¿Cómo pasó una sociedad con una tradición tan poderosa de organización obrera del peronismo al radicalismo de mercado?
Argentina posee una de las historias políticas más contradictorias de América Latina. La tierra natal de Ernesto «Che» Guevara, con una tradición poderosa de organización sindical, sindicatos combativos y movimientos populares, ha vivido también una de las dictaduras militares más brutales de la región y, ya en el siglo XXI, llevó al poder a Javier Milei, un político que ha construido su proyecto sobre la forma más radical de fundamentalismo de mercado, achicamiento del Estado y ataque a buena parte de las formas tradicionales de organización colectiva.
A primera vista, esta trayectoria parece paradójica. ¿Cómo puede una sociedad con una tradición tan fuerte de política obrera y justicia social volverse receptiva a un proyecto que trata a los sindicatos, al Estado de bienestar y a buena parte de la intervención estatal como obstáculos a la libertad económica? ¿Cómo llegó un país donde el peronismo convirtió a la clase obrera en uno de los pilares centrales de la política nacional a un punto en que parte de la sociedad celebra el desmantelamiento o el retroceso de esas mismas instituciones colectivas?
Los rasgos culturales, el «extremismo» argentino o alguna oscilación inherente entre izquierda y derecha explican muy poco de esta contradicción. La respuesta hay que buscarla en la historia de las relaciones entre capital, trabajo, Estado y la posición de Argentina dentro del sistema capitalista global.
Argentina no debe entenderse como una sociedad que oscila perpetuamente entre dos polos, izquierda y derecha. Es mejor comprenderla como una sociedad en la que sucesivos proyectos hegemónicos han tomado forma, sin que ninguno de ellos haya logrado, durante mucho tiempo, establecer una relación estable entre la acumulación de capital, la integración política de las clases subalternas y el lugar del país en la economía mundial.
La crisis argentina, entonces, es menos una crisis de elección entre dos ideologías que una crisis de construcción de un orden social estable.
Desde el ascenso del peronismo en los años cuarenta hasta la dictadura de 1976, del neoliberalismo de Menem a la crisis de 2001, del kirchnerismo a la emergencia de Milei, la pregunta de fondo ha sido en gran medida la misma: ¿qué fuerza social puede organizar una relación estable entre el Estado, el capital y la clase obrera, al mismo tiempo que gestiona la posición de Argentina en la economía global?
Desarrollo exportador y sus límites
A comienzos del siglo XX, Argentina era un ejemplo destacado de desarrollo dependiente de las exportaciones. Las exportaciones de carne y granos, el desarrollo ferroviario y portuario, y los amplios vínculos con los mercados europeos —Gran Bretaña sobre todo— generaron una riqueza considerable. Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades más importantes de América Latina, y durante un tiempo el país figuró entre las economías más ricas del mundo por ingreso per cápita.
Pero esta modernización cargaba desde el inicio una limitación estructural. La integración de Argentina en la economía mundial descansaba principalmente en la exportación de materias primas y en el papel del capital extranjero, y una parte considerable de la riqueza permanecía en manos de grandes terratenientes y grupos económicos ligados a la exportación. Infraestructuras como los ferrocarriles y los puertos se construyeron sobre todo para conectar las zonas de producción con los mercados de exportación, más que para integrar la economía interna.
Al mismo tiempo, la inmigración europea a gran escala y el crecimiento industrial produjeron una clase obrera considerable. A diferencia de muchas otras sociedades latinoamericanas, esta clase heredó una tradición relativamente larga de sindicalismo, socialismo y anarquismo. Argentina combinaba así dos rasgos simultáneamente: una economía profundamente integrada al mercado mundial y una sociedad con una notable capacidad de organización de sus clases subalternas.
Esta tensión se convirtió más tarde en una de las principales fuentes de las crisis políticas recurrentes del país.
El peronismo: integración sin transformación
El peronismo de los años cuarenta fue una respuesta histórica a esta tensión. Juan Perón transformó a la clase obrera de un grupo que era en gran medida objeto de la política en uno de sus actores centrales. Los derechos laborales, los salarios, el seguro social, la expansión sindical y la intervención estatal en la economía redefinieron la posición social y política de los trabajadores.
