Alumnos de cinco universidades nacionales ingresaron a la Secretaría de Educación un día después de que el juez Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto 759/2025. Piden una audiencia con Carlos Torrendell, la actualización de las Becas Progresar y la aplicación de la Ley 27.795. El 15 de octubre se realizará la Quinta Marcha Federal Universitaria.
Cientos de estudiantes universitarios ingresaron en la tarde de este miércoles al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación de la Nación en la calle Pizzurno, y realizaron una sentada en el hall para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta había comenzado en la vereda. Cuando un grupo avanzó hacia el interior del edificio hubo empujones con el personal de seguridad y con efectivos de la Policía Federal. Quienes lograron entrar se sentaron en el piso y pidieron ser recibidos por las autoridades: «Queremos tener una reunión».
Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Según la agencia Noticias Argentinas, los manifestantes llegaron autoconvocados y sin banderas partidarias. Representantes de los centros de estudiantes entregaron un petitorio a las autoridades de la cartera. Hasta el cierre de esta edición no había respuesta oficial.
El petitorio
El reclamo central es la aplicación de la Ley 27.795. Consultados por El Destape, los estudiantes señalaron que la prioridad es que el Gobierno «garantice el aumento de la Beca Progresar como establece la ley». El petitorio incluye, además, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores universitarios. Son demandas que exceden la discusión salarial que motorizó los paros docentes y apuntan a los costos que enfrentan los alumnos para sostener la cursada.
Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dijo a La Nación que el movimiento estudiantil reclama desde hace más de un año la aplicación de la norma. Recordó que el Congreso la ratificó y que la Justicia declaró inconstitucional la conducta del Ejecutivo. Pidió que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, reciba a los estudiantes e informe cómo y cuándo cumplirá con la ley y con el aumento de las becas. También advirtió que no se retirarían hasta obtener una respuesta.
«No tenemos más paciencia.» ISABEL GONZÁLEZ PUENTE · CONSEJERA DIRECTIVA, FILOSOFÍA Y LETRAS (UBA)
La sentencia de Cormick
La protesta se produjo menos de 24 horas después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictara sentencia de fondo en la causa. El martes 6, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 con el que el Gobierno promulgó la ley y, al mismo tiempo, condicionó su ejecución a la definición de las fuentes de financiamiento. Para el magistrado, esa fórmula operó como un «mecanismo extraconstitucional», equivalente a un veto que la Constitución Nacional no prevé, sobre una norma que el Congreso ya había sostenido frente al veto presidencial.
Cormick sostuvo, además, que el artículo 9° de la ley otorga al Poder Ejecutivo herramientas suficientes para reasignar las partidas necesarias. Con ese argumento rechazó la posición oficial, según la cual el Congreso dispuso gastos sin especificar su financiamiento, en contra de lo que exige la Ley de Administración Financiera. El Gobierno había utilizado el mismo razonamiento para demorar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La sentencia intima al Estado nacional a cumplir de inmediato y a garantizar los fondos para salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. De acuerdo con estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial pendiente ronda el 33%.
Diez meses de litigio
La resolución del martes se suma a una serie de fallos adversos para el Ejecutivo desde diciembre de 2025.
| Fecha | Hito |
| 22/08/2025 | El Congreso sanciona la Ley 27.795. Después llegan el veto presidencial y la insistencia legislativa. |
| Oct. 2025 | El Ejecutivo promulga la ley con el decreto 759/2025, que suspende su ejecución. La UBA y el CIN presentan amparos. |
| 23/12/2025 | Cormick dicta una medida cautelar y ordena aplicar los artículos 5 y 6 (salarios y becas). |
| 31/03/2026 | La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirma la cautelar. |
| Junio 2026 | El Gobierno y los rectores firman un acuerdo. La Corte Suprema deja firme la cautelar. |
| 01/09/2026 | Cormick rechaza el pedido oficial para levantar la cautelar. |
| Fines sept. 2026 | El juez intima al Gobierno a cumplir en cinco días, bajo apercibimiento de astreintes. El Ejecutivo anuncia que apelará. |
| 06/10/2026 | Sentencia de fondo: inconstitucionalidad del tramo del decreto 759/2025. |
| 07/10/2026 | Sentada estudiantil en el Palacio Pizzurno. |
| 15/10/2026 | Quinta Marcha Federal Universitaria. |
Fuente: elaboración propia sobre La Nación, Noticias NQN, Canal 12 Misiones y Canal 26.
Hasta ahora, el Gobierno cumplió solo una parte. Después del acuerdo firmado con los rectores en junio, pagó un aumento salarial del 21,33% ese mes y un 3% adicional en octubre, y actualizó las becas Manuel Belgrano. En cambio, no transfirió el 20% de incremento para gastos de funcionamiento ni la partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios, con el argumento de que el reclamo judicial seguía en curso. Los gremios denuncian un triple incumplimiento: de la ley, de la medida cautelar y del acuerdo con los rectores.
Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto 2027 tampoco contempla lo que fija la ley. Prevé alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se necesitan $11 billones, unos $3,7 billones más que la propuesta oficial. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proyecto mantiene una caída del 24,9% en términos reales respecto del presupuesto de 2023.
| Concepto | Monto |
| Proyecto oficial 2027 (funcionamiento) | ≈ $7,3 billones |
| Estimación del CIN para cumplir la ley | $11 billones |
| Diferencia | ≈ $3,7 billones (+51%) |
| Caída real frente al presupuesto 2023 (ACIJ) | −24,9% |
Fuente: La Nación, con datos del CIN y de ACIJ. Cálculo de la diferencia: DATA.
En la paritaria, el Gobierno ofreció un 3% de aumento en las dos reuniones de septiembre. Los gremios docentes y no docentes rechazaron la propuesta en ambas oportunidades y anunciaron nuevas medidas de fuerza.
La marcha del 15 de octubre
La Quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el 15 de octubre, convocada por los gremios y con el respaldo del CIN. El destino anunciado inicialmente fue el Palacio de Tribunales. Informaciones posteriores indican que la movilización se trasladaría al Congreso, donde ese día la oposición intentará reunir quórum para una sesión especial sobre el DNU 70/2023.
En el Gobierno, los antecedentes anticipan una nueva apelación. Ante cada fallo adverso, el Ejecutivo recurrió a la instancia superior y, en paralelo, realizó pagos parciales. Algunos medios describieron esa estrategia como un cumplimiento «por goteo», orientado a evitar que la recomposición se consolide como gasto permanente.
https://x.com/eldestapeweb/status/2107941393977294850/video/1
Hasta esta semana, los actores principales del conflicto universitario habían sido los rectores y los gremios, y sus ámbitos de disputa, la paritaria y los tribunales. La sentada del miércoles incorpora a los estudiantes con un pliego propio, centrado en becas, transporte, comedores y residencias, factores que inciden de manera directa en la permanencia y el abandono de las carreras.
El conflicto tiene, además, una dimensión institucional. El Ejecutivo promulgó una ley, suspendió su ejecución por decreto y perdió en primera instancia, en la Cámara y ante la Corte Suprema. Aun así, cumple de manera parcial. En los hechos, el manejo de las partidas presupuestarias funciona como el veto no previsto por la Constitución que Cormick señaló en su sentencia. La respuesta oficial al fallo y la convocatoria de la marcha del 15 mostrarán cuánto margen le queda al Gobierno para sostener esa estrategia.
