De Orsi en Uruguay a Boric en Chile, los progresismos de la región ganan elecciones con la promesa de cambiar las cosas y terminan administrando el mismo modelo que venían a corregir. Esa defraudación tiene una consecuencia concreta, le abre la puerta a la derecha.
Por Antonio Muñiz
Esa contradicción dice algo más grande que una coyuntura electoral. Plantea la pregunta que persigue a toda la izquierda latinoamericana desde que se terminó la marea rosa: ¿qué queda del proyecto transformador cuando gobernar se reduce a administrar, con buenos modales, el orden que se prometió cambiar?
La revista Nueva Sociedad describió el arranque del gobierno de Orsi como un vaso medio lleno. La imagen es honesta y por eso preocupa. Un vaso medio lleno también está medio vacío, y esa mitad que falta resume la historia política más importante de la última década en la región. Porque el progresismo latinoamericano aprendió a ganar elecciones, a aguantar en la oposición y a recomponerse después de perder. Lo que no resolvió es la pregunta previa a todo eso: para qué quiere el poder cuando lo consigue.
El mapa reciente es elocuente. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández llegó en 2019 con la promesa de poner de pie al país tras el ajuste de Macri y terminó cuatro años después con la inflación desbocada, una interna feroz y una desilusión social que pavimentó el triunfo de Javier Milei, la expresión más extrema de la derecha que la región haya producido. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo gobernó casi veinte años, sacó a millones de la pobreza, pero se desgastó en sus propias divisiones y en una crisis de dólares y combustible, hasta perder el poder en 2025 frente al conservador Rodrigo Paz. En Chile, Gabriel Boric llegó como la gran esperanza de la nueva izquierda latinoamericana y terminó abriéndole la puerta a José Antonio Kast, el caso que esta nota analiza más adelante en detalle. En Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia del país, llega al final de su mandato sin reelección posible y con su espacio en problemas: en la primera vuelta de 2026 el candidato del Pacto Histórico quedó segundo, detrás del abogado de derecha Abelardo de la Espriella, y enfrenta un balotaje cuesta arriba. Distintos países, distintos recorridos, un patrón que se repite con inquietante frecuencia: gobiernos populares que no logran transformar y derechas que capitalizan la decepción.
El cuadro, sin embargo, no es uniforme. Hay excepciones que enseñan tanto como las derrotas. México es la más nítida. Andrés Manuel López Obrador gobernó seis años, avanzó en reformas concretas —elevó el salario mínimo muy por encima de la inflación, metió los programas sociales en la Constitución, recuperó terreno estatal en el sector energético— y, sobre todo, logró lo más difícil: dejarle el gobierno a su sucesora. Claudia Sheinbaum ganó en 2024 con casi el sesenta por ciento de los votos y le dio continuidad al proyecto. No hubo péndulo, hubo transición ordenada de un proyecto popular a otro.
Brasil ofrece otra variante. Lula consiguió volver al gobierno en 2022 después del gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro y a pesar de una proscripción judicial que lo había mandado preso y lo había borrado de la elección anterior. Pero su caso muestra también el reverso: la derecha brasileña sigue siendo muy fuerte y está al acecho. Aun con Bolsonaro condenado a veintisiete años por intentar un golpe, su espacio mantiene la mitad del país y compite cabeza a cabeza de cara a octubre de 2026. La amenaza no se fue, mutó.
Yamandu Orsi
El consenso que adormece.
La revista Nueva Sociedad describió el arranque del gobierno de Orsi como un vaso medio lleno. La imagen es honesta y por eso preocupa. Un vaso medio lleno también está medio vacío, y esa mitad que falta resume la historia política más importante de la última década en la región. Porque el progresismo latinoamericano aprendió a ganar elecciones, a aguantar en la oposición y a recomponerse después de perder. Lo que no resolvió es la pregunta previa a todo eso, ¿para qué quiere el gobierno cuando lo consigue?
El problema de fondo tiene raíces más viejas que cualquier gobierno. América Latina se insertó en el mercado mundial, desde la colonia, como proveedora de materias primas, y esa matriz primario-exportadora nunca se desarmó del todo. Las economías de la región siguen viviendo de exportar recursos naturales con poco valor agregado —soja, litio, cobre, petróleo, minerales— mientras importan la tecnología y los bienes industriales que no producen. De ahí nace un desequilibrio que define todo lo demás. El sector primario es competitivo y genera divisas, pero la falta de una industrialización, genera desequilibrios periódicos.
