Un diálogo entre Carlos Rodríguez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, coincidió en un diagnóstico de fondo: la Argentina no tiene un problema de producción de conocimiento, sino de articulación entre ciencia, universidad y el proyecto nacional.
Redacción DATA Política y Económica
La actividad fue organizada por el Foro de Ideas, del que forman parte Transformar Argentina, el Instituto Independencia y el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25), junto con los medios digitales Revista Zoom, Motor Económico y DATA Política y Económica, bajo el título «La universidad que viene: desafíos para la reconstrucción del sistema universitario argentino».
Pensar la universidad de la etapa posterior al gobierno de Javier Milei no significa únicamente debatir cómo recuperar lo perdido. Implica preguntarse qué institución necesita la Argentina para afrontar los próximos treinta años: una universidad capaz de formar profesionales de excelencia, producir conocimiento estratégico, impulsar la innovación, fortalecer el desarrollo productivo y contribuir a una sociedad más justa, integrada y soberana. Con ese objetivo, el encuentro propuso abrir un diálogo entre dos rectores de universidades argentinas para reflexionar sobre los desafíos, las oportunidades y las transformaciones que deberán orientar la construcción de una nueva agenda para la educación superior, la ciencia y la tecnología en el país.
La jornada fue coordinada por Marcelo Cabeza, Antonio Muñiz, Raúl Rojas y Héctor Sosa —editor de Motor Económico—, y contó con la presencia de Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro vicepresidente de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y Carlos Rodríguez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) y presidente de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN. También participaron Miguel Núñez, vicerrector de la Universidad Nacional de Luján, además de docentes, investigadores y militantes universitarios que intervinieron durante la ronda de preguntas.
Carlos Rodríguez abrió la ronda. Se presentó sin rodeos: peronista, hincha de San Lorenzo, padre de dos hijas. El resto, dijo, es secundario frente a la pregunta que ordenó su exposición: qué hacer con la universidad más allá de Milei, porque el desafío de fondo —autocrítica y transformación— existiría incluso sin la actual gestión. La diferencia, aclaró, es que hoy hay que reconstruir antes de avanzar.
El conocimiento como recurso estratégico
Rodríguez situó el diagnóstico en un marco amplio. Vivimos, planteó, uno de los momentos excepcionales de la historia en que cambian a la vez la economía, la tecnología, la política y las formas de organización social. No se trata de una nueva revolución industrial ni de herramientas más sofisticadas: el conocimiento se convirtió en el principal recurso estratégico de las naciones. Durante buena parte del siglo XX los países compitieron por sus recursos naturales, por mano de obra disponible o por capacidad de producción industrial a gran escala. Hoy la competencia internacional gira en torno de otra variable: la capacidad de producir conocimiento, transformarlo en innovación y convertirlo en desarrollo económico.
El rector marcó ahí una salvedad incómoda para buena parte del debate público argentino: apostar a la próxima cosecha, a Vaca Muerta o a la minería no resuelve ese problema, más allá de lo que discuta cada quien sobre una política extractivista. Los recursos naturales, insistió, nunca alcanzan por sí solos. La inteligencia artificial, la biotecnología, la computación cuántica, la robótica, las tecnologías espaciales y la transición energética están redefiniendo la economía mundial, y la disputa entre Estados Unidos y China no es solo comercial ni militar: es, sobre todo, una competencia por capacidades científicas y tecnológicas. Las inversiones multimillonarias en investigación que hacen universidades, laboratorios y empresas tecnológicas reflejan que el poder, en el siglo XXI, depende cada vez más de la capacidad de generar conocimiento.
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La paradoja argentina
Para Rodríguez, la Argentina llega a este escenario con fortalezas poco comunes en la región: universidades públicas de reconocimiento internacional, investigadores de excelencia y capacidades construidas durante décadas en organismos como el CONICET, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). A eso se suman desarrollos propios en energía nuclear, biotecnología, industria satelital, producción agropecuaria, medicina y software. Pocos países de América Latina reúnen ese capital científico.
