¿Los grandes empresarios se resignaron al país que plantea Milei o todavía quieren dar pelea por una argentina industrial? Según el autor el peronismo debe convocar al empresariado nacional como un sujeto político, es decir, no solo como generador de trabajo y pagador de impuestos, sino como actor para el desarrollo del país.
Por Pablo Bercovich
Nunca se crearon tantas empresas en la historia de la Argentina como del año 2003 al 2015. Nuevos empresarios que decidieron invertir en máquinas, fábricas, locales. Que decidieron contratar empleados. En pocos años, el país tuvo el 50% más de empleadores, y de manera sostenida. De una meseta que oscilaba siempre alrededor de los 400.000, pasamos a otra más alta de unos 600.000. “¿Quién te enseña a ser empresario?” me dijo uno de ellos, que surgió en esos tiempos y que ahora además es presidente de una cámara empresarial. Y no se refería a la formación en la administración de las empresas, como pasó con la creación de las escuelas de comercio de fines del S.XIX, que impulsó Carlos Pellegrini ante la llegada de inmigrantes con algo de capital, que decidieron emprender acá y necesitaban peritos mercantiles, administrativos y contadores. Me habló de algo mucho más profundo. “El kirchnerismo me incorporó económicamente, pero no políticamente”.
Hasta la propia Cristina Kirchner se sinceró sobre el tema en su autobiografía: “nosotros no tuvimos un dirigente empresarial que pudiera representar a los empresarios, como fue José Ber Gelbard para Perón. Los Rocca nunca han representado los intereses empresariales nacionales, sino únicamente los propios”. Es lo que Eduardo Basualdo, Martín Schorr y otros teóricos denunciaron históricamente como la ausencia de una burguesía nacional, que se subordinó al capital extranjero más aún después de la dictadura militar del 76 y del período menemista. Paradójicamente, el diálogo del kirchnerismo con los empresarios fue casi exclusivamente a través de la UIA, manejada por Techint. El fino equilibrio de que los empresarios ganen plata pero no espacios de poder, que generen empleo pero que no se organicen. Si en la primera presidencia de Perón fue protagonista la organización y el fortalecimiento sindical, con gran distribución y altos márgenes de ganancia para empresarios inorgánicos, el Perón de la segunda presidencia, el de la estabilización económica exitosa, buscó organizar a los empresarios. Gelbard sale de ahí, de Catamarca y de Tucumán, de las organizaciones de pequeños y medianos empresarios de las provincias que no se veían representados en la UIA ni en otras entidades empresarias del centro del país. En 1953 Perón envió al Congreso la ley de Asociaciones de Empleadores para crear instituciones “auténticamente representativas que podrán actuar en un plano de paralelismo con los organismos obreros en la solución armónica de los problemas”. Gelbard fue una de las personas de mayor confianza de Perón hasta en el exilio, a tal punto que fue el responsable de comprar la casa en la que vivió cuando retornó al país. Después fue directamente su Ministro de Economía. La función social del empresario de la que hablaba Gelbard era la traducción sectorial perfecta de la conciliación de clases peronista. Era más ambiciosa que una responsabilidad social empresaria institucional, presente hasta en algunos organigramas por razones honorables y/o impositivas, era una conexión real y material entre empresarios y trabajadores, un pacto social. Varios empresarios identifican un último acercamiento a ese espíritu, aunque sea remoto, en la conformación del “núcleo nacional” del Vasco de Mendiguren en lo peor de la crisis del 2001, junto a sindicatos, iglesia y universidades. Un espasmo que aportó nada más y nada menos que a despertar al país de su peor pesadilla.
