Hay una foto que se repite con demasiada frecuencia como para ser casualidad. Adolescentes con el celular en alto, sin banderas partidarias, sin bombos, sin ningún dirigente reconocible arriba de un camión, tomando una plaza o una avenida en cuestión de horas.
Por DATA Política y Económica
Pasó en Santiago de Chile en octubre de 2019. Pasó en Colombo en 2022. Pasó en Daca en 2024, en Nairobi ese mismo año, en Yakarta y en Katmandú el año pasado. En Nepal, una protesta nacida por la prohibición de usar redes sociales tardó menos de cuarenta y ocho horas en incendiar el Parlamento y expulsar a un primer ministro de cuatro mandatos. La ciencia política todavía no se pone de acuerdo en cómo llamar a esto; algunos hablan de generación Z política, otros prefieren un nuevo repertorio de protesta, sin conducción, sin programa escrito, que aparece y desaparece con la velocidad de un trending topic.
Conviene mirar esto de cerca porque no es un fenómeno de laboratorio lejano. Tiene una entrada temprana en nuestro propio continente.
Chile fue, sin que en ese momento nadie lo llamara así, el primer gran ensayo de esta forma de protesta. El país llevaba tres décadas mostrándose como el alumno modelo de la región, con estabilidad macroeconómica, cuentas ordenadas, inflación baja. Bastó un aumento de treinta pesos en el boleto del subte para que estudiantes secundarios, organizados por WhatsApp y sin ningún centro de estudiantes que los convocara formalmente, empezaran a saltar los molinetes en masa. En días esa chispa se convirtió en la movilización más grande de la historia reciente chilena, forzó un proceso constituyente y dejó al desnudo lo que treinta años de superávit fiscal habían escondido bastante bien, un modelo que generaba riqueza sin generar movilidad para la generación que entraba al mercado de trabajo. Sebastián Piñera nunca terminó de entender qué lo había golpeado, y en cierto sentido tenía razón en su desconcierto; lo golpeó un vacío que su propio modelo había dejado abierto durante demasiado tiempo, más que una oposición política organizada.
Ese guión, detonante mínimo, organización horizontal, ausencia de conducción visible, escalada relámpago, se repitió después en Asia y en África con variantes locales pero con una estructura común. En Kenia fue un paquete de impuestos al pan, al combustible y a las transferencias por celular, presentado por un gobierno que había llegado al poder prometiendo aliviar el costo de vida. En Yakarta fue la revelación de que los quinientos ochenta diputados cobraban una asignación de vivienda de tres mil dólares mensuales, veinte veces el salario mínimo de buena parte del país. En Katmandú fue una restricción a redes sociales, sumada a años de denuncias de nepotismo entre los hijos de la dirigencia política. El detonante casi nunca es lo importante; funciona más como gatillo que como causa. Lo que hay detrás, en todos los casos, es una generación que entra a la vida adulta con un diploma bajo el brazo y sin ningún lugar razonable donde usarlo, en economías donde la riqueza financiera crece a un ritmo que el mercado de trabajo no acompaña.
Ahí aparece la primera paradoja incómoda del fenómeno, la que menos le gusta escuchar a cierta lectura progresista clásica. Ese mismo malestar, en las urnas, terminó fortaleciendo en muchos países a la derecha más dura antes que a cualquier alternativa de izquierda. Pasó con Trump entre los varones jóvenes norteamericanos, con la ultraderecha alemana en el este del país y, antes que en casi cualquier otro lugar del mundo, con Javier Milei en la Argentina de 2023, cuando el voto de los menores de treinta años se volcó de manera desproporcionada hacia un outsider que hablaba el lenguaje de las redes mucho mejor que el de un acto partidario tradicional. No hay contradicción ahí aunque a primera vista lo parezca. Esta generación identifica con bastante precisión el síntoma, una estructura productiva que no le ofrece el lugar que le prometió la escuela ni la universidad. Lo que no tiene, en la mayoría de los casos, es una oferta política capaz de traducir ese malestar en una discusión sobre cómo se transforma esa estructura. Entonces lo vuelca contra «la casta», contra «los privilegios», contra «el sistema», categorías vacías que cualquiera puede llenar, tanto una derecha libertaria como, en otro contexto, una izquierda ecologista. La puja distributiva que antes se resolvía, mal o bien, en una paritaria o en una interna partidaria, ahora se dirime en la calle o en una historia de Instagram, sin ningún canal institucional que la absorba.
