En la misma semana, estudiantes de Francia, Chile y la Argentina protestaron contra los recortes educativos de 2027. Los gobiernos de Macron, Kast y Milei tienen orientaciones distintas, pero coinciden en ajustar la educación pública y en responder a los reclamos con denuncias y represión.
Por Antonio Muñiz
El 1° de octubre, mientras Javier Milei participaba en París de la Argentina Week, la policía francesa lanzó gases lacrimógenos contra los estudiantes concentrados frente a los liceos Henri IV y Lamartine. Ese mismo día, en Santiago, más de veinte mil estudiantes marcharon por la Alameda hacia La Moneda con la consigna «Ni un peso menos para la educación». El miércoles 7, un centenar de universitarios ocupó el hall del Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, para exigir que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
Los tres gobiernos discuten estos días su presupuesto para 2027 y los tres recortan en educación. En Francia gobierna el centro liberal de Emmanuel Macron; en Chile, la derecha de José Antonio Kast, que asumió en marzo; en la Argentina, Milei, que presenta su ajuste como modelo para el mundo.
Francia: 54.000 millones de euros de ajuste
Las protestas empezaron el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París y se extendieron a Lyon, Lille, Toulouse y Estrasburgo. Los estudiantes denuncian falta de docentes, edificios en mal estado, aulas sin sillas suficientes y clases suspendidas por profesores ausentes que nadie reemplaza. El detonante fue el proyecto de presupuesto del primer ministro Sébastien Lecornu, que prevé un ajuste de 54.000 millones de euros. El Gobierno lo justifica por una deuda pública cercana al 120% del PBI y por la presión sobre los bonos franceses.
El Ministerio del Interior informó 1.949 detenidos y más de mil establecimientos afectados por incidentes; unos 400 cerraron de manera preventiva. El ministro de Educación, Édouard Geffray, afirmó que grupos violentos tomaron «como rehén» al movimiento, y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a los fiscales una respuesta penal firme. En Alençon, un policía fue filmado mientras aplicaba a una adolescente una llave de cuello que la ley francesa prohíbe. Jean-Luc Mélenchon calificó la protesta como la mayor movilización juvenil del país en cincuenta años.
En esos mismos días, Milei invitaba a los empresarios franceses a «llenarse los bolsillos» en la Argentina.
Chile: la Confech vuelve a la Alameda
La marcha del 1° de octubre fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), con la adhesión de secundarios, la Central Unitaria de Trabajadores y el Colegio de Profesores. Partió de Plaza Baquedano, el mismo lugar donde se concentró el estallido de 2019 contra Sebastián Piñera. La Confech contó más de veinte mil asistentes y Carabineros, unos seis mil. La policía usó carros hidrantes y gases, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó al menos 25 detenidos.
El proyecto de Kast asigna 17,3 billones de pesos chilenos a educación. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que ese monto no recupera el poder adquisitivo perdido y cuestionó las restricciones anunciadas para los servicios locales de educación pública. Kast reconoció el derecho a protestar, condenó la violencia y aseguró que la gratuidad universitaria seguirá alcanzando a más de 600.000 estudiantes. La Confech anunció que seguirá movilizada mientras el Congreso trate el presupuesto.
En 2019 los estudiantes encabezaron la revuelta contra el modelo chileno. Siete años después marchan contra un gobierno de la fuerza política que se opuso a aquella revuelta.
Argentina: una ley que el Gobierno no aplica
El reclamo argentino es distinto. En Francia y en Chile los estudiantes protestan contra recortes que todavía se discuten en el Parlamento. En la Argentina el ajuste en la educacion ya se llevo a cabo, ahora la exigencia es que se cumpla la ley de financiamiento universitario. El Congreso sancionó la Ley 27.795 en 2025 y, tras el veto presidencial, la ratificó con mayorías agravadas. El Ejecutivo la promulgó con el decreto 759/2025, que suspendió su aplicación. La Justicia ordenó cumplirla en cuatro resoluciones; la última, del 6 de octubre, declaró inconstitucional ese decreto. El Gobierno anunció que apelará.
La toma del Pizzurno terminó con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, obligado a levantar la reunión con los estudiantes por un llamado de Sandra Pettovello. Un funcionario de Legales de Capital Humano lo retiró de su despacho. El ministerio calificó la protesta de violenta y anunció una denuncia penal. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna unos 7,3 billones de pesos a las universidades nacionales; el Consejo Interuniversitario Nacional reclama 11 billones.
El reclamo estudiantil continuara en los próximas semanas en las aulas y las calles.
- Los gobiernos de Francia, Chile y la Argentina recortan la educación pública y responden a los estudiantes con policía y denuncias penales.
Una expresion dentro de la Generacion Z
Hasta hace pocos meses, el análisis predominante describía a la generación Z como un movimiento juvenil global, que expresan su descontento, se movilizaban por redes sociales, sin dirigentes ni programa. Así ocurrió en Chile en 2019, Nepal, donde una protesta derribó al gobierno en menos de cuarenta y ocho horas, y en Kenia e Indonesia. En varias elecciones, incluida la argentina de 2023, ese malestar favoreció a candidatos de derecha que capitalizaron el rechazo a la dirigencia tradicional.
Las protestas de octubre tienen otras características. No responden a un detonante aislado, como el aumento de treinta pesos en el metro de Santiago en 2019. Los estudiantes reclaman por partidas concretas de un presupuesto o por el cumplimiento de una ley. Además, se movilizan junto con sindicatos docentes, federaciones universitarias y centrales sindicales, las organizaciones que esa misma lectura politica daba por superadas.
Lo que se recorta
En Francia, el recorte responde a la presión de los acreedores sobre una economía central endeudada. En Chile y en la Argentina tiene otras consecuencias. Las dos economías dependen de exportar cobre, litio, granos e hidrocarburos con escaso procesamiento. Sus universidades forman a los ingenieros, técnicos y científicos que necesitan para agregar valor a esa producción. Recortar la educación pública refuerza la dependencia de las exportaciones primarias y obliga a importar el conocimiento que el país deja de producir.
En París y en Buenos Aires, los gobiernos respondieron con acusaciones de violencia, denuncias de daños y causas penales. En Santiago, Kast reconoció el derecho a la protesta, aunque centró su respuesta en los incidentes. Ninguno de los tres discutió cuánto debe invertir el Estado en educación.
Conviene, sin embargo, no leer estas movilizaciones como episodios aislados. Los conflictos que llegan a la agenda pública suelen presentarse recortados, sin contextos. Detrás de cada uno corren tensiones de más largo aliento, como el deterioro de los ingresos de las familias, la distancia creciente entre las instituciones y quienes dependen de ellas, o la incertidumbre ante sociedades en crisis. Esas tensiones rara vez ocupan los titulares. Fluyen por debajo, a veces silenciadas y a veces ignoradas, y se acumulan sin hacer ruido. Como el magma de un volcán que parece dormido, esperan su momento. Cuando irrumpen, lo hacen de golpe y sin aviso, y entonces ya no alcanza con atender el episodio inicial que les dió sustento.
DPyE
