El fallo ordenó a Nación preservar la información sobre las tierras rurales bonaerenses recopilada durante los 15 años de vigencia del régimen.
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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, a cargo de Güendalina Sessarego, estableció un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación precise hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantice la conservación íntegra de los antecedentes registrales recopilados durante los últimos 15 años. La cautelar apunta a evitar que la derogación del régimen implique también la pérdida de información sobre la estructura de propiedad rural bonaerense.
El planteo de la Defensoría cuestionó las consecuencias de la derogación de la Ley de Tierras, que establecía mecanismos de control, un mapa dominial y restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros. El organismo advirtió que la desaparición de esas herramientas dificulta conocer la evolución de la propiedad rural y puede afectar la planificación territorial y ambiental, especialmente en distritos como Campana y Zárate, donde existe una importante concentración de titularidad extranjera.
La resolución judicial consideró que una eventual pérdida o alteración de esos datos podría generar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia. La medida, según surge del fallo, no implica restablecer la Ley de Tierras ni resolver la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de su derogación, sino preservar información pública que podría resultar necesaria para futuras decisiones estatales.
En ese marco, Lorenzino sostuvo: “No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”. Y agregó: “Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
La decisión llega en medio de la disputa judicial generada por la derogación de la Ley 26.737 mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. En este nuevo expediente, la discusión quedó concentrada en un punto concreto: que el Estado nacional conserve los datos acumulados durante los años en que existió el régimen de control sobre las tierras rurales.