La generación Z no inventó la crisis de representación política del mundo contemporáneo; es, simplemente, la que primero la expresa.
Hay dos rasgos que atraviesan a esta cohorte más allá de cualquier coyuntura de protesta puntual. El primero es que nunca conoció un mundo sin teléfono en la mano, lo cual le da una capacidad de movilización instantánea que ninguna generación anterior tuvo, pero también la deja con vínculos comunitarios más frágiles y con indicadores de salud mental (ansiedad, aislamiento, sobre todo entre las chicas adolescentes) que ya preocupan a cualquier sistema de salud pública que los mida en serio. El segundo es una brecha de género que se abre con velocidad notable. En Corea del Sur, en Alemania, en buena parte de Europa, las encuestas muestran a los varones jóvenes corriéndose hacia posiciones cada vez más conservadoras mientras las mujeres de la misma edad se corren hacia la izquierda, en una divergencia que ya algunos describen como un conflicto cultural entre pares. No es casualidad. Los varones jóvenes de sectores populares suelen ser el sector más golpeado por la desindustrialización de los últimos veinte años, mientras las mujeres jóvenes llegan con más escolarización relativa y más sensibilidad a las agendas de derechos que las generaciones que las precedieron.
¿Y la Argentina? Acá hay que evitar el error más común, suponer que la ola recién está por llegar. No es así. El país fue, junto con Chile, uno de los laboratorios más tempranos de esta forma de descontento, solo que la canalizó primero por las urnas antes que por la calle. Eso no significa que el fenómeno esté agotado ni que no pueda tomar otras formas.
Hay un plano donde algo de este espíritu horizontal empieza a asomar, aunque todavía convive con estructuras más viejas. Las marchas universitarias de los últimos dos años, contra el veto al financiamiento de las universidades públicas y en defensa del Hospital Garrahan, mostraron una capacidad de convocatoria entre estudiantes secundarios y universitarios que recuerda al patrón internacional. Pero el cauce sigue siendo, en gran medida, el de siempre, centros de estudiantes, federaciones, gremios docentes. Falta ver si ese cauce aguanta la próxima frustración o si en algún momento aparece el salto hacia la horizontalidad pura que se vio en Santiago o en Katmandú, sin ninguna organización estudiantil de por medio.
Lo que todavía no apareció en la Argentina es la versión más pura del fenómeno, una revuelta anticorrupción sin conducción reconocible, disparada por un privilegio puntual de la dirigencia y viralizada de un día para el otro. El escándalo de la ANDIS o el affaire Spagnuolo tuvieron cobertura intensa y le costaron caro al Gobierno en términos de desgaste, pero no generaron nada parecido a una erupción callejera protagonizada por chicos de quince o veinte años, sin partido ni sindicato de por medio. Puede que la explicación esté en que buena parte de esa energía disruptiva ya se consumió en 2023, en las urnas. Puede que tenga que ver con el peso de 2001 como referencia histórica, que le quita algo de novedad a la protesta callejera en la cultura política argentina. O puede, simplemente, que el detonante puntual todavía no haya aparecido.
