Con los votos de los gobernadores aliados, el oficialismo cerró una doble sanción clave para su agenda económica. El nuevo régimen amplía los beneficios fiscales para grandes inversiones tecnológicas por treinta años. Los últimos datos del INDEC muestran que la formación de capital acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso.
DATA Política y Económica
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del miércoles dos proyectos centrales para la agenda económica del Gobierno: la autorización para pagar 171 millones de dólares a dos fondos acreedores que litigan en tribunales de Estados Unidos y la media sanción del Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En ambas votaciones, el oficialismo reunió la mayoría con el acompañamiento de los gobernadores aliados.
El acuerdo con los fondos —los holdouts Attestor y Bainbridge, que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010— se aprobó por 138 votos contra 98. El Súper RIGI obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones, y ahora pasa al Senado. El respaldo en las dos iniciativas provino del PRO, la UCR, el MID, los bloques que responden a los gobernadores de Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca y Córdoba, y los monobloques de José Garrido y Karina Banfi. Votaron en contra el peronismo, la izquierda, Miguel Pichetto y Natalia de la Sota, entre otros.
La sesión estuvo precedida por un intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. El oficialismo logró bloquear esa moción y recién entonces avanzó con su temario. Para garantizar el quórum, el presidente de la Cámara, Martín Menem, demoró la aceptación de la renuncia del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, que dio presente al inicio del debate y dejó su banca minutos después.
El pago a los fondos y el plazo del 30 de junio
El acuerdo con los acreedores ya contaba con media sanción del Senado y debía ratificarse antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento judicial. El miembro informante, el diputado Bertie Benegas Lynch, defendió la operación como el cierre de un litigio de veinticinco años y señaló que la negociación incluyó una quita del 30% sobre el remanente de la deuda, la exención de honorarios legales y el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones.
Desde Unión por la Patria, Itai Hagman anticipó el rechazo del bloque y cuestionó la denominación oficial. «Lo que se está discutiendo acá es pagarle a fondos buitre», sostuvo, y vinculó la medida con la estrategia financiera del Gobierno: «Toda la política está subordinada a una única variable: bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina». Los fondos habían iniciado un proceso de discovery para intentar embargar activos argentinos en el exterior.
¿Qué cambia con el Súper RIGI?
El nuevo régimen, impulsado por el Ministerio de Economía, eleva el umbral mínimo de inversión a 1.000 millones de dólares, frente a los 200 millones del RIGI vigente. Está orientado a sectores que el Gobierno define como «nuevas industrias»: inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas, hidrógeno verde y reactores nucleares modulares. A diferencia del régimen original, excluye los proyectos de recursos naturales e infraestructura y los emprendimientos ya existentes.
El paquete de incentivos mantiene la garantía de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por treinta años. Entre sus principales beneficios, reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, incorpora amortización acelerada, permite deducir quebrantos sin límite temporal, elimina derechos de importación y exportación, fija un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe tasas municipales sobre las ventas. Sobre el cierre del debate, el oficialismo incorporó una cláusula que impide a provincias y municipios aplicar nuevas regalías o cánones, o aumentar los vigentes.
Una de las modificaciones más discutidas fue la eliminación del requisito de compre local. El RIGI original obligaba a contratar proveedores nacionales por al menos el 20% de la inversión cuando existiera oferta competitiva; el Súper RIGI suprime esa exigencia y establece que no podrán imponerse compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado. Cámaras empresarias y algunas provincias advirtieron que el cambio debilita el vínculo entre las grandes inversiones y el entramado productivo nacional.
La oposición concentró sus críticas en el alcance de los beneficios. El diputado Maximiliano Ferraro calificó la iniciativa como «un régimen de excepción quizás nunca visto» y la asoció a intereses específicos del sector tecnológico global. Organizaciones civiles y fundaciones de desarrollo cuestionaron, además, que el esquema apunte a instalar centros de datos en zonas de la Patagonia con acceso a energía, agua y bajas temperaturas, sin un marco regulatorio específico para esa actividad.
El Súper RIGI eleva el piso de inversión a US$1.000 millones y garantiza estabilidad fiscal por treinta años a sectores que aún no existen a escala comercial en el país.
La inversión, en sentido contrario
Las sanciones llegaron en un escenario que los propios datos oficiales vuelven complejo para el Gobierno. Según el INDEC, el Producto Bruto Interno creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, pero la formación bruta de capital fijo —la medición de la inversión— cayó 11,6% en la comparación interanual y 1,7% respecto del trimestre previo. Es la cuarta caída consecutiva en términos desestacionalizados.
La consultora Equilibra señaló que se trata de una combinación poco habitual: desde 1993 no se registraba un PBI en crecimiento que conviviera con caída de la inversión y retroceso del empleo formal. Según sus cálculos, la inversión representa hoy el 17,7% del PBI, por debajo del 20% que suele considerarse necesario para sostener el crecimiento de largo plazo, y en términos per cápita fue la cuarta más baja desde 2010. Entre los factores que explican el retroceso, la consultora mencionó las tasas de interés reales todavía elevadas, la debilidad de la demanda interna, la competencia internacional y la falta de obra pública.
El informe de Misión Productiva coincidió en que «la apuesta oficial por el RIGI todavía no logra traducirse en una recomposición sostenida de la formación de capital». Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, marcó la distancia entre los anuncios y la ejecución efectiva: «Una cosa es presentar proyectos, otra que se aprueben y otra que efectivamente se materialicen». El RIGI vigente acumula anuncios por cerca de 100.000 millones de dólares, aunque no existen cifras públicas sobre cuánto se desembolsó.
Los datos también muestran un crecimiento desparejo entre sectores. El impulso del primer trimestre provino de las actividades primarias, que avanzaron 16,2% interanual traccionadas por el agro, la minería y la energía, mientras la producción no primaria se mantuvo prácticamente estancada. La industria manufacturera volvió a retroceder. Equilibra vinculó esa divergencia con la caída del empleo registrado: los sectores que crecen no alcanzan a compensar la pérdida de puestos en las ramas en retroceso.
Desde 1993 no se registraba un PBI en crecimiento conviviendo con caída de la inversión y retroceso del empleo formal.
Un debate de fondo sobre el modelo
La discusión parlamentaria excedió el articulado y se trasladó al modelo económico. El oficialismo presentó el Súper RIGI como una herramienta para atraer megainversiones y modificar la estructura productiva con tecnología de punta. La oposición lo leyó como una cesión de soberanía fiscal, regulatoria y territorial a cambio de inversiones que, por ahora, no se reflejan en las estadísticas.
El contraste atraviesa toda la política económica del Gobierno. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los empresarios a «perder el miedo a que salga mal» y a asumir más riesgos, en un llamado a acelerar las decisiones de inversión. La sanción del Súper RIGI suma nuevos incentivos a un régimen que ya ofrecía beneficios extraordinarios, en un contexto en el que la inversión real se contrae trimestre a trimestre y se concentra en un puñado de actividades extractivas.
El proyecto deberá ahora discutirse en el Senado, donde el Gobierno volverá a depender del acompañamiento de los gobernadores. Mientras tanto, el interrogante de fondo permanece abierto: si los privilegios fiscales por sí solos alcanzan para revertir un ciclo en el que el capital, pese a las facilidades, todavía no aparece.
AM
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