Treinta y seis años después de los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido consolidó su control político, militar y económico sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La pregunta ya no es solamente cómo recuperar las islas, sino cómo reconstruir una política exterior soberana que responda al interés nacional y no quede subordinada a las prioridades estratégicas de otras potencias.
Las guerras no siempre terminan cuando callan las armas.
En muchas ocasiones continúan durante décadas mediante tratados diplomáticos, acuerdos económicos, alianzas militares y decisiones políticas que, lentamente, modifican la relación de fuerzas entre los Estados.
La historia de Malvinas después de 1982 puede leerse desde esa perspectiva.
Sin renunciar nunca a su reclamo jurídico, la Argentina fue adoptando una serie de decisiones diplomáticas que permitieron al Reino Unido consolidar su dominio efectivo sobre las islas mientras la discusión por la soberanía quedaba, en los hechos, congelada.
Los Acuerdos de Madrid marcaron el inicio de ese proceso. El comunicado Foradori-Duncan, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, profundizó esa lógica. Y la política exterior impulsada por Javier Milei parece abrir una tercera etapa, caracterizada por un alineamiento estratégico con Estados Unidos y el Reino Unido que algunos analistas denominan la «atlantización» de la política exterior argentina.
Madrid: el comienzo de un nuevo paradigma
En 1989 y 1990, el gobierno de Carlos Menem restableció plenamente las relaciones diplomáticas con el Reino Unido mediante los Acuerdos de Madrid.
Su eje fue la denominada «fórmula del paraguas», que permitió avanzar en acuerdos sobre pesca, navegación, comunicaciones, cooperación científica y cuestiones militares dejando al margen el conflicto por la soberanía.
Desde el punto de vista jurídico, la Argentina mantuvo intacto su reclamo sobre las Islas Malvinas.
Pero desde una perspectiva política y estratégica, el Reino Unido obtuvo aquello que necesitaba: estabilidad diplomática para administrar el archipiélago sin afrontar mayores costos internacionales.
Mientras Buenos Aires reiteraba anualmente su reclamo ante las Naciones Unidas, Londres consolidaba hechos consumados.
Las licencias pesqueras comenzaron a generar ingresos millonarios.
La exploración de hidrocarburos avanzó sobre la plataforma continental.
La base militar de Monte Agradable se transformó en uno de los principales enclaves estratégicos occidentales en el Atlántico Sur.
Con el paso del tiempo, la correlación de fuerzas empezó a favorecer exclusivamente a quien ejercía el control efectivo del territorio.
El acuerdo Macri-May
La segunda gran controversia llegó en septiembre de 2016.
El comunicado conjunto firmado por el vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro británico Alan Duncan propuso «remover todos los obstáculos» que limitaran el crecimiento económico de las Islas Malvinas.
La redacción fue interpretada por amplios sectores políticos, diplomáticos y académicos como una señal favorable a la consolidación económica del enclave británico, particularmente en materia de pesca, hidrocarburos, transporte aéreo y cooperación científica.
Aunque el gobierno de Mauricio Macri sostuvo que el reclamo de soberanía permanecía inalterable, el acuerdo fue ampliamente cuestionado porque desplazaba el eje de la discusión hacia la cooperación económica mientras el conflicto de fondo continuaba sin resolverse.
Años más tarde, las declaraciones del propio Carlos Foradori sobre las circunstancias en que se desarrolló aquella negociación reavivaron las críticas. Finalmente, el entendimiento fue dejado sin efecto por el gobierno argentino en 2023.
Milei y una nueva etapa
La llegada de Javier Milei a la Presidencia introdujo un cambio diferente.
Ya no se trata únicamente de normalizar relaciones diplomáticas o impulsar acuerdos sectoriales.
La política exterior argentina pasó a privilegiar explícitamente el alineamiento con el bloque occidental liderado por Estados Unidos.
La alianza con Washington, el acercamiento político al Reino Unido, la cooperación con la OTAN y la asociación estratégica con Israel constituyen hoy los principales ejes de la inserción internacional promovida por la Casa Rosada.
