Educación, ciencia, tecnología e industria no son compartimentos separados. Forman parte de una misma infraestructura productiva que puede tardar décadas en construirse y muy poco tiempo en deteriorarse.
La discusión sobre el papel del Estado adquiere una dimensión concreta cuando se observa qué ocurre con las instituciones que sostienen el conocimiento, la innovación y la producción.
La experiencia analizada por Mariana Mazzucato en El Estado emprendedor permite formular una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando un país reduce o desarticula las capacidades públicas que hicieron posible buena parte de su desarrollo tecnológico y productivo?
La respuesta no se encuentra solamente en una planilla presupuestaria.
Cuando se reduce la inversión en educación, ciencia, tecnología o infraestructura productiva, el efecto inmediato puede aparecer como un ahorro fiscal. Pero la pérdida de capacidades acumuladas puede manifestarse mucho después, cuando faltan investigadores, técnicos, laboratorios, proyectos, empresas tecnológicas, proveedores industriales o instituciones capaces de acompañar una nueva inversión.
El problema, entonces, no es solamente cuánto dinero deja de gastar el Estado. Es qué capacidades deja de construir o empieza a perder la sociedad.
La ciencia necesita continuidad
La investigación científica no funciona con la lógica de una obra que comienza y termina dentro de un ejercicio presupuestario.
Formar un investigador requiere años. Crear un grupo de investigación exige continuidad. Construir un laboratorio, desarrollar equipamiento y consolidar una línea tecnológica puede demandar décadas.
Cuando un sistema científico pierde financiamiento, investigadores y proyectos, recuperar esas capacidades no resulta automático.
La emigración de científicos, la interrupción de investigaciones o la pérdida de equipamiento especializado no siempre aparecen inmediatamente en los indicadores económicos. Sin embargo, afectan la posibilidad futura de producir conocimiento y transformarlo en tecnología.
La ciencia, en ese sentido, es también una forma de infraestructura.
De la ciencia a la industria
El mismo razonamiento vale para la tecnología y la producción.
Un país que quiere desarrollar industria necesita mucho más que empresas. Necesita técnicos, ingenieros, científicos, proveedores especializados, organismos de certificación, institutos tecnológicos, financiamiento, universidades y redes de cooperación.
Instituciones como el INTI, el INTA y el SENASA cumplen funciones diferentes, pero participan de esa infraestructura productiva.
La calidad industrial, la innovación tecnológica, la sanidad agroalimentaria, la transferencia de conocimiento y el acceso a mercados dependen de capacidades institucionales que no se improvisan cuando aparecen nuevas oportunidades.
Por eso la discusión sobre estos organismos no debería quedar encerrada en la cuestión de su presupuesto anual.
La pregunta estratégica es otra: ¿qué sistema productivo puede construir la Argentina si debilita las instituciones que generan conocimiento, tecnología, certificación y asistencia a sus empresas.?
La paradoja de la motosierra
Existe una paradoja en la reducción indiscriminada de capacidades estatales.
Mientras el discurso económico suele reclamar mayor productividad, competitividad, inversión, innovación y generación de divisas, esas mismas metas requieren instituciones capaces de producir conocimiento y acompañar procesos tecnológicos y productivos.
Una economía puede reducir gastos en el corto plazo y, al mismo tiempo, deteriorar las condiciones necesarias para aumentar su productividad en el largo plazo.
No se trata de afirmar que todo gasto público es eficiente ni que todas las instituciones estatales funcionan correctamente. Una política de desarrollo también exige evaluar resultados, eliminar ineficiencias y mejorar la gestión.
Pero eficiencia y desmantelamiento no son sinónimos.
Reformar una institución puede significar mejorarla. Reducir sus capacidades hasta volverla irrelevante es otra cosa.
El costo que no aparece en el presupuesto
Los balances fiscales registran ingresos y gastos. No registran con la misma facilidad el costo de una capacidad tecnológica perdida.
Si un investigador abandona una línea de trabajo, si una empresa deja de desarrollar un producto, si un laboratorio pierde equipamiento o si una universidad reduce una determinada formación profesional, el impacto económico puede aparecer años después.
Ese es uno de los puntos centrales que permite comprender el planteo de Mazzucato.
Las capacidades productivas también son activos.
No tienen siempre una cotización inmediata, pero determinan qué puede hacer una economía en el futuro.
Una sociedad que durante décadas forma científicos, ingenieros y técnicos está acumulando capital. Una sociedad que desarrolla universidades, institutos tecnológicos y empresas innovadoras también está acumulando capital. No necesariamente financiero, pero sí productivo, tecnológico y humano.
El desarrollo no se importa terminado
La discusión adquiere especial importancia para la Argentina.
Exportar recursos naturales puede generar divisas. Pero convertir esas riquezas en desarrollo sostenido requiere agregar conocimiento, tecnología, industria y trabajo calificado.
El desafío aparece en sectores tan diferentes como la energía, la minería, la agroindustria, la biotecnología, la economía del conocimiento, la industria metalmecánica o la infraestructura.
En todos ellos existe una pregunta común: ¿cuánto conocimiento y tecnología puede generar el país alrededor de sus propios recursos?
Una estrategia de desarrollo que ignore esa dimensión corre el riesgo de limitarse a exportar recursos e importar buena parte de las tecnologías necesarias para explotarlos.
La alternativa requiere construir capacidades nacionales y articularlas con el sector privado.
Estado y sociedad desarrolladora
Aquí aparece una diferencia fundamental con la concepción de un Estado reducido a sus funciones administrativas.
Un Estado desarrollador no significa un Estado que hace todo.
Significa un Estado capaz de identificar sectores estratégicos, coordinar actores, financiar etapas de riesgo, sostener instituciones científicas y tecnológicas y crear condiciones para que las empresas puedan innovar y crecer.
Pero también requiere una sociedad capaz de participar de ese proceso.
Universidades, empresas, trabajadores, cooperativas, centros de investigación, organizaciones sociales y gobiernos locales forman parte de una trama que puede ampliar las capacidades productivas.
El desarrollo, desde esta perspectiva, no es una transferencia unilateral desde el Estado hacia la sociedad. Es la construcción de un sistema.
La discusión de fondo
La discusión sobre la llamada “motosierra” no debería agotarse en una disputa entre quienes defienden todo el gasto público y quienes reclaman reducción del Estado.
Existe una cuestión anterior y más importante: qué capacidades necesita la Argentina para producir, innovar, exportar y mejorar la calidad del empleo durante las próximas décadas.
La respuesta exige mirar más allá del resultado fiscal de un año.
La educación forma personas que trabajarán durante décadas. La ciencia produce conocimiento cuyo impacto puede aparecer mucho después. La tecnología transforma industrias. Los organismos técnicos sostienen estándares y capacidades productivas. Las universidades alimentan el sistema de innovación. Las empresas convierten parte de ese conocimiento en bienes y servicios.
Desarticular cualquiera de esos componentes puede tener consecuencias que no aparecen inmediatamente en las cuentas públicas.
El debate, por lo tanto, no es simplemente cuánto Estado debe existir.
Es qué capacidades colectivas está dispuesta a conservar y desarrollar una sociedad que pretende tener una economía productiva, tecnológica e industrial propia.
Ese es, en última instancia, el desafío que plantea El Estado emprendedor cuando se lo lleva del terreno de la teoría económica a la realidad de países como la Argentina.
REDACCION DPyE
