A años de su implementación en el ciclo básico bonaerense, la asignatura Construcción de Ciudadanía sigue interpelando las prácticas pedagógicas tradicionales. Lejos de la memorización de leyes, la materia propone habitar la escuela como un espacio de praxis social, donde los jóvenes ejercen sus derechos y aprenden a transformar su entorno mediante proyectos de intervención activa.
Por Enrique Mestres
La incorporación de la asignatura Construcción de Ciudadanía en el ciclo básico de la escuela secundaria marcó una ruptura profunda con el modelo tradicional de la antigua «Formación Ética y Ciudadana». El cambio trascendió el paso de un enfoque meramente normativo, abstracto y centrado en el estudio de leyes o estructuras estatales, hacia una perspectiva fundamentada en la praxis social y el pleno ejercicio de los derechos.
A diferencia del pasado, la materia parte de comprender la ciudadanía no como un estatus estático que se adquiere en la adultez, sino como una construcción sociohistórica que se ejerce, transforma y disputa cotidianamente en los vínculos sociales. Los adolescentes dejan de ser vistos como «futuros ciudadanos» para ser reconocidos como sujetos plenos de derechos y obligaciones en el presente, con saberes, intereses y vivencias legítimas. Su objeto de estudio principal no se reduce a conceptos teóricos, sino a las prácticas reales de convivencia, acceso a derechos y relaciones de poder que se despliegan en la escuela, el barrio y la sociedad, articulándose en diversos ámbitos como el Estado, el trabajo, la cultura, la memoria, el género, los medios de comunicación y el ambiente.
Para cumplir con estos propósitos de formar sujetos críticos y participativos, la tradicional clase expositiva cede su lugar a estrategias pedagógicas coherentes con la acción democrática. El corazón metodológico de la materia recae en el diseño de proyectos, un recorrido que transcurre desde la detección de un problema real o una inquietud genuina de los estudiantes —transformada mediante la mediación docente en un problema problematizable— hasta la indagación teórica cruzada por el marco de derechos. Esta investigación se nutre de fuentes diversas, entrevistas, normativas y relevamientos de campo para luego desembocar en una propuesta de intervención concreta sobre el entorno.
En este marco metodológico, la propuesta encuentra una sintonía profunda con el aprendizaje servicio, una pedagogía que articula intencionalmente los saberes curriculares con la solidaridad organizada y la acción comunitaria. Desde esta perspectiva, los estudiantes no aprenden contenidos teóricos para aplicarlos en un futuro abstracto, sino que movilizan los conceptos de la materia para dar respuestas reales y solidarias a necesidades concretas de su comunidad, convirtiendo a la práctica solidaria en el motor indiscutible de la construcción de saberes.
En la práctica cotidiana, estas estrategias didácticas se traducen en experiencias pedagógicas situadas que conectan los contenidos con las vivencias de los jóvenes. Dentro del ámbito ambiental, los alumnos pueden indagar sobre el destino de los residuos electrónicos o el uso del espacio público verde local, realizando mapeos colectivos y diseñando campañas de difusión sobre puntos de reciclaje destinadas a las familias y a la comunidad escolar. En el terreno de la comunicación y las tecnologías, es habitual abordar la circulación de estereotipos, discursos de odio o ciberacoso mediante la elaboración de decálogos de convivencia digital y talleres de pares coordinados por los propios estudiantes para los cursos más chicos del ciclo básico. Asimismo, al transitar el eje de la memoria y la identidad local, los grupos suelen crear guías urbanas interactivas o circuitos históricos barriales a partir de entrevistas a vecinos antiguos y el rescate de archivos fotográficos del distrito.
Para ilustrar este recorrido metodológico y su vínculo con el servicio solidario, se puede observar una experiencia concreta desarrollada en el ámbito local: un curso que detectó el deterioro y la acumulación de residuos en un espacio verde cercano a una institución escolar decidió transformar esa inquietud en un proyecto de intervención ciudadana. Tras realizar un diagnóstico barrial y relevar las responsabilidades de gestión municipal y las normativas vigentes sobre saneamiento ambiental, los estudiantes elaboraron un petitorio formal acompañado por un mapeo de puntos críticos y diseñaron folletería informativa que distribuyeron en los comercios de la zona. La experiencia culminó con la presentación de la propuesta ante las autoridades del municipio, evidenciando cómo los saberes escolares se convierten en herramientas reales de incidencia pública.
En sintonía con este enfoque, la evaluación adquiere un carácter eminentemente formativo, continuo e integral, distanciándose de las pruebas memorísticas tradicionales. El proceso se valora a través de herramientas como bitácoras de recorrido, portafolios grupales, rúbricas cualitativas consensuadas e instancias de autoevaluación y coevaluación entre pares. De este modo, el error se resignifica como una oportunidad de aprendizaje y metacognición, evaluando no solo el producto final alcanzado, sino la capacidad de escucha, el trabajo colaborativo, la argumentación fundamentada y la autonomía progresiva de los estudiantes en su propio trayecto ciudadano.
En definitiva, apostar por esta mirada pedagógica implica asumir que la escuela no solo enseña saberes disciplinares, sino que constituye el primer territorio público donde los jóvenes experimentan la potencia transformadora de la vida en comunidad. Formar ciudadanos críticos no es una teoría que se memoriza, sino una experiencia cotidiana que se practica, se debate y se construye colectivamente.
