Mientras la Argentina contemporánea se debate entre el deterioro estructural de la escuela pública y la urgencia de reinsertarse en la economía global del conocimiento, repensar los ejes históricos del peronismo permite tender puentes hacia los desafíos del siglo XXI y delinear un proyecto educativo de largo plazo, con instrumentos, financiamiento y metas verificables.
Por Enrique Mestres*
La distancia entre el legado y el presente
El contraste entre aquel sistema educativo del primer peronismo, caracterizado por la expansión material, la articulación directa con el aparato productivo y la garantía del ascenso social, y el panorama actual es profundo.
Hoy la educación atraviesa una crisis multidimensional. Las estadísticas de terminalidad y las evaluaciones de aprendizaje revelan brechas alarmantes: amplios sectores de jóvenes de los barrios populares quedan al margen de los saberes científicos y tecnológicos básicos y de una inserción laboral formal de calidad.
En las pruebas Aprender 2024, tomadas a estudiantes de quinto y sexto año de la secundaria, apenas el 14,2% alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en Matemática y el 54,6% quedó por debajo del nivel básico; en Lengua, el 58% obtuvo resultados satisfactorios. De cada cien chicos que ingresaron a primer grado en 2013, solo diez llegaron en 2024 al último año de la secundaria sin repetir ni abandonar y con aprendizajes suficientes en ambas áreas. La terminalidad del nivel medio creció en la última década (el 74,2% de los jóvenes de 25 a 30 años tiene hoy el título), pero la brecha social persiste: en el quintil de menores ingresos esa proporción baja al 60%, contra el 92,2% en el quintil más rico.
A diferencia de mediados del siglo XX, cuando el Estado conducía un proceso de industrialización sustitutiva que demandaba operarios capacitados y técnicos industriales, el mercado de trabajo actual está atravesado por la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. En ese escenario, la escuela pública arrastra problemas crónicos de desfinanciamiento, deterioro edilicio, pérdida del poder adquisitivo docente y desconexión metodológica respecto de las formas actuales de aprender y de trabajar. Lejos de funcionar como el ascensor social de otras épocas, el sistema educativo profundiza en muchos casos la segmentación y la desigualdad preexistentes.
A este cuadro se suma el repliegue deliberado del Estado nacional. En 2024 la inversión educativa nacional cayó alrededor de un 40% en términos reales, la mayor contracción desde 1992, y pasó del 1,48% al 0,91% del PBI. Ese mismo año se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y programas como Conectar Igualdad fueron desfinanciados hasta desaparecer del presupuesto 2025. Las universidades nacionales denuncian una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios en dos años, mientras la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, quedó atrapada en una disputa judicial con el Poder Ejecutivo. La inversión en ciencia y tecnología, por su parte, rondaría en 2026 el 0,14% del PBI, el nivel más bajo de la serie histórica.
Dos modelos en disputa
El debate educativo argentino ya no es solo presupuestario; lo que se discute es el sentido mismo de la educación. El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” impulsado por el Poder Ejecutivo propone derogar la Ley de Educación Nacional 26.206, define a la familia como “agente natural y primario” de la educación, asigna al Estado un rol “subsidiario”, habilita el financiamiento a la demanda mediante vouchers, becas y créditos fiscales, y reconoce la educación en el hogar como forma de escolarización básica.
Sus defensores sostienen que la libertad de elección de las familias y la competencia entre instituciones mejorarían la calidad y la eficiencia del gasto. Desde la tradición nacional y popular, la pregunta de fondo es si la educación es un servicio que cada familia adquiere según sus posibilidades o un derecho social que la comunidad garantiza a través del Estado. El peronismo respondió históricamente por la segunda opción. Hoy le toca demostrar que esa respuesta puede sostener un sistema inclusivo y, a la vez, eficaz, moderno y capaz de producir aprendizajes de calidad.
Caminos análogos para el siglo XXI desde la filosofía peronista
Frente a este diagnóstico, revisar la doctrina peronista no significa repetir de manera anacrónica las recetas de 1950, sino recuperar sus principios rectores (la centralidad del trabajo, la soberanía nacional, la justicia social y la comunidad organizada) para responder a los problemas del presente.
