El Gobierno envió al Senado seis nuevos pliegos para copar la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las causas más sensibles de la administración libertaria. Detrás de los currículums aparece una trama de vínculos personales, familiares y de lealtad política que desmiente su discurso anticasta y moral.
Por Antonio Muñiz —
LA MONEDA DE CAMBIO
El miércoles 15 de julio el Gobierno oficializó por Decreto 589/2026 la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Doce días antes, el 3 de julio, su esposo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, había apartado a los querellantes Juan Grabois y Nicolás Oszust de la causa por la criptoestafa “$Libra”, la investigación que alcanza al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei. La resolución dejó al expediente sin el impulso de las querellas, a merced de un fiscal, Eduardo Taiano, que hasta entonces no había avanzado. El nombramiento de Juan recae, además, sobre un juzgado creado en 2015 y todavía no habilitado por la Corte Suprema, la misma razón que el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques había invocado meses atrás para frenar el pliego de otra candidata, María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
El mismo patrón se repite en el fuero laboral. El 23 de abril, el camarista Víctor Arturo Pesino y su colega María Dora González, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, revocaron la cautelar que frenaba 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral 27.802, la reforma impulsada por Milei y suspendida un mes antes por el juez de primera instancia Horacio Ojeda a pedido de la CGT. Al día siguiente del fallo, Mahiques inició el trámite para prorrogar cinco años el mandato de Pesino, que el 27 de julio cumple los 75 años que la Constitución fija como límite para la magistratura. El Senado aprobó su pliego esta semana por 35 votos contra 32, pese a las impugnaciones de la CGT, la Unión Obrera Metalúrgica —que Pesino además había mandado intervenir judicialmente— y el Colegio Público de Abogados. El propio camarista admitió ante la Comisión de Acuerdos del Senado haberse reunido con Mahiques antes de dictar el fallo.
Dos designaciones, una sola lógica: la Justicia federal premia con estabilidad y ascenso a quienes fallan a favor del poder de turno, mientras deja sin querellantes las causas que lo comprometen y sin cautelares las leyes que necesita blindar. No son hechos aislados ni maniobras de despacho: son, a la luz del día, la evidencia de un Poder Judicial que garantiza impunidad y que, en el mismo movimiento, corroe su propia legitimidad. La colonización de la Cámara Federal porteña es la pieza más ambiciosa de ese armado.
El Poder Ejecutivo giró esta semana al Senado seis nuevos pliegos judiciales, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. No es un trámite administrativo más: esa sala es la que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py, y por ella pasarán, entre otras, las causas por el criptoescándalo $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del exvocero Manuel Adorni y las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El movimiento confirma un patrón que ya no admite dudas: la Casa Rosada no busca despolitizar la Justicia, busca administrarla.
El caso de Yadarola es elocuente. Juez en lo Penal Económico, su nombre quedó asociado públicamente al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques por un viaje compartido a Lago Escondido junto a directivos del Grupo Clarín, viaje por el cual ambos fueron imputados por la Justicia federal de Bariloche y luego sobreseídos cuando la causa se trasladó a Comodoro Py, el mismo fuero que Yadarola aspira ahora a integrar en su instancia de revisión. El dato no es un detalle biográfico: es la muestra más nítida de cómo la proximidad personal con el poder político y mediático opera como credencial de ascenso judicial, por encima —o en paralelo— de cualquier concurso de antecedentes.
Bertuzzi, por su parte, es un sobreviviente del esquema de traslados discrecionales que caracterizó la gestión de Mauricio Macri: llegó a la Cámara Federal en 2018 mediante ese mecanismo, junto con Leopoldo Bruglia, hoy con destino de salida si el Senado avala a Yadarola. La Corte Suprema declaró después que esos traslados debían regularizarse por la vía constitucional del acuerdo senatorial, y es exactamente ese blanqueo institucional el que el Gobierno de Milei está completando ahora. La continuidad no es casual: buena parte del armado judicial libertario no inaugura una nueva casta, sino que hereda, legitima y profundiza la que dejó el macrismo.
