Sandra Pettovello llamó a los gritos a Carlos Torrendell para que suspendiera la reunión con los estudiantes que ocupaban la Secretaría de Educación, y un funcionario de Legales terminó retirándolo de su despacho. Los jóvenes reclamaban que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia.
Por Antonio Muñiz
Carlos Torrendell llevaba cinco minutos sentado con los estudiantes cuando sonó el celular. Era Sandra Pettovello, y los jóvenes reunidos en el despacho del secretario de Educación escucharon la conversación completa mientras él intentaba, sin éxito, bajar el volumen del teléfono. La ministra de Capital Humano le ordenaba levantar el encuentro. «La reunión fue un papelón», resumió después Agostina Olivera, una de las estudiantes que encabezan la protesta, en declaraciones a Infobae.
«Hola, Sandra»
Según su relato, la orden vino con un ultimátum: si Torrendell no desalojaba a los estudiantes en cinco minutos, el despedido sería él. El secretario salió, regresó al rato y quiso retomar la charla, pero enseguida entró el secretario de Legales de Capital Humano, le comunicó que no podía seguir y se lo llevó de su propia oficina. Valentina Aira, otra de las participantes, contó a Futurock que la interrupción llegó justo cuando empezaban a hablar de las becas Progresar y que Torrendell atendió con un «Hola, Sandra».
Más tarde apareció el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Increpó a los gritos a los estudiantes mientras su equipo de prensa lo filmaba, grabó medio minuto de video y se fue.
Un secretario sin despacho
La secuencia deja ver cómo se ejerce el poder en el área. La Secretaría de Educación funciona como un apéndice del superministerio de Capital Humano, y quien la conduce no tiene margen ni para escuchar un reclamo. Aira fue tajante: definió a Torrendell como «un títere absoluto» y dijo que el país no tiene secretario de Educación. A los estudiantes, cuando llegaron, les habían explicado que el funcionario no estaba porque no va a su oficina los miércoles ni cuando llueve.
Un gobierno que le prohíbe a su propio secretario conversar con un centenar de estudiantes sentados en un hall está fijando una posición política. El conflicto universitario no se discute en una mesa; se gestiona con denuncias penales y con videos para redes.
Lo que reclaman
El miércoles, estudiantes de distintas universidades entraron al hall del Palacio Pizzurno, en la calle Pizzurno 935, y se sentaron en el piso. Pedían dos cosas, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el aumento de la Beca Progresar, y la primera ya está escrita en una norma vigente.
La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025. Javier Milei la vetó por completo con el decreto 647/25, y ambas cámaras insistieron con las mayorías agravadas que exige la Constitución. El Ejecutivo la promulgó después mediante el decreto 759/2025, con una cláusula que remitía al artículo 5° de la Ley 24.629 y suspendía su aplicación hasta que el Congreso definiera de dónde saldrían los fondos. La ley entró en vigor con la ejecución congelada.
Los tribunales rechazaron esa salida en cada instancia. El juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar en diciembre de 2025, y en marzo la Cámara Contencioso Administrativo Federal desestimó la apelación oficial, calificó de poco serios los argumentos del Gobierno y señaló que el impacto fiscal es bajo. En septiembre, Cormick le dio al Ejecutivo cinco días para cumplir los artículos sobre recomposición salarial de docentes y nodocentes y actualización de las becas.
El martes 6 de octubre llegó la sentencia de fondo. Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la ley. Sostuvo que la propia norma prevé su financiamiento en el artículo 9 y faculta al Ejecutivo a reasignar partidas, y concluyó que el decreto «no supera un test mínimo de razonabilidad» y operó como un veto encubierto. El Gobierno anunció que apelará, y al día siguiente los estudiantes ocuparon el Pizzurno.
- Los estudiantes no piden un privilegio. Piden que se aplique una ley que el Congreso votó dos veces y que los jueces ordenaron ejecutar.
La ley según Pettovello
Capital Humano calificó la acción de violenta, habló de daños al patrimonio público y anunció una denuncia judicial. Pettovello sumó una frase en línea con el discurso oficial de la semana sobre el regreso al pasado: dijo que no quiere volver a una Argentina donde ocupar edificios públicos sea un método de protesta y que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Quien exige respeto por la ley forma parte de un gobierno que vetó una norma del Congreso, la promulgó con una cláusula declarada inconstitucional y apela cada sentencia que le ordena aplicarla. Respetar a las instituciones democráticas incluye acatar las leyes que sancionan y los fallos que dictan sus tribunales.
Detrás del episodio hay una disputa presupuestaria de más largo plazo. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna alrededor de 7,3 billones de pesos a las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que el sistema necesita unos 11 billones para funcionar. En un esquema que apuesta a exportar cobre, litio y petróleo sin procesar, la universidad que forma ingenieros, médicos y científicos queda en el lugar de gasto prescindible. Un país que deja de producir conocimiento termina comprándolo afuera, y lo paga con dólares que no tiene.
El tiempo de una llamada
La reunión del miércoles duró lo que tardó en sonar un teléfono. Alcanzó para mostrar a un gobierno que no delega ni negocia, y que reemplaza la gestión por órdenes a los gritos. Alcanzó también para dejar a la vista el fondo del asunto. Un centenar de jóvenes sentados en el piso de un ministerio le pidieron al Estado que aplique una ley que el Congreso ratificó por mayoría especial y que la Justicia mandó ejecutar en cuatro resoluciones sucesivas.
Los estudiantes no reclaman nada que no les corresponda. Exigen que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y ese reclamo los acompañará cuando vuelvan a la calle.
DPyE