Los principios, sin embargo, necesitan instituciones. El primer peronismo transformó la educación con herramientas concretas, como la gratuidad universitaria, la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, las escuelas-fábrica y la Universidad Obrera Nacional, que contaban con financiamiento asignado y un horizonte productivo claro. Un proyecto educativo para el siglo XXI requiere lo mismo: cinco ejes de acción, cada uno con sus instrumentos, un esquema de financiamiento estable y metas públicas verificables.
Primer eje: de la escuela-fábrica al ecosistema digital
Es indispensable pasar del modelo de la vieja fábrica metalúrgica a un ecosistema digital y del conocimiento. Del mismo modo en que las escuelas-fábrica respondieron en su momento al modelo industrial, hoy hace falta un sistema masivo de formación en tecnologías digitales, programación, biotecnología, transición energética y economía del cuidado. El Estado debe asegurar que la conectividad, las herramientas de inteligencia artificial y la alfabetización digital sean derechos universales desde la escuela primaria, y no privilegios de sectores concentrados.
La versión contemporánea de la escuela-fábrica debería funcionar en red. La propuesta es crear una Red Federal de Centros de Formación Tecnológica y Productiva, instalados en parques industriales, polos tecnológicos, distritos agroindustriales y nodos de la economía popular, con gestión compartida entre el Estado, las universidades, las cámaras empresarias y los sindicatos. Cada centro orientaría su oferta según la matriz productiva regional (energía y minería en la Patagonia y el Noroeste, agroindustria y biotecnología en la región pampeana, servicios basados en conocimiento en los grandes aglomerados urbanos) y recibiría a los estudiantes de las escuelas técnicas de la zona para sus prácticas profesionalizantes.
La base de ese sistema es la secundaria técnica, que reúne alrededor del 18% de la matrícula del nivel en más de 1.600 establecimientos. Fortalecerla exige renovar equipamiento y orientaciones (automatización industrial, robótica, energías renovables, ciencia de datos, mantenimiento de sistemas ciberfísicos), cumplir efectivamente con el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que fija la Ley 26.058 y extender la formación dual, en la que el estudiante alterna el aula con experiencias de trabajo supervisadas y con derechos claramente establecidos.
El salario-beca del primer peronismo puede reaparecer como una beca-estímulo de formación, coordinada con los programas de becas vigentes, que acompañe a los jóvenes de hogares vulnerables durante el trayecto técnico y aumente cuando se cumplan metas de asistencia y aprendizaje. En 1950 se trataba de que el joven obrero no abandonara la formación por la urgencia del ingreso familiar; hoy, de evitar que la economía informal absorba tempranamente a quienes podrían ser técnicos y profesionales.
La alfabetización digital, por último, es una cuestión de soberanía. Distribuir dispositivos no alcanza. La escuela debe formar personas capaces de entender cómo funcionan los algoritmos, de producir tecnología además de consumirla y de usar con criterio propio la inteligencia artificial. Para eso hace falta restituir un plan nacional de conectividad y equipamiento como infraestructura pública permanente, desarrollar plataformas y contenidos educativos de producción nacional y fijar reglas públicas sobre el uso que las grandes corporaciones tecnológicas hacen de los datos de los estudiantes.
Segundo eje: una universidad para el mundo del trabajo
Es necesario actualizar el concepto de la Universidad Obrera Nacional para la era del trabajo flexible y remoto. Aquella institución nació para llevar al trabajador a la cúspide del saber técnico; hoy ese principio debe expresarse en universidades públicas federales, flexibles e híbridas, capaces de certificar saberes a lo largo de toda la vida. Esto implica conectar el sistema universitario con las nuevas formas de trabajo (trabajadores de plataformas, desarrolladores autónomos, economía popular organizada) y evitar la deserción provocada por la urgencia económica.
