Infantería de la Policía porteña reprimió este miércoles a becarios y becarias movilizados en el Polo Científico de Palermo, en el marco de una jornada de protesta federal contra la no renovación de 379 becas posdoctorales y el desmantelamiento de la obra social Unión Personal. El episodio ocurre en el punto más bajo de la inversión en ciencia y tecnología desde que existen registros, en 1972.
Un despliegue policial fuera de toda proporción con la naturaleza de la protesta marcó este miércoles la jornada de lucha del sistema científico argentino. Becarios y becarias del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas se movilizaron en sedes de todo el país para rechazar la decisión gubernamental de no prorrogar las becas posdoctorales, una medida que deja en la calle a alrededor de 400 profesionales con formación de posgrado, y para denunciar el vaciamiento de la cobertura médica que hasta ahora garantizaba Unión Personal.
La protesta arrancó por la mañana en el Polo Científico Tecnológico, el edificio del barrio de Palermo que funciona como sede central del organismo, ya rodeado desde temprano por personal de Infantería de la Policía de la Ciudad. Cuando la columna avanzó hacia avenida Santa Fe para cortar el tránsito, un operativo policial de gran escala desplazó a los manifestantes hacia la calle Godoy Cruz, en escenas que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) describió como un uso desproporcionado de la fuerza contra un colectivo de trabajadores estatales sin antecedentes de violencia.
- “Los trabajadores fueron empujados con escudos, incluso estando sobre la vereda”, denunció la secretaria general de ATE-Conicet Capital, Victoria García, quien detalló que hubo manifestantes y transeúntes derribados y al menos una trabajadora golpeada.
Una cronología de un ajuste sostenido
El episodio de represión no es un hecho aislado, sino la escena más visible de un proceso de desfinanciamiento que ya lleva dos años y medio y que los propios funcionarios del organismo reconocen como deliberado. El presidente del Conicet, Daniel Salamone, confirmó que durante 2026 se sostendrá el mismo esquema de ajuste aplicado desde 2024, con un tope de 400 ingresos a la carrera de investigador y 1.800 becas nuevas por año, cifras que no alcanzan a compensar ni el ritmo de jubilaciones ni el de renuncias del sistema.
Los números disponibles describen una curva descendente sin precedentes en la serie histórica. La planta de investigadores del organismo pasó de 11.079 personas en noviembre de 2023 a 9.500 en febrero de 2025, una caída del 13,6 por ciento, a la que se suma un número creciente de licencias sin fecha de regreso, hoy estimadas entre 300 y 400 investigadores radicados en universidades del exterior. El financiamiento destinado a becas se redujo un 39 por ciento en el mismo período, mientras que la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional acumula una caída real cercana al 51 por ciento desde 2023 y se proyecta, para 2026, en apenas 0,14 por ciento del Producto Bruto Interno. Es el registro más bajo desde que existen mediciones comparables, en 1972, y se ubica incluso por debajo del piso alcanzado tras la crisis de 2001-2002.
La Decisión Administrativa 20/2026, que oficializó a mediados de mayo un recorte adicional de casi tres billones de pesos sobre el Presupuesto 2026, profundizó el cuadro: solo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la CONAE y el propio Conicet, la poda superó los 46.000 millones de pesos, de los cuales más de 2.000 millones afectaron de manera directa a las becas de investigación.
Los reclamos concretos
Detrás de la consigna genérica de “ajuste y vaciamiento”, el petitorio de los becarios y becarias tiene un correlato administrativo preciso. Reclaman la efectivización de 585 cargos de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico ya concursados, entre ellos 400 correspondientes a la convocatoria 2023; el alta de los concursos pendientes de la Carrera de Personal de Apoyo; y la evaluación y comunicación de resultados de la convocatoria CICyT 2025, de la que depende la continuidad laboral de 379 becarios posdoctorales que finalizan su beca este año y que, sin prórroga ni efectivización, quedarán fuera del sistema a partir de julio.
Voceros de la conducción de Salamone ya anticiparon que no habrá marcha atrás: quienes se presentaron al concurso durante el tramo posdoctoral no verán renovada su beca. Se trata, en la enorme mayoría de los casos, de profesionales con doctorado y al menos ocho años de trayectoria dentro del sistema científico público, formados con financiamiento estatal y hoy excluidos de él en el momento de mayor productividad de su carrera.
A esto se agrega la situación de la obra social Unión Personal, sobre la que ATE-Conicet denuncia un proceso de bajas masivas que el propio organismo admite estar relevando, mientras deriva a los afiliados hacia la opción de contratar una prepaga por cuenta propia. La organización Jóvenes Científicos Precarizados, uno de los espacios convocantes de la jornada, había ocupado pacíficamente el piso 11 del Polo Científico dos semanas atrás, durante una reunión del Directorio encabezada por Salamone junto a las vicepresidencias de Claudia Capurro y Alberto Baruj y las direcciones de Roberto Rivarola, Mario Pecheny, María Laura Correa, Jorge Aliaga, Walter Sione y José María Bruniard. En aquella oportunidad, Bruniard se comprometió a abrir una instancia de diálogo que, a la fecha, no tuvo traducción concreta en los reclamos pendientes.
El lugar de la ciencia en el modelo
El deterioro del Conicet no puede leerse por fuera de la orientación general de la política económica del Gobierno nacional. La contracción del gasto en ciencia y tecnología acompaña, con la misma lógica, el retroceso del financiamiento universitario, la reducción de las escuelas técnicas y el desguace de organismos como el INTI y el INTA: el desmantelamiento simultáneo de la infraestructura estatal de generación de conocimiento aplicado a la producción, justo en las áreas que sostienen capacidades tecnológicas con derrame sobre la industria y el entramado pyme.
Se trata de una definición de política económica antes que de una restricción presupuestaria inevitable. El propio Presidente lo planteó como programa de gobierno antes de asumir, al sostener que la investigación debía quedar en manos del sector privado. La comparación internacional ilustra la distancia entre esa apuesta y la de los países que más invierten en ciencia en relación con su producto: economías tan disímiles como Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania o China sostienen niveles de inversión en investigación y desarrollo varias veces superiores al que hoy exhibe la Argentina, en todos los casos como parte explícita de sus estrategias de desarrollo productivo y no como un gasto prescindible.
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La caída del financiamiento científico no es un episodio aislado: acompaña el retroceso simultáneo de las universidades, las escuelas técnicas y los institutos de ciencia aplicada, en la misma orientación de política económica.
En ese sentido, la represión en el Polo Científico condensa dos procesos que vienen de la mano: el vaciamiento de las capacidades estatales de investigación y desarrollo, y la respuesta policial como forma de gestión del conflicto social que ese vaciamiento genera. Los becarios y becarias que este miércoles fueron desplazados a golpes de escudo sobre la calle Godoy Cruz representan, en rigor, una fracción menor del total de trabajadores del sistema científico-tecnológico que en los últimos dos años y medio perdió su puesto o emigró; una fuga de capital humano formado con recursos públicos que, en la tradición del pensamiento económico nacional, constituye una de las formas más costosas de subdesarrollo: la renuncia deliberada a las capacidades tecnológicas propias.
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