La crisis que atraviesa el entramado productivo argentino comenzó a reflejarse con fuerza en los tribunales comerciales. El crecimiento acelerado de concursos preventivos y cierres de empresas encendió una alarma que ya no proviene únicamente de las cámaras empresarias, sino también del propio sistema judicial y de los indicadores de actividad.
En ese contexto, la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamó al Gobierno nacional y al Congreso la aprobación urgente de una ley de emergencia económica para frenar lo que definió como un “cierre acelerado y masivo” de pequeñas y medianas empresas.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró que el deterioro productivo supera incluso las proyecciones más pesimistas que manejaba la entidad meses atrás. “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo de degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos muestran que el daño es mucho peor”, sostuvo.
La preocupación empresarial no se limita a un problema coyuntural de caída de ventas. El fenómeno empieza a mostrar síntomas estructurales: pérdida de capacidad productiva, desinversión, aumento de la capacidad ociosa y reconversión de empresas industriales hacia actividades importadoras para sobrevivir al nuevo esquema económico de apertura comercial y dólar apreciado.
Según datos elaborados por el Departamento de Legales de IPA, durante 2025 se abrieron 190 concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra 82 registrados en 2023. El salto representa un incremento superior al 131%. Pero el dato que más inquieta es el arranque de 2026: solamente entre febrero y abril ya se contabilizaron 92 nuevos procesos concursales, una cifra que supera los niveles observados durante varios años completos posteriores a la pandemia.
El informe fue presentado junto al titular del área legal de IPA, Germán Pizzano, quien advirtió sobre el riesgo de colapso judicial y productivo. Para la entidad, el fenómeno concursal se convirtió en el reflejo visible de una economía que perdió capacidad de absorción para el sector industrial Pyme.
“La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, señaló Pizzano en el documento difundido por la entidad. Detrás de esa cifra aparece otro impacto profundo: más de 327 mil trabajadores dejaron de tener cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo, una señal directa del deterioro del empleo formal.
En IPA sostienen que el problema excede ampliamente a los balances empresariales. La caída de la actividad industrial empieza a afectar cadenas completas de proveedores, empleo indirecto, consumo y financiamiento regional. El cierre de una fábrica en una ciudad mediana no implica únicamente la pérdida de puestos de trabajo, sino también el debilitamiento de talleres, comercios, transportistas y servicios vinculados al movimiento productivo.
El escenario, además, coincide con un proceso de fuerte apertura importadora que distintas cámaras fabriles vienen cuestionando desde hace meses. Muchas empresas locales, presionadas por costos crecientes, caída de ventas y tasas elevadas, comenzaron a abandonar parcialmente la producción para reconvertirse en importadoras de bienes terminados.
Desde IPA describen esa transformación como una “adaptación darwiniana” al nuevo contexto económico. La expresión resume una lógica de supervivencia donde producir localmente empieza a resultar menos rentable que importar, especialmente en sectores sensibles al consumo masivo y a la competencia externa.
La preocupación empresarial también se vincula al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que distintos sectores industriales consideran una amenaza potencial para la manufactura nacional. Algunas entidades fabriles advierten que, sin mecanismos de protección y financiamiento, parte de la industria argentina podría enfrentar un escenario de pérdida masiva de competitividad frente a productos europeos.
En paralelo, el deterioro del mercado interno aparece como uno de los principales factores señalados por los industriales. La caída del salario real, el freno del consumo y la reducción de la demanda golpean especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que dependen casi exclusivamente del circuito económico doméstico.
Por eso IPA impulsa en el Congreso una nueva legislación de emergencia inspirada en la Ley 25.563, implementada tras la crisis de comienzos de siglo. La propuesta incluye suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, ampliación de plazos concursales y herramientas para evitar quiebras inmediatas mientras las empresas intentan recuperar capital de trabajo.
El planteo apunta a ganar tiempo. Tiempo para refinanciar pasivos, sostener empleo y evitar liquidaciones definitivas. Pero incluso dentro de la entidad reconocen que ninguna herramienta jurídica alcanzará sin un cambio de orientación económica.
“El empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo es mediante una legislación de emergencia”, sostuvo Pizzano. Sin embargo, el propio documento aclara que cualquier alivio judicial resultará insuficiente si no aparecen condiciones macroeconómicas que reactiven el mercado interno, mejoren el consumo y permitan recuperar niveles de producción y empleo.
Detrás del reclamo empresarial empieza a emerger una discusión más profunda sobre el modelo económico. La tensión entre apertura comercial, estabilización financiera y supervivencia del aparato productivo ya atraviesa a gran parte de la industria nacional. Y mientras los indicadores financieros muestran cierta calma, en las fábricas y parques industriales crece otra sensación: la de una economía que comienza a perder densidad productiva a una velocidad difícil de revertir.