Aquella experiencia, continuada desde 1959 por la Universidad Tecnológica Nacional, demostró que el mundo del trabajo y la producción de conocimiento de alto nivel podían ir juntos. Esa herencia puede proyectarse en un Sistema Nacional de Reconocimiento de Saberes y Créditos Académicos que acredite la experiencia laboral, los cursos de formación profesional y los estudios previos, para que un trabajador avance por tramos (certificaciones, tecnicaturas, títulos de grado) sin empezar de cero cada vez que cambia de empleo o de lugar de residencia.
Esta arquitectura requiere tres instrumentos. El primero es la expansión de sedes y centros universitarios territoriales, en convenio con municipios y sindicatos, que combinen la cursada virtual con laboratorios y tutorías presenciales. El segundo, un régimen de becas de retención con montos que se actualicen automáticamente y prioridad para las carreras estratégicas: ingenierías, ciencias básicas, informática, salud y formación docente. El tercero, la plena vigencia del financiamiento universitario y científico, porque una universidad orientada al trabajo necesita una base de investigación que alimente la innovación productiva.
Tercer eje: comunidad organizada y pacto educativo
La filosofía peronista sostenía que la educación no se agota en las cuatro paredes del aula y que es responsabilidad de toda la comunidad. Hoy eso supone un nuevo pacto educativo, en el que el Estado, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y el sector privado codiseñen trayectos formativos pertinentes. La escuela debe volver a ser el núcleo donde la comunidad se encuentra y protege a sus infancias y juventudes frente a la fragmentación social.
Ese pacto necesita una institucionalidad propia: un Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción integrado por la Nación y las provincias, las centrales sindicales y los gremios docentes, las universidades, el sector productivo y las organizaciones sociales. Su función sería definir cada cinco años los perfiles formativos prioritarios, evaluar la pertinencia de la oferta y seguir el cumplimiento de las metas. En cada región, mesas de educación y trabajo vincularían escuelas, institutos y universidades con las demandas de los entramados productivos locales.
En el territorio, eso se traduce en una escuela que funcione como centro comunitario, con jornada extendida y propuestas artísticas, deportivas y tecnológicas, comedores con estándares nutricionales adecuados, vínculo con el sistema de salud y edificios abiertos a los vecinos fuera del horario de clases. Ese tejido de instituciones que el pueblo reconoce como propias es la forma concreta que adquiere hoy la comunidad organizada.
Cuarto eje: los aprendizajes fundamentales
Ningún proyecto de desarrollo es viable si la mayoría de los estudiantes egresa sin dominar la matemática básica ni comprender plenamente lo que lee. En el siglo XXI, la justicia social empieza por lograr que cada niño y cada niña estén alfabetizados al terminar tercer grado y que cada adolescente adquiera los saberes matemáticos y científicos que le permitan seguir aprendiendo.
Para eso se necesita un plan nacional sostenido de alfabetización y matemática, con materiales comunes, capacitación docente en servicio centrada en la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo, evaluaciones formativas periódicas para detectar dificultades a tiempo y programas de tutoría y aceleración para los estudiantes rezagados. La evaluación debe servir para orientar recursos hacia donde más se necesitan, no para estigmatizar a escuelas o docentes. En paralelo, los millones de adultos que no completaron la secundaria requieren programas de terminalidad vinculados con la formación profesional y el empleo, en la línea de la educación de adultos que impulsó la gestión de Jorge Taiana en 1973.
Quinto eje: el docente como trabajador del conocimiento
Ninguna transformación educativa se sostiene sin docentes valorados, bien formados y dignamente remunerados. La eliminación del FONID trasladó a las provincias una carga que muchas no pueden afrontar y amplió las diferencias salariales entre jurisdicciones. Un proyecto nacional debe restablecer un piso salarial docente para todo el país, respaldado por un fondo compensador que impida que alguna provincia quede por debajo.
A eso se suman una carrera docente que reconozca la formación continua y el trabajo en contextos de mayor complejidad, la jerarquización de los institutos de formación docente y su vínculo con las universidades, y un programa nacional de capacitación en tecnologías digitales e inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza. La tecnología debe potenciar el trabajo docente y no reemplazarlo, porque la relación pedagógica sigue siendo el centro de la escuela.
El financiamiento
Un proyecto educativo sin financiamiento queda reducido a una declaración de intenciones. La Argentina ya cuenta con los instrumentos legales necesarios: la Ley de Educación Nacional fija un piso del 6% del PBI para la inversión educativa consolidada de la Nación y las provincias; la Ley 26.058 establece un fondo para la educación técnico profesional no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes del sector público nacional; y la Ley 27.614 prevé un aumento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar al 1% del PBI en 2032. El problema es su incumplimiento sistemático.
Por eso se propone una ley de financiamiento educativo plurianual para el período 2027-2036 que asegure el piso del 6% del PBI y lo eleve gradualmente; aumente la participación del Estado nacional en la inversión consolidada, que hoy apenas ronda un cuarto del total; cree un fondo federal compensador para reducir las diferencias de inversión por alumno entre provincias; y oriente hacia las áreas estratégicas los aportes del sector productivo, como el régimen de crédito fiscal para la formación técnica. La ejecución debería publicarse en tiempo real, con informes trimestrales de cumplimiento ante el Congreso.
Metas para una década
Para que la ciudadanía pueda evaluarlo, el proyecto debe traducirse en metas concretas. Un plan decenal 2027-2036 podría organizarse en torno a los siguientes indicadores:
| Indicador | Punto de partida | Meta 2036 |
| Estudiantes que llegan al último año de la secundaria sin repetir ni abandonar y con aprendizajes suficientes | 10 de cada 100 (cohorte 2013-2024) | 30 de cada 100 |
| Estudiantes de fin de secundaria con nivel satisfactorio o avanzado en Matemática (Aprender) | 14,2% (2024) | 40% |
| Jóvenes de 25 a 30 años del quintil de menores ingresos con secundaria completa | 60% (2024) | 85% |
| Participación de la secundaria técnica en la matrícula del nivel | 18% (2020) | 25% |
| Inversión educativa del Estado nacional | 0,91% del PBI (2024) | Al menos 1,5% del PBI |
| Inversión educativa consolidada (Nación y provincias) | Piso legal del 6% del PBI | Cumplimiento efectivo y creciente |
| Inversión en ciencia y tecnología | 0,14% del PBI (proyección 2026) | 1% del PBI (Ley 27.614) |
El seguimiento de estas metas debería estar a cargo de un organismo técnico autónomo, que publique informes anuales para su debate en el Congreso y en el Consejo Federal de Educación. Rendir cuentas es también la manera en que un proyecto popular demuestra que cumple lo que promete.
Un proyecto de país
Durante el primer peronismo, la gratuidad universitaria y las escuelas-fábrica expresaron un modelo de país industrial, con independencia económica y movilidad social ascendente. El proyecto educativo de las próximas décadas también deberá expresar el país que se quiere construir: uno que produzca conocimiento, agregue valor a sus recursos, integre a sus jóvenes al trabajo digno y no permita que el lugar de nacimiento decida el destino de nadie.
La vigencia del peronismo en materia educativa no reside en la nostalgia de sus logros, sino en la radicalidad de su método: concebir la educación como una herramienta soberana para la emancipación material y espiritual de un pueblo, ajena a la lógica de la mercancía. Adaptar esa filosofía al siglo XXI implica dejar atrás la parálisis defensiva y construir un proyecto pedagógico en el que el conocimiento, la tecnología y el trabajo vuelvan a ser sinónimo de futuro y de igualdad de oportunidades.
*Profesor en Ciencias Sociales especializado en Conducción Educativa
Fuentes de los datos: Secretaría de Educación de la Nación, Aprender 2024 – Secundaria; Observatorio de Argentinos por la Educación, informes sobre trayectorias escolares (cohorte 2013-2024), terminalidad educativa (EPH-INDEC 2014-2024), presupuesto educativo nacional 2025 y secundaria técnica (2022); Universidad de Buenos Aires; Grupo EPC-CIICTI (2026); Leyes 26.058, 26.206, 27.614 y 27.795.
