El desarrollo científico y tecnológico debe convertirse en una política de Estado vinculada con la producción, el empleo y la autonomía nacional. La experiencia de EEUU que analizan Alexander Karp y Nicholas Zamiska plantea una discusión que la Argentina no puede eludir: ¿cómo articular al Estado, las empresas, las universidades y los trabajadores para transformar conocimiento en desarrollo?
La tecnología dejó de ser un asunto reservado a especialistas. La inteligencia artificial, la automatización, los sistemas de datos y los nuevos materiales están modificando la producción, el comercio y las relaciones de poder entre las naciones. En este escenario, los países que desarrollen capacidades propias tendrán más herramientas para competir y decidir su futuro. Los que dependan exclusivamente de tecnologías importadas deberán aceptar, en buena medida, las condiciones que otros establezcan.
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Esta discusión atraviesa La república tecnológica, el libro de Alexander C. Karp y Nicholas Zamiska. Sus autores cuestionan que una parte sustancial del talento y del capital de Silicon Valley se haya concentrado en aplicaciones comerciales y productos de consumo, mientras se desatendían problemas estratégicos. También recuperan un aspecto frecuentemente olvidado de la historia tecnológica estadounidense: el papel del Estado en la financiación de investigaciones, la creación de capacidades científicas y el desarrollo de tecnologías que después encontraron aplicaciones comerciales.
El libro está atravesado por la competencia geopolítica y los intereses de seguridad de Estados Unidos. No es un modelo que la Argentina pueda copiar. Pero contiene una pregunta que merece una respuesta propia: ¿qué prioridades, instituciones e inversiones necesita el país para que sus capacidades científicas y tecnológicas contribuyan a un proyecto nacional de desarrollo?
La respuesta no pasa por elegir entre Estado y mercado. Pasa por construir una relación eficaz entre ambos, con objetivos definidos, responsabilidades claras y resultados verificables.
Del conocimiento a la producción
La Argentina cuenta con universidades, organismos científicos, empresas tecnológicas, capacidades nucleares y satelitales, desarrollos biotecnológicos y una tradición industrial que todavía conserva conocimientos y recursos humanos valiosos. El problema es que esas capacidades no siempre se articulan ni encuentran continuidad en una estrategia productiva.
La distancia entre investigación, desarrollo y aplicación económica constituye uno de los obstáculos centrales. Un avance científico puede tener valor académico y, sin embargo, no convertirse en un producto, un proceso industrial o una solución para un problema público. Una PyME puede necesitar automatizar su producción, mejorar la gestión energética o incorporar inteligencia artificial, pero carecer de recursos para identificar la tecnología adecuada, financiarla y capacitar a su personal.
No alcanza, por lo tanto, con financiar la investigación ni con esperar que la iniciativa privada resuelva espontáneamente estas dificultades. Es necesario crear mecanismos que conecten la oferta de conocimiento con las demandas concretas de la economía.
El Estado debe cumplir un papel estratégico: identificar áreas prioritarias, sostener capacidades de largo plazo, financiar proyectos de riesgo tecnológico, facilitar la cooperación entre instituciones y generar condiciones para que las innovaciones puedan desarrollarse y escalar. No se trata de sustituir a las empresas, sino de impulsar inversiones y articulaciones que difícilmente surgirían de decisiones individuales y aisladas.
Una política tecnológica vinculada con la industria
La primera decisión consiste en integrar la política científica y tecnológica con una estrategia de desarrollo productivo. Esto exige establecer prioridades a partir de las capacidades existentes, las necesidades de la economía y las oportunidades de los mercados internacionales.
La agroindustria, la biotecnología, la energía, la minería, la industria farmacéutica, la tecnología satelital, los nuevos materiales y el software aplicado a la producción ofrecen campos posibles de trabajo. La selección de proyectos debe evitar tanto la dispersión de recursos como la pretensión de desarrollar todas las tecnologías al mismo tiempo.
En cada sector habrá que determinar qué conocimientos están disponibles, qué componentes pueden producirse localmente, dónde existen empresas con capacidad de crecer y qué asociaciones internacionales conviene promover. El objetivo no es fabricar en el país todo lo que se importa, sino aumentar progresivamente la capacidad nacional para diseñar, adaptar, producir y mantener tecnologías relevantes.
Esta orientación también debe alcanzar a las pequeñas y medianas empresas. La transformación digital no puede quedar restringida a las grandes compañías. Se necesitan programas de asistencia técnica, financiamiento para equipamiento, formación de trabajadores y servicios tecnológicos accesibles. La productividad de una economía depende también de la capacidad de sus empresas medianas y pequeñas para incorporar conocimiento.
Un sistema nacional de innovación aplicada
Una propuesta de desarrollo tecnológico requiere instituciones que conecten actores que hoy suelen trabajar por separado. Universidades, organismos científicos, empresas, cooperativas, parques industriales, gobiernos provinciales y municipios deben participar de una red de proyectos con objetivos productivos definidos.
Los parques industriales pueden ser una pieza importante de esta organización. Además de ofrecer infraestructura y servicios, pueden convertirse en espacios de innovación aplicada, donde las empresas identifiquen problemas comunes y accedan a asistencia tecnológica, laboratorios, capacitación y proveedores especializados.
