La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Nadie discute la obligación del Estado de combatir el delito y proteger a la ciudadanía. Lo que sí merece una discusión profunda es la utilización política de esa demanda social cuando deja de orientarse a resolver problemas concretos y pasa a convertirse en una herramienta de construcción ideológica.
Por ANTONIO MUÑIZ
La denominada «Operación Muro», impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se inscribe precisamente en esa lógica. Presentada como un refuerzo de controles en los accesos que conectan la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires, la iniciativa fue acompañada por un discurso que excede ampliamente cualquier estrategia de prevención del delito.
Durante su lanzamiento, Jorge Macri afirmó: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». La frase no constituye un simple exceso verbal. Expresa una concepción política que divide el territorio entre un espacio ordenado que debe ser protegido y otro que aparece asociado al descontrol, la violencia y la amenaza permanente.
La utilización de la palabra «barbarie» posee una enorme carga histórica en la Argentina. Durante décadas fue empleada por las élites para descalificar a los sectores populares, a las provincias y a todas aquellas expresiones políticas que cuestionaban el orden establecido. Su recuperación en pleno siglo XXI no puede interpretarse como una casualidad.
La Ciudad y el conurbano conforman una misma realidad económica, social y cultural. Más de un millón y medio de personas cruzan diariamente entre ambas jurisdicciones para trabajar, estudiar, producir, comerciar o acceder a servicios. Sin embargo, el discurso oficial intenta presentar esa interdependencia como una frontera entre quienes viven dentro del espacio protegido y quienes provienen de un exterior potencialmente peligroso.
La construcción de esa narrativa no resuelve ninguno de los desafíos estructurales vinculados a la inseguridad. Por el contrario, desplaza la discusión hacia una simplificación que busca identificar un origen geográfico del delito, como si los problemas criminales pudieran explicarse exclusivamente por la procedencia de quienes ingresan a la Ciudad.
La propia realidad desmiente esa visión.
Mientras el Gobierno porteño concentra gran parte de su comunicación política en señalar al conurbano como fuente de amenazas, los indicadores de inseguridad continúan ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los habitantes de la Capital Federal. Robos violentos, motochorros, entraderas y distintas modalidades delictivas siguen afectando a numerosos barrios porteños, incluyendo zonas que históricamente fueron consideradas seguras.
A ello se suma un fenómeno aún más complejo: la consolidación de economías ilegales y organizaciones vinculadas al narcotráfico dentro de la propia Ciudad. Durante los últimos años, distintos operativos realizados en villas y asentamientos porteños fueron presentados como demostraciones de firmeza frente al crimen organizado. Sin embargo, diversos referentes barriales, organizaciones sociales y especialistas en seguridad cuestionaron la eficacia real de muchas de esas intervenciones.
Según estas críticas, varios de esos procedimientos estuvieron orientados principalmente a generar impacto mediático y transmitir una imagen de control estatal antes que a desarticular estructuras criminales de manera permanente. Las cámaras de televisión registraron allanamientos espectaculares y despliegues policiales masivos, pero los resultados concretos en materia de reducción del delito o desmantelamiento de redes de narcotráfico fueron, en numerosos casos, difíciles de verificar.
La controversia adquiere una dimensión aún más delicada cuando se observa quiénes habitan esos barrios. Miles de familias migrantes provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú y otros países de la región viven desde hace décadas en la Ciudad, trabajan, pagan impuestos, envían a sus hijos a las escuelas públicas y forman parte de la vida cotidiana de Buenos Aires. Sin embargo, la reiteración de operativos acompañados por discursos centrados en el orden y la seguridad termina alimentando asociaciones peligrosas entre pobreza, extranjería y criminalidad.
El resultado es una estigmatización silenciosa que afecta a comunidades enteras sin aportar soluciones de fondo.
La inseguridad no reconoce fronteras administrativas. Las organizaciones criminales tampoco. Pensar que el delito puede resolverse levantando barreras simbólicas entre Ciudad y Provincia constituye una simplificación funcional a la comunicación política, pero ineficaz para enfrentar problemas complejos.
Las respuestas llegaron rápidamente desde la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió a los cuestionamientos del jefe de Gobierno porteño con una frase cargada de ironía política: «No se nos escapan los presos», en referencia a las fugas registradas en dependencias policiales de la Ciudad durante los últimos años.
El intercambio dejó al descubierto una realidad incómoda: mientras los gobiernos se disputan responsabilidades y construyen relatos de confrontación, los problemas de seguridad continúan afectando a millones de ciudadanos de ambos lados de la General Paz.
La seguridad requiere coordinación institucional, inteligencia criminal, profesionalización de las fuerzas, inversión tecnológica y políticas sociales capaces de intervenir sobre las causas profundas de la violencia. Ninguna de esas herramientas se fortalece mediante discursos que presentan a una parte de la población como sospechosa por su origen territorial.
Cuando Jorge Macri sostiene que la Ciudad debe convertirse en un «muro contra la barbarie», no está describiendo simplemente un operativo policial. Está proponiendo una manera de interpretar la realidad metropolitana: una visión que divide, clasifica y construye enemigos internos.
La experiencia histórica demuestra que las sociedades no se vuelven más seguras cuando profundizan sus fracturas. Se vuelven más seguras cuando fortalecen la cooperación, la inclusión y la capacidad del Estado para actuar sobre las verdaderas estructuras del delito.
La Argentina necesita políticas públicas eficaces, no fronteras imaginarias. Porque los muros pueden resultar útiles para una campaña de comunicación. Pero nunca han sido una solución para los problemas que dicen combatir.