LA LÓGICA DE FAMILIA POR SOBRE LA CARRERA
El patrón se repite en distintas jurisdicciones y adopta, cada vez con menos disimulo, la forma de una trama de lealtades personales y vínculos de sangre. En Córdoba, Karina Milei impuso directamente a María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo para la Cámara de Apelaciones Federal, en una negociación donde jugó un rol central Gonzalo Roca, primo hermano de uno de los candidatos y operador de Gabriel Bornoroni, el armador libertario en la provincia. La selección no respondió a un criterio técnico sino a una arquitectura de fidelidades cruzadas entre el Poder Ejecutivo, el bloque legislativo provincial y el entramado judicial local.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo —cuya llegada a la Corte Suprema el propio oficialismo impulsó pese a las denuncias en su contra— tendrá premio en la próxima sesión del Senado: su exsecretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, será designado juez con el apoyo de todos los bloques. Y el camarista Diego Barroetaveña presentó un amparo para intentar ser reelecto en el Consejo de la Magistratura pese a que la ley se lo prohíbe expresamente, maniobra que beneficiaría además a otros consejeros en su misma situación. La Justicia argentina no está siendo reformada: está siendo reorganizada como un sistema cerrado de reproducción de sus propias élites, con el aval explícito del Poder Ejecutivo.
LA ARITMÉTICA DEL COPAMIENTO
El Ministerio de Justicia, a cargo de Mahiques desde febrero, ya remitió al Congreso alrededor de 170 pliegos y logró convertir en efectivos decenas de nombramientos. La meta declarada puertas adentro de la Casa Rosada es alcanzar unas 300 designaciones antes de que termine el mandato presidencial, un número que superaría las 287 que logró Mauricio Macri en sus cuatro años de gestión. De cumplirse, Javier Milei se consolidaría como el presidente con mayor cantidad de nombramientos judiciales de las últimas tres administraciones nacionales, una marca que contradice frontalmente el relato fundacional de un outsider que llegó a romper con las estructuras de poder tradicionales.
El control no se limita a los tribunales. A fin de año se renuevan ocho representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, órgano que preside el propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el oficialismo apunta a sumar al menos un consejero más para asegurarse la mayoría y marcar la agenda de las comisiones que definen concursos y sanciones disciplinarias. Es la pieza que falta para cerrar el círculo: no alcanza con nombrar jueces afines, hace falta controlar también el organismo que decide quién puede ser juez y quién puede dejar de serlo.
LA CASTA QUE DICE COMBATIR
El contraste entre el discurso libertario y su práctica institucional no podría ser más elocuente. Milei construyó su capital político denunciando a ‘la casta’ como una casta parasitaria, autorreferencial y ajena al control democrático. Sin embargo, en el terreno donde más discrecionalidad y menos escrutinio público existe —el nombramiento de jueces federales—, el Gobierno no desmontó ningún mecanismo de cooptación: los perfeccionó. Reformó por decreto el sistema de evaluación de candidatos para agilizar coberturas, aceleró el envío de pliegos y privilegió, en los casos de mayor sensibilidad política, a magistrados con vínculos personales, familiares o de lealtad directa con el círculo áulico presidencial.
Lo que emerge no es una anomalía coyuntural sino una estrategia de colonización institucional de manual: ocupar los puntos de veto del sistema judicial —las cámaras de apelación que revisan causas de corrupción, el Consejo de la Magistratura que decide ascensos y sanciones— antes de que el ciclo electoral de 2027 pueda alterar la correlación de fuerzas en el Congreso. Es una lectura que excede la coyuntura argentina: como en otras experiencias de derecha radicalizada en la región, el desmantelamiento discursivo de las instituciones convive con su apropiación silenciosa. No se destruye el Estado; se lo pone al servicio de un proyecto de poder corporativo, personal y familiar.
La pregunta que queda planteada para el campo popular de cara a 2027 no es solo quién gobernará el Poder Ejecutivo, sino qué margen de acción institucional tendrá el próximo gobierno, con una justicia rediseñada a medida de los grupos de poder real. Sin duda esta colonización judicial condicionará la política y la economía argentina, mucho más allá del resultado de cualquier elección furura.
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