Ahí aparece la paradoja que dio título a buena parte de su intervención: esa excelencia no siempre logra convertirse en procesos sostenidos de innovación y desarrollo productivo. El problema argentino, sostuvo, ya no reside en producir conocimiento sino en articularlo con un proyecto nacional de desarrollo. Durante demasiado tiempo la política científica, la política universitaria y la política económica funcionaron como compartimientos separados, cuando en rigor forman parte de una misma estrategia. Las universidades necesitan estabilidad institucional, los organismos científicos financiamiento sostenido, las empresas mayor inversión en investigación y desarrollo, y el Estado prioridades de largo plazo. Todo eso, remarcó, exige acuerdos políticos que trasciendan los ciclos electorales.
La universidad que forma
Rodríguez cuestionó también la tradición de pensar la innovación mirando casi exclusivamente hacia el Norte, en clave de patentes, laboratorios o empresas tecnológicas. Sin descartar ese registro, consideró que no capta el aporte específico que la universidad argentina ya hace todos los días: cada médico que egresa de una universidad pública mejora el sistema de salud, cada ingeniero incrementa la capacidad tecnológica del país, cada docente transforma la calidad educativa de las próximas generaciones, cada trabajador social fortalece las políticas públicas, cada investigador amplía la frontera del conocimiento. La formación de profesionales calificados, dijo, es probablemente la mayor contribución que las universidades hacen al desarrollo nacional, y cada graduado constituye una forma concreta de transferencia tecnológica y social.
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“La Argentina debe decidir cuál será su modelo de desarrollo, qué lugar asignaremos al conocimiento dentro de este proyecto nacional. Construir una sociedad más justa, democrática y con posibilidades para todos es tarea de la universidad.” Carlos Rodriguez
De ahí se desprende, para el rector, una falsa dicotomía que conviene abandonar: no hay contradicción entre investigación básica e investigación aplicada. Internet, el GPS, los semiconductores, la vacuna de ARN mensajero y buena parte de los avances en inteligencia artificial nacieron de investigaciones cuyo objetivo inicial no era resolver un problema comercial inmediato, sostenidas durante décadas por universidades y organismos públicos. La inteligencia artificial, agregó, es una tecnología de propósito general —comparable por su impacto histórico a la electricidad o a Internet— que va a modificar la investigación científica, la producción industrial, la educación, la medicina y la administración pública. Las universidades deberán formar graduados capaces de trabajar junto a sistemas inteligentes, con pensamiento crítico, creatividad, juicio ético y capacidades interdisciplinarias.
El consenso que se rompió
Tomó la palabra después Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el bloque peronista, conectado desde la Patagonia y con el frío ya instalado del otro lado de la pantalla. Adelantó que iba a ser breve —no necesariamente inteligente, aclaró con humor— porque buena parte de lo que pensaba decir ya lo había dicho Rodríguez. Sin embargo terminaría siendo, de los dos, el que más tiempo habló.
Torres describió ese consenso en tres pilares. El primero, que la universidad pública constituye una responsabilidad indelegable del Estado. El segundo, que el financiamiento universitario representa una inversión estratégica para el desarrollo regional, un principio que atravesó, con matices, a todos los gobiernos desde el retorno de la democracia. El tercero, la autonomía universitaria, sobre el que se detuvo con una autocrítica personal.
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Aun así, se construyó un consenso tan fuerte que la autonomía universitaria llegó a rango constitucional, con el objetivo de garantizar una producción libre del conocimiento. Hoy, dijo, esa misma autonomía que cuestionó de joven es uno de los diques que frenan una embestida mayor sobre el sistema universitario.
La universidad como gasto
El quiebre más visible del consenso, explicó Torres, es la vulnerabilidad financiera del sistema universitario. El ajuste presupuestario del Gobierno nacional no es solo una cuestión de números: construye la idea de que el financiamiento universitario es un gasto y no una inversión, revirtiendo así el segundo pilar del consenso de 1983. A eso se suma una limitación estructural que el propio sistema universitario reconoció sobre la marcha: frente a un gobierno dispuesto a desfinanciar sin matices, la capacidad de reacción resultó, al principio, limitada.