La importancia histórica del peronismo no puede reducirse a sus políticas de bienestar. Más relevante aún fue que logró forjar una identidad política duradera para buena parte de la clase obrera e integrarla en un proyecto nacional-popular.
Pero esta fue también la limitación fundamental del peronismo.
El peronismo nunca buscó abolir el capitalismo. Su proyecto consistía en construir una suerte de capitalismo nacional dirigido por el Estado, en el que este pudiera equilibrar trabajo y capital, redirigir una mayor parte del valor producido hacia las clases subalternas e impulsar al mismo tiempo la industrialización interna.
En este sentido, el peronismo logró integrar políticamente a la clase obrera sin trastocar las relaciones básicas de la propiedad capitalista.
Esta contradicción es esencial para comprender la historia argentina. Una clase obrera que había ganado un poder político y social significativo a través del peronismo dejó de ser una mera fuerza defensiva de salarios, pero ese poder permaneció contenido dentro de un orden que preservaba la propiedad privada y el dominio del capital.
Como resultado, el problema que el peronismo no logró resolver se reprodujo dentro del propio peronismo: ¿debía la movilización de la clase obrera limitarse a reformar y regular el capitalismo, o debía conducir a una transformación de fondo de la estructura social?
Esta contradicción estalló violentamente en los años setenta. Para cuando Perón regresó del exilio, el peronismo se había convertido en una coalición extremadamente amplia e internamente contradictoria. Por un lado, la izquierda peronista y organizaciones como los Montoneros se veían a sí mismas como las herederas radicales de la tradición igualitaria y antioligárquica del peronismo; por otro, la derecha peronista buscaba contener a las fuerzas radicales y preservar el orden político existente.
En los últimos años de Perón, la fractura entre estas tendencias se profundizó. Su enfrentamiento público con los Montoneros en la Plaza de Mayo en 1974 simbolizó la crisis interna de un movimiento que alguna vez había logrado unir a distintos sectores de la clase obrera y populares en una sola coalición política.
De ese mismo contexto surgió también la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que jugó un papel en la represión y el asesinato de activistas de izquierda, intelectuales y opositores políticos.
La crisis de hegemonía argentina, entonces, no fue simplemente un conflicto entre el peronismo y sus opositores; también atravesó el propio proyecto peronista. El peronismo había logrado situar a la clase obrera en el centro de la política, pero nunca resolvió la pregunta de a qué tipo de orden debía servir ese poder social.
Dictadura y reconstrucción de las relaciones de clase
El golpe de 1976 debe entenderse en este contexto. La dictadura militar no fue simplemente una respuesta a la lucha armada o a la inestabilidad política; su objetivo era una reconstrucción profunda de la correlación de fuerzas en la sociedad. La represión de miles de trabajadores, estudiantes, intelectuales y activistas políticos, junto con el debilitamiento de los sindicatos y las organizaciones sociales, apuntaba precisamente a la capacidad de resistencia colectiva.
Junto a esta represión, la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del gobierno militar, redirigió la trayectoria económica del país. La liberalización financiera, el aumento de la deuda externa, la reducción del apoyo a la producción nacional y un papel fortalecido del capital financiero fueron rasgos centrales de este viraje.
La relación entre represión política y transformación económica resulta esencial aquí. La violencia dictatorial no fue solo una herramienta para mantenerse en el poder; la represión de las organizaciones sociales y laborales hizo posible también una reestructuración más amplia de la relación entre capital y trabajo.
La historia de la dictadura, sin embargo, no debe reducirse a un simple plan económico. El gobierno militar surgió de un entramado complejo de crisis políticas, sociales, económicas e ideológicas, y su programa económico no fue simplemente un paquete impuesto desde afuera. Sectores de la elite doméstica participaron activamente en su diseño y aplicación. Esto subraya que la dependencia no debe entenderse como la ejecución pasiva de órdenes extranjeras, sino que se reproduce a través del entrelazamiento de la estructura capitalista global con los intereses de las fuerzas sociales internas.
