El Consejo de Federaciones convocó un sirenazo simultáneo en todo el país por la falta de ejecución de los fondos que fija la Ley 25.054. Las entidades piden una audiencia con el Ejecutivo desde abril y todavía no obtuvieron respuesta.
A las diez de la mañana de este jueves, sirenas de cuarteles de todo el país sonaron al unísono. No fue una alarma por una emergencia sino una protesta: bomberos voluntarios de las 29 federaciones provinciales reclamaron al Gobierno de Javier Milei el pago de fondos que, según denunciaron, llevan meses sin ejecutarse.
La convocatoria estuvo a cargo del Consejo de Federaciones, que reúne a la totalidad de las federaciones provinciales del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El sirenazo se replicó de manera simultánea en cuarteles de distintas provincias y no afectó la atención de emergencias durante su desarrollo.
El reclamo central apuntó a los recursos previstos por la Ley Nacional N° 25.054, que establece un financiamiento específico para el sistema de bomberos voluntarios. Según las entidades, esos fondos permanecían pendientes de distribución: la cifra adeudada correspondiente al ejercicio 2025 y a períodos anteriores ascendía a $59.330.748.051. De acuerdo con los cálculos de las federaciones, ese monto equivalía a unos $45 millones por cada asociación.
Los bomberos voluntarios remarcaron que se trata de una partida con afectación específica establecida por ley, y no de una ayuda extraordinaria ni de un aporte discrecional del Estado nacional. La distinción buscó desactivar cualquier lectura de la protesta como un pedido de asistencia excepcional: para las federaciones, es dinero que ya les corresponde por norma.
Carlos Milanesi, presidente del Consejo Nacional de Bomberos, sostuvo que las entidades solicitaban audiencias con el Poder Ejecutivo desde abril sin obtener respuesta. El dato ubicó el reclamo en un plano institucional: cinco meses de gestiones sin resultado antecedieron a la decisión de salir a la vía pública —o, en este caso, sonora— con la protesta.
El sirenazo se inscribió en el marco más amplio del ajuste fiscal impulsado por la actual gestión, que alcanzó también a organismos con financiamiento etiquetado por ley. Los bomberos voluntarios no adelantaron, hasta el momento, nuevas medidas de fuerza en caso de que el reclamo continúe sin resolución.
DPyE