La batalla legislativa y judicial
Torres reivindicó, sin embargo, un consenso construido en respuesta: primero social, a partir de las masivas marchas universitarias; después político, en el Congreso. La primera ley de financiamiento universitario, sancionada en 2024, fue vetada por el Poder Ejecutivo, y el oficialismo no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir. En 2025 el sistema universitario impulsó una nueva norma y esta vez logró algo infrecuente: una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, una proporción que muy pocas leyes alcanzan.
Según el relato de Torres, la universidad fue además la única institución que llevó el conflicto a la Justicia y obtuvo fallos favorables en primera y en segunda instancia. La Corte Suprema no se expidió sobre el fondo del planteo, pero esa falta de pronunciamiento terminó validando, de hecho, las decisiones adoptadas por la Cámara y por el juez de primera instancia. El resultado, sostuvo el rector, es que el Gobierno nacional está hoy obligado a cumplir al menos una parte de la ley de financiamiento universitario.
Deslegitimar para debilitar
Sobre la autonomía universitaria, Torres identificó un ataque de naturaleza distinta a la presupuestaria. No hay, dijo, un planteo de reforma constitucional para quitársela a las universidades, pero sí una estrategia para condicionarla por otra vía: la deslegitimación social del sistema universitario. Esa estrategia se apoya en tres construcciones discursivas que enumeró una por una: que las universidades son corruptas, que malgastan los recursos públicos y que no hay en ellas pluralidad de voces sino adoctrinamiento de una sola línea ideológica. Esas construcciones, sostuvo, no necesitan una reforma legal para operar: alcanza con instalar en la opinión pública la sospecha que después puede justificar cualquier intervención sobre la autonomía universitaria, incluidas las auditorías que reclama el Gobierno.
La Catedral: una batalla que excede a la Argentina
Torres pidió inscribir todo lo anterior en un marco que, insistió, excede lo local y lo argentino. Citó a dos referentes intelectuales del llamado neorreaccionarismo o «ilustración oscura»: Curtis Yarvin, un ingeniero de sistemas devenido en filósofo y bloguero, y Nick Land, filósofo inglés asociado al concepto de aceleracionismo tecnológico. Ambos autores, explicó, sostienen que la democracia es una falacia —una crítica que históricamente también formuló la izquierda, aunque con un argumento distinto—. Mientras esa tradición ubica el poder real en factores empresariales no electos, Yarvin lo ubica en lo que denomina «la Catedral»: un entramado compuesto por los medios de comunicación, las universidades, los intelectuales críticos y la alta burocracia estatal.
Torres subrayó que estas ideas no son un ejercicio de especulación marginal: inciden de manera directa en los sectores más poderosos de Estados Unidos. Mencionó a Peter Thiel, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg y a Alexander Karp —cofundador junto a Thiel de la empresa Palantir— como parte de un entramado empresarial y político permeado por estas ideas. Para Yarvin, la Catedral debe desaparecer y ser reemplazada por lo que llama un «neocameralismo» o una «monarquía tecnológica», porque la democracia liberal solo actuaría como freno a la aceleración del desarrollo tecnológico y capitalista.
Torres tradujo ese programa en tres frentes de ataque que identificó tanto en la experiencia argentina como en la estadounidense: desprestigiar y desfinanciar a las universidades, reducir la alta burocracia estatal —en la Argentina, los despidos masivos de empleados públicos— y desacreditar a los medios de comunicación y al periodismo. El paralelismo con Donald Trump, planteó, es directo: el recorte de fondos a Harvard y al MIT, las restricciones a las visas de estudiantes extranjeros, el ataque a la regulación de medios y el vaciamiento de la burocracia federal responden, a su juicio, a la misma matriz ideológica.
De ahí que Torres propusiera correr el eje del debate. Los ataques al sistema universitario, sostuvo, no son solamente presupuestarios: son ideológicos, y ponen en juego a la democracia misma. Por eso, para el rector, la discusión no debería limitarse a pensar una etapa «pos-Milei», sino una etapa «pos-ilustración oscura» o «pos-neorreaccionaria» —una amenaza, advirtió, que puede sobrevivir incluso al propio Gobierno nacional.