Esa matriz histórica fue reformulada y profundizada desde los años ochenta bajo las normas del Consenso de Washington. La apertura comercial, la desregulación financiera, las privatizaciones y la disciplina fiscal no corrigieron el desequilibrio, lo agravaron y le agregaron una capa nueva. El excedente que deja el modelo extractivo dejó de orientarse, aunque fuera parcialmente, a la industrialización, y pasó a valorizarse en el circuito financiero. Las burguesías locales aprendieron que se gana más plata especulando que produciendo. El sistema financiero, nacional y global, se convirtió en el gran apropiador del excedente: lo capta, lo fuga, lo dolariza, lo coloca en deuda pública o en cuentas en el exterior, lo saca del aparato productivo. La renta financiera reemplazó a la ganancia industrial como motor de acumulación de las clases dominantes. Y para sostener esa renta —que no se reinvierte ni genera empleo— hace falta disciplinar a los sectores populares: bajar salarios, flexibilizar el trabajo, achicar el Estado, garantizar el pago de la deuda antes que cualquier otra cosa. Esa matriz se repite, con variantes, en casi toda la región, y define el margen real en el que se mueve cualquier gobierno que llegue al poder.
La izquierda que llega sin un plan para cambiar esa matriz queda condenada a administrarla. Y administrarla significa, tarde o temprano, ponerle límites a las expectativas populares que la llevaron al gobierno.
La socialdemocracia uruguaya construyó su prestigio sobre la estabilidad. Es un mérito real y la envidia de buena parte de América Latina. Pero la estabilidad tiene un costo cuando se vuelve el único objetivo. El diálogo social que Orsi armó apenas asumió terminó, en abril de 2026, en una reforma previsional negociada que el Frente Amplio y el PIT-CNT celebraron. Quedó la opción de jubilarse a los sesenta, aunque casi siempre con menos plata, y con las administradoras privadas apenas retocadas. El gesto reformista está. La estructura que lo limita sigue igual.
El progresismo descubrió que podía ganar elecciones sin ganar la pelea por las reglas. Eso que pareció una virtud fue, en realidad, el principio de su agotamiento.
Del veto a poner presidentes
Esa burguesía financiarizada no se repliega cuando llega un gobierno que se le declara en contra. Al revés, conserva la iniciativa. No le hace falta ganar elecciones. Le alcanza con marcar los límites de lo posible, con decidir qué medidas son responsables y cuáles una locura, con instalar que cualquier redistribución en serio pone en riesgo la confianza de los mercados. Cuando una fuerza popular acepta ese marco, ya perdió la pelea más importante antes de tomar una sola decisión. Termina administrando, con sensibilidad social, un programa que le vino fue impuesto.
Durante décadas, el poder económico funcionó como un poder de veto. Condicionaba la agenda, frenaba lo que no toleraba, disciplinaba a los gobiernos populares, pero no se candidateaba ni le hacía falta. Delegaba la política en los partidos tradicionales, que administraban el orden con cierta autonomía. Esa división del trabajo se rompió. Sobre la defección de las izquierdas progresistas, sobre el vacío que dejan cuando renuncian a transformar, el poder económico dejó de limitarse a condicionar y empezó a poner presidentes.
El poder concentrado ya no se conforma con vetar lo que no le conviene. Frente a una centroizquierda que renunció a disputar las reglas, aprendió a competir por el gobierno y a ganarlo.
La serie es clara. Si tomamos como ejemplo las dos orillas del Río de la Plata y la cordillera. En Chile, Sebastián Piñera abrió el ciclo, llevó a la derecha al poder por primera vez desde el fin de la dictadura. Hoy lo cierra y lo lleva al extremo José Antonio Kast, que ya no llega como gerente prolijo sino como reacción radicalizada.
En Argentina, Mauricio Macri encarnó en 2015 el primer gobierno de la derecha empresarial sin los partidos tradicionales de por medio, y Javier Milei representa en 2023 su versión libertaria, todavía más dura.
En Uruguay, Luis Lacalle Pou cortó quince años de gobiernos del Frente Amplio, para dejar nuevamente el gobierno en manos del Frente Amplio.
En los tres países pasó lo mismo: la derecha no creció por mérito propio, creció sobre el fracaso o la defraudación de la centroizquierda que tenía adelante. Avanzó porque la izquierda dejó de transformar y, con eso, dejó vacante el lugar de la ruptura.
Hay, sin embargo, un dato que impide leer todo esto como una marea imparable. Estas nuevas derechas ganan elecciones pero, por ahora, no logran consolidar gobiernos. Piñera gobernó dos veces salteadas y le entregó el poder a Boric. Macri perdió la reelección en 2019. Lacalle Pou no pudo retener el gobierno para su coalición frente al regreso del Frente Amplio.
El ciclo por ahora es pendular. La derecha llega sobre la bronca con la izquierda, gobierna con un ajuste que reactiva el malestar y le devuelve la pelota al campo popular. El problema es que cada vuelta del péndulo desgasta las instituciones, endurece la oferta política y encarece cada alternancia. Que la derecha no consolide no garantiza que la izquierda recupere algo más que la administración del mismo molde. La inestabilidad no es una buena noticia. Es la señal de que todavía ningún proyecto ofrece una salida de fondo.