El fin de la dictadura en 1983 no significó el fin de esta estructura económica. La democracia política regresó, pero la deuda externa, la crisis financiera y las limitaciones estructurales de la economía persistieron.
Neoliberalismo, convertibilidad y el colapso de 2001
En los años noventa, el gobierno de Carlos Menem surgió desde dentro de la tradición peronista, pero aplicó una política muy alejada del peronismo clásico. La privatización, la liberalización económica y financiera, y la convertibilidad del peso con el dólar arrastraron a Argentina a una nueva fase de integración en la economía global.
El plan de convertibilidad logró en el corto plazo frenar la inflación y crear una sensación de estabilidad. Pero esa estabilidad dependía del ingreso de capital extranjero, del endeudamiento y del sostenimiento de un mecanismo cambiario frágil. La caída de la competitividad de parte de la producción nacional, el aumento del desempleo y de la deuda, y la recesión posterior expusieron las contradicciones de fondo del modelo.
La crisis de 2001, entonces, no puede atribuirse únicamente a los errores de un gobierno o a una mala gestión. Fue la explosión de contradicciones inherentes a un modelo que buscaba estabilizar la economía argentina mediante una integración financiera y monetaria más profunda en la economía global, sin resolver las cuestiones de fondo sobre la capacidad productiva, la estructura de la deuda y los límites de una economía dependiente de las exportaciones.
El colapso del sistema bancario, las restricciones al retiro de depósitos y las protestas masivas en las calles no fueron simplemente una crisis de gobierno; fueron una crisis de legitimidad de todo un modelo económico y social.
Kirchnerismo: reforma sin cambio estructural
El kirchnerismo surgió de esa misma crisis.
En muchos sentidos, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner marcaron una ruptura con el neoliberalismo de los años noventa. El aumento del gasto social, el crecimiento de salarios y empleo, un papel más activo del Estado, la reestructuración de la política de deuda, el retorno del Estado a ciertos sectores estratégicos y amplios programas sociales formaron parte de este viraje.
El kirchnerismo fue, en efecto, un intento de reconstruir la relación entre Estado y sociedad después del colapso de 2001. El Estado volvió a emerger como una fuerza de redistribución, protección social y regulación económica.
Sin embargo, el problema estructural persistió.
La economía argentina siguió dependiendo de los sectores exportadores para obtener divisas. La agricultura y las exportaciones de materias primas, en particular la soja y sus derivados, jugaron un papel central en la generación de divisas, y la concentración de la propiedad y del poder económico en sectores clave no fue desmantelada de manera fundamental.
El kirchnerismo logró así modificar el patrón de distribución del ingreso y el papel del Estado, pero no transformó la estructura de acumulación lo suficiente como para eliminar la dependencia de las divisas, las exportaciones de materias primas y el poder de los grupos económicos dominantes.
Esta distinción entre reformar la distribución y transformar la estructura de acumulación resulta esencial para comprender los límites del kirchnerismo.
Esto no quiere decir que el kirchnerismo fuera simplemente una continuación del neoliberalismo; semejante lectura ignoraría las diferencias reales entre ambos proyectos. El punto es que el kirchnerismo no logró construir un nuevo orden económico capaz de blindar sus conquistas sociales frente a crisis estructurales posteriores.
Como resultado, cuando la inflación, la crisis cambiaria y la desconfianza hacia los políticos tradicionales se intensificaron de nuevo, quedaron dadas las condiciones para la emergencia de una fuerza que se presentó no como reformadora del orden existente, sino como su enemiga.
Milei: un nuevo tipo de radicalismo de mercado
Javier Milei entró en escena precisamente desde ese punto.
Su ascenso no puede explicarse simplemente como una reacción a un gobierno o incluso a un período económico determinado. Es producto de una acumulación de crisis: inflación crónica, crisis de confianza en los partidos tradicionales, desconfianza hacia el Estado, erosión del ingreso real, ineficiencia de parte de las instituciones públicas y la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales de ofrecer una visión creíble de futuro.
Pero Milei no es simplemente una repetición de Menem.
