El presidente chileno cerró su primer trimestre con un programa de austeridad fiscal, cierre de fronteras y rebaja impositiva. La contracara: una aprobación por debajo del 40%, el cambio de gabinete más temprano desde 1990 y la primera movilización estudiantil masiva contra su gestión.
DATA Política y Económica
José Antonio Kast llegó a los primeros cien días de su mandato con la misma promesa con la que ganó el balotaje de diciembre de 2025: gobernar desde el primer día y a toda velocidad. El presidente chileno, que asumió el 11 de marzo de 2026 tras imponerse con más del 58% de los votos sobre Jeannette Jara, definió su gestión sobre la idea de una “triple emergencia” —seguridad, economía y situación social— y desplegó un paquete de medidas que combina ajuste fiscal, cierre de fronteras y rebaja impositiva. El balance del trimestre, sin embargo, exhibe una contracara que el oficialismo no anticipaba con esta nitidez: una aprobación en retroceso, un recambio ministerial inédito por su rapidez y el regreso de la protesta social a las calles de Santiago.
La elección que lo llevó a La Moneda estuvo marcada por la preocupación ciudadana en torno a la seguridad pública, la delincuencia, la inmigración irregular y la recuperación económica. Sobre esos cuatro ejes Kast construyó su “Desafío 90”, un plan elaborado por el economista Bernardo Fontaine que comprometía 90 medidas para los primeros 90 días en seguridad, migración, economía, salud y vivienda. El cumplimiento de ese plazo, a comienzos de junio, ofrece el primer corte evaluable de la nueva administración.
Seguridad y frontera: el sello inaugural
El gobierno eligió la seguridad y el control migratorio como su tarjeta de presentación. La misma noche de la asunción, Kast firmó los primeros seis decretos e instructivos de su mandato. El más emblemático fue la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo, orientado a cerrar las fronteras mediante la instalación de zanjas, muros y tecnología de vigilancia, con un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones en la macrozona norte. El esquema incluyó la atención permanente en los pasos fronterizos y un despliegue rotativo de tres mil efectivos.
La arquitectura institucional se completó con el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte —con rol de articulador entre las delegaciones regionales y los ministerios de Defensa, Seguridad y Justicia— cuya misión central es aplicar el plan migratorio en Arica, Tarapacá y Antofagasta, las regiones que concentran los principales pasos clandestinos. En su primera Cuenta Pública, el 1 de junio, el mandatario sumó la creación de siete Fuerzas de Tarea especializadas, un “Plan Retorno” para inmigrantes en situación irregular y un cuestionado Registro de Vándalos e Incivilidades.
La “emergencia económica” y el ajuste
El segundo gran frente fue el fiscal. Kast declaró una “emergencia económica” apoyada en el diagnóstico de una deuda pública mal administrada y un bajo crecimiento de la última década. En respuesta, su administración aplicó medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos e impulsó un megaproyecto de “reconstrucción nacional y desarrollo económico” con más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria ambiental, certeza jurídica y contención del gasto.
El corazón económico del proyecto es una reducción gradual del impuesto corporativo —del 27% al 23%— junto con la reintegración del sistema tributario y la eliminación de contribuciones para las primeras viviendas. En materia de inversión, el gobierno instruyó resolver los recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, desbloqueando proyectos por unos 16 mil millones de dólares, y retiró 43 decretos ambientales de la gestión anterior para someterlos a revisión técnica.
Pero la pieza que tensó el relato fue el endeudamiento. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó con suma urgencia un proyecto para autorizar un aumento del endeudamiento fiscal por 6.200 millones de dólares. Para los críticos, la combinación de discurso de austeridad, rebaja de impuestos a las grandes empresas y nuevo endeudamiento abrió una grieta de coherencia que la oposición y los movimientos sociales explotaron de inmediato.