¿Para qué sirve un empresario? En la extraña Argentina de hoy en la que se confunden medios con fines y herramientas con objetivos, goza el superávit porque sufre el que trabaja, y crece el PBI mientras caen el número de empresas y empleados. Margaret Thatcher dijo que su mayor triunfo fue que su oposición se le parezca, que el partido laborista levante banderas del partido conservador más alto que las propias. Acá el riesgo de la oposición es hacer lo mismo, con un amor sobreactuado por el orden fiscal y un consignismo melancólico sin mayor contenido: “producción y trabajo”. Si en términos kantianos el fin último es la felicidad -el único fin en sí mismo- la pregunta que ordena a la política siempre debería ser “¿para qué?”. La pregunta de los empresarios, también. Si los empresarios no son un fin en sí mismo, son un medio. Pero si no son un medio, si pierden esa función, su razón de existencia desaparece. En Argentina y en el mundo siempre hubo una correlación directa entre el aumento de la densidad empresarial y la baja de la pobreza. Si esas empresas además son industriales pagan salarios un 40 por ciento arriba de la media, invierten más en investigación, desarrollo e innovación y exportan la mitad de lo que exporta el país. Pero la relación de los empresarios con sus entornos cambió, hoy es un ecosistema que se desenvuelve sobre el sustrato de una sociedad desconectada. El pequeño empresario de un pueblo santafesino de 5000 habitantes que genera trabajo en su fábrica para 200 personas no sólo es parte de ese lugar por ser el motor de la economía local. Comparte la calle con sus empleados y sus familias todos los días, se los cruza en la plaza el fin de semana y sus hijos van al mismo colegio. Es la contracara del empresario argentino que ni siquiera vive en su país para pagar menos impuestos, o del empresario extranjero que se instala momentáneamente en una mansión de Barrio Parque para saquear, extraer o influir e irse a otro país a hacer lo mismo. Según varias encuestas, la palabra “PyME” en Argentina está muy bien vista, mientras que el concepto de empresario tiene una percepción negativa. Tal vez tenga que ver con esa desconexión de algunos. La fuga de capitales del sector privado en el período en el que Macri contrajo la deuda con el FMI entre 2018 y 2019 fue casi la misma que el total del préstamo. Más de la mitad de esa formación de activos externos estuvo a cargo de unas 100 empresas. ¿Y si se empezó a gestar ahí ese sentimiento que ahora parece profundizarse acá y en el mundo? Ese fracaso del discurso de que si a los grandes empresarios les va bien a todos nos va a ir un poco mejor. Plata sin desarrollo.
Tampoco se trata de romantizar al empresario pyme y demonizar al grande. La mayoría de los países desarrollados (o los que quieren serlo) tienen áreas con presupuestos relevantes en sus estructuras de gobierno dedicadas a achicar las brechas de productividad que existen entre pequeñas y grandes empresas. Justamente porque quieren que esas pequeñas y medianas empresas crezcan en facturación y se transformen en grandes, que estadísticamente son las empresas con más formalidad, productividad, niveles de exportación e innovación. El empresario que necesita Argentina, sin importar su tamaño, tiene que estar comprometido con el desarrollo nacional en su acepción más profunda e integral, el desarrollo productivo y humano. Si el empresario es grande porque es responsable de producir los insumos difundidos como acero, aluminio, placa u otros que necesitan empresas nacionales para producir y exportar, la responsabilidad es mayor. Las empresas de capital intensivo son naturalmente monopólicas u oligopólicas y es importante que el país cuente con ellas, pero no a cualquier precio. Son empresas que tienen que tener un diálogo fluido con el Estado porque determinan el desarrollo. Así lo entendió Axel Kicillof, por ejemplo, cuando a cargo del Ministerio de Economía decidió tener protagonismo en los directorios de algunas empresas importantes y hasta estuvo a cargo de la estatización de YPF, responsable del actual superávit energético que empezó a planificarse en aquella época.
Argentina es un país con una matriz productiva muy diversificada, comparable a países desarrollados. Tenemos empresas que producen y exportan desde maquinaria agrícola, equipamiento médico, autopartes y biotecnología hasta muebles, calzado, alimentos e indumentaria. La otra matriz que también tenemos y que también está sufriendo en estos tiempos es la del conocimiento, con profesionales e investigadores formados acá y requeridos en el mundo para potenciar capacidades empresariales y estatales. Lo que falta profundizar en Argentina, que tiene que ver con la formación y la conducción política de la que me hablaba aquel empresario, es la institucionalidad. Planificar un empresario nacional es planificar su gremial empresaria, su organización y su protagonismo en la toma de decisiones. La planificación de un país no es sólamente el “qué” y el “para qué” sino también el “con quién”. Para que los planes de gobierno no sean documentos bien pensados que luego duermen en cajones de escritorio deben estar conectados con los actores sociales y políticos correspondientes, con sindicatos, movimientos sociales, clubes, iglesias, y, en el caso del sector productivo, con cámaras, federaciones y uniones empresariales. Son justamente las instituciones que está debilitando Milei con uno de sus primeros decretos, que desreguló los aportes de las empresas a las cámaras empresariales. Cuando haya un gobierno que quiera desarrollar el país en términos productivos y humanos, tendrá que fortalecer esas instituciones que, además de generar la escala y el impacto que necesitan las políticas públicas, les da sostenibilidad en el tiempo y algo de continuidad en los vaivenes políticos que nos caracterizan. La institucionalidad vence al péndulo.
La descentralización de las políticas públicas productivas en instituciones intermedias es algo que se hace de manera exitosa en Italia, España, Alemania, Finlandia, Japón, Estados Unidos, pero también en Brasil o Chile, por nombrar algunos casos más cercanos. Y esto también tiene que ver con profundizar nuestra democracia en cuestiones concretas y operativas, pasar de una meramente representativa (en el mejor de los casos) a una participativa o expresiva. Darle poder a los empresarios que se entienden como un medio para un fin más amplio, ambicioso y colectivo, requiere de trasladar recursos concretos y toma de decisiones, para que no pase lo que sucede en algunas de las cámaras empresariales argentinas que tienden a expulsar a aquellos pequeños o medianos que se acercan con fines operativos, que buscan en la gremial empresaria resolver problemas de productividad o competitividad con la llegada política que otros grandes tienen por su propio peso. El empresario pyme quiere que el ministro lo reciba, el ministro quiere que el gran empresario lo visite. Algún empresario pyme quiere ser ministro, el gran empresario quiere poner un ministro. O, en el mejor de los casos, un presidente.
Los empresarios argentinos están viviendo su peor momento, desde los más chicos hasta los grandes. A muy pocos les va bien y casi en su totalidad son los que están vinculados directamente al agro o a la energía, que generan empleo para el 5% de las población y no tienen potencial para mucho más en ese sentido. En lo que va del gobierno de Milei hay unos 20.000 empresarios empleadores menos que antes y unos 300.000 puestos de trabajo registrados menos. El panorama es bastante peor, más generalizado y más sostenido en el tiempo que en la anterior crisis que vivieron, con el macrismo. Y, sin embargo, las voces parecen levantarse menos que en ese entonces, cuando el propio Ministro de Producción los tildaba de “llorones”. ¿Hay una resignación por parte de algunos empresarios hacia la reconfiguración del país buscada por Milei? ¿Los casos de Madanes y Rocca, que miran con más cariño al sector energético que al industrial, son un síntoma de un renunciamiento histórico de los empresarios a formar parte de los destinos de su Patria? Macri creó el Programa para la Transformación Productiva, que le regalaba plata a los empresarios industriales para que se reconviertan en importadores. Fue un fracaso que despertó más odio que adhesiones. “Esta es la empresa de mi abuelo y de mi viejo, conozco a cada uno de los 100 empleados que tengo, me invitan a los cumpleaños de 15 de sus hijas” se escuchaba en los pasillos del Ministerio. Hoy ese programa no existe porque no hace falta, las empresas cierran solas y las que tienen algún resto reparten su oferta productiva con productos importados para sobrevivir y salvar a su empresa de la competencia desleal a la que los empuja su propio gobierno. Un próximo gobierno que busque el desarrollo nacional tiene que poder salir de la melancolía y trabajar sobre términos manchados como el de transformación productiva, en otro sentido y con los empresarios al lado. La potenciación de empresas exportadoras y empresas proveedoras de cadenas de valor estratégicas, y la reconversión de empresas de mano de obra intensiva y economía informal a nichos de calidad más competitivos necesitan una estrategia público-privada con plazos y condiciones claras, como fue la transformación productiva de otros países. Y con el claro objetivo, del que increíblemente la política no habla, que es subir salarios e ingresos sin desestabilizar costos y precios. Los nuevos empresarios que surjan de ese proceso de transformación tienen que ser planificados, capacitados en materia de conducción de la gremial empresaria y también en términos políticos. Construir un empresariado nacional es crearlo como sujeto político, como nueva clase social, e implica convocarlos no únicamente para que ganen plata, paguen impuestos y generen empleo, sino para que contribuyan desde un lugar protagónico al desarrollo definitivo de su país, Argentina.
Pablo Bercovich es especialista en desarrollo productivo, Director de la Consultora Marca PyME y ex Subsecretario PyME de la Nación.