El Gobierno sostiene que esa estrategia permitirá fortalecer la posición internacional de la Argentina y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.
Sin embargo, hasta el momento ese acercamiento no produjo avances verificables en la negociación por la soberanía de las Islas Malvinas.
Londres mantiene inalterable su posición histórica, continúa rechazando cualquier discusión bilateral sobre la soberanía y sigue fortaleciendo su presencia militar en el Atlántico Sur.
El verdadero conflicto es el Atlántico Sur
Reducir Malvinas a una disputa por un archipiélago constituye un error estratégico.
Lo que realmente está en juego es el control del Atlántico Sur.
Allí convergen algunas de las mayores reservas pesqueras del planeta, importantes recursos hidrocarburíferos offshore, minerales críticos, rutas marítimas interoceánicas y la principal puerta de acceso a la Antártida.
La base militar británica de Monte Agradable no responde únicamente a la defensa de las islas.
Forma parte de un dispositivo estratégico que permite proyectar capacidad militar sobre millones de kilómetros cuadrados del Atlántico Sur y posicionarse frente al futuro desarrollo económico y científico del continente antártico.
En un escenario internacional marcado por la creciente competencia entre Estados Unidos, China y otras potencias, el Atlántico Sur adquiere un valor geopolítico cada vez mayor.
La «atlantización» de la política exterior
Durante buena parte de la etapa democrática, la política exterior argentina procuró sostener una posición relativamente autónoma, construyendo consensos en América Latina, el Movimiento de Países No Alineados y las Naciones Unidas para respaldar el reclamo sobre Malvinas.
La actual administración parece recorrer un camino distinto.
La prioridad pasó a ser la consolidación de una inserción preferencial dentro del esquema estratégico liderado por Estados Unidos.
Para el Gobierno, esa decisión fortalece la posición internacional del país.
Sus críticos sostienen que implica una pérdida de autonomía para definir una estrategia propia sobre el Atlántico Sur, precisamente en una región donde confluyen los intereses estratégicos de Estados Unidos y del Reino Unido.
La discusión no pasa por cuestionar las relaciones con las principales potencias occidentales, indispensables para cualquier política exterior moderna.
El interrogante es otro: si esas relaciones se construyen desde una posición de autonomía nacional o desde una lógica de subordinación a prioridades estratégicas definidas fuera del país.
Una soberanía que también se disputa en la diplomacia
Las soberanías no se erosionan únicamente mediante una derrota militar.
También pueden debilitarse cuando una de las partes consolida sistemáticamente su presencia política, económica y militar mientras la otra limita su estrategia al reclamo diplomático.
Eso es, precisamente, lo que muestran más de tres décadas transcurridas desde los Acuerdos de Madrid.
El Reino Unido fortaleció su infraestructura militar, expandió la explotación de los recursos pesqueros, avanzó sobre los hidrocarburos offshore y consolidó una administración cada vez más integrada a sus intereses estratégicos.
La Argentina, en cambio, preservó la legitimidad jurídica de su reclamo, pero no logró modificar la realidad geopolítica del Atlántico Sur.
El debate que la Argentina todavía debe darse
Más de cuarenta años después de la guerra, el debate sobre Malvinas ya no puede reducirse a la reivindicación de un derecho histórico que prácticamente ningún gobierno argentino discute.
La verdadera discusión consiste en definir qué política exterior necesita el país para defender sus intereses estratégicos en un mundo atravesado por la disputa entre grandes potencias.
No se trata de elegir entre Oriente y Occidente, ni entre Estados Unidos, Europa o China.
El desafío consiste en recuperar una política exterior soberana, capaz de construir alianzas internacionales sin resignar la autonomía para definir el interés nacional.
Porque la soberanía no se pierde únicamente cuando se cede un territorio.
También comienza a debilitarse cuando un país deja de decidir, por sí mismo, el rumbo de su política exterior, la defensa de sus recursos estratégicos y su lugar en el nuevo orden mundial.