“Heredamos un país con las cuentas desordenadas”, repitió Kast. La calle respondió con otra pregunta: si hay déficit, ¿por qué bajar impuestos a los que más tienen y endeudar más al Estado?
| PRIMEROS 100 DÍAS EN CIFRAS | |
| Votos en el balotaje (14 dic. 2025) | +58% |
| Aprobación de la gestión (fines de mayo) | 39% |
| Desaprobación | 56% |
| Recorte en salud pública | −US$486 M |
| Recorte en educación | −US$221 M |
| Rebaja del impuesto corporativo | 27% → 23% |
| Nuevo endeudamiento solicitado | US$6.200 M |
La calle que volvió a carolear.
El malestar social se expresó primero en los balcones. Los cacerolazos reaparecieron en distintas comunas de Santiago —un repertorio de protesta que no se veía de forma tan pronunciada desde el estallido social de 2019—, detonados por una fuerte alza de los combustibles y amplificados por la polémica en torno a una lujosa cena en el Palacio de La Moneda, cuyo financiamiento la Contraloría comenzó a investigar.
El punto de inflexión llegó con los recortes presupuestarios. El 3 de junio, dos días después de la Cuenta Pública, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) encabezó la primera movilización masiva contra el gobierno desde el cambio de mando, con miles de estudiantes universitarios y secundarios, el respaldo de gremios docentes y organizaciones sociales. La Confech estimó la participación de 15.000 personas; la jornada terminó con choques entre encapuchados y Carabineros, carros lanza agua y gases lacrimógenos en el centro de la capital.
El argumento de los manifestantes apuntó a la misma contradicción: el sector de salud pública resultó el más afectado por el ajuste, con una merma cercana al 2,5% de su presupuesto, mientras educación sufrió una reducción de unos 221 millones de dólares. Para estudiantes y docentes, el déficit no justifica recortar derechos sociales al tiempo que se rebajan impuestos a los grandes contribuyentes y se autoriza nuevo endeudamiento. El gobierno sostuvo que cumple sus compromisos de campaña “sin tocar los beneficios sociales”.
Un desgaste temprano
El costo político se reflejó en las encuestas y en el propio gabinete. A fines de mayo, un 39% aprobaba la gestión presidencial y un 56% la desaprobaba. En ese clima, Kast protagonizó un movimiento inédito por su precocidad: removió a su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a su vocera, Mara Sedini, apenas dos meses después de asumir. Ningún presidente chileno había modificado su gabinete tan rápido desde el retorno a la democracia en 1990. El propio mandatario admitió que no esperaba hacer ese cambio, aunque lo justificó por el “sentido de urgencia” que, según su lectura, atraviesa el país.
Pese al deterioro, Kast no dio señales de retroceder. Defendió las “medidas impopulares” de sus primeros meses como un costo necesario para ordenar las cuentas y recuperar la confianza de los inversionistas, y volvió a invocar el plazo que él mismo fijó en campaña: que lo juzguen en dieciocho meses. Ese reloj sigue corriendo.
Ningún presidente chileno había tocado su gabinete tan rápido desde 1990. El “sentido de urgencia” que Kast convirtió en bandera empezó a operar también puertas adentro.
La sombra del modelo Milei
El paralelo con la Argentina sobrevoló todo el trimestre. Kast realizó su primer viaje internacional como presidente a Buenos Aires, donde se reunió con Javier Milei, y su programa de shock fiscal alimentó comparaciones inmediatas con el experimento libertario argentino. La propia prensa chilena, sin embargo, introdujo una advertencia que resume el dilema de fondo del nuevo gobierno: la velocidad del ajuste y la reactivación temprana de la protesta sugieren que el tejido social chileno —con la memoria del estallido de 2019 todavía fresca— ofrece una resistencia distinta a la que encontró el modelo en el otro lado de la cordillera.
A cien días de su asunción, el gobierno de Kast queda definido por una apuesta clara y un riesgo igual de visible: ordenar la macroeconomía a fuerza de ajuste, mientras la calle, los gremios y las encuestas marcan que el costo social del programa se siente desde el primer trimestre. El desenlace de esa tensión —entre la promesa de estabilización y la paciencia de una sociedad que ya mostró su capacidad de movilización— será el verdadero examen de los próximos meses.
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