Chile, el espejo mas duro.
De la Concertación a Boric, el círculo se cierra
Ningún caso muestra esto con la claridad de Chile. La Concertación gobernó veinte años sobre un acuerdo implícito, administrar con guante de seda el modelo que dejó la dictadura, sin tocar sus cimientos. Mantuvo las AFP, la educación de mercado, la Constitución del 80. Bajó la pobreza vía crecimiento y gasto focalizado, pero dejó intacta la desigualdad que el estallido social de 2019 terminó por reventar en la calle. La promesa de transformación quedó archivada como un riesgo a evitar.
Gabriel Boric llegó en 2021 como la negación de ese acuerdo. Era la generación de la rebelión estudiantil derrotando en las urnas al pinochetismo de Kast. Encarnaba la apuesta de que esta vez la izquierda iba a ir a fondo. La herramienta era el proceso constituyente, la chance histórica de enterrar la Constitución de Pinochet por la vía democrática. El rechazo del texto en el plebiscito de 2022 fue el primer quiebre. Desde ahí, el gobierno se replegó al centro, moderó su programa y terminó administrando una versión apenas corregida del orden que venía a clausurar. El joven que desafiaba a la Concertación gobernó, en los hechos, como su heredero.
Boric prometió ser el sepulturero del modelo neoliberal chileno y terminó siendo su administrador prudente. Esa distancia es la medida exacta de la frustración popular.
El final fue brutal por lo simétrico. En diciembre de 2025, Kast ganó el balotaje con casi el cincuenta y nueve por ciento y se convirtió en el presidente más votado de la historia de Chile. La misma derecha pinochetista que Boric había derrotado cuatro años antes volvió por la puerta grande y amplificada. Jeannette Jara, la candidata oficialista, llegó a la segunda vuelta con un resultado flojo que mostraba el desgaste del gobierno. La defraudación no se transformó en giro a la izquierda. Se transformó en castigo, y el castigo encontró en la ultraderecha su canal más eficaz.
¿Como funciona la frustracion?
¿Quién ocupa el lugar que deja la promesa incumplida?
La secuencia se repite con una regularidad que ya no se explica por errores de coyuntura. Una fuerza popular gana con un mandato de cambio. Una vez en el gobierno, choca con las reglas del mercado, la presión de los acreedores, la restricción externa y el poder de los medios, que le achican el margen hasta volverlo casi igual al de sus antecesores. Modera, negocia, administra. Su base, que esperaba otra cosa, no se pasa al adversario por convicción. Se desmoviliza, se abstiene o, en el peor de los casos, busca en la derecha radical la ruptura que la izquierda dejó vacante.
El desarrollo no se decreta ni se importa, se construye desde una decisión nacional sostenida sobre la propia estructura productiva. Cuando la izquierda renuncia a esa decisión y se limita a administrar lo que hay con mejores modales, no neutraliza a la derecha. La habilita. Porque la derecha radical no compite por administrar mejor el estado. Compite por destruirlo. Y a una sociedad defraudada por veinte años de cambios que nunca llegaron, destruir le puede sonar más sincero que una nueva promesa de gradualismo responsable.
Uruguay todavía no llegó a ese punto. El Frente Amplio conserva una militancia densa, una estructura de base y una cultura de unidad que lo distinguen del resto de la región y explican su resistencia. Orsi mantiene niveles de aprobación razonables y la derecha uruguaya recién empieza, de a poco, a copiar los modos de sus vecinos.
Pero la pregunta de fondo sigue abierta y es la misma en Montevideo, en Santiago. La Paz o en Buenos Aires. Si el gobierno popular se piensa a sí mismo como el administrador sensato de lo que ya existe, la frustración que incuba no desaparece. Espera. Y en la región, cada vez hay menos paciencia, esa espera tiene quien la aproveche.
La única transformación que cuenta
La imagen de un vaso medio lleno del gobierno de Orsi puede ser el techo de una época o el piso de otra. Depende de algo que ninguna ingeniería de consensos resuelve sola, la decisión de disputar las reglas y no solo administrarlas con decencia. Chile enseña que la moderación no compra paz social ni gratitud en las urnas. Compra tiempo. Y el tiempo, sin transformación que lo respalde, juega para el que promete arrasar con todo.
Las izquierdas latinoamericanas aprendieron a llegar al gobierno. Lo que no aprendieron es a convertir ese gobierno en poder real, el único capaz de torcer la matriz que las condiciona. Se quedan en la administración, atrapadas en una impotencia permanente, y terminan defraudando las expectativas y las esperanzas que los sectores populares habían depositado en ellas. Esa es la deuda pendiente. Y mientras no la salden, cada llegada al gobierno será apenas el preludio de la próxima frustración.
DATA POLITICA Y ECONOMICA