La inteligencia artificial como herramienta
Sobre la irrupción de la inteligencia artificial, Torres describió dos utopías extremas que circulan en el debate público: la de quienes creen que la tecnología alcanzará una singularidad que reemplazará a la especie humana, y la de quienes imaginan que la humanidad deberá migrar a otros planetas para escapar de un colapso ecológico. Prefirió, en cambio, pensarla como una herramienta.
El problema, concluyó Torres, no está en el instrumento sino en la capacidad de quien lo usa. Ahí es donde la universidad tiene un rol insustituible: formar la capacidad crítica y la comprensión profunda necesarias para aprovechar la inteligencia artificial en lugar de ser reemplazada por ella.
Más allá del presupuesto
Torres cuestionó lo que llamó «debates cosméticos» —como la discusión pública sobre el escándalo que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni— porque, mientras la opinión pública se concentra en esos episodios, el Gobierno nacional avanza con una agenda estructural de fondo. Citó como ejemplo el viaje oficial a Silicon Valley y las demandas que allí se plantearon: minería y energía para sostener la transformación económica de las grandes tecnológicas, de donde surgió, según su lectura, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); y, en una segunda etapa, capacidad de almacenamiento de datos ante el agotamiento que estas empresas proyectan para 2027 o 2028, lo que impulsaría un «súper RIGI» orientado a instalar centros de datos, entre ellos en la Patagonia.
En ese marco, Torres vinculó un mensaje del asesor presidencial Santiago Caputo en la red social X —en el que planteaba rediscutir la ley de soberanía nacional— con la posibilidad de facilitar la instalación de bases militares extranjeras en la Patagonia. No sé si Milei es un títere de lo que decide Caputo o Caputo es un títere de lo que dice Milei, señaló el rector, para subrayar que, más allá de quién decide, la agenda avanza mientras la discusión pública se distrae con cuestiones menores.
Para Torres, la universidad tiene la responsabilidad de instalar estos temas en la agenda pública y de romper con lo que definió como una lógica de «isla democrática interna», concentrada en su propia supervivencia cotidiana —pagar salarios, litigar en tribunales, negociar partidas— y alejada de los debates estructurales que definen el futuro del país.
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Dos tareas concretas
Torres cerró su intervención con dos definiciones operativas del CIN. La primera, dentro del bloque de rectores peronistas: construir un espacio de debate mensual que convoque a los actores más relevantes de la sociedad para discutir en forma conjunta el desarrollo regional. La segunda, para todo el sistema universitario: avanzar en la transformación que la propia universidad debe hacer en términos de innovación educativa, agenda que también atraviesa el Congreso de Innovación Educativa que se realizará en septiembre en Bariloche.
Otras voces del debate
Entre las intervenciones del público, el vicerrector de la Universidad Nacional de Luján, Miguel Núñez, coincidió con el diagnóstico de los dos rectores y agregó una idea propia: la universidad es la institución mejor preparada para combatir la posverdad, y advirtió que si no forma a sus estudiantes en esa distinción, el sistema enfrenta un riesgo específico, incluso frente a estudiantes con acceso a toda la información disponible.
Miguel Nuñez. Vicerector UNLU
El cierre de la jornada
La ronda de cierre quedó en manos de los propios organizadores. Héctor Sosa, editor de Motor Económico y uno de los coordinadores del encuentro, retomó el argumento de Torres sobre la Catedral y lo llevó a una clave más amplia: el ataque no es solo a la universidad, sino a toda forma de organización colectiva.
Hector Sosa. Motor Económico
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El cierre quedó, finalmente, en manos de Rodríguez, que retomó la idea que había esbozado al principio del encuentro y la llevó a su formulación más extrema.
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“Pensar el futuro es el primer paso para construirlo. No podemos dejar que las cosas simplemente pasen, tenemos que animarnos a imaginar qué queremos, pensarlo con cabeza crítica, y a partir de ahí planificar cómo llegar. Porque el futuro no se espera, se construye. Y todo lo que se construye, antes se pensó y se planifico”, sintetizó Antonio Muñiz, al cierre.
El próximo encuentro del Foro de Ideas, anticiparon los organizadores, será a fines de julio, post mundial.
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