La desaceleración de los precios convive con un costo de vida que continúa expulsando a millones de argentinos. En junio, una familia tipo necesitó más de $1,53 millones para no ser considerada pobre, mientras el Gobierno celebra una inflación mensual de apenas 1,9%.
La publicación casi simultánea de dos indicadores permite comprender una de las principales contradicciones del actual modelo económico. Por un lado, la inflación de junio se ubicó en 1,9%, consolidando un proceso de desaceleración y acumulando un 33,5% interanual. Por otro, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.531.473 para una familia de cuatro integrantes, el ingreso mínimo necesario para no caer bajo la línea de pobreza.
Lejos de ser datos contradictorios, ambos indicadores describen una misma realidad: la estabilización de los precios no implica, por sí sola, una mejora en las condiciones de vida de la población.
El Gobierno ha construido buena parte de su capital político sobre la reducción de la inflación. Después de años de índices mensuales superiores al 20%, lograr registros cercanos al 2% representa, sin dudas, un cambio significativo. Sin embargo, ese logro macroeconómico convive con un problema estructural que permanece sin resolver: el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos.
La inflación mide la velocidad con que aumentan los precios. La pobreza, en cambio, refleja si los ingresos alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Son fenómenos relacionados, pero no equivalentes. Una economía puede registrar inflación baja y, al mismo tiempo, exhibir elevados niveles de pobreza cuando los salarios, las jubilaciones y los ingresos de trabajadores informales evolucionan por debajo del costo de vida acumulado.
Ese parece ser el escenario que atraviesa actualmente la Argentina.
Los más de 1,53 millones de pesos que una familia necesita para no ser pobre no representan un estándar de bienestar. Apenas constituyen el umbral mínimo para acceder a una alimentación adecuada, vivienda, transporte, educación, salud, vestimenta y otros gastos esenciales. Quienes perciben ingresos inferiores a ese monto son considerados pobres desde el punto de vista estadístico, aun cuando trabajen de manera formal.
Esta situación afecta especialmente a amplios sectores de la clase media asalariada, que históricamente lograban mantenerse por encima de ese límite y que hoy observan cómo el costo de vida crece más rápido que su capacidad de generar ingresos.
La estrategia económica oficial ha privilegiado la estabilización monetaria mediante un fuerte ajuste fiscal, la contracción del consumo y la reducción de la emisión. El resultado ha sido una desaceleración inflacionaria, pero también una economía que todavía presenta dificultades para recomponer salarios reales, dinamizar el mercado interno y recuperar el empleo de calidad.
En otras palabras, la inflación baja constituye una condición necesaria para cualquier proceso de recuperación económica, pero está lejos de ser suficiente. Sin crecimiento, inversión productiva y mejora sostenida de los ingresos, la estabilidad de precios puede coexistir durante un largo período con elevados niveles de pobreza.
El desafío comienza a trasladarse ahora desde la macroeconomía hacia la economía cotidiana. La sociedad ya no evaluará exclusivamente cuánto aumenta el índice de precios cada mes, sino si puede llegar a fin de mes, consumir, ahorrar o mejorar su calidad de vida.
Ese cambio de percepción tendrá consecuencias políticas. Mientras la inflación descendía desde niveles extraordinarios, gran parte de la ciudadanía aceptó los costos sociales del ajuste como un sacrificio transitorio. Pero esa tolerancia difícilmente sea permanente si la mejora de los indicadores macroeconómicos no se traduce en una recuperación tangible del ingreso familiar.
La discusión económica empieza así a desplazarse. El debate deja de centrarse exclusivamente en la inflación para incorporar preguntas mucho más concretas: cuánto vale vivir en Argentina, cuánto necesita ganar una familia para sostener un nivel de vida digno y cuándo comenzarán a recuperarse el salario, las jubilaciones y el consumo.
La verdadera prueba del modelo económico no será únicamente mantener la inflación debajo del 2% mensual. Será demostrar que esa estabilidad puede convertirse en desarrollo, empleo y bienestar. Porque una economía no mejora solamente cuando bajan los precios; mejora cuando la mayoría de la población puede vivir dignamente de su trabajo.
Ese será, probablemente, el principal terreno de disputa política y económica en el camino hacia las elecciones de 2027.
