El Senado pasó a cuarto intermedio el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que elimina los límites a la extranjerización de tierras rurales. Un cruce durísimo entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, con Milei acusando a su vicepresidenta de «miserable» y «destructiva», expuso otra vez la fractura del oficialismo en un tema sensible: la soberanía sobre el territorio.
El Senado volvió a demostrar que la gobernabilidad legislativa de Javier Milei se sostiene con alfileres. Este jueves, cuando el oficialismo se aprestaba a debatir el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» —la reforma que reescribe la Ley de Tierras y remueve las restricciones a la compra de suelo rural por parte de extranjeros—, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La moción fue aprobada por 62 votos a favor, tres en contra y una abstención, y el texto más polémico de la agenda oficialista quedó, otra vez, sin tratamiento.
La sesión había arrancado con dudas sobre si La Libertad Avanza reunía el quórum necesario. Antes de llegar al capítulo de tierras, el recinto avanzó con una treintena de pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos, además de dar media sanción a la declaración de Tucumán como capital simbólica de la Nación durante el 9 de Julio. El dato saliente entre los pliegos fue la aprobación, por 36 votos contra 31, del juez Víctor Pesino —el magistrado que dejó sin efecto la cautelar de la CGT que ponía en jaque la reforma laboral libertaria—, en lo que la oposición leyó como un guiño explícito del oficialismo hacia un fallo funcional a su propia agenda.
La interna que explicó el cuarto intermedio
Detrás de la maniobra parlamentaria hubo, otra vez, una pelea de poder puertas adentro de La Libertad Avanza. Trascendió que la vicepresidenta Victoria Villarruel le envió un mensaje a Bullrich pidiendo suspender la sesión, con el argumento de que, tras la clasificación de la Selección a la final del Mundial, nadie iba a querer «festejar en el Senado» votando una ley que calificó de «indignante» por su capítulo sobre tierras. Bullrich rechazó el planteo y avanzó igual con la convocatoria.
El cruce escaló en las horas siguientes. Desde el entorno de Bullrich se acusó a Villarruel de haber actuado «con mala intención», sabiendo que si la sesión no se realizaba esa semana el debate quedaría postergado hasta agosto por el receso invernal. Milei salió en defensa de su ministra de Seguridad y, sin nombrar directamente a su compañera de fórmula, calificó a Villarruel de «miserable» y «destructiva», acusándola de «repetir la chicanería K». La vicepresidenta, por su parte, había cuestionado con dureza el capítulo de tierras rurales, sosteniendo que la reforma implicaba «vender el país» y que el oficialismo no le daba importancia a la «integridad territorial».
El episodio no es aislado. Se inscribe en una relación que, según reconstruyeron distintos medios, viene rota desde antes de la asunción en 2023, y que ya había tenido un capítulo público en julio del año pasado, cuando Milei tildó a Villarruel de «traidora» tras el revés legislativo por el aumento a jubilados. La diferencia esta vez es que la disputa no fue por una derrota parlamentaria de la oposición, sino por una decisión que retrasó la agenda del propio oficialismo, con la vicepresidenta operando en contra de su propio espacio en un tema con alto voltaje simbólico: la tierra.
Qué hay detrás de la «Ley de Tierras»
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más allá de su nombre genérico, tiene como núcleo duro la modificación del régimen vigente de tierras rurales —la ley 26.737, sancionada en 2011— que hoy limita al 15% la superficie nacional en manos extranjeras y establece topes por titular y por provincia. La reforma que impulsa el oficialismo elimina esos límites, equiparando el tratamiento de la tierra rural argentina al de cualquier otro activo transable en un mercado abierto al capital extranjero.
Es exactamente el punto donde la matriz ideológica libertaria choca con una tradición de pensamiento nacional que, desde Scalabrini Ortiz hasta las lecturas estructuralistas contemporáneas, entiende el territorio no como una mercancía más sino como la base material de la soberanía. Desregular la propiedad de la tierra en nombre de la libertad de mercado no es un gesto técnico: es una definición estratégica sobre quién controla el recurso más escaso y menos reproducible que tiene el país, en momentos en que el agua, los minerales críticos y las tierras aptas para agricultura de precisión son objeto de disputa geopolítica global.
- Elimina el tope del 15% de tierra rural en manos extranjeras que fija la ley 26.737.
- Remueve los límites por titular y por provincia sobre la superficie extranjerizable.
- Se tramita bajo el paraguas de «inviolabilidad de la propiedad privada», una etiqueta que despolitiza un debate que es, en el fondo, sobre soberanía territorial.
Desgaste legislativo y ensayo general de 2027
Más allá del contenido de la ley, el dato político de fondo es la fragilidad crónica del oficialismo para ordenar su propia agenda en el Congreso. No es la oposición la que frenó el tratamiento: fue la propia bancada libertaria la que tuvo que patear la votación por temor a no controlar el resultado, en medio de una interna que la vicepresidenta misma alimentó. Es la enésima muestra de que la relación de fuerzas que Milei necesita para avanzar con reformas estructurales —tierra, trabajo, Estado— no está garantizada ni siquiera dentro de su propio espacio.
Para el campo popular y las fuerzas que se preparan para disputarle la agenda a Milei en 2027, el episodio ofrece dos lecturas. La primera es coyuntural: cada sesión fallida erosiona la imagen de eficacia gubernamental que el oficialismo necesita sostener de cara a la elección de medio término. La segunda es estratégica: el capítulo de tierras vuelve a poner en el centro de la escena un clivaje que la narrativa libertaria prefiere mantener oculto detrás del discurso de la libertad económica, y que le da a la oposición un significante disponible —la soberanía territorial— sobre el cual construir una identidad política alternativa a la gestión Milei.
La sesión vuelve a fecha en agosto, con la interna de LLA más expuesta que nunca y con un proyecto que, si se aprueba, redefine quién puede ser dueño de la tierra argentina. El resultado de esa pulseada, más que un capítulo legislativo, será una síntesis de qué modelo de país se impone: el de la tierra como mercancía global o el de la tierra como base de un proyecto nacional.
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