El neoliberalismo de los noventa hablaba sobre todo el lenguaje de la eficiencia, la privatización, la estabilidad monetaria y la integración a la economía mundial. Milei ha introducido un lenguaje más radical en la política. Para él, el problema no es solo la ineficiencia estatal; el Estado mismo, en tanto forma de intervención y coerción, se opone a la libertad individual.
En este sentido, su proyecto está más cerca de una tradición anarcocapitalista, aunque en la práctica sigue dependiendo del Estado para aplicar la política económica, regular los derechos de propiedad y reconstruir el orden social.
Ahí reside la contradicción: un proyecto que habla de reducir el poder del Estado se ve obligado, sin embargo, a hacer un uso extenso del poder estatal para llevar adelante su propia transformación.
Otra diferencia respecto al neoliberalismo clásico está en la fusión que hace Milei entre economía y guerra cultural. No habla solamente de privatizaciones y mercados; también presenta al «wokismo», al «marxismo cultural», al feminismo y a parte de la izquierda cultural como componentes de un enemigo político.
Milei debe entenderse, por tanto, como parte de una transformación más amplia de la derecha contemporánea, en la que el radicalismo de mercado se combina con un ataque a las instituciones intermedias colectivas, la guerra cultural y una redefinición de la relación entre el individuo y el Estado.
Su alineamiento en política exterior con Estados Unidos e Israel no es ajeno a esta orientación doméstica. Sin embargo, esta relación no debe reducirse a simples «órdenes del exterior». Como en otros casos de América Latina, la relación entre el imperialismo y la política interna solo se vuelve inteligible cuando se examinan, dentro de un mismo marco, los intereses de las fuerzas domésticas, el Estado y las estructuras globales.
Imperialismo y relaciones de clase internas
Aquí es donde la cuestión del imperialismo se vuelve central.
Argentina se integró a la economía mundial desde las primeras etapas de formación de su Estado moderno, pero esa integración nunca significó independencia económica. Una economía orientada a la exportación, la dependencia de divisas extranjeras, la dependencia de tecnología y capital externos, y las recurrentes crisis de deuda crearon un conjunto de limitaciones estructurales dentro de las cuales los sucesivos gobiernos se vieron obligados a operar.
El imperialismo, en estas condiciones, no significa necesariamente ocupación militar o control político directo. En el capitalismo contemporáneo, la dominación puede ejercerse a través de estructuras financieras, deuda, control de la tecnología, mercados globales, flujos de capital y desigualdades en la división internacional del trabajo.
Pero también aquí hay que evitar la simplificación excesiva. Los problemas de Argentina no pueden atribuirse únicamente al imperialismo externo. Las clases dominantes internas, la política estatal, las estructuras de propiedad, las decisiones económicas y los conflictos de clase han jugado un papel fundamental en la configuración de estas crisis.
La formulación más precisa es que el imperialismo y las relaciones de clase internas se refuerzan mutuamente.
Este es un patrón que se repite a lo largo de la historia latinoamericana. La integración desigual a la economía global no solo impone limitaciones externas; también produce clases y grupos internos cuyos intereses quedan atados a la continuidad de esa misma forma de integración.
Por esta razón, el dilema argentino no puede explicarse mediante un simple binomio «externo/interno». La estructura global y las clases domésticas operan en una relación de refuerzo mutuo.
Visto así, la experiencia argentina se conecta con un patrón más amplio observado en el ascenso y el retroceso de los gobiernos de izquierda en toda América Latina: un gobierno puede cambiar, la política distributiva puede cambiar, e incluso parte de la estructura de poder político puede desplazarse, pero si los fundamentos económicos y sociales de fondo del poder permanecen intactos, persiste la posibilidad de que el viejo orden regrese.
La cuestión de la izquierda
Esto tiene una importancia particular para la izquierda.
Las derrotas de la izquierda en Argentina no pueden explicarse solo por la represión. La represión dictatorial jugó un papel decisivo en la destrucción de parte de la capacidad organizativa de la izquierda, pero la historia no termina ahí.
Uno de los problemas históricos de la izquierda argentina fue la brecha entre la izquierda revolucionaria y la gran clase obrera peronista. La izquierda revolucionaria logró construir organizaciones militantes y redes sociales importantes, pero no logró construir un proyecto hegemónico nacional capaz de redefinir la tradición peronista desde dentro de la lucha de clases, en lugar de limitarse a criticarla desde afuera.
Como resultado, la izquierda no logró convertirse en una fuerza política capaz de organizar simultáneamente a la clase obrera, a distintos sectores urbanos subalternos, a las fuerzas productivas y a segmentos de la clase media en torno a un proyecto económico y social alternativo.
Esto debe entenderse junto con la represión, la derrota de la lucha armada, la transformación de la estructura de clases después de 1976, la crisis de la izquierda mundial y el colapso de la Unión Soviética.
Desde este ángulo, la pregunta actual para la izquierda no es simplemente cómo ganar elecciones. La pregunta más de fondo es si puede volver a adquirir la capacidad de producir un bloque social hegemónico.
Hegemonía, Gramsci y la crisis irresuelta de Argentina
El concepto gramsciano de hegemonía resulta esencial aquí.
La hegemonía no es simplemente el control del Estado. Una fuerza social se vuelve hegemónica cuando logra presentar sus intereses particulares como una visión universal del futuro de la sociedad y organizar en torno a esa visión a distintos sectores sociales.
El peronismo, en un momento dado, alcanzó esa capacidad. Logró situar a la clase obrera en el centro de la política y convertir su proyecto en una identidad nacional-popular, pero nunca resolvió la contradicción entre integrar a los trabajadores y preservar las relaciones capitalistas.
El neoliberalismo también logró, durante un tiempo, generar consenso social, en particular a través de la estabilidad monetaria y el aumento del consumo, pero no pudo resolver sus propias contradicciones económicas.
El kirchnerismo logró reconstruir parte de la confianza de la sociedad en el Estado después de 2001, pero no transformó la estructura de acumulación lo suficiente como para superar las crisis cambiarias y la dependencia económica.
Milei intenta ahora impulsar un proyecto distinto: convertir el descontento social en una nueva coalición organizada en torno al mercado, un papel reducido del Estado y el debilitamiento de los intermediarios colectivos.
Pero este proyecto ya no es simplemente una promesa electoral.
Hacia 2026, el gobierno de Milei ha convertido parte de su programa en cambio institucional. Reformas fiscales y comerciales, cambios en el marco monetario y cambiario, privatizaciones y reforma laboral están en agenda. En mayo de 2026, el Fondo Monetario Internacional anunció haber completado la segunda revisión del programa de cuarenta y ocho meses con Argentina, celebrando los avances en materia fiscal, comercial y laboral, y en los cambios al marco monetario y cambiario.
La nueva ley de «Modernización Laboral», aprobada en febrero de 2026, introdujo cambios profundos en el código de contratación laboral, que el gobierno presenta como una herramienta para formalizar el empleo, reducir la regulación y aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo.
Milei, entonces, ya no puede analizarse simplemente como un fenómeno de protesta o una reacción populista a la crisis económica. La pregunta ahora es si puede convertir sus cambios económicos e institucionales en un orden de acumulación estable y un bloque social relativamente duradero.
Esta pregunta todavía no tiene una respuesta definitiva.
El éxito de un proyecto hegemónico no se mide solo por la aprobación de una ley o una victoria electoral. Lo que importa es si el nuevo orden puede generar, al mismo tiempo, crecimiento económico, estabilidad financiera, reproducción social y un grado suficiente de aceptación social, si no de consenso.
Es precisamente aquí donde la historia argentina se vuelve significativa.
Milei puede representar una ruptura seria con ciertas formas de estatismo y de política social de períodos anteriores, pero para consolidar un nuevo orden deberá enfrentar el mismo problema que enfrentaron los proyectos anteriores: la relación entre la economía global, la estructura de la producción interna y una sociedad con tradiciones profundas de organización colectiva.
En este sentido, Milei no es simplemente un regreso de Menem ni una ruptura completa con el pasado.
Representa un nuevo tipo de intento por resolver la crisis de acumulación y la crisis de legitimidad: un intento que, en lugar de reconstruir un compromiso entre el Estado, el trabajo y el capital, busca desplazar mayor peso hacia el capital y los mecanismos de mercado, limitando al mismo tiempo el papel de los intermediarios colectivos.
