, con una fotografía de la economía real que no admite la misma lectura optimista: diez años de estancamiento del PBI que la actual gestión no revirtió sino que profundizó en su primer bienio, una industria que sigue cayendo mientras el Gobierno insiste en que toda expansión capitalista es necesariamente desigual, un mercado de trabajo que crece únicamente por el lado informal y una inversión que, en el momento en que más se la necesita para sostener cualquier previsión de despegue, se derrumba a tasas de dos dígitos.
Este editorial no pretende repetir el catálogo completo de indicadores, lo hicimos en cobertura de datos anteriores, sino ordenar la discusión sobre qué clase de balance dejan estos mil días y, sobre todo, qué clase de economía queda planteada para lo que sigue.
UN CRECIMIENTO QUE NO CRECE
El dato más citado por el Gobierno es el 4,4% de expansión del PBI en 2025, luego de las caídas de 4,5% en 2023 y 1,3% en 2024. Puesto en contexto, ese número dice menos de lo que aparenta. Hubo más meses de estancamiento que de expansión durante el año, y el rebote se concentró en energía, minería y agro, mientras la industria, la construcción y el comercio permanecieron en crisis. En el primer trimestre de 2026 el PBI creció 2,3% interanual, otra vez traccionado casi exclusivamente por esos mismos tres sectores. Si se los excluye, la actividad argentina continúa en el nivel de noviembre de 2023. Y ese punto de partida tampoco era alto: en 2023 el producto apenas superaba al de 2012, y a fines de 2024 el PBI por habitante, según el Banco Mundial, estaba en el nivel de 2011. La conclusión no es menor: la Argentina lleva más de una década sin crecer de manera sostenida, y los mil días de Milei se inscriben en esa historia, no la interrumpen.
LA INDUSTRIA QUE NO REPUNTA
El Índice de Producción Industrial manufacturero del INDEC muestra una caída acumulada interanual de 2,2% hasta junio de 2026, con derrumbes de hasta 17,1% en textiles e indumentaria y 16,5% en otros equipos y aparatos. ADIMRA relevó una caída de 4,4% interanual en julio y de 5,5% en lo que va del año; la consultora de Matías Kulfas calcula que el nivel de actividad industrial está 8,8% por debajo del promedio de 2023. La utilización de la capacidad instalada apenas mejora del 58,9% al 59,1% interanual, con pisos de entre 41% y 46,6% en textiles, tabaco, automotriz y metalmecánica no automotriz. El correlato estructural es igual de elocuente: la industria manufacturera pasó de representar el 19,4% del valor agregado bruto en 2023 al 15,8% en 2025. El argumento oficial —que todo crecimiento capitalista es desigual y que los sectores dinámicos terminan arrastrando a los rezagados— no resiste el contraste con los números: no hay arrastre visible hacia la industria, la construcción o el comercio; hay, en todo caso, dos o tres sectores que crecen de manera aislada mientras el resto de la estructura productiva se reduce.
CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO: LA MEJORA QUE NO COMPENSA LA CAÍDA
La construcción mostró una recuperación de 2,8% en el primer semestre de 2026 según el ISAC, pero acumula una caída de 11% desde el inicio de la gestión. El comercio mayorista, medido por el INDEC, cayó 2,3% interanual en mayo y 3% en el acumulado enero-mayo; más de una cuarta parte de los supermercados y autoservicios mayoristas califica su situación comercial como «mala». Ninguno de los dos sectores compensa, ni de cerca, el terreno perdido.
| Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 30.633 empresas y se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados. En el mismo período, la informalidad pasó a explicar todo el crecimiento del empleo. |
UN MERCADO DE TRABAJO QUE SE DEGRADA EN SU COMPOSICIÓN
El desempleo del 7,8% en el primer trimestre de 2026 —1.765.000 personas— es prácticamente idéntico al de un año atrás, pero ese número estable esconde un deterioro cualitativo severo. Según CEPA, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 cerraron 30.633 empresas, el número de empleadores cayó 6% y se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados. Las pérdidas se concentran en industria manufacturera (97.312 empleos), construcción (80.399), transporte y almacenamiento (72.480) y administración pública (72.312). Solo crecieron el empleo en minería, salud y el sector agropecuario. En paralelo, el 44,2% de los ocupados —casi 6 millones de personas— está en la informalidad, y el 37,9% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio. CEPA lo resume sin matices: entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026 se crearon 603.600 empleos no registrados mientras se destruían 246.000 registrados. Un estudio del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, difundido por La Nación, agrega que la informalidad industrial pasó de 32,2% a 41,9% entre 2016 y 2025, y que un tercio de los trabajadores informales vive en la pobreza. No es una economía que destruye empleo de manera masiva; es una economía que sustituye empleo protegido por empleo precario, lo que erosiona en silencio la capacidad de negociación de los trabajadores frente al capital.