Una administración de parque, por ejemplo, podría coordinar un programa para reducir consumos energéticos, incorporar herramientas de inteligencia artificial a los procesos industriales o mejorar la logística compartida. La vinculación con universidades y centros tecnológicos permitiría adaptar soluciones a las necesidades de las firmas instaladas y evaluar sus resultados.
Este enfoque exige fortalecer las oficinas de vinculación tecnológica y comercial, los centros de servicios industriales y las organizaciones capaces de traducir una necesidad empresarial en un proyecto de investigación o desarrollo. La innovación no debe depender únicamente de que una empresa encuentre por casualidad al investigador adecuado. Hace falta una estructura que facilite ese encuentro y lo convierta en una relación sostenida.
El sistema debería incluir también a los trabajadores. La incorporación de tecnología requiere conocimientos, experiencia operativa y capacitación. Excluirlos de ese proceso puede generar resistencias y desaprovechar saberes fundamentales para mejorar la producción.
El Estado debe organizar, invertir y evaluar
La propuesta necesita una institucionalidad capaz de sostener prioridades más allá de los cambios de gobierno. Una estrategia nacional de desarrollo tecnológico debería definir objetivos plurianuales, coordinar organismos públicos y establecer mecanismos de cooperación con empresas y universidades.
Cada programa tendría que contar con metas concretas, plazos, presupuesto y evaluación. No bastaría con medir cuánto dinero se asignó o cuántos convenios se firmaron. Habría que observar cuántas empresas incorporaron tecnología, qué mejoras de productividad se alcanzaron, cuántos desarrollos llegaron al mercado, qué empleo calificado se generó y qué capacidades quedaron instaladas en el país.
El financiamiento debe combinar instrumentos según las características de cada proyecto: investigación pública, aportes empresariales, crédito, compras públicas orientadas a la innovación y asociaciones con otras instituciones. Cuando el Estado asuma riesgos relevantes, también deberá establecer condiciones transparentes para que los resultados produzcan beneficios económicos y sociales.
Las compras públicas pueden desempeñar un papel importante. El Estado es un demandante de tecnología en áreas como salud, energía, transporte, administración y servicios públicos. Si identifica necesidades y organiza procesos de adquisición adecuados, puede abrir oportunidades para proveedores nacionales sin renunciar a la calidad, la competencia ni la rendición de cuentas.
Soberanía tecnológica y cooperación internacional
La autonomía tecnológica no significa aislamiento ni autosuficiencia absoluta. Ningún país desarrolla por sí solo todas las capacidades necesarias. La cuestión es distinguir entre las tecnologías que conviene importar, aquellas que pueden desarrollarse mediante cooperación y las capacidades que resulta estratégico preservar o construir localmente.
Depender por completo de plataformas, licencias y proveedores externos puede limitar la capacidad de las empresas para innovar y dejar decisiones sensibles en manos de terceros. Pero pretender reemplazar cada importación, sin evaluar costos y escalas, también puede desperdiciar recursos.
La Argentina necesita una política selectiva de soberanía tecnológica: formar especialistas, sostener líneas de investigación, fortalecer empresas nacionales y negociar acuerdos internacionales que permitan acceder a conocimientos y mercados. El objetivo debe ser participar en cadenas de valor con capacidades propias, en lugar de quedar reducida a comprar soluciones terminadas o exportar recursos con escaso procesamiento.
La inteligencia artificial vuelve más urgente esta discusión. Su adopción puede mejorar la productividad y los servicios, pero también concentrar mercados, desplazar tareas y ampliar las brechas entre empresas y trabajadores. Por eso, la política tecnológica debe incluir formación profesional, protección de datos, transparencia en el uso de sistemas automatizados y control democrático sobre las aplicaciones estatales.
Una decisión de desarrollo
La principal enseñanza de La república tecnológica es que el desarrollo científico y tecnológico no puede separarse de las decisiones políticas, económicas y estratégicas de una sociedad. Para la Argentina, esa idea debe traducirse en una política que vincule conocimiento, producción y empleo, con objetivos que puedan sostenerse en el tiempo.
No alcanza con celebrar la ciencia, promover emprendimientos o anunciar inversiones aisladas. Hay que construir las relaciones institucionales que permitan transformar capacidades dispersas en proyectos productivos, ampliar el acceso de las PyMEs a la tecnología y crear empresas capaces de competir en actividades de mayor valor agregado.
La disyuntiva no es entre modernización y tradición, ni entre Estado y mercado. Es entre una economía que incorpora tecnología sin controlar sus condiciones de desarrollo y otra que trabaja para construir capacidades propias, formar a su población y participar activamente en la transformación productiva.
Una estrategia nacional de tecnología no resolverá por sí sola los problemas argentinos. Pero sin ella será difícil aumentar la productividad, diversificar la producción y generar empleo calificado de manera sostenida.
La Argentina dispone de recursos científicos, empresariales y humanos para intentarlo. El desafío es organizarlos alrededor de prioridades compartidas y convertirlos en una política de desarrollo. La tecnología debe dejar de ser un conjunto de iniciativas dispersas para convertirse en una herramienta central de la capacidad nacional de producir, innovar y decidir.