Si este proyecto puede pasar de la reforma económica a una hegemonía social duradera sigue siendo una pregunta histórica abierta.
Conclusión: una pregunta más grande que Argentina
Desde esta perspectiva, la pregunta central sobre Argentina ya no es por qué el país pasó del Che Guevara a Milei.
La verdadera pregunta es por qué una sociedad con una de las tradiciones obreras más poderosas de América Latina ha vivido repetidamente proyectos capaces de transformar el gobierno y la política, pero incapaces de reconstruir de manera duradera la relación entre producción, propiedad, Estado y clases sociales.
La respuesta está en esta tensión fundamental: Argentina es una sociedad con una alta capacidad de organización social, pero con una economía cuyos sectores clave permanecen dependientes de las estructuras exportadoras y del mercado mundial.
Esta misma condición ha producido un campo permanente de disputa entre proyectos sociales en competencia.
El peronismo intentó gestionar esta tensión mediante la integración política de la clase obrera y el fortalecimiento del Estado nacional.
La dictadura intentó quebrar la organización social mediante la violencia y reconstruir la relación entre capital y trabajo.
El neoliberalismo buscó resolver la cuestión del desarrollo mediante una integración más profunda al mercado global.
El kirchnerismo intentó reconstruir el papel del Estado después del colapso de 2001, sin transformar las estructuras subyacentes de acumulación.
Y Milei intenta ahora resolver la crisis por otra vía: achicando el papel del Estado, liberalizando aún más la economía y reconstruyendo la autoridad del mercado.
En cada uno de estos períodos ha persistido un mismo problema compartido: ¿cómo puede una economía periférica organizar simultáneamente capacidad productiva, relativa independencia económica, integración social de las clases subalternas y conexión con la economía global?
Esta no es solo una pregunta argentina.
La experiencia argentina forma parte del problema más amplio de los Estados periféricos: países donde las fuerzas sociales internas intentan cambiar el rumbo del desarrollo mientras enfrentan limitaciones arraigadas en su posición dentro del sistema capitalista global.
Por esta razón, la crisis de hegemonía en Argentina no debe entenderse simplemente como una crisis de las elites políticas o de inestabilidad partidaria. En un nivel más profundo, es una crisis de construcción de un proyecto social capaz de establecer una relación estable entre acumulación, reproducción social, Estado y posición global del país.
Aquí reside también la cuestión de la izquierda.
Si la izquierda se limita a resistir el ajuste, las privatizaciones y el mercado sin ofrecer un proyecto que transforme la estructura de la producción, la propiedad, la organización obrera y el lugar del país en la división internacional del trabajo, terminará reducida a defender el orden anterior.
Pero si quiere romper este ciclo de derrotas, debe ir más allá de la redistribución y colocar la cuestión del poder económico en el centro de su política.
La pregunta no es simplemente quién controla el Estado.
La pregunta es quién tiene el poder de determinar el rumbo de la producción, la propiedad, la inversión y la reproducción social.
La crisis argentina, desde este punto de vista, aún no ha terminado, pero esto no debe entenderse como ausencia de hegemonía. Por el contrario, la historia argentina es una historia de disputa entre hegemonías rivales, cada una de las cuales ha logrado, en distintos momentos, organizar en torno a sí a parte de la sociedad, para luego encontrar sus límites frente a las contradicciones estructurales de la acumulación y la dependencia.
De Che a Milei, entonces, no es la historia de un movimiento lineal de Argentina de la izquierda a la derecha.
Es la historia inconclusa de una disputa en torno a una sola pregunta: qué fuerza social tiene el derecho a definir el futuro económico y político de la sociedad.
Y acaso sea precisamente en esta pregunta donde la experiencia argentina trasciende un problema nacional y se convierte en una de las cuestiones centrales de la política emancipatoria del siglo XXI: ¿cómo puede transformarse la resistencia al orden existente en la construcción de un poder social capaz de establecer un orden distinto, no solo en el Estado, sino en las estructuras reales de la economía y la sociedad?