SALARIOS Y CONSUMO: EL AJUSTE QUE NO SE REVIERTE
Los salarios formales de 2026 son, en promedio, 7% más bajos en términos reales que en el primer semestre de 2023. El IARAF calcula que los salarios privados registrados están 1,6% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los del sector público acumulan una caída de 17% —35,2% en el caso de los estatales nacionales—. Ese deterioro del ingreso se refleja, sin sorpresas, en el consumo: la Universidad de Palermo registró en julio el octavo mes consecutivo de caída interanual del consumo privado, con el consumo masivo acumulando una baja de 2,4% en el año y el consumo de carne vacuna encadenando doce meses de retroceso. La recuperación del poder adquisitivo, condición mínima para hablar de una economía en reactivación sostenida, sigue sin producirse.
LA INVERSIÓN, EL ESLABÓN QUE FALTA
Si hay un indicador que desmiente la narrativa de recuperación en curso, es la inversión. La formación bruta de capital fijo, que según Orlando Ferreres debería rondar el 20% del PBI para al menos reponer el capital utilizado, cayó 7,6% interanual en el primer semestre de 2026 y acumuló en agosto una caída de 25,8% interanual —21,5% en los primeros ocho meses del año—. La inversión en maquinaria y equipos bajó 23,7%, con una caída de 42,8% en la importación de bienes de capital. La inversión en construcción se desplomó 27,6% en agosto, acelerando respecto del 16,3% de julio. La obra pública, mientras tanto, está directamente paralizada: más de 2.300 obras —rutas, hospitales, escuelas, redes de agua— quedaron detenidas, y una investigación periodística documentó que, entre 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado recaudó 1,5 billones de pesos y el Gobierno solo ejecutó 394.406 millones en obra pública, con más de un billón de pesos sin aplicar, colocado en su lugar en títulos públicos y plazos fijos. Las promesas de inversión asociadas al RIGI, por ahora, siguen siendo eso: promesas. La inversión extranjera directa del primer semestre fue de apenas 304 millones de dólares. Sin inversión no hay ampliación de la capacidad productiva, y sin ampliación de la capacidad productiva cualquier repunte del consumo se traduce, tarde o temprano, en presión sobre precios o sobre el tipo de cambio.
UNA FORTALEZA EXTERNA MÁS APARENTE QUE REAL
El discurso oficial insiste en que esta vez es distinto porque existe una fuente de dólares antes inexistente: energía y minería. Es cierto que ambos sectores aportaron al superávit comercial de bienes de 15.996 millones de dólares en el primer semestre, pero ese resultado conviene relativizarlo: se explica en gran medida por un nivel de importaciones bajo, reflejo del propio estancamiento de la economía, y convive con un déficit de servicios de 4.312 millones y un déficit de ingreso primario de 8.633 millones por giro de utilidades, dividendos e intereses. El sector privado no financiero, en lugar de canalizar el superávit comercial hacia inversión productiva, lo destinó en buena medida a la compra de dólares: en junio, 1,5 millones de personas compraron billetes y solo 715.000 vendieron. La cuenta financiera cambiaria apenas fue positiva en 535 millones de dólares. A esto se suma una deuda pública que crece más rápido que el producto —de 455.077 a 483.854 millones de dólares en un solo trimestre, un aumento de 6,3%— y un riesgo país que se mantiene por encima de los 500 puntos. El resultado es una economía con superávit comercial pero sin acumulación de reservas genuina, con un tipo de cambio que no refleja la productividad real y con una dependencia del financiamiento externo que reduce, no amplía, los grados de libertad de la política económica.
EL BALANCE EDITORIAL
Mil días alcanzan para distinguir un plan de una emergencia. Lo que muestran los datos no es una economía en transición hacia un sendero de crecimiento sostenido, sino una economía que logró estabilizar algunas variables nominales —inflación, resultado fiscal— al costo de profundizar un patrón que ya era regresivo antes de 2023: crecimiento concentrado en un puñado de sectores primario-exportadores, desindustrialización relativa, precarización acelerada del empleo y una inversión que no acompaña ni el discurso ni las necesidades de la economía real. La estabilidad cambiaria de corto plazo no es un dato menor, pero tampoco es, por sí sola, una política de desarrollo. Mientras la industria, la construcción y buena parte de los servicios sigan sin señales claras de recuperación, mientras el empleo registrado siga cediendo terreno frente al empleo informal y mientras la inversión productiva continúe cayendo a tasas de dos dígitos, hablar de un cambio de fase en la economía argentina será, en el mejor de los casos, prematuro. El riesgo, que ningún comunicado oficial disipa, es que la fragilidad externa y el agotamiento del ajuste sobre los ingresos populares terminen planteando, una vez más, el mismo interrogante que atravesó buena parte de la historia económica reciente del país: cuánto tiempo puede sostenerse un esquema de estabilización que no logra traducirse en inversión, empleo de calidad y crecimiento genuino del producto.