Ahí conviene detenerse en la comparación con Chile, porque explica algo específico de nuestra estructura y no una cuestión de temperamento generacional. Chile llegó a 2019 con una macroeconomía ordenada pero con una matriz que había dejado la salud, la jubilación, la educación superior y el transporte en manos de un mercado muy concentrado, sin ningún canal (ni sindical, debilitado desde la dictadura, ni partidario, desgastado por veinte años de continuidad del mismo esquema) capaz de absorber la puja distributiva. Cuando esa energía generacional encontró el vacío, no tuvo con qué frenar; estalló. La Argentina llega a cualquier coyuntura de malestar con una estructura distinta, inflación crónica en lugar de estabilidad, pero también con canales de procesamiento que en Chile ya no existían aunque estén devaluados, entre ellos las paritarias, una tradición sindical con capacidad de convocatoria real, un sistema de partidos fragmentado pero vivo y un repertorio de protesta callejera (el piquete, el corte, la marcha) que forma parte de la cultura política heredada incluso por las generaciones más jóvenes. Esa diferencia estructural, y no una supuesta pasividad de la juventud argentina, puede explicar por qué acá el malestar generacional encontró primero la boleta electoral antes que las marchas en la calle.
Ese canal institucional, sin embargo, no está funcionando sin fricción. La ley de financiamiento universitario, que el Congreso sancionó a mediados de 2025 y cuyo veto presidencial fue rechazado por los dos tercios de Diputados en septiembre de ese año, sigue sin aplicarse. En mayo de 2026 la Justicia suspendió su vigencia a pedido del propio Gobierno y giró la definición final a la Corte Suprema, que todavía no se expidió. El sistema institucional argentino absorbió el reclamo, lo procesó, produjo una ley y una mayoría parlamentaria que la sostuvo, y aun así el conflicto sigue sin resolverse un año después. Si ese tipo de estancamiento se repite en otros frentes (salarial, previsional, universitario), el canal institucional seguirá existiendo, pero la pregunta pasa a ser cuánto tiempo puede absorber tensión sin resolverla antes de que la generación que hoy negocia por izquierda o por derecha en el Congreso empiece a mirar a Katmandú como un espejo y no como una curiosidad lejana.
Hay, además, una brecha de género que en la Argentina no llegó importada de ninguna encuesta europea; tiene historia propia. La marea verde de 2018 y 2019 ya había producido una politización marcadamente feminista entre las chicas más jóvenes, mientras el ciclo libertario de 2021 y 2023 mostró una sobrerrepresentación de varones jóvenes en su núcleo militante y electoral más duro. El país no llegó tarde a esta polarización global entre pares; otra vez la anticipó, aunque con un vocabulario propio, feminismo contra antifeminismo más que izquierda contra derecha en sentido clásico, antes de que la politología internacional empezara a describir lo mismo para otros países.
Si se despega la mirada de la coyuntura, lo que atraviesa a Santiago, Katmandú, Yakarta, Nairobi y Buenos Aires es en el fondo el mismo problema, con distintos disfraces locales, economías con sectores de productividad altísima (financiero, extractivo, tecnológico) que conviven con enormes franjas de empleo precario, incapaces de absorber a las nuevas generaciones. Esa convivencia desigual, sumada a una posición subordinada en la división internacional del trabajo que cada tanto reedita el límite externo al crecimiento, es el terreno donde germina el fenómeno Z en cada país, más allá de que el gatillo puntual sea un boleto de subte, un impuesto al pan o una asignación de vivienda para diputados. La generación Z no inventó la crisis de representación política del mundo contemporáneo; es, simplemente, la que primero la siente en el cuerpo, y la primera que cuenta con la herramienta tecnológica para convertir ese malestar en acción colectiva, aunque sea frágil y sin acumulación organizativa de largo plazo.
Para la Argentina, la pregunta que vale la pena hacerse de cara a 2027 no es si esta ola va a llegar. Ya llegó, y en más de un sentido llegó primero acá que en buena parte del mundo. La pregunta es hacia dónde vuelve a canalizarse esa energía cuando la experiencia libertaria empiece a mostrar sus propios resultados materiales sobre la misma generación que la votó de manera mayoritaria, y qué pasa si el canal institucional que hoy la contiene sigue sin resolver lo que promete. Ahí, y no en la comparación superficial con Nepal o con Indonesia, está la clave que conviene seguir de cerca en los próximos meses.
